(Hoy, como ayer, como seguramente mañana, política y corrupción se entreveran en México de forma indestructible. Con algunos ajustes imaginarios, este texto podría reflejar el país de hoy)
El descubrimiento y la denuncia recientes sobre el fraude multimillonario de Pemex y la campaña política del PRI, que esperamos se lleve hasta el final, sólo se asoma a las catacumbas de la corrupción política de México.
No podemos jugar al equívoco de que la corrupción política, en sociedades como la nuestra y a principios de siglo, es una irregularidad o una opción perversa de sujetos concretos del sistema; de que bastaría una moralización ascética de quienes viven de la política para que se remedien las anomalías y tengamos, por fin, el mundo paradisíaco que soñamos. Nuestras sociedades de mercado no sólo no son pulcras, distan mucho de ser aceptablemente decentes.
La corrupción política se da cuando un individuo o un grupo pone sus intereses personales sobre los intereses del pueblo y los ideales que se ha comprometido a servir. Sus formas pueden variar desde lo trivial hasta lo monstruoso. Hay corrupción cuando las personas se enriquecen a costa de las arcas públicas; cuando el poder se utiliza de formas ilícitas para provecho propio, para venganzas personales, para chantaje, para favorecer a alguien por razones de parentesco, de amistad, de interés; cuando el poder se compra y se vende; cuando se abusa del poder, cuando se le distorsiona, cuando se retrasa para hacer justicia. Todo lo que atenta contra el ordenamiento establecido o el interés público es corrupción legal, ética, moral o económica.
En estas sociedades nuestras donde lo electoral sólo puede ser regido desde inmensas empresas mediáticas y publicitarias, la corrupción política es un simple pleonasmo. Ningún partido político podría financiar sus costos administrativos, publicitarios, operativos y de campaña por sus propios medios y con una contabilidad limpia. Todas las campañas electorales desde la Revolución Mexicana hasta estos días, por no ir más atrás, han constituido la más estricta ilegalidad financiera, sobre la que se han erigido nuestros gobernantes de hecho. Ya están saliendo los trapos sucios de la campaña de 2000. Faltan muchas cosas por saber, si es que llegamos a saberlas. El costo real de las gigantescas campañas publicitarias llamadas electorales, a las que ha quedado reducido el juego democrático, es corrupción.
La corrupción política se produce en un sistema en el que actúan los individuos corruptos: dos dimensiones y dos visiones interesadas y socializadas, la pública y la privada, la funcionalidad del sistema y la racionalidad del individuo. Desde el punto de vista convenenciero del sistema, la corrupción tiene un aspecto positivo: permite superar la lenta y fría obstrucción burocrática y agilizar las inversiones y la creación de empresas. Desde la excusa individual autojustificativa, es válvula de escape contra las tensiones, dilaciones y exasperaciones que causa el sistema burocrático, imposibles de remediar de otra manera. No se trata sólo de un asunto de moral en individuos con la conciencia domesticada, sino de un modo específico y culturizado de relación entre el sistema y el individuo. La cultura de la mordida. Las lacras del sistema justifican que los individuos violen las normas, para que se agilicen las inversiones, se funden más empresas, se pueda decir que se crearon empleos y aumenten la aceptación política y los votos. Y eso redunda en mayores beneficios personales.
La corrupción política, además, es un cálculo del individuo para asegurar sus propios intereses en un país de escasos recursos. Al político y al burócrata les interesan igualmente el dinero y el poder y buscan la manera de acomodar los dos, de modo que puedan obtener dinero sin perder el puesto. Las acciones corruptas dependen de un cálculo entre la ventaja y el puesto, entre el beneficio económico y la pertenencia al poder.
Cuando la corrupción infecta el sistema, impulsa al individuo a desviarse de las normas, pervierte los motivos y exige otras capacidades distintas. El funcionario público combina entonces la función política con los negocios y se vuelve cómplice de actividades económicas legales o ilegales. Nace el político empresario, que usa la política para sus negocios y usa los negocios para su política. Empieza a ofrecer protección a cambio de apoyo electoral o de otro tipo.
Las clases pobres, en una buena parte, fueron absorbidas por el clientelismo político, promovido por los jefes, a cambio de beneficios que no hubieran podido conquistar de otra manera. La clase política necesitaba testaferros –gobernadores, legisladores y jueces– y líderes grupales con escaso o nulo sentido de la moralidad pública que controlaran y encaminaran el clientelismo político y el reparto de los beneficios, con ánimo de enriquecimiento personal o con afán de poder, con eficacia y con liderazgo duro: La Quina, Fidel Velásquez (“la CTM seguirá siendo la vanguardia y el sostén del gobierno”), Romero Deschamps, Hernández Juárez, Jonguitud, Gómez Z., y toda la larga lista de exponentes del sindicalismo charro.
