La recuperación del patrimonio cultural dañado por los sismos de septiembre pasado llevará mucho más tiempo del que le resta al presente sexenio: Dada la magnitud del desastre, que afectó a mil 821 edificaciones de varias entidades del país, podría estar completada hasta el año 2020, según la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.
En una rueda de prensa con un pequeño grupo de reporteros, el miércoles 20, la funcionaria informó que los recursos para los trabajos de restauración ascenderán a 12 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones provendrán del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 3 500 millones del seguro contratado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Para darle seguimiento al proceso se integró un Comité Ciudadano con el politólogo Federico Reyes Heroles, el experto en ingeniería estructural Roberto Meli, los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha, y el especialista en legislación de monumentos Bolfy Cottom, quien en octubre pasado planteó en estas páginas (Proceso, 2136) la necesidad de contar con una estrategia de Estado para el rescate del patrimonio.
La propia García Cepeda forma parte del grupo. Así lo informó a este semanario en una breve entrevista posterior a la rueda de prensa. Señaló que al margen de quién llegue a encabezar la Secretaría de Cultura (SC) en el próximo gobierno, seguirá al pendiente tanto de la restauración como de la aplicación de los recursos, según se estableció en los lineamientos del Comité Ciudadano:
“No es una cuestión administrativa ni institucional. Yo le diría como mexicana: Si a mí llegan y me dicen ‘ya no te necesitamos’, respondería: ‘¿Perdón? Yo sí voy a participar porque a mí sí me interesa y estoy más allá de cambios institucionales, no pertenezco a la plantilla de la Secretaría de Cultura, soy de un Comité Ciudadano y me comprometí a velar por el patrimonio de los mexicanos”.
Participan, además, las fundaciones Slim, Harp Helú y Jenkins, la iniciativa privada y el Episcopado Mexicano. Se le comentó a la funcionaria la inquietud de investigadores del INAH por el uso y abuso turístico y mercantil del patrimonio, particularmente porque durante los recorridos que ella y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hizo con varios gobernadores de las entidades afectadas, donde se habló del patrimonio como “infraestructura turística”, sin considerar entonces su valor simbólico para las comunidades.
Y si bien aseguró que se le dará prioridad al valor patrimonial, no se puede negar, dijo, que la riqueza artística y cultural “provoca una altísima afluencia de turismo”. Expresó que incluso buscará firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo para impulsar el turismo cultural, pues genera fuentes de empleo y derrama de recursos; y explicó que no es que se comercialice el patrimonio para beneficio del sector turístico, sino que “el sector turístico se enriquece con nuestro patrimonio, qué bueno que nos apoyen para la recuperación, la restauración y el mantenimiento de los inmuebles, porque les provocan una derrama económica”.
Manzanero es un lujo
A mediados de este año se anunció la realización, para el 3 de febrero de 2018, de un concierto-homenaje a Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán. Investigadores y académicos del INAH dirigieron una carta Enrique Peña Nieto, la secretaria de Cultura y al director del instituto, Diego Prieto, para rechazar la utilización del patrimonio arqueológico para espectáculos masivos por las condiciones de riesgo para los asistentes y el patrimonio, que podría padecer daños “irreparables”.
Esta reportera consignó en la agencia apro las declaraciones que Manzanero hizo a un programa de televisión, molesto por el rechazo:
“Mire… no me sabe ni me puede parecer –cómo que es para gentes que están débiles de mente o enfermos mentales– que puedan destruirlo cuando que ha estado Elton John. Yo estuve cuando Plácido Domingo, pero ¿sabe qué? ¡Me vale (suena un timbre) completamente! Si se puede hacer, voy a estar completamente orgulloso; si no… (suena el timbre otra vez, aunque se lee en sus labios un ¡me vale madre!)”.
En una carta pública enviada a esta redacción, el historiador Felipe Echenique, investigador del INAH, explicó el porqué de la negativa:
“La ignorancia de la ley no lo exime de su cumplimiento. Creo que usted no sabe que las zonas arqueológicas (…) son bienes nacionales de uso común y dominio público, inalienable e imprescriptible y por lo tanto fuera de los circuitos comerciales, del lucro y de la apropiación temporal o prolongada por parte de particulares.
