Aun cuando personal del Pentágono, diplomáticos y especialistas de Estados Unidos reconocen que los militares mexicanos van en sintonía con los de su país, también saben que la guerra emprendida por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada ha tenido “resultados dudosos”. Para el mayor Jacob Kim, el uso de los militares en México ha sido más costoso que benéfico para la seguridad, por lo que recomienda una significativa reforma policial y de defensa para que policías y elementos castrenses no sean cooptados por la delincuencia y se vuelvan más eficaces en sus labores.
El Pentágono ha incentivado la participación de militares en el combate a las drogas en México, a pesar de las evidencias del alto costo en vidas y en dinero y los escasos resultados en el control de la delincuencia organizada.
Analistas militares estadunidenses admiten el fracaso de esa estrategia, e incluso advierten que la disminución de la violencia en el país pasa por una reforma policial y de defensa que aumente el sueldo a policías y soldados para reducir las probabilidades de que terminen trabajando para las organizaciones delictivas, como hasta ahora ha ocurrido.
Cuando en México aguardaba en el Congreso la Ley de Seguridad Interior, el exembajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne les dejó en claro a los militares estadunidenses que sus colegas mexicanos estaban en la misma sintonía que el Pentágono, decididos a mantenerse en el combate a la delincuencia organizada.
Es más, se han venido preparando para ello, declaró el diplomático que estuvo a cargo de la legación estadunidense en México entre 2011 y 2015, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, promotores ambos en el Congreso mexicano de un ordenamiento jurídico para legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en tiempos formalmente de paz.
En un encuentro con militares de su país en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, en New London, Connecticut, el 29 de agosto pasado, Anthony Wayne aseguró que el personal castrense mexicano comparte el mismo enfoque que el Pentágono para enfrentar directamente a la delincuencia organizada y no sólo el flujo de sus mercancías ilegales.
Cuando México empezó a combatir a los cárteles de las drogas, pronto se dio cuenta de que sus policías nacional y locales no estaban listas, así es que las autoridades voltearon hacia los militares, aseguró el exembajador.
El Ejército estaba entonces enfocado a misiones humanitarias y la Marina funcionaba más como una guardia costera, de manera que se tuvieron que entrenar para su nueva misión, explicó Wayne en la reunión en la que estaba el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd.
“Los militares (mexicanos) tuvieron que aprender un nuevo conjunto de procedimientos”, incluidos cuándo disparar o cuándo detener el fuego para evitar muertes innecesarias, aseguró el diplomático, testigo de la política de Calderón y Peña Nieto de mantener a las Fuerzas Armadas al frente del combate al narcotráfico.
Una ley postergada
Wayne también conoció el esfuerzo desde el gobierno anterior de buscar la legalización de aquello que de facto los militares comenzaron a hacer desde 2007, cuando Calderón ordenó que salieran de sus cuarteles para enfrentar a la delincuencia. El entonces embajador estadunidense supo, asimismo, de las exigencias de los mandos del Ejército y la Marina para que el Congreso les diera esa protección legal.
Tardía para los militares, la Ley de Seguridad Interior se aprobó finalmente en el Congreso la semana pasada y el presidente Enrique Peña Nieto anunció su promulgación el jueves 21 durante la LXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por la tarde de ese día, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Instancias internacionales, encabezadas por Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, le habían pedido vetarla.
Peña Nieto anunció también que no emitirá ninguna Declaración de Seguridad Interior en los términos de la ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad del ordenamiento: “No emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
La minoría parlamentaria en el Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que interpondrán ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva norma por considerar que varias de sus disposiciones son contrarias a la Constitución, empezando por la participación de los militares en funciones de seguridad pública.
De acuerdo con un reporte del blog estadunidense especializado en conflictos armados Small Wars Journal, en aquel encuentro realizado en la Academia de la Guardia Costera estadunidense el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, aseguró que los socios militares de Estados Unidos en la región están buscando mejores formas de desarticular a las organizaciones delictivas antes que concentrarse en cortar el flujo de los bienes que trafican de manera ilegal. Además de personas, mencionó la cocaína, los opiáceos, el oro, animales exóticos y plantas.
Organizado por el Instituto Naval de Estados Unidos, el encuentro confirmó el enfoque de combate militar a las drogas impulsado por ese país y abrazado por países como México: Ya no existen los días en que el mando de combate estaba identificado como “los tipos que hacen drogas”.
Nuevas prioridades
La idea ahora es enfocarse en los retos de una seguridad más amplia en la que las actividades de la cadena criminal se desdibujan en actividades terroristas. Debilitar estas cadenas significa usar las tradicionales habilidades militares, la experiencia en el cumplimiento de la ley y profesionales de inteligencia para cumplir la misión, señaló el jefe del Comando Sur.
El cambio de un objetivo táctico a uno estratégico significa una misión para “detectar, iluminar y afectar” las actividades delictivas, al tiempo que las naciones socias de la región apoyan con la procuración de justicia y sus sistemas judiciales, expresó el almirante.
México no forma parte del Comando Sur, sino que está en la esfera del Comando Norte, junto con Estados Unidos y Canadá; pero el actual jefe de gabinete de Donald Trump y excomandante del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Interior estadunidense, el general del Cuerpo de Marines John Kelly, ha insistido en que los militares mexicanos deben de tener una mayor participación en el combate a la delincuencia organizada, como ocurrió en Colombia, cuando él estaba precisamente al frente del Comando Sur.