La influencia dentro del partido, donde se repartían los principales recursos y beneficios, dependía de los puestos ocupados y de los servicios prestados en el control y en el manejo de la clientela política de los trabajadores, campesinos, maestros, burócratas, las clases necesitadas que aseguraban la permanencia de la clase en el poder. Los líderes charros consolidaron su mando en estos cargos de designación política y permitieron a los políticos hacer sus negocios y organizar sus carreras en torno de la apropiación privada de los recursos públicos y de los votos populares. Su especialidad fue la movilización de apoyo, la creación de amplias redes de amigos, de clientes y de interesados, de protectores y de protegidos, de contactos y de aliados. Y así protegieron a sus jefes políticos, que hacían negocios con todo, principalmente con las empresas del Estado: petróleo, electricidad, minas, ingenios, motores, química, algodoneras, refractarios, inmobiliarias, frutas y cítricos, bioquímica, aeronaves, astilleros, aeropuertos, motores, diesel, DINA, plásticos, afianzadoras, electrometalurgia, Conasupo, pesca, servicios forestales, maderas, tabacos, lecheras, turborreactores, Tubacero, fideicomisos, cines, manufacturas metálicas, tractores, teléfonos, anuncios, urbanizadoras, alimentos, transbordadores, alquiladoras de casas, editoriales, prensa, telecomunicaciones, teleconstructoras, televisión, navieras, Liconsa, complejos industriales, siderúrgicas, cementos, pasteurizadoras, Diconsa, Altos Hornos, huleras, carbón, acereras, fierro, inmobiliarias, inmuebles, cerámica, bancos, frigoríficos, hasta cafés y cafeterías, y todas las demás industrias, empresas, negocios y compañías del Estado y de los funcionarios públicos. Sólo Salinas vendió 228. Los políticos tenían un amplio campo de desarrollo empresarial y de enriquecimiento personal. Ninguno como Pemex.
Se consolidó así una clase política que nos gobernó por 70 años y que significó el más alto grado de tolerancia y de connivencia hacia la desviación de las normas morales y legales, y de los recursos públicos, para su beneficio personal económico y político. El problema es que un partido político, una vez contaminado por la corrupción, se convierte en escuela socializadora en la ilegalidad: enseña, educa, promueve, premia, castiga, eleva, derriba, de acuerdo con la eficacia y con las habilidades útiles a los mecanismos corruptos en marcha, con la lealtad al jefe, con la capacidad de simulación, de secreto y de connivencia. El ascenso político es un premio al servidor por su fidelidad y una garantía de confidencialidad y de resguardo.
La corrupción política no es sólo una cadena de robos y otras inmoralidades. Es un conjunto de reglas no escritas, de relaciones, de convenciones, de lealtades, de jerarquías, de lenguajes de iniciados, de sobrentendidos, de códigos cifrados, de válvulas de escape, de brújulas imantadas que hacen perder la dirección e impiden la investigación. Es lo que se pretende para que impere la indispensable impunidad, porque el sistema no funciona sin impunidad. De ahí la falta de normatividad y de procedimientos específicos, con el fin de conseguir el funcionamiento burocrático adecuado para tener siempre las espaldas resguardadas y la sobrevivencia política y económica asegurada. De ahí la ineficiencia pretendida y solapada de todas las instancias de justicia, Ejército y Poder Judicial inclusive. Es el código de conducta nunca escrito de las mafias. Es una cultura, la cultura de la corrupción, que contaminó y socializó nacionalmente.
Y por eso ha condicionado necesariamente el funcionamiento de todos los partidos políticos por la presencia de la corrupción. La política profesional se concibe básicamente como un negocio y un medio de ascender en la escala del poder y en la escala social, y añade la fascinación del riesgo y la habilidad de sobrevivir. Conforme la corrupción se va haciendo rutina y modo de vida, se adquiere una falsa seguridad de permanencia indiscutida, se van perdiendo las habilidades y la perspicacia, y se van dejando huellas que, tarde o temprano, delatan. Eso pasó con Pemex, sólo un caso entre miles.
Finalmente, la coyuntura económica adversa, el aumento de las expectativas, el hartazgo de la pobreza, de la utilización y de la sumisión, y la emergencia de nuevas fuerzas políticas condujeron al derrumbe de la clase política responsable de la corrupción. Queda por verse si conducen al derrumbe de la corrupción socializada y culturizada en la que estamos acostumbrados a vivir y en la que se concibe el poder mexicano.
*Publicado en Proceso 1319, 10 de febrero, 2002
