Una veintena de organizaciones civiles, coordinadas en Ciudadanía 19S, denuncian que el plan de reconstrucción del gobierno de Miguel Ángel Mancera está concebido para facilitarles jugosos negocios a grandes inversionistas inmobiliarios y renovar el poder de los directores responsables de obra y corresponsables de estructuras, los especialistas más cuestionados por avalar edificaciones que no resistieron el sismo del 19 de septiembre. Por eso, proponen que se sustituya el plan Mancera por uno que sea transparente y en el cual participen los habitantes de la ciudad.
Los recientes sismos de septiembre no parecen haber cimbrado el negocio inmobiliario en la Ciudad de México, sino todo lo contrario: el programa de reconstrucción anunciado por el gobierno capitalino beneficia a las grandes constructoras, las rentas aumentaron, continuaron como si nada las edificaciones en las colonias más afectadas e incluso siguen avanzando los trabajos con maquinaria pesada a un lado de los inmuebles dañados, sin que las autoridades se preocupen por el impacto que esto causa.
A pesar de las quejas ciudadanas, las constructoras e inmobiliarias parecen intocables. Organizaciones civiles agrupadas en Ciudadanía 19S han denunciado que hay intereses financieros muy grandes detrás de estas empresas y que algunos políticos (exfuncionarios y exdelegados) están vinculados con este negocio, que ha generado millones de pesos para las administraciones en la Ciudad de México desde hace 17 años, cuando empezó el boom inmobiliario.
Entre los exfuncionarios mencionados están Elvira Daniel Kabbaz Zaga, hija de José Daniel Kabbaz, director general del grupo Danhos, que ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados, primordialmente de espacios comerciales, como Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Parque Lindavista, Reforma 222 y la Torre Bicentenario II. Estos desarrollos pagan por impuesto predial al gobierno capitalino alrededor de 150 millones de pesos anuales.
Elvira Daniel comenzó a trabajar como asesora jurídica de Alejandra Barrales y luego con el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como directora de Servicios de Transportes Eléctricos.
Los denunciantes también señalan a Simón Neumann Ladenzon, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) vinculado con las empresas Dekah y Desarrolladora Vertical Home, las cuales estuvieron tras la venta de los departamentos de Insurgentes 1260; Canada Building Systems comercializó el edificio de Emiliano Zapata 56 y Baha Inmobiliaria remodeló el de Tepic 40.
También es el caso de Felipe de Jesús Gutiérrez, responsable de Seduvi, quien en 2008, como director general de Desarrollo Urbano en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), autorizó los “polígonos de actuación”, zonas en las que podían hacerse megaobras de 50 niveles en zonas industriales, lo que benefició a algunas constructoras.
Se menciona igualmente al diputado del PAN Jorge Romero, exdelegado de Benito Juárez, que presuntamente está detrás de este negocio inmobiliario con otras constructoras, como Rouz, que hace apenas dos años construyó los condominios Emperadores II en la colonia Portales, dañados con el reciente sismo.
El exdelegado panista de Benito Juárez y actual coordinador de la bancada de su partido en la Asamblea Legislativa capitalina, estuvo involucrado en abril de 2016 en un escándalo.
Según unas grabaciones telefónicas que se hicieron públicas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo gestiones para favorecer uno de los millonarios negocios inmobiliarios del hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Se trató de revertir la clausura, por parte de Seduvi, de una obra en Polanco, propiedad de Omar Yunes, donde se planea construir departamentos de lujo con valor de entre 3 y 5 millones de dólares cada uno.
También se ha beneficiado –según las organizaciones citadas– a Santiago Morales Broc, uno de los hijos del exprocurador general Ignacio Morales Lechuga, quien aparece a la cabeza de la constructora GDC Desarrollo, que también es promotora e inmobiliaria. Según colonos consultados, en dicha empresa también participan las familias Silva Herzog y Aguirre, esta última propietaria de Radio Centro.
GDC ha construido unos 20 desarrollos residenciales de lujo en distintas zonas de la ciudad, los cuales suman más de 387 mil 641 mil metros cuadrados, con un precio promedio de 10 millones cada departamento, dependiendo de la zona y el tamaño. Sus desarrollos incluyen “amenidades”, roof gardens, albercas, jacuzzi, chapoteaderos y spas, incluso en la colonia Portales Sur, donde el agua está racionada.
