ROMA.– La defensa de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas confinado en la cárcel florentina de Solliciano, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Italia contra la sentencia que la Corte de Apelaciones de Florencia emitió el pasado 21 de septiembre en la que autoriza la extradición de su cliente.
Depositado el 16 de octubre y firmado por el abogado Luca Marafioti, el primer recurso contiene reclamos que reproducen y amplían parte de los argumentos formulados durante el procedimiento ante el tribunal florentino.
Entre ellos destaca la tesis de que Yarrington fue objeto de una persecución política por parte del Partido Acción Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón con el fin de desacreditarlo a él y a los miembros de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la defensa del exmandatario, en 2009, año de la primera investigación que se abrió contra su cliente, la Procuraduría General de la República incluyó a más de 30 funcionarios del PRI y del Partido de la Revolución Democrática.
Como en la mayoría de los casos los testigos fueron los mismos, los abogados sostienen que son poco creíbles; incluso aseguran que no han aportado suficientes elementos para reconstruir el nexo de Yarrington con sus presuntos testaferros.
Denuncian asimismo la ausencia del requisito de la doble incriminación en los cargos presentados; es decir, que el delito por el cual su cliente es solicitado en extradición sea considerado punible por ambas naciones; además, los países peticionarios omitieron datos importantes.
Las autoridades estadunidenses, por ejemplo, no habrían informado que el testigo protegido Ángeles declaró contra Yarrington a cambio de una reducción de su pena. Dicen que incluso objetaron que parte de la documentación no fuera traducida al italiano.
La defensa integró su querella con informes de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, para sustentar que, en un eventual traslado a México, Yarrington quedaría expuesto a graves violaciones de sus derechos humanos, mientras que su extradición a Estados Unidos implicaría una violación a la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
La nueva abogada
El segundo recurso del equipo de la defensa, redactado el pasado 13 de octubre, corrió a cargo de la penalista Giulia Bongiorno, quien fue diputada de partidos de centroderecha, entre ellos la Alianza Nacional y el Pueblo de las Libertades, entre 2006 y 2013.
Bongiorno suele presentarse como experta en delitos económicos y financieros, y su equipo se enfoca en el derecho penal económico y otras áreas del derecho penal.
En Italia es conocida por defender exitosamente al controvertido Giulio Andreotti, el exprimer ministro democristiano, a quien se le imputaban varios delitos, entre ellos el de asociación mafiosa.
A la penalista le llama la atención que la orden de captura de las autoridades mexicanas excluyera el delito de “asociación con el fin de traficar drogas”, un delito que sí incluyen las autoridades estadunidenses.
Sin embargo, comenta Bongiorno, como ambos países utilizan a los mismos testigos, eso resulta contradictorio.
Ella subraya que no se ha hecho una adecuada presentación de los hechos ni se han aportado pruebas que demuestren que Yarrington tuvo contactos o estableció una relación con los Beltrán Leyva, como afirman los fiscales mexicanos y estadunidenses.
Es factible que esas faltas pongan en discusión el concepto de “fundamento razonable”, necesario para que Italia proceda a la extradición.
Bongiorno citó el informe 2014 del relator especial de la ONU sobre la tortura en México para recordar que Yarrington ha recibido amenazas de muerte de grupos criminales mexicanos.
La defensa del exgobernador de Tamaulipas ya no insistió en su posición de que la excesiva exposición mediática de su cliente impide que tenga un procedimiento justo.
