Los representantes de los sectores más conservadores de Colombia bloquean en el Congreso de ese país las leyes que dan vida a los acuerdos de paz que el gobierno negoció con las FARC. De unas 30 reformas legales que debieron aprobarse este año, sólo pasaron nueve; otras han sufrido modificaciones sustanciales que desvirtúan su propósito original y la mayoría sigue pendiente, entre ellas la relativa al desarrollo rural y reparto de tierras, fundamental para resolver el problema agrario que dio origen al conflicto armado. En el fondo, la mayoría de la oligarquía y de la clase política antepone sus intereses a la paz acordada con los guerrilleros.
BOGOTÁ.- Colombia vive el periodo de menor violencia del último medio siglo. La tasa de asesinatos, que llegó a ser la más alta de América Latina, cerrará este año en su menor nivel desde que se llevan registros: 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, menos que la media de la región.
Y nunca habían sido tan bajos los ataques de grupos armados ilegales a poblaciones y a la fuerza pública (uno al mes, en promedio, en 2017), mientras que las voladuras de puentes y torres de energía eléctrica cesaron por completo este año.
Los inéditos descensos de la violencia asociada al conflicto armado son, sin duda, un efecto del acuerdo de paz que firmaron hace un año el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Esto pese a que el Instituto Kroc de la estadunidense universidad de Notre Dame, señala que sólo se ha cumplido en forma plena 17% de las 558 disposiciones del acuerdo, mientras que la tercera parte tiene un avance mínimo o intermedio y 55% ni siquiera ha comenzado a implementarse.
Según el reporte de ese centro especializado en estudios de paz, aunque el gobierno tiene la intención de cumplir los pactos con las FARC, “se está avanzando a paso lento y con muchas dificultades”.
La principal dificultad es política. La derecha que deplora los acuerdos se ha robustecido en los últimos meses. Se trata de corrientes conservadoras en las que lo mismo se expresan los legítimos intereses de víctimas de las FARC, que se agazapan cacicazgos políticos y económicos beneficiado con la guerra.
Muchos de ellos quieren ver a los comandantes de las FARC tras las rejas y sin la posibilidad de hacer política, y al mismo tiempo aspiran a que nadie toque a los militares y civiles que cometieron crímenes atroces durante el conflicto.
Los representantes de esos sectores en el Congreso están obstaculizando las leyes que se necesitan para dar vida a los pactos de paz. De unas 30 que debieron aprobarse en el Legislativo en el último año, sólo pasaron nueve. Y es una incógnita si las que quedaron pendientes lograrán aprobarse en los próximos meses.
Más allá de la lentitud de la implementación, es un hecho que Colombia ya logró lo que muchos creían imposible: poner fin a un conflicto armado de 52 años que causó 220 mil muertos y 8 millones de desplazados.
Pero como dice a Proceso el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, “la paz es mucho más que la ausencia de guerra”. Y en este país, agrega, “faltan muchas transformaciones para hacer sostenible la paz y evitar que se produzcan más víctimas; y lo que vemos ahora es que hay muchas resistencias a hacer realidad lo que se acordó” entre el gobierno y las FARC.
Luces y sombras
Según estimaciones del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, como resultado del acuerdo de paz al menos 800 colombianos dejaron de morir en el último año.
Es un hecho que Colombia es un país más seguro luego de que unos 12 mil combatientes de las FARC dejaron las armas y de que esa guerrilla –que llegó a ser la más poderosa de América Latina– se convirtió, en septiembre, en un partido político legal: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que conservó las siglas que tuvo como insurgencia.
También hay algunos indicadores que comienzan a mostrar a los colombianos que la seguridad puede ser un buen negocio. Por ejemplo, el gobierno estima que este año llegarán 6 millones de turistas, 20% más que en 2016; ellos generarán ingresos por 6 mil 300 millones de dólares. Estas cifras eran impensables en los años aciagos de la guerra.
“El acuerdo de paz es percibido por inversionistas internacionales como un acuerdo modernizador que puede darle al país desarrollo y mayor estabilidad”, dice el integrante de la junta directiva del banco central colombiano y exsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Antonio Ocampo.
Pese al impacto positivo que el acuerdo con las FARC ha tenido en la seguridad de Colombia –y del entusiasmo que generó en Latinoamérica y en la comunidad internacional–, a la mayoría de la élite política y económica colombiana no le gusta esta paz.
Menos en estos días, en los que comienzan a calentarse las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo, y en los que, según los cálculos de los candidatos de derecha, socavar ese acuerdo da votos.
“De manera oportunista, sectores de la derecha que estuvieron en el gobierno y apoyaron los acuerdos ahora, por la coyuntura electoral, los obstaculizan en el Congreso”, asegura el presidente de la Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga.
