Desde 2009 Juan Orlando Hernández ha tomado gradualmente el control de instituciones clave del Estado hondureño: su partido apunta a controlar el Poder Legislativo, los magistrados del sistema judicial han sido designados por él y muchas leyes fueron rediseñadas bajo sus órdenes. Si el recuento de las actas de votación –ordenado después de que se “cayó el sistema” de cómputo de los votos– corrige el resultado que le da la victoria, podría ser apartado de la presidencia del país, pero no del poder. Y es que detrás de él existe una densa red de empresas trasnacionales y de la oligarquía nacional que instrumentalizan al Estado para saciar sus intereses económicos.
El camino de Juan Orlando Hernández hacia la toma y consolidación del poder en Honduras dibuja a un caudillo individualista que avasalla instituciones y traiciona a antiguos aliados por la sola fuerza de su personalidad y su colmillo político.
Según el informe sobre Honduras titulado “Las instituciones del gobierno que han sido corrompidas para servir a los fines de la red”, publicado en mayo pasado por el think-tank estadunidense Carnegie Endowment for International Peace, el presidente Hernández y su antecesor, Porfirio Lobo, representan los intereses de un entramado de trasnacionales y sectores de la oligarquía local que se apoderó de las actividades económicas del país, usando los poderes del Estado y rediseñando las leyes a su conveniencia.
Por el lado opuesto, la actuación de diversas corporaciones de policía –que saltaron a las pantallas de la televisión global al negarse a acatar las órdenes de reprimir al pueblo– da la impresión de que agentes con conciencia social forman una alternativa política al poder de la red; en realidad –según informes internacionales como el del Carnegie Endowment for Human Rights– están vinculados a uno de los principales sectores que escapa al esquema de esa red hegemónica y actúa como contrapoder: el de las pandillas criminales que imponen el terror en las calles.
En este escenario bipolar, la sociedad hondureña queda en situación de elegir entre esos dos males.
La Alianza Opositora contra la Dictadura, que presentó como candidato presidencial al conductor de televisión Salvador Nasralla, se forma como coalición entre una izquierda sistemáticamente sometida a abusos (la del partido Libre, del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009), y una derecha que, ante la conquista progresiva de la nación por la red de Juan Orlando Hernández (JOH), se ha visto arrinconada, la del Partido Anticorrupción, al que pertenece Nasralla.
La reelección de JOH en los comicios del pasado 26 de noviembre, que se pretende sustentar en resultados que invirtieron su tendencia tras una inexplicada caída del sistema de cómputo, quedó en suspenso a partir de varios hechos:
Primero, los datos finales fueron denunciados como inverosímiles por la oposición, los observadores, organismos internacionales (incluida la OEA) y gobiernos extranjeros. Después, el toque de queda que quiso imponer el gobierno fue roto por las protestas populares y quedó claramente inaplicable desde el lunes 4, cuando los cuerpos policiacos de élite Cobra y Tigre, seguidos de la Policía Nacional, anunciaron su insubordinación ante las órdenes presidenciales. Posteriormente, el miércoles 6, JOH declaró que acepta un recuento de las actas de votación, con el que Nasralla espera demostrar su triunfo.
Hasta el cierre de esta edición, el Ejército, un factor de poder que no ha perdido influencia desde la guerra contrarrevolucionaria en la vecina Nicaragua en los ochenta, y que podría ser la última esperanza del presidente, se ha mantenido en silencio.
Una corrección de los resultados a favor de Nasralla difícilmente garantiza que éste pueda asumir la Presidencia y ejercer su cargo con libertad: de entrada, en una visita al cuartel de los Cobra, el martes 5, el candidato opositor entró en contacto con una corporación profundamente corrupta y temida por la población; en cualquier caso, encontrará un país sometido a la omnipresente red económica de JOH, quien desde 2009 ha tenido tiempo suficiente para tomar el control de las principales herramientas del Estado: su Partido Nacional apunta a ganar suficientes escaños para controlar el Legislativo, los magistrados del Judicial han sido designados por él y las leyes fueron rediseñadas bajo sus órdenes.
