No aceptamos que nosotros somos la causa (de la violencia)…
Entonces (decimos) NO al retiro gradual (de militares en las calles). Nos vamos ahorita…
26 de octubre de 2017.
General Alejandro Ramos Flores
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena.
Atrincherados en el Campo Marte, mandos militares y cúpula política del gobierno de Enrique Peña Nieto celebraron, de modo acotado y sin que fuese una fiesta popular, el aniversario de la Revolución de nuestro país. El evento sirvió para empujar los últimos ascensos de soldados y marinos –7 mil 628– que otorga Peña Nieto como presidente y como parte de la regla no escrita de no injerencia de militares en política. Sin embargo, el evento sirvió de marco para la reiteración del chantaje del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de “otorgar un marco jurídico que dé certeza en el actuar, no sólo de las Fuerzas Armadas, sino de todos los obligados a hacer cumplir la ley y a fortalecer el estado de derecho”. Sin aludir a la iniciativa de seguridad interior, los militares llaman la atención sobre la inoperancia del ámbito legal de las policías sin reconocer que el sector castrense ha deformado la función policial en los tres niveles de gobierno desde hace más de dos décadas. Sin ser eficaces tampoco, y contrariamente a su dicho, han obtenido prerrogativas y privilegios presupuestales y políticos en términos de influencia.
La insistencia de los militares sobre la exigencia de un marco jurídico que ahonda en las confusiones conceptuales que, hoy por hoy, les han permitido actuar de modo ilegal y sin consecuencias de derecho interno, y la posición presidencial de defensa a ultranza de las instituciones castrenses, es parte de una nueva realidad de la relación civil militar mexicana: asegurar la impunidad mutua tanto del presidente, en su calidad de comandante supremo, como de las Fuerzas Armadas, que se miran vulnerables por futuras acusaciones en el marco del derecho penal internacional por violaciones graves de derechos humanos.
El poder civil, entre la simulación y la trampa legal
El sometimiento al poder civil en las jerarquías castrenses actuales es un referente tímido y retórico que de vez en cuando asoma en los discursos castrenses (hgeneral Salvador Cienfuegos, 26 de julio y 20 de noviembre de 2017). Sin embargo, el desarrollo legal a contrapelo de las condenas al Estado mexicano por la justicia internacional que, una y otra vez, tiene a los militares como protagonistas culpables de violaciones graves a los derechos humanos, va de la mano de estrategias institucionales y legales de simulación.
Las jerarquías militares y el presidente Peña Nieto se vieron obligados a modificar el anacrónico Código de Justicia Militar para dar cauce a la jurisdicción civil de investigar y juzgar a oficiales de la Sedena en casos de violaciones a derechos humanos. Este avance, tal como lo reconoce y demuestra el reciente informe de la Washington Office on Latin America, (WOLA) “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”), se oscurece con las triquiñuelas de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras disposiciones de la justicia castrense que tienden a obstaculizar la justicia civil.
Pero la reacción visceral oficial contra las críticas (no “prospectivas”, según el titular de Sedena en su retórica oscura) tiene que ver con otros aspectos e implicaciones vertidos en el documento de la WOLA: patrones institucionales de vulneración de derechos humanos ya como estrategia de gobierno bajo la coartada de la seguridad. Esa es una de las lecturas claras que se desprenden al analizar, por ejemplo, la obediencia debida y la falta de exhaustividad en las investigaciones que involucran a militares en violaciones graves a los derechos humanos (utilizando instalaciones castrenses donde, por las evidencias e indicios, judicialmente se han ordenado diligencias de búsqueda de personas desaparecidas) y que la PGR investiga en contra de su voluntad porque existe una intención clara de dejar en la impunidad a los militares.
La verdadera indefensión militar
Se ha engendrado un enclave de poder militar dentro de las propias filas castrenses que, dado el caso y para acallar señalamientos públicos vergonzantes, como su participación en masacres, asesinatos o desapariciones de civiles, ordenados por sus mandos, sacrifican a los soldados y marinos, salvaguardando a los superiores que definen tales acciones con órdenes escritas o verbales: en el Ejército sí me tocó recibir esa orden, que no queden vivos, los muertos no hablan. Esa era la norma número uno… pero cuando ya todo sale mal, que se chinguen las escalas básicas (sic), que se chingue la tropa. El mando se lava las manos… (p. 28 del informe de la WOLA).
La documentación de este fenómeno con los datos que muestra el proyecto periodístico “Cadena de Mando”, en cualquier país civilizado y democrático, como del que habla el titular de la Sedena, daría pauta para enjuiciar tanto al presidente de la República como a los titulares de Defensa y Marina. No en la democracia mexicana.
Lo que viene
El saldo general de la seguridad en México deja en claro la falta de voluntad del presidente Peña Nieto y las mentiras de los militares al comprobar sus pretensiones de endurecer su actuación y que se les permita legalizar y extender no sólo el alcance impune de sus operativos al cometer violaciones a los derechos humanos, sino entrometerse en las potestades civiles de investigación (el discurso del general Cienfuegos es un claro ejemplo de intromisión “respetuosa”).
No es gratuito que se encuentre pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución a la acción de inconstitucionalidad contra las reformas (salidas del jurídico de la Sedena), aprobadas por el Congreso en mayo del año pasado, al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales. De ceder la Corte a la presión militar, la justicia castrense extendería sus tentáculos a los ciudadanos comunes y corrientes y permitiría que los militares se entrometan en investigaciones civiles que involucren a soldados o marinos.
La sociedad mexicana no está en deuda con los militares por el deber cumplido en materia de protección civil por los pasados sismos de septiembre, y así, a cambio, otorgarles una Ley de Seguridad Interior como la que pretendían la Sedena y Marina. De igual modo, no es viable legal ni políticamente la deformación de la Ley de Seguridad Nacional con un capítulo especial que se le añada tal como se plantea desde el PAN, conteniendo los criterios medulares de las propuestas oficiales de las iniciativas de seguridad interior. Intento que, por cierto, hay que recordar, fracasó al final del sexenio calderonista.
Las tropas mexicanas (y sus contrapartes norteamericanas) son parte del problema, y no se trata sólo de su responsabilidad instrumental en el fracaso de la estrategia de seguridad, sino de cuestiones estructurales, como la cesión de franjas o regiones del territorio a la criminalidad o la ineficiencia en el control de armas y explosivos (25 millones de armas en el país, sin registro, son una muestra de este fracaso militar que se elude siempre). Las respuestas a los militares deben venir del Congreso y del Poder Judicial con una visión de Estado y de verdadera supremacía civil. De lo contrario, se darán a golpe de condena y vergüenza internacional. l
*Politólogo, coordinador del diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