De acuerdo con el politólogo y especialista en resolución de conflictos, la mayoría de la élite colombiana “tiene mucha resistencia a admitir a las FARC en el terreno de la política y ha promovido un discurso de odio que encuentra eco en segmentos de la sociedad colombiana que no le perdonan a esa exguerrilla los delitos de lesa humidad (secuestros y asesinatos de civiles) que cometió durante la guerra”.
La realidad, dice Villarraga, es que en este conflicto “todos han cometido crímenes atroces, desde agentes del Estado, militares y policías, hasta los empresarios que financiaron a los paramilitares, y de eso se trata un acuerdo de paz, de pasar la página de la guerra y de reconciliar al país”.
En ese sentido, agrega, las FARC “han cumplido la parte que les toca del acuerdo: se desarmaron, se convirtieron en partido político y están actuando en el marco de la institucionalidad democrática”.
Viacrucis legislativo
La implementación del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC requiere de la tramitación de una treintena de leyes, normas y reformas que, según los cálculos del gobierno y esa exguerrilla, el Congreso debió aprobar este año. Pero ello no ocurrió.
La Cámara de Representantes y el Senado sólo aprobaron la tercera parte de las legislaciones derivadas del acuerdo, y algunas de ellas fueron sometidas a cambios que van en contravía de lo pactado por las partes. Entre las que quedaron pendientes están las de desarrollo rural y reparto de tierras, que son fundamentales para resolver el problema agrario que dio origen al conflicto armado.
Y aunque fue aprobada la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los puntales de los acuerdos, pues es el mecanismo que juzgará los crímenes atroces del conflicto–, los legisladores le cambiaron dos aspectos medulares al dejar fuera de su competencia a los civiles que financiaron a grupos paramilitares o que cometieron delitos de lesa humanidad, y al blindar jurídicamente a los altos mandos militares.
El exmagistrado español Baltasar Garzón dijo el miércoles 13 en Bogotá que estas dos modificaciones a la JEP dejan abiertas las puertas para que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia y evite que los crímenes cometidos por civiles y altos mandos militares queden impunes.
Howland señala que el acuerdo con las FARC estaba orientado a satisfacer a las víctimas del conflicto, pero lo que se observa en la práctica es que los derechos de éstas “quedaron relegados en las leyes que pasaron por el Congreso”.
Incluso, los congresistas no aprobaron una reforma que les debía otorgar a las víctimas de la guerra 16 curules en la Cámara de Representantes (de diputados) durante dos periodos legislativos, aunque el gobierno aún busca que los tribunales de justicia den por aprobada esa ley, porque el voto que le faltó se habría logrado si se toma en cuenta que tres senadores fueron separados del cargo y eso reduce el universo para lograr mayoría.
El fallido intento del gobierno para sacar adelante todas las leyes de la paz en el Congreso fue producto de un hecho político: el centroderechista partido Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que era aliado de Santos, se le volteó a última hora al mandatario, tras haber apoyado durante años el proceso de paz con las FARC.
Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, que serán en mayo de 2018, Vargas Lleras optó por construir su candidatura a la Presidencia con un discurso contra los acuerdos y las FARC, que retiró a Santos el apoyo de los congresistas de Cambio Radical y de varios del Partido Conservador, que habían sido sus aliados. Eso dejó al gobierno sin mayorías legislativas.
Vargas Lleras, con todo el respaldo del poderoso fiscal general Néstor Humberto Martínez –también militante de Cambio Radical y quien se erigió como un duro crítico de los acuerdos–, acabó por inclinar la balanza a favor del bloque de derecha que obstaculizó en el Congreso la aplicación del pacto de paz.
Del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, ya se sabía que votaría contra todas las leyes relacionadas con el acuerdo de paz. Pero no tenía la fuerza suficiente para frenar legislaciones en el Congreso hasta que hizo una alianza de facto con los senadores y diputados de Vargas Lleras.
Para el excomandante guerrillero y dirigente del partido político de las FARC, Rodrigo Granda, esto hizo que los acuerdos “fueran renegociados en los hechos en el Congreso y que se acabara por transfigurar gran parte de lo pactado”.
Ese traspiés legislativo ocurrió a pesar de que el presidente Santos tenía facultades para tramitar las leyes de la paz en el Congreso mediante un trámite de vía rápida que se venció el pasado 30 de noviembre.
El gobierno también tenía la potestad de presentar los proyectos de ley que dan vida al acuerdo de paz con carácter de inmodificables. Esto quiere decir que el Congreso sólo podía votar a favor o en contra de ellos, pero sin hacerles cambios. Esta facultad, sin embargo, fue proscrita por la Corte Constitucional en mayo pasado con el voto determinante de un magistrado que –se descubrió después– era un crítico de las negociaciones con las FARC.