JOH podría ser apartado de la Presidencia, pero no del poder.
Irregularidades técnicas
“Los expertos técnicos dicen que es irreversible”, declaró ante la prensa Marcos Ramiro Lobo, uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la madrugada posterior a los comicios del 26 de noviembre, cuando ya se había contado 57% de los votos y el opositor iba adelante por cinco puntos. “Nasralla es prácticamente el ganador”, agregó Lobo.
En las elecciones de 2013 los resultados definitivos se presentaron en sólo cuatro horas. Ahora –como eco de lo que ocurrió en México en 1988– el sistema de cómputo hondureño se cayó. Los funcionarios se contradijeron en sus explicaciones, culpando a la empresa responsable, a imprevisiones en las necesidades de memoria, a los procesadores… Diez horas después, cuando el conteo volvió a marchar, JOH iba arriba.
Ante la demanda de la oposición de incluir más de 5 mil actas que fueron ignoradas, el presidente del Tribunal, David Matamoros, sólo ofreció considerar un millar que, según Nasralla, no forma parte del proceso: “Nadie sabe de dónde salieron”, afirmó. Pasó una semana en la que, a resultas del toque de queda impuesto para impedir protestas –que se desarrollaron al grito de “¡fuera JOH!”– murieron 13 personas y cientos más fueron detenidas. El lunes 4 el magistrado ofreció la cifra final: 43% del presidente sobre 41.4% de Nasralla.
Los funcionarios explicaron que la reversión se debió a que los primeros datos que llegaron vinieron de zonas urbanas, donde Nasralla tiene más apoyo, pero los que arribaron después son de áreas rurales que votaron por Hernández y resultaron suficientes para invertir la tendencia.
“Si los resultados dados por el TSE en cada etapa del conteo son una muestra representativa del país, las posibilidades de que haya ocurrido tal cambio son cercanas a cero”, concluyó la revista británica The Economist, el martes 5, tras comparar los datos de los 288 municipios hondureños (de un total de 298) que habían reportado cifras parciales en la primera fase (antes de la “caída del sistema”): en el peor de los casos para Nasralla, lo más que podría haber cambiado la tendencia es 3.8%, no el 6.6% que muestra el conteo oficial.
The Economist difundió también una grabación en la que trabajadores electorales, del Partido Nacional, son instruidos en técnicas de fraude, y señaló que en los departamentos de Lempira (de donde es originario el mandatario), La Paz e Intibucá hubo tasas de participación extraordinariamente altas (70% frente a 55% del promedio nacional) y votaciones igualmente superiores a favor de JOH, lo que los opositores atribuyen a un relleno sistemático de urnas.
De la antirreelección a la reelección
El TSE está bajo control de Hernández, quien nombró a su presidente, Matamoros, y de manera indirecta a dos de sus compañeros. Pero no es la única institución que domina: su estrategia a lo largo de los años ha sido la de apoderarse de los órganos del Estado. De esta manera ha asegurado que el tribunal tome decisiones que le son favorables, sin mostrar preocupación alguna por cuidar las formas.
Diputado desde 1998, cercano al grupo de Porfirio Lobo Sosa, JOH apoyó el golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el argumento –nunca demostrado– de que buscaba la forma de obtener la reelección.
En 2010, cuando Lobo fue electo presidente, JOH quedó a la cabeza del Congreso Nacional, donde impulsó iniciativas de ley que contemplan dos grandes proyectos: la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y de un Consejo Nacional de Seguridad Interior.
Las RED, conocidas como “ciudades chárter”, serían urbes construidas y gobernadas por empresas extranjeras en concesiones de 80 años, sin que los poderes del Estado ni los residentes (que a la vez serían los trabajadores) tuvieran injerencia en la toma de decisiones.
Por violentar la autonomía judicial, la soberanía y la forma de gobierno del país, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma el 18 de octubre de 2012. JOH reintrodujo el plan con algunas modificaciones y el 15 de agosto de 2013 logró aprobarlo con los votos de 110 de los 128 diputados.
