Aunque los diputados del PRI y sus aliados del Panal y el PVEM no conseguían la mayoría necesaria para aprobar por sí mismos la controvertida Ley de Seguridad Interior, utilizaron la división de los partidos de la coalición Por México al Frente y los retorcidos acuerdos y diferencias electorales de Morena y el PES para imponerla, igual que la consulta sobre el Mando Único Policial. Aun así, panistas y morenistas se preparan para impugnar ante la Suprema Corte una votación que pasó por legal mediante las cuentas mágicas del presidente de la mesa directiva.
Bajo la influencia de los acuerdos y desavenencias del proceso electoral, la Cámara de Diputados dio el último aval a la Ley de Seguridad Interior (LSI) y a la policía de Mando Único, como las propuso desde 2014 el presidente Enrique Peña Nieto.
La derrota del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle por Ricardo Anaya en la lucha por la candidatura de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) coincidió con el respaldo de los diputados poblanos al PRI para alcanzar el quórum y los votos necesarios para aprobar la LSI.
El PRI, el PVEM y el Panal no sumaban los votos que marca la ley orgánica de San Lázaro, pero 11 legisladores del PAN (seis de Puebla, dos de Tamaulipas y uno de Edomex, Nayarit y Jalisco) les dieron no sólo el quórum sino la mayoría. Sin ellos, dicha normativa se pudo haber desechado en definitiva.
En un segundo plano, influyeron los acuerdos electorales entre Morena y el Partido Encuentro Social (PES), al que se le entregaron 75 espacios para diputados federales y 16 para senadores. Pero eso no fue suficiente para impedir que el coordinador del PES en la Cámara de Diputados otorgara a su antiguo aliado, el PRI, los votos que necesitaba para sacar adelante la consulta popular sobre el modelo de Mando Único Policial (MUP).
En noviembre de 2014, tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la que se involucraron policías municipales de Iguala y Huitzuco de Guerrero, Peña Nieto anunció cambios constitucionales para dar paso a la creación del MUP.
La iniciativa permaneció en un cajón del Senado hasta el 16 de junio de 2016, cuando en periodo extraordinario el PRI respaldó las modificaciones que realizó el PAN a fin de pasar del modelo de MUP (que desaparecía las policías municipales) al Mando Mixto (MM).
La reforma avalada en el Senado planteaba la intervención federal y de los estados en los municipios, de manera temporal, para enfrentar al crimen organizado. Hasta ese momento no se pretendía legalizar las funciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública.
Sorpresivamente, cinco meses después el PRI dio marcha atrás en lo que concedió en el Senado y propuso, a nombre de su coordinador César Camacho Quiroz, una nueva ley, la de Seguridad Interior, para que el Ejército se hiciera cargo del combate al crimen organizado con pleno respaldo legal.
Al arranque de 2017, el PAN y el PRD condicionaron la aprobación de la LSI al aval del MM. Una no podía pasar sin la otra, declararon por separado en enero Marko Cortés y Francisco Martínez Nery, los coordinadores panista y perredista.
Durante 11 meses ambas normas se quedaron atoradas en la Cámara de Diputados.
En diciembre, las batallas internas en los partidos del Frente para designar candidato a la Presidencia y la estrategia de Morena para asegurar entre 1 y 1.5% de votos del PES provocó en San Lázaro un tobogán de presiones y acuerdos inesperados.
El factor Moreno Valle
Pasaron tres años, pero el PRI logró en San Lázaro lo que le pidió Peña Nieto: el MUP y la LSI. Sin embargo, ambos ordenamientos avalados por mayoría simple –con el respaldo de “algunos” diputados de PAN y PES en el primer caso y sólo del PES en el segundo– serán impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La noche del jueves 14, mientras los senadores aún discutían la LSI, en San Lázaro los legisladores de la alianza Al Frente por México decidieron abandonar las instalaciones y no presentarse al día siguiente. Calcularon que, al votarse la minuta proveniente del Senado, su ausencia provocaría que no hubiera quórum para que dicha ley fuera válida.
Del otro lado, Morena, que un día antes registró su alianza electoral con el PES, decidió respaldar al frente. Asistiría, pero sin registrarse. La mayoría de los diputados del PES estaban de acuerdo.
Sin embargo, a la hora de la votación los seis legisladores por Puebla (posiciones que el aún gobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle, negoció en 2015) respaldaron al PRI: María Mercedes Aguilar López, Hugo Alejo Domínguez, Eukid Castañón Herrera, Lilia Arminda García Escobar, Miguel Ángel Huepa Pérez y Genoveva Huerta Villegas.
Lo mismo hicieron dos panistas tamaulipecos, César Augusto Rendón García y Elva Lidia Valles Olvera, así como Jisela Paes Martínez, de Jalisco; Rubén Alejandro Garrido Muñoz, del Estado de México, y Rafael Valenzuela Armas, de Nayarit.
Se sumaron también el coordinador del PES, Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam –quien trató de establecer como “verdad histórica” la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un basurero de Iguala–, y del mismo partido la hidalguense Ana Guadalupe Perea Santos.
Sin dichos votos el PRI, el Panal y el PVEM no hubieran logrado el quórum y la mayoría de votos, pues sumaron 248 sufragios. Los 11 del PAN, dos de PES y uno del diputado “sin partido” y expriista Javier Guerrero consiguieron que la LSI fuera aprobada con 262 votos a favor.
La traición del PES
En 2015 el PES, que debutaba como partido nacional, obtuvo 3.3% de los votos totales y consiguió ocho diputaciones federales de representación proporcional y en el camino se le sumaron dos. Encabeza a esos 10 legisladores el sobrino de Murillo Karam.
