La trama de corrupción en Pemex a favor de la constructora Odebrecht, del brasileño Marcelo Odebrecht, se inició en 2008, durante la administración del panista Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto se convirtió “en una constante”. Los últimos meses, pese a la documentación exhibida por la Auditoría Superior de la Federación, así como a los exhortos de la diputada Rocío Nahle, de Morena, para que esa información se divulgue, el exmandatario y su antiguo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, guardan silencio.
Ocupado uno en la precampaña presidencial de su esposa y atareado el otro en cuestionar a Ricardo Anaya –dirigente nacional del PAN–, la dupla Felipe Calderón Hinojosa-Salvador Vega Casillas intenta pasar inadvertida ante el caso Odebrecht, el más escandaloso acto de corrupción de Latinoamérica.
Si bien las irregulares ampliaciones de contratos para las empresas del Marcelo Odebrecht se iniciaron en 2008 –cuando el primero estuvo en Los Pinos y el segundo era titular de la Secretaría de la Función Pública–, Calderón aludió al tema el 3 de marzo pasado, sólo para negar que su encuentro con el entonces mandatario del país sudamericano Luis Inácio Lula da Silva en diciembre de 2009 fuera para acordar algún tipo de negociación ilegal.
“La sola insinuación de soborno hubiera sido inaceptable”, dijo Calderón en esa ocasión… Y no habló más del tema.
Reventado el escándalo por las autoridades de Brasil y de Estados Unidos, Pemex dio a conocer los contratos con Odebrecht: el firmado el 19 de febrero de 2010 para venderle etano a la filial Braskem –cuando Calderón aún era presidente– y los de mantenimiento en las refinerías de Tula (2013), Salamanca (2014) y Tula II (2015).
De la gestión de Calderón no se dijo más.
Sin embargo, fue justamente durante su administración cuando los contratos de la Constructora Norberto Odebrecht –que lleva el nombre del abuelo de Marcelo Odebrecht– empezaron a sufrir modificaciones constantes, siempre con beneficio para la firma brasileña y en detrimento de Pemex.
En 2009, cuando el panista Vega Casillas era titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) –hoy es uno de los senadores rebeldes que fustiga a Anaya Cortés, presidente de su partido, por presunto enriquecimiento ilícito–, autorizó pagos anticipados a Odebrecht, lo que abultó la cartera de la firma brasileña.
Minatitlán, el inicio
Los primeros años de este siglo la demanda de los hidrocarburos se incrementó. Durante su presidencia, Vicente Fox (2000-2006) decidió incrementar la producción y planteó modernizar las refinerías del país. Empezó con la de Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, con la cual buscaba detonar el empleo.
El 30 de diciembre de 2003 se emitió la licitación pública internacional y el 5 de enero de 2005 se dio por ganadores a Constructora Norberto Odebrecht, a la española Técnicas Reunidas y la mexicana Río San Juan Construcciones.
Según el contrato PR-OP-L002/05P, la obra tendría un costo de 3 mil 475 millones 512 mil pesos y debía realizarse entre el 8 de febrero de 2005 y el 7 de enero de 2008, durante el sexenio de Calderón.
El plazo venció sin que concluyeran los trabajos. El gobierno de Calderón empezó a otorgar prórrogas, hacer pagos anticipados y avalar sobreprecios.
Pemex mostró benevolencia con Odebrecht y el 4 de marzo de 2008 le firmó un convenio para ajustarle el valor de los insumos; el 13 de octubre de ese mismo año le firmó otro similar, y el 7 de noviembre siguiente determinó modificar uno de los convenios para pagarle a la constructora brasileña “en una sola exhibición”.
Pero las cosas no pararon ahí. El 8 de diciembre de 2008 firmó otro convenio para “pagar a la contratista gastos no recuperables”. El perdón constante de Pemex a la contratista se extendió al siguiente año. El 23 de febrero de 2009 le firmó un nuevo documento “por ajuste de costos” y una “extensión de garantía de cumplimiento”, así como una prórroga al plazo de ejecución.
