Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.
El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.
“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).
Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.
Migajas del PIB
El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.
En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.
Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.
Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.
Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.
El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.
Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.
Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.
Eficiente en el papel
El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.
El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.
La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.
Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.
Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.
Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.
Desastre en la práctica
La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.
La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.
Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.
La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.
Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.
Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.
El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.
Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.
Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.
El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.
El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.
Multas irrisorias
La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.
El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.
Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.
En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.
Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.
En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.