El miércoles 13, Morena, el PES y el PT anunciaron su alianza para la elección presidencial: Juntos Haremos Historia. El dirigente nacional del PES, Hugo Érick Flores, dijo que decidieron sumarse a Andrés Manuel López Obrador para “estar del lado correcto de la historia”. A cambio encabezarán 75 candidaturas para las diputaciones federales y 16 para el Senado.
Sin embargo, en las votaciones claves de esta última cámara, el PES avaló las posturas a las cuales Morena se opuso desde el principio. En la LSI, el PES entregó al PRI los votos de Alejandro González Murillo y de Ana Guadalupe Perea Santos, funcionaria de Miguel Ángel Osorio Chong cuando éste fue gobernador de Hidalgo.
Esos votos no eran necesarios porque el PRI ya tenía la mayoría requerida al allegarse los 11 del PAN, pero sí fueron claves en la votación para someter a consulta popular el modelo policial.
Desde 2014 Peña Nieto envió al Legislativo su iniciativa sobre el MUP, a fin de concentrar el mando en las policías estatales y desplazar a las municipales. La propuesta llegó al Senado y el PAN negoció con el PRI que se sustituyera el MUP por el MM, lo que se aprobó el 16 de junio de 2016.
Pero en noviembre del mismo año el PRI presentó su iniciativa de LSI. El PAN y el PRD la condicionaron a la aprobación del MUP.
Tres días después de que el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade se registrara como precandidato único del PRI a la Presidencia, las comisiones unidas de Seguridad y de Puntos Constitucionales –la primera encabezada por el panista Jorge Ramos y la segunda por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo– votaron la minuta sobre el MM aprobada por el Senado. El PRI, con su mayoría de votos, la desechó.
Y el miércoles 13, de manera sorpresiva, el pleno de San Lázaro sometió a votación el dictamen de la Comisión de Gobernación que preside la priista Georgina Trujillo, en el cual se propone someter a “consulta popular” el modelo policial, pues el actual “tiene problemas de fondo que impactan negativamente en la población”.
El PRI sostiene que, a pesar de que se les destina mucho dinero a las policías municipales, la inseguridad no ha disminuido, en gran medida a causa de la falta de coordinación de dichas corporaciones, su falta de solidez, insuficiente capacitación, corrupción y escasa credibilidad.
Por ello propuso someter a consulta popular la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”.
Esta consulta, redireccionada “al mando único” –según los diputados que se le oponen–, es el segundo aspecto que requiere la LSI, pues así las Fuerzas Armadas tendrían que “coordinarse” sólo con 32 mandos policiales en vez de las más de mil 800 corporaciones municipales para acordar estrategias contra el crimen organizado.
El panista Jorge Ramos, el perredista Rafael Hernández Soriano, Jorge Álvarez Maynez, de MC, y el morenista René Cervera coinciden en que la consulta es anticonstitucional, ya que no se puede someter a consulta la estrategia de seguridad, viola los derechos humanos y la pregunta es tendenciosa.
La oposición rompió el quórum la tarde del miércoles, pero la sesión del jueves inició con esa votación. Entonces el PES traicionó a sus nuevos aliados de Morena.
El presidente de la mesa directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, arrancó la sesión con 257 legisladores, pero en el momento de la votación sólo estaban presentes, según sus cuentas, 251 diputados: “250 votos a favor; de esos unos fueron vía tablero y otros expresados de viva voz”. Luego dijo que uno no votó pero que hizo quórum.
Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Verónica Delgadillo (MC) y Ariadna Montiel (Morena) le reclamaron a Ramírez Marín que no hubo quórum y que él manipuló los números. “El tablero dice que votaron 247 y usted señala una votación de 251”, lo confrontó Delgadillo.
El priista desglosó así los votos: “197, PRI; 38, PVEM; 10, Panal; tres, PES, haciendo 250 votos… y un voto adicional del PES que sólo pasó asistencia”. Los números nunca cuadraron, pero lo cierto es que cuatro diputados del PES dieron al PRI el quórum para legalizar la consulta, por lo menos desde el punto de vista del presidente de la mesa directiva.
Según datos de la Cámara de Diputados, fueron 197 votos del PRI, 38 del PVEM, 10 del Panal, 1 de Javier Guerrero y uno de un diputado independiente: suman 247 votos. Hasta ahí no había quórum y por lo tanto la votación era inválida. Luego el PES les dio tres votos: Alejandro González Murillo, Ana Guadalupe Perea Santos y Cynthia García Soberanes. Sumaban 250. Y Refugio Trinidad Garzón Canchola, también del PES, que no votó pero asistió y fue contado como el voto 251.
“¿Qué hizo el PRI? Fue a buscar a la calle a cuatro personas y manifestó que eran los suplentes de los diputados… El PRI trae, como buen mapache electoral, a ciudadanos quienes no nos consta si son o no son los suplentes”, alegó el panista Jorge López Martín, quien ya prepara dos recursos de impugnación ante la SCJN: uno para declarar inconstitucional y manipulada la pregunta y la otra por haberse realizado un proceso legislativo ilegal, “sin quórum”.
En tanto, Morena interpuso ante la mesa directiva un recurso de revisión por la presunta ilegalidad de la votación al carecer de quórum, y demanda que no se envíe la petición de consulta a la SCJN, que debe validar la pregunta. Como sea, el PRI ya tiene su LSI, anuló el MM y va por el MUP en una consulta popular para el 1 de julio de 2018, día de la elección federal.