Ese 23 de febrero de 2009, cuando Odebrecht llevaba un año de incumplimiento en la entrega de los trabajos encomendados sin ser sancionada, se le extendió una prórroga hasta el 30 de julio de ese año.
Construcciones Norberto Odebrecht volvió a incumplir. El 30 de julio, cuando venció el plazo, Pemex le firmó otro convenio de prórroga y para reprogramar las actividades principales de obra y compensar las actividades no realizadas en el contrato original de 2005.
El acuerdo era entregar la obra el 16 de abril de 2010, según la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La firma de convenios y ampliación de plazos hizo que los costos de la obra se dispararan de 3 mil 475 millones 512 pesos a 4 mil 782 millones 911 mil pesos; es decir, aumentaron mil 307 millones 399 mil pesos, detalla la diputada Rocío Nahle, de Morena y especialista en materia petrolera.
El 4 de abril pasado, cuando estalló el escándalo de Odebrecht. Nahle demandó a la ASF hacer pública la documentación justificativa que permitió a la constructora brasileña y a Pemex solventar todas las observaciones.
Lo anterior porque, según estableció la ASF, el 18 de diciembre de 2009 Pemex Refinación autorizó pagos anticipados cuando “ni en las bases de licitación ni en el contrato se pactó el otorgamiento de anticipo y, por lo tanto, en virtud de que era esa una condición dada a conocer a los interesados en la convocatoria de licitación, su modificación supondría la negociación de los requisitos contenidos en la misma”.
Es decir, pudo haberse dado un acuerdo irregular.
La misma ASF añade: “Además, el otorgamiento del anticipo a un contrato a precio alzado cuya propuesta se integró con un financiamiento calculado sin tomar en cuenta ningún anticipo afecta la estructura de la oferta inicial y concede beneficios económicos a la contratista”.
La ASF revisó toda la documentación y consideró que “no se acreditaron las premisas de cálculo incluyendo la repercusión inevitable en los costos directos e indirectos que conformaron el costo en la propuesta”.
Los mismos documentos de la ASF destacan que se violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, la cual indica que cuando se establecen trabajos terminados y en determinado tiempo “no se dan anticipos”.
Y añade que los pagos son por trabajos terminados y ejecutados en el plazo establecido. Lo que no ocurrió en el caso de Minatitlán. Aun así, Pemex Refinación benefició a Odebrecht; incluso pidió aval a la SFP y ésta se lo otorgó.
“La entidad fiscalizada incumplió los preceptos legales, reglamentarios y cláusulas del contrato en cita, al omitir que la solicitud de la contratista, así como las opiniones y respuestas de la SFP a favor de la suscripción de los convenios se produjeron mediante la aplicación indebida de la ley”, según los documentos de la ASF.
En ese momento –cuando el 18 de diciembre de 2009 Pemex Refinación hacía uno de los últimos convenios “improcedentes” para pagar anticipadamente 31 millones 704 mil dólares a Odebrecht–, Vega Casillas, entonces titular de la SFP, estaba ocupado anunciando la inhabilitación para que los dueños de la Guardería ABC de Hermosillo pudieran participar en nuevos concursos con el gobierno. Quizá por ello autorizó la firma de convenios irregulares con Odebrecht.
Al final, Pemex Refinación pagó a Odebrecht “gastos no recuperables”, ajustó costos que no debía y realizó prórrogas que diezmaron los egresos del año 2009.
Derroche imparable
En Minatitlán ya se habían pagado mil 307 millones 399 mil pesos de más a Odebrecht por la reconfiguración de la obra. Sin embargo, la sangría no se detuvo para el siguiente año.
En 2010, al mismo contrato PR-OP-L-00205 que tenía Construcciones Norberto Odebrecht se le abrió otro apartado –el ROPA 02710P– y un “proceso de conciliación”, porque la empresa “se inconformó”.