El exembajador Wayne aseguró que México comparte “el valor del enfoque” referido por el almirante Kurt Tidd, para lidiar con sus propias batallas de seguridad y con los retos que enfrenta respecto a los migrantes que cruzan desde Centroamérica y el tráfico de drogas en la región.
La estrategia de utilizar militares en el combate a la delincuencia ha tenido resultados dudosos, asegura el mayor del Ejército de Estados Unidos Jacob Kim. Oficial del Área Extranjera especializado en América Latina y Noreste de Asia, el experto estadunidense considera que el uso de los militares en México ha sido más costoso que benéfico para la seguridad.
En un artículo publicado también en Small Wars Journal, asegura que, en lugar de militarizar aún más el combate a la inseguridad, México tendría que apostar por la reforma policial y de defensa para que policías y elementos castrenses no sean fácilmente cooptados por la delincuencia, como ha ocurrido desde hace años. El caso más conocido es el del cártel de Los Zetas, formado por militares de élite que desertaron del Ejército en la segunda mitad de los años noventa.
La propuesta de Kim
La guerra a las drogas declarada por Calderón, que continúa hasta la fecha, ha sido largamente inefectiva en el control de las actividades de los cárteles, escribió Jacob Kim en el texto titulado El enigma del cártel mexicano: La reforma policial es mucho más efectiva que pagar la guerra.
El gobierno mexicano ha gastado más de 54 mil millones de pesos en seguridad y defensa desde 2007, cuando Calderón declaró esa guerra, explica. Después de años de conflicto armado más de 200 mil personas han sido asesinadas o desaparecidas. Al mismo tiempo, el tráfico de droga por parte de los cárteles se mantiene como una empresa floreciente que obtiene entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares al año por sus ventas en Estados Unidos, explica el también especialista en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California.
Esto no significa que la guerra a las drogas no haya logrado nada. Está llena de detenciones de alto perfil como la de Joaquín El Chapo Guzmán, “aunque los grupos de narcotráfico se han atomizado, reagrupado y adaptado para ser más implacables y arteros que antes”.
El problema no se puede resolver sólo deteniendo a individuos o grupos, toda vez que los meros cambios de balance de poder incentivan a otros para llenar el vacío. Esto es mucho de lo que ha pasado desde 2006, por lo que es más importante que nunca que las autoridades no repitan los mismos errores del pasado, escribió Kim en agosto, justo cuando se encontraba detenida la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados.
Los cárteles, continúa el especialista en su texto, nacen de la ambición, pero también son resultado de las políticas fallidas de México. En tanto que una reforma efectiva no sea puesta en marcha completamente, los cárteles van a seguir corrompiendo cada aspecto de la sociedad, la política, la cultura y la economía, advirtió.
Reconoce que no hay un solo curso de acción para erradicar la violencia de los cárteles. “La acción policial y militar por sí mismas han tenido un efecto limitado y deberían estar combinadas con un enfoque múltiple que incluye la reforma de la economía, la defensa y la educación”.
Cómo liberarse de los cárteles
En el caso de la reforma policial y militar Jacob Kim dice que el primer aspecto es el incremento de los salarios: “Hay algo muy mal con el bajo sueldo a las fuerzas que arriesgan sus vidas y las de sus familias al fuego de los cárteles. A pesar de la reforma federal para mejorar los pagos y beneficios, un policía federal promedio o un soldado del Ejército batallan para ahorrar y avanzar socialmente”.
Asegura que el ingreso para un oficial de policía es de aproximadamente 588 dólares, de acuerdo a los reportes oficiales de 2016. El mismo cálculo lo extiende para un soldado. La cifra, sin embargo, se ha reducido en dólares debido a la devaluación del peso. “Estos salarios insignificantes hacen a los policías y a los militares altamente vulnerables a la corrupción y, por lo tanto, no pueden ser efectivos” en el combate a los cárteles, afirma.
Los aumentos a los elementos de las Fuerzas Armadas que participan en el combate a la delincuencia han sido mínimos. Apenas en noviembre pasado, el Ejército y la Marina anunciaron “un pago extraordinario” único para sus elementos, programado para el viernes 1 de diciembre.
En el caso de los subtenientes y tenientes el pago fue de entre 7 mil y 9 mil pesos (361 y 464 dólares, respectivamente, al tipo de cambio del viernes 22). Los soldados ganan aún menos. Los subtenientes son los egresados del Colegio Militar.
Cuando comunicaron el aumento, los mandos del Ejército y la Marina advirtieron: “Normalmente este pago es una percepción extraordinaria anual que se otorga de manera excepcional y no constituye un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones futuras de realización incierta”. La advertencia fue para dejar claro que ese pago “en ningún caso forma parte integrante (sic) de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación”.
Para el experto militar estadunidense, la única forma de mejorar la seguridad en México y liberarse de los cárteles en el futuro es una “significativa reforma policial”.
Explica: La solución para bajar la violencia de los cárteles radica más en la reforma económica, de defensa y de educación que en el uso del fuego por parte de fuerzas poco pagadas. Los cárteles parecen estar en el corazón de todos los problemas de México. Son producto de décadas de pobres políticas gubernamentales, pobreza persistente y una ambición sistémica.
