Vladimir Arias, el fiscal que dentro de la procuraduría brasileña estuvo a cargo de la cooperación internacional en materia de indagatorias de actos de corrupción, señala que si en México no hay un cambio en el sistema judicial será “casi imposible hacer investigaciones sobre corrupción o sobre delitos de personas poderosas”, como en el caso Odebrecht.
Cuando se le pide a Arias su opinión sobre la falta de castigos en México contra funcionarios que recibieron sobornos de la empresa brasileña, a diferencia de los países latinoamericanos, donde presidentes y altos funcionarios han sido encarcelados por corrupción, responde:
“Es muy difícil manejar el sistema penal para la condena de personas poderosas, porque hay una alianza, entre el poder político y el poder económico, para que los fiscales, los jueces, no puedan hacer lo que deben hacer, y muchas veces no hay garantías para que las fiscalías funcionen adecuadamente en ese tema.
“Por eso es importante que las fiscalías sean autónomas, que tengan protección los fiscales, que el fiscal general tenga protección constitucional para que no existan amenazas a sus funciones y atribuciones de competencia.”
En una visita reciente a México, el fiscal, quien desde 2014 y hasta septiembre pasado trabajó en el caso Lava Jato –referente a los sobornos de Odebrecht para obtener obra pública–, en el cual coordinó la cooperación e intercambio de información con 31 naciones de cuatro continentes (16 de ellos, latinoamericanos), consideró que para que en los países se juzguen casos de corrupción es necesario contar con una fiscalía autónoma y con funcionarios de carrera.
Entrevistado por Proceso el pasado 6 de noviembre en el seminario internacional “Ministerios Públicos y el combate a la impunidad en América Latina”, organizado en el Senado por el bloque de organizaciones Fiscalía que Sirva, Arias destacó la necesidad de modificar el sistema.
Cuando se le preguntó su opinión sobre por qué en otros países hay políticos encarcelados pero no en México, dijo: “Es importante tener un cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, para que la fiscalía funcione adecuadamente, para que exista fundamentalmente esta autonomía presupuestal, para que los fiscales puedan ser elegidos dentro de una carrera fiscal, como ocurre en Brasil. Sin una carrera fiscal es casi imposible hacer investigaciones sobre corrupción o sobre delitos de poderosos. Hay que cambiar el sistema para que las cosas funcionen”.
–En el caso de Odebrecht, ¿cuál es el esquema que se repite en todos los países y que tendría que investigarse en México?
–Básicamente es el mismo esquema de corrupción que involucra contratos, obtención de contratos públicos con sobreprecios, con costos por encima del mercado, para que este lucro pueda ser compartido por los administradores públicos, por los intermediarios de los esquemas que son financistas, por ejemplo lobbistas, y también por políticos que a veces están involucrados en este tipo de situación delictiva, que dependen de una relación clandestina, muchas veces, entre el mundo político, el mundo financiero, el mundo económico, para que todos tengan ventajas y sólo la población del pueblo no tenga nada.
–También financiaban campañas políticas.
–No es solamente un problema de la empresa Odebrecht. Es cuestión de que (en unos países) existen condiciones para que una situación como esa ocurra, no es simplemente una empresa extranjera que llega a un país. Que sea Odebrecht u otra, cualquiera, y que empiece a hacer este tipo de vinculación con hombres públicos, con administradores, con gente del mercado, es porque hay condiciones para que los hechos de corrupción sean cometidos.
“Estas condiciones son favorables porque no hay transparencia, porque no hay fiscalías independientes, porque no hay un órgano de control (y existe) un conjunto muy grande de condiciones que favorece que delitos como ese sean cometidos fácilmente sin investigación, sin condena.”
–Llama la atención que no sólo buscan funcionarios, sino también candidatos.
–Sí, por supuesto, porque es más fácil que una empresa obtenga favores de políticos cuando están con ellos desde siempre, antes de que sean elegidos en las campañas electorales, donde tendrán apoyo de las empresas para el financiamiento de sus campañas.
“Entonces, ya tiene un contrato de obtención de obra pública después, en condiciones más facilitadas, con este sobreprecio, porque en el pasado ya ayudaron a esos mismos políticos a obtener sus cargos en el gobierno, o en la Presidencia de la República, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados, como sea.”
Corrupción colosal
Arias es fiscal de carrera desde hace 24 años, y en los últimos 14, fiscal federal. A partir de 2013, bajo el mandato del fiscal general Rodrigo Janot, fue asignado para coordinar la cooperación internacional de la fiscalía federal en asuntos contra el crimen organizado, trata de personas y corrupción.
El funcionario brasileño describe así su trabajo en el caso: “(Estuve) más de tres años coordinando toda la cooperación del caso, coordinando todos los trabajos de los fiscales de otros países que aportaban pruebas a Brasil y también de los fiscales de Brasil que buscaban pruebas o la captura de prófugos, de personas que estaban en otros países después de una fuga y también la recuperación de activos para que el blanqueo de capitales no fuera una ventaja para los criminales y que el dinero volviera a Brasil”.
–¿Les llamó la atención ese esquema de sobornos o ya lo habían visto?
–Sí, ya hace muchos años hubo en Brasil esta situación de relación íntima entre constructoras de obra pública y políticos a nivel municipal o de estados, y también en el gobierno federal para la obtención de contratos con sobreprecio. Pero no teníamos idea de qué tan grande era el esquema y que estaban involucrados tantos países en Europa, en el Continente Americano, y de que tendríamos tantos hechos para investigar con los fiscales de nuestra región.
–¿Con qué frecuencia apareció en los juicios la relación con México, con dependencias mexicanas, con candidatos o políticos mexicanos?
–No puedo hablar sobre el caso específico, pero cuando yo estuve como responsable, fiscal responsable de la cooperación internacional, hubo solicitudes de cooperación que recibimos en Brasil, liberadas por la procuraduría general de México. Después de junio de 2016 empezamos a ejecutar las solicitudes de todos los países que estaban involucrados en el caso Odebrecht.
–Los declarantes que se entregaron a la procuraduría brasileña deberán ser juzgados allá y ya no en otros países, no los veremos juzgados en México —se le dice.
–Sí, este es un principio universal, principio non bis in idem, principio que protege a las personas, a todos los ciudadanos contra la doble incriminación. Entonces, una persona no puede ser procesada, enjuiciada, juzgada y condenada por los mismos hechos dos veces, en dos países diferentes o en el mismo país. Es una protección que está garantizada. l