Lo anterior le generó al gobierno un gasto adicional de 814 millones 117 mil 900 pesos, según la revisión de la ASF.
La empresa de Marcelo Odebrecht se molestó por la forma en que se estaban dando los plazos y cómo se pagaba a los trabajadores. Así, logró una nueva prórroga para entregar la refinería de Minatitlán terminada. Su nuevo plazo: el 31 de marzo de 2011.
Debido a los cambios, Pemex Refinación autorizó revisar cuatro convenios “conciliatorios” celebrados el 8 de julio, el 23 de septiembre, el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2010, para “reconocer trabajos que no estaban contemplados en el contrato (original)”.
En esas conciliaciones se reconocía una mayor permanencia de la mano de obra por causa de los diferimientos a la fecha de terminación de los trabajos y para establecer el incremento de los precios en la mano de obra del sindicato petrolero.
De nueva cuenta, la SFP, a cargo de Vega Casillas, entró en escena e incluso se llamó a un tercer perito –C&C Estudios y Proyectos– para que, con base en las opiniones de la dependencia, emitiera una metodología para reconocer los reclamos del pago.
Todo lo solicitado por Odebrecht se concedió. Al revisar la cuenta pública de 2010, la ASF se encontró con sorpresas:
“La entidad fiscalizada no comprobó documentalmente la metodología ni el cálculo elaborado por el tercer experto que sirvió de fundamento para efectuar los convenios señalados y los pagos correspondientes; asimismo, sólo se cuenta con la opinión emitida por la SFP en el sentido de reconocer ese concepto de acuerdo con las condiciones reales de ejecución de contrato.”
Según los datos de la auditoría, ahora se estaba pagando 71.6% más del monto de la mano de obra del contrato original. Sostuvo entonces que el pago no estaba acreditado; también detectó que la empresa presentó controversias técnicas “para la cuantificación de los volúmenes adicionales de obra y el desarrollo de una metodología para determinar el monto a pagar”.
En esa revisión, concluyó que los porcentajes de gastos indirectos, financiamientos, utilidad y cargos adicionales no concuerdan con los que se incluyen en los precios unitarios, por lo que Odebrecht recibió un beneficio de 800 mil 465 dólares.
Lo mismo ocurrió en 2011 cuando se firmaron tres convenios parciales modificatorios con un costo de 250 millones 428 mil dólares. La ASF también determinó: “No está debidamente acreditado, ya que el soporte documental presenta inconsistencias”.
En 2012, el año de cierre de Calderón, Odebrecht siguió con sus prórrogas y el 31 de mayo de ese año el mismo perito experto emitió un dictamen para que se le pagaran a la constructora 79 millones 533 mil dólares por afectaciones debido al incremento en la mano de obra, así como 53 millones 624 mil 500 pesos “por órdenes de trabajo mediante 14 contratos”.
Lo anterior le provocó a Pemex una erogación de mil 104 millones 542 mil 100 pesos.
Desde que Calderón autorizó prórrogas y ajuste de pagos por insumos y mano de obra, el gobierno pagó por lo menos 3 mil 265 millones 318 mil 410 pesos por el mantenimiento de la refinería de Minatitlán, la cual presuntamente serviría para generar más gasolinas y que éstas, a su vez, disminuyeran en costos para la población. Pero eso nunca ocurrió.
Y como colofón, en mayo de 2012, el proyecto asociado al cierre administrativo de la reconfiguración de la refinería Minatitlán, autorizado por la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por José Antonio Meade, dijo que se contaba con un avance de 98% y que se requerían 5 mil 220 millones 116 mil pesos más para la conclusión.
El análisis costo-beneficio no resultó halagador, por lo que, al final, “se impidió a la SHCP actualizar el proyecto”.
Todos esos cambios y la elevación de costos fueron gracias a las prórrogas que el gobierno de Calderón otorgó a Odebrecht. Y esas prórrogas han sido una constante en proyectos autorizados por Enrique Peña Nieto.
