El proceso electoral hondureño del mes pasado –mediante el cual se renovará al titular del Ejecutivo– fue un rosario de violaciones y manipulaciones aparentemente diseñadas para desestimar a la oposición y permitir la reelección del actual mandatario, Juan Orlando Hernández. La ONU, la OEA, la CIDH, la Unión Europea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre muchos otros organismos, han alzado la voz contra el fraude. Pero a las autoridades de Honduras no les importa, porque tienen el aval de Estados Unidos.
“¡ Y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer!”, coreaban miles de manifestantes el domingo 10 en la capital hondureña. Pero no protestaban frente a la sede del Ejecutivo o del Congreso, ni en el cuartel general del ejército, sino ante la embajada de Estados Unidos.
Organismos internacionales, como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea junto con países de la región; y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado el patrón sistemático de violaciones y manipulaciones que ensucian el proceso electoral del pasado 26 de noviembre, y que impiden saber quién ganó la presidencia.
Es lo contrario de lo que sostiene Heide Fulton, quien a falta de titular de la representación diplomática, el pasado junio fue designada por el gobierno de Donald Trump encargada de negocios de Estados Unidos y ha asumido la tarea de legitimar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
Los participantes en el proceso deben “apoyar una determinación transparente, imparcial, oportuna y pacífica del resultado de la elección”, tuiteó Fulton ese mismo domingo 10.
Washington ya le había otorgado al gobierno la certificación de que protege los derechos humanos, necesaria para que el Congreso estadunidense libere la mitad de los 644 millones de dólares en asistencia a Honduras para ser entregados al gabinete del presidente Hernández.
Esta actitud ha sido criticada hasta en Estados Unidos, donde senadores como Ben Cardin, del Caucus Progresista, y Patrick Leahy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, han expresado su preocupación, al grado de que este último publicó una declaración escrita, el martes 5, alertando del peligro de que Estados Unidos convalide la “incompetencia o fraude” en las elecciones, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas en las semanas posteriores, en las que la represión ha dejado por lo menos 14 muertos.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura –integrada por el izquierdista partido Libertad y Refundación, del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en 2009, y por el derechista Partido Anticorrupción, del todavía candidato presidencial Salvador Nasralla, quien reclama el triunfo– considera que el apoyo estadunidense es lo que sostiene la pretensión del presidente Hernández de aferrarse al poder.
“Nosotros no aceptamos injerencia de nadie”, afirmó Zelaya el sábado 9. “Queridos amigos norteamericanos, se lo decimos con todo respeto: rectifiquen, no van a poder gobernar con un presidente que el pueblo rechaza”, exhortó.
Para disminuir la presión, Hernández ofreció un nuevo conteo con base en las actas de cada centro de votación. Esto es un truco, según la alianza opositora, pues las actas han sido duplicadas para modificar los resultados. Por ello Nasralla y Zelaya exigen un conteo total, voto por voto.
Un tercero en discordia, el Partido Liberal, considera que las irregularidades son tales, que el proceso es insalvable y ha solicitado su anulación, para ir a nuevos comicios, esta vez bajo supervisión internacional.
El futuro de Honduras se debate entre estas tres opciones.
La “caída” desde adentro
Conforme avanzan las semanas, el impasse prevalece: se consideró que Nasralla había asegurado la victoria con cinco puntos de ventaja durante la noche electoral, del 26 al 27 de noviembre, pero después hubo una “caída del sistema de cómputo” de 10 horas, tras la cual el presidente Hernández apareció adelante en los resultados, dando una voltereta que lo puso arriba por punto y medio.
Un análisis de la revista británica The Economist, con los datos de 288 municipios (de un total de 298), concluyó que esto no es estadísticamente posible.
Las protestas se han mantenido desde entonces, con la ventaja de que varios cuerpos de policía civil anunciaron su decisión de no acatar las órdenes de reprimirlas, y de que la Policía Militar –leal al presidente Hernández– y el ejército –factor de poder determinante, pero sujeto a Washington– sólo han decidido o podido actuar con contundencia en algunos puntos, no de manera generalizada.
El misterio de la “caída del sistema” se ha empezado a desvelar a raíz de que uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, aceptó discutir el tema en la emisora local Radio Progreso, el lunes 11.
Según explicó, el segundo avance de resultados electorales (con 72% de las actas), confirmó la tendencia favorable a Nasralla, que ya indicaba el primero (con 57%), pero se dio la orden de “parar la transmisión”.
Eso “fue el presidente del tribunal quien lo ordenó, no recibí explicaciones de por qué”, reveló Lobo.
El presidente del tribunal es David Matamoros, quien llegó a ese cargo gracias al impulso del presidente Hernández. Aunque éste era candidato y, por lo tanto, parte interesada, durante esa noche sostuvo al menos una conversación telefónica con Matamoros, aseguró Lobo más adelante.
En ese momento, había una “presión muy fuerte” por parte de representantes de la OEA, que exigían difundir los datos del segundo avance, e incluso, continuó Lobo, “su servidor les dijo que si no daban a conocer los resultados bajaría a darlos yo solo a la prensa”.
El magistrado dijo “creer que la demora era porque la tendencia no se estaba dando como se esperaba”.