A partir de ahí, los debates legislativos y las negociaciones del gobierno con los congresistas se hicieron más tortuosos.
Howland considera que la polarización que vive Colombia por los acuerdos de paz ha llevado a la clase política “a perder el norte, porque una cosa es discutir las diferencias y otra, muy distinta, negar los compromisos preexistentes”. Y el pacto con las FARC, agrega, es de cumplimiento obligatorio para el Estado colombiano.
La apuesta electoral
Las leyes que ha aprobado el Congreso son las del sistema de justicia transicional, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz; la de amnistía e indulto para guerrilleros que no incurrieron en delitos graves; la de reincorporación política, que les garantiza a las FARC 10 curules en el Congreso durante ocho años; y el Estatuto de la Oposición, que da garantías de representación a los partidos minoritarios.
Además, la de transferencia adicional de recursos a las zonas más afectadas por el conflicto armado, la que proscribe a los grupos armados ilegales –lo mismo paramilitares que guerrillas–, la de innovación agropecuaria y la de Estabilidad Jurídica para la Paz. Ésta establece que los próximos tres gobiernos de Colombia, cuyos periodos abarcan de 2018 a 2030, tienen la obligación constitucional de cumplir y aplicar los acuerdos de paz con las FARC.
Entre la veintena de legislaciones por aprobar, destacan las de la reforma política que le dará independencia al organismo electoral y las que harán realidad, por primera vez en la historia de Colombia, un reparto de tierras a gran escala, la titulación de parcelas a pequeños agricultores y la actualización del catastro rural.
El economista Mauricio Cabrera señala que la reforma rural “es rechazada por los terratenientes que se han beneficiado históricamente de la guerra, mediante el despojo de tierras, y por eso la están bloqueando y la seguirán bloqueando en el Congreso, donde tienen una gran representación”.
El consultor y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia asegura que sin reforma rural y sin reforma agraria “este país no tendrá paz”. En los últimos 20 años, familias campesinas han sido despojadas de 6.6 millones de hectáreas –equivalentes a 12% de la superficie agropecuaria del país–, principalmente por paramilitares al servicio de latifundistas. Según cifras de la ONU, 1.4% de los propietarios rurales de Colombia es dueño de al menos la mitad de la superficie agropecuaria del país.
El punto uno del acuerdo final, desarrollo rural, compromete al gobierno a repartir 3 millones de hectáreas y a otorgar títulos de propiedad de 7 millones más que están ocupadas de manera informal por pequeños campesinos en las llamadas “zonas de colonización”.
Pero esto requiere de un paquete de leyes y reformas que tendrán un camino cuesta arriba en el periodo legislativo que comenzará en marzo.
Imelda Daza, candidata a la vicepresidencia por el FARC, el partido político de la exguerrilla, dice a este semanario que el cumplimiento o no de los acuerdos de paz dependerá del resultado de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. En marzo de 2018 los votantes colombianos elegirán un nuevo Congreso, que se instalará en julio, y en mayo se llevarán a cabo los comicios presidenciales.
Daza considera que aunque exista un mandato constitucional para que los próximos gobiernos cumplan los acuerdos, el futuro de la paz es incierto. “El mayor riesgo para la paz sería un presidente de la derecha. Un presidente de este tipo, aliado a intereses del empresariado latifundista, y un Congreso complaciente, podrían orillar al país a volver a la guerra”, señala Daza.
De acuerdo con la aspirante a la vicepresidencia, en medio de la pacificación del país existen muchos “focos de violencia alentados por terratenientes y paramilitares que quieren boicotear la paz”. Ellos, dice, son los autores este año de los 147 asesinatos de líderes sociales, activistas humanitarios y exguerrilleros de las FARC y familiares de éstos.
Los candidatos presidenciales de los derechistas partidos Cambio Radical, Germán Vargas Lleras; Centro Democrático, Iván Duque, y Conservador, Martha Lucía Ramírez, apostaron a capitalizar la mala imagen de las FARC –que llega a 84%, según la encuesta Invamer de este mes– y el mayoritario rechazo a que los jefes de esa exguerrilla no paguen con cárcel, sino con trabajo comunitario, sus crímenes de guerra.
Pero la apuesta de la derecha es arriesgada, porque el mismo sondeo de Invamer indica que en estos momentos el candidato con más posibilidades de ganar la Presidencia es el centroizquierdista Sergio Fajardo, quien ha expresado su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Según Invamer, Fajardo, quien tiene un discurso conciliador, moderado y a favor de la paz, ganaría por entre 15 y 53 puntos de ventaja a cualquiera de los tres aspirantes de la derecha que logre pasar a una segunda vuelta electoral.
