Señor director:
Pese a la situación de gravedad de los sistemas de pensiones en México, dada la ausencia de sus “reservas matemáticas” para responder a las obligaciones, las organizaciones sociales, sindicales y políticas se han desentendido de este problema.
El gobierno federal, fiel a su orientación capitalista dependiente, está impulsando reformas a las leyes que regulan las pensiones, como la iniciativa al Pensionissste del 8 de septiembre de 2015, encaminadas a fortalecer al gran capital nacional e internacional, sin importar los efectos negativos para jubilados y a pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
El presidente Enrique Peña Nieto, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, le permite a la banca nacional e internacional depredar los recursos de las cuentas individuales mediante las afores (administradoras de fondos para el retiro) que, a pesar de que cobran al trabajador una comisión por el manejo de su dinero, no reportan a los titulares de esos recursos la totalidad de los beneficios generados por los préstamos que, con cargo a los fondos de pensiones, la banca hace a particulares o al mismo gobierno.
También el gobierno ha autorizado a altos funcionarios asignarse pensiones millonarias. Basta citar que en 2013, en el informe de la Cuenta Pública, aparece que en la extinta Luz y Fuerza del Centro la pensión máxima era de 285 mil pesos mensuales; en el Banco Nacional de Comercio Exterior es de 247 mil pesos y, entre otros casos, en la Comisión Federal de Electricidad es de 254 mil pesos.
A los abusos anteriores se deben agregar casos como la venta de unidades habitacionales completas a precios irrisorios: en noviembre de 2005 le fueron vendidas al hijo de Martha Sahagún mil 700 casas en 3 mil pesos, cada una, en el puerto de Acapulco.
También existe la sobrefacturación en la compra de medicinas, la adquisición de medicamentos caducos en el IMSS y en el ISSSTE, así como la privatización de mil 200 paraestatales, cuyos recursos nunca ingresaron a las arcas de la nación.
Mención aparte merece el aberrante pago de intereses por más de 100 mil millones de pesos anuales que el Estado efectúa por no poder cumplir con el apoyo que ofreció a la banca en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Debido a lo anterior, el Consejo Nacional de Adultos realizará el Primer Encuentro Unitario en Defensa de las Pensiones el próximo 18 de noviembre, a las 10 horas, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, con el único propósito de analizar el meollo del problema y de diseñar las tácticas necesarias que nos conduzcan a que los fondos de pensiones sean recapitalizados con recursos suficientes para pagar las pensiones.
Atentamente,
Francisco Muñoz Apreza