El anuncio de la segunda tanda de resultados se dio finalmente. Pero después de eso, se interrumpió el cómputo. Lobo pidió explicaciones: “Nos dijeron que la memoria del sistema se había llenado y que necesitaban ampliarla, y que cuando hicieron eso, el sistema se había caído, y después de eso, que uno de los servidores tuvo un daño”.
Esta situación “genera dudas”, amplió Lobo, porque “como tribunal invertimos muchos millones de lempiras en un sistema confiable, que nos garantizaba que no fallaría”.
Cuando los técnicos terminaron de “reparar” el sistema, los resultados se habían invertido.
De los votos a las actas
Tras mucha presión, Matamoros aceptó la exigencia de la oposición de incluir en el conteo 4 mil 753 actas que habían quedado fuera, pero el lunes 11 aseguró no haber “encontrado evidencias de fraude electoral”, por lo que sostuvo los resultados que le daban al presidente Hernández punto y medio de ventaja sobre el opositor Nasralla: 42.95% contra 41.42%.
La clave está en las actas: el martes 12, Nasralla y Zelaya presentaron pruebas de que hay una “clonación sistemática” de los documentos de cada casilla o mesa electoral receptora. La de la número 16 mil 579, por ejemplo, fue registrada a las 01:09 horas del 27 de noviembre con los siguientes datos: la alianza ganaba con 89 votos, era seguida por el Partido Liberal con 51 y al final quedaba el oficialista Partido Nacional, con 36. A las 02:20 horas, sin embargo, esa acta fue recontada y la alianza había caído al tercer puesto, con 24 votos.
Nasralla señaló además la baja calidad del escaneo de 5 mil 800 de las 13 mil actas que fueron transmitidas por internet, lo que “hace presumir que fueron cambiadas en el camino”.
“Hemos pedido un reconteo de todos los votos porque no creemos en los resultados expresados en las actas ni creemos en las empresas que fueron contratadas para la transmisión de datos”, explica a Proceso Ricardo Salgado, asesor político de la Alianza de Oposición.
Su coalición enfrenta un problema difícil de salvar, no obstante: tanto si se vuelven a computar las actas como si se vuelven a revisar todas las papeletas de votación, el proceso estará a cargo del TSE. “No lo reconocemos como árbitro porque presenta demasiados vicios –sigue Salgado–, y en la práctica se ha vuelto un tribunal de un magistrado que es básicamente portavoz de Juan Orlando Hernández y, por lo tanto, portavoz del fraude electoral”.
Sin embargo, es esa instancia ante la que han presentado las impugnaciones.
Salgado explica que lo hicieron “para enmarcar nuestras acciones dentro del esquema jurídico hondureño, tal como lo recomendaron la Unión Europea y la OEA, para evitar que después nos salieran con la historia de que no habíamos cumplido con los requisitos. Estamos tratando de cubrir todos los flancos” porque enfrentan “la injerencia de Estados Unidos. Todos sabemos que la OEA juega un papel funesto a favor de los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. La primera pregunta que nos haríamos es: ¿por qué Marisa Matías, la jefa de la delegación europea, abandonó Honduras hace rato y ahora ha venido a menos esa misión?”.
El Partido Liberal, que también denuncia la manipulación del TSE, ha presentado la solicitud formal de que los comicios del 26 de noviembre sean anulados y se proceda convocar a elecciones que no sean organizadas por el tribunal, sino por un nuevo órgano bajo supervisión de los organismos internacionales.
Esa es una alternativa que los coaligados, en cambio, no pretenden buscar por el momento, “porque básicamente estaríamos cediendo la victoria de la alianza”, explica Salgado, aunque “está claro que con todos los vicios que todos los días salen a la luz pública, la solución que va quedando para que podamos resolver esta crisis tendría que pasar por un nuevo proceso”, que “debería incluir necesariamente un nuevo árbitro, la eliminación de los árbitros que tenemos ahora, y además escoger una observación internacional que no sea necesariamente la OEA ni la Unión Europea, sino escogida equilibradamente y que nosotros también tengamos participación a la hora de nombrarla”.
Constitucionalmente, la disputa tendría que estar resuelta antes del próximo martes 26, cuando debe ser declarado el resultado definitivo.
Mientras tanto, ese resultado se dirime en la embajada de Estados Unidos, en foros internacionales y también en las calles, donde los manifestantes colocan barricadas que –ante la insubordinación de la policía civil– los militares tratan de remover.
“Las fuerzas armadas de Honduras mantienen la misma posición que han mantenido siempre: ellos se comportan como un ejército de ocupación al servicio de Estados Unidos”, lamenta Salgado, quien recuerda que los 14 muertos en las protestas se deben a “asesinatos ejecutados por la Policía Militar, que mantiene su elevado perfil represivo y violento”.
Es poco probable que esto cambie, porque “creemos que las fuerzas armadas mantienen una línea coherente y, si existen fisuras dentro de los criterios a nivel de los mandos, todavía no significan la posibilidad de un quiebre”.
Lo que ocurra en la cúpula de la oficialidad es importante porque, sigue el asesor de la alianza, “como en todas partes de América Latina lo que terminen haciendo ellos en buena parte determinará el curso de las acciones. Mientras tanto, mantienen la perorata de hacer cumplir su misión constitucional que al parecer es cuidar la propiedad de Burger King y de otras franquicias gringas”.