“Esa disposición jurídica es la que debe observarse para todas las zonas arqueológicas, pero es claro que en este país los que violentan las normas antes que muchas otras personas son los que están encargados de hacerlas cumplir. Para el caso nuestro han sido los presidentes de la República y los secretarios de Educación Pública.”
La propia secretaria García Cepeda dio la autorización a Manzanero, quien se dirigió a ella como “querida amiga” (Excélsior, 21 de diciembre). Tras opinar que es “el compositor vivo más importante que tiene este país, una joya de nuestra cultura popular musical”, relató a Proceso:
“A mí me dice ‘quiero cantar porque soy yucateco y porque quiero presumir lo que es Yucatán’. ‘Adelante, maestro’”.
Y enfatizó:
“No estamos atentando contra la preservación del patrimonio, no estamos destruyendo el patrimonio y no estamos comercializando el patrimonio. ¿Que se van a vender boletos? ¡Claro! La producción de un espectáculo como esos cuesta mucho dinero, no la va a hacer Armando Manzanero solo.”
El periódico evidenció que la funcionaría desconocía el precio de los boletos, que pueden consultarse en Ticketmaster: 14 730 pesos zona diamante plus; 12 730 diamante; 7 730 oro plus; 6 730 platino plus; 4 631 platino; 3 476 oro; 141 luneta plus; y 600 luneta.
García Cepeda aseguró que la SC establecerá los lineamientos para no afectar al patrimonio, “pero me parece de veras un lujo que Armando Manzanero, el compositor yucateco, le dé a México y al mundo este homenaje”.
Rechazó que se esté comercializando el patrimonio:
“No, no, no, aquí no hay lucro, nosotros como Secretaría de Cultura lo único que hacemos es darle facilidades al maestro Armando Manzanero. Me da mucha pena que hayan salido notas en las que el propio Manzanero dice ‘no entiendo qué tienen contra mí, por qué yo como yucateco no puedo presumir la riqueza de mi estado’”.
–La Ley Federal sobre Monumentos no contempla espectáculos, habla de propósitos de conservación e investigación del patrimonio.
–Por eso, pero… A ver, nosotros no podemos no avanzar como avanza la tecnología, no sé si tengas algo contra lo que sucede en Teotihuacán de luz y sonido en la noche, costó mucho trabajo. En todas partes del mundo se ve este tipo de instalaciones con sonido y todo y te hace disfrutar de una manera maravillosa la experiencia de estos sitios y no se están afectando para nada.
–No, ni en favor ni en contra, me refiero a lo que dice la ley.
–Siempre digo, en las Termas de Caracalla se lleva a cabo la ópera, en el Circo Romano se llevan a cabo conciertos, porque es darle a conocer al mundo esa riqueza, pero a través de una manifestación artística contemporánea, no daña, y al contrario le da una difusión enorme.
“Entonces, si decimos ‘no está en la ley’, pues es lo mismo que les dije al principio: Las instituciones no fueron creadas para atender contingencias de esta naturaleza (los terremotos de septiembre). Entonces vamos a decir ‘no, no le toca al INAH porque no está en su ley de creación’. Perdón, ahora la naturaleza nos presenta esto.”
Añadió que Manzanero no se subirá a la pirámide a cantar, ni subirá ahí sus bocinas, “sólo quiere presumir la riqueza de su estado y yo no le veo ningún problema”.
Investigadores y académicos del INAH (que cuenta con un programa de Prevención de Desastres cuya normatividad está en la web (http://www.previnah.inah.gob.mx/index.php), pidieron el pasado jueves 14 de diciembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación les informe si es vigente el carácter de “bienes nacionales imprescriptibles, inalienables de uso común y dominio público totalmente fuera de los circuitos comerciales”, que la propia Corte les reconoció hace tiempo a los monumentos arqueológicos.
Advierten que de no ser así, su dignidad humana como ciudadanos y profesores de investigación científica y docencia del INAH se vería lesionada, “toda vez que nuestros trabajos de investigación, estudio, conservación, restauración, difusión y custodia de los bienes nacionales arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos, imprescriptibles, inalienables, de uso común y de dominio público de la nación mexicana, no han estado orientados a construir o confeccionar escenografías o telones de fondo que puedan terminar beneficiando económicamente a empresarios y cantantes…”