El plan enfrentaba, sin embargo, la posibilidad de una nueva resolución judicial en contra.
La manera de evitarla era reemplazar a los magistrados: con el argumento de que cuatro de los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se opusieron a unas pruebas de confianza de la policía –argumentando que violaban garantías de la Carta Magna–, Hernández llamó a una sesión exprés del Congreso, que se desarrolló durante la noche del 11 al 12 de diciembre de 2012, y a las 04:00 horas, a pesar de que por ley los jueces sólo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte, 98 diputados votaron por destituir al cuarteto, “por conspiración” contra los intereses del pueblo, en palabras de JOH.
Hernández hizo designar a magistrados afines, quienes sistemáticamente convalidaron lo que les puso enfrente y sirvieron para sus fines personales en dos momentos clave:
Primero, en el proceso para designar candidato presidencial del Partido Nacional en 2013, cuando el 28 de mayo de ese año desecharon las impugnaciones –presentadas por su rival, Ricardo Álvarez– por coaccionar el voto, inflar cifras y comprar funcionarios electorales.
Y después en 2015: pese a que JOH fue pieza clave en el golpe de Estado contra Zelaya –acusado de pretender la reelección–, ahora quería asegurar la suya y logró combatir el impedimento constitucional con una decisión de los magistrados en el sentido de que prohibir que el presidente se reeligiera atentaba contra sus derechos individuales.
Mientras tanto, mediante el Consejo Nacional de Seguridad Interior, el presidente controla todo lo relacionado con seguridad, defensa e inteligencia, como las actividades de vigilancia electrónica.
El citado estudio del Carnegie Endowment for International Peace documenta cómo el presidente y sus asociados se han apoderado del Congreso, sistemáticamente debilitado, incluso de manera técnica: los 128 legisladores carecen de oficinas privadas, sólo hay dos salas para que se reúnan, las máquinas electrónicas para las votaciones rara vez funcionan y los legisladores no pueden ver los resultados.
Más aún, el mandatario y la red que representa también controlan el Poder Judicial, las empresas públicas y la seguridad social.
Además, ha formado órganos ad-hoc para “entretejer las madejas del sector público y privado de las redes cleptocráticas”, señala el informe. Es el caso de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada que promueve y supervisa proyectos públicos que van desde la construcción de un puerto y carreteras hasta el envío de pasaportes o la compra de medicamentos para el sistema de salud, en procesos opacos a cargo de funcionarios públicos y ejecutivos empresariales reunidos al gusto del mandatario.
En este extenso sistema de poder se ha desatado la represión contra las comunidades que se oponen a grandes proyectos privados.
El ejemplo más conocido es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, presuntamente orquestado por altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, concesionaria de la construcción de la hidroeléctrica de Agua Zarca, con participación de agentes del gobierno, sin que las autoridades hayan iniciado procesos contra ellos, según reveló un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, presentado el pasado 31 de octubre.
Los Cachiros
Tanto Hernández como Porfirio Lobo –por conducto de su hijo Fabio– han sido señalados por un testigo protegido de la DEA ante el fiscal de Manhattan, Joon H. Kim, por haber aceptado varios sobornos, uno de ellos de 250 mil dólares, para permitir y facilitar las actividades de la banda de Los Cachiros.
Este grupo se dedica a transportar cocaína colombiana para el Cártel de Sinaloa y ha asesinado al menos a 78 personas en Honduras, incluidos el zar antidrogas Julián Arístides González, el asesor de seguridad nacional Alfredo Landaverde y dos periodistas.
El testimonio fue presentado por Devis Leonel Rivera Madariaga, uno de los dos hermanos que dirigían al grupo.
Sin embargo, no han sido presentados cargos contra Hernández en Estados Unidos.
El lunes 4, en medio de la crisis electoral, el gobierno de Donald Trump le extendió al gobierno de JOH la certificación de que lucha contra la corrupción y protege los derechos humanos, lo que elimina los obstáculos para que reciba 644 millones de dólares en asistencia económica.