“Pacto inmobiliario”
y negocio seguro
Las organizaciones que integran Ciudadanía 19S argumentan que Mancera pretende poner en manos de esas firmas los trabajos de demolición de los 2 mil 300 inmuebles dañados por los dos sismos y la reparación de más de 4 mil con deterioros, a pesar de que desde septiembre se presentaron 140 denuncias contra inmobiliarias, constructoras y promotores de vivienda ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.
En Ciudadanía 19S se coordinan 20 organizaciones civiles y colectivos ciudadanos que respondieron de inmediato a la emergencia tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Busca fortalecer y organizar en mediano y largo plazos el espíritu de colaboración, empatía y solidaridad nacido de entre los escombros, y transformar la capital del país en una ciudad incluyente, segura, saludable, sustentable y resiliente.
Al hacer un primer análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del Programa Para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, entregada por Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Legislativa –que aún debe ser dictaminada para que se convierta en ley–, la asociación de ciudadanos sostiene que en realidad se trata de “un pacto inmobiliario que beneficia a los desarrolladores, utiliza fondos y predios públicos, permite evadir la Ley de Desarrollo Urbano, da beneficios fiscales, financiamiento, y exime de trámites a las constructoras”.
Integrantes de Ciudadanía 19S, Josefina MacGregor y Laura Frey advierten que en el proyecto de reconstrucción propuesto por Mancera la información no es pública y abre la posibilidad de evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano, lo que resulta absurdo, ya que en muchos casos el incumplimiento de estos mismos programas es lo que derivó en tragedias vinculadas con el sismo.
La agrupación entregó a la Asamblea Legislativa un escrito con 26 observaciones a la iniciativa de ley de Mancera y sostiene que ésta parte de información general de la ciudad y unos cuantos datos del sismo que no permiten un análisis y mucho menos sacar conclusiones.
“Llama la atención que se subrayen los daños a Seduvi y al Archivo General de Notaría, más bien como justificación a la supuesta caída de información de ambas fuentes. Prácticamente no analiza las condiciones derivadas del sismo, pero sí resalta la necesidad de reactivación económica”, señala la coalición de agrupaciones civiles.
El Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México cuenta con 9 mil 441 millones de pesos. Según Ciudadanía 19S, al poner más énfasis en la parte económica, en la iniciativa de ley de Mancera “los beneficios van dirigidos al sector inmobiliario con alto poder de inversión, utilizando para ello los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo”.
Esto, exponen, porque en una parte importante de los trabajos de demolición y reconstrucción permitirán que las constructoras levanten edificios más altos e incrementen el número de pisos de los que tienen daños leves.
“El solicitante (constructor) debe registrar el predio afectado en Plataforma CDMX y contar con un dictamen avalado por la comisión creada por el gobierno exprofeso para esto. Seduvi le otorgará un Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo especial, ya que quien construya no tiene que cumplir con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, sino que puede construir hasta 35% más de pisos, superficie o número de viviendas respecto a lo que había ahí antes de que se demoliera. Si lo que había era ilegal porque tenía más pisos, 35% será sobre el número ilegal de pisos”, advierte Ciudanía 19S.
Dentro de ese plan de reconstrucción se abre además la posibilidad de poner a la venta terrenos de la Ciudad de México, del patrimonio público, para desarrollos inmobiliarios, lo que han buscado desde hace años varias constructoras y desarrolladoras de vivienda para población de ingresos medios y altos.
Con su plan de reconstrucción, Mancera excluye la participación de la ciudadanía y de los afectados por el sismo, pues propone centralizar toda la información en la Plataforma CDMX con la idea de consolidar, validar y otorgar beneficios a las empresas, e incluso habla de crear un fideicomiso para fortalecer todas las donaciones y recursos, además de otorgar créditos para vivienda y negocios y permitir el uso de recursos independientemente del objetivo para el que estén etiquetados.
En cuanto a la transparencia en el manejo de recursos –a decir de Ciudadanía 19S–, se limitará a los reportes que publicarán vía Monitoreo CDMX, herramienta que opera la Oficialía Mayor y creada para el control de fondos, que estará vinculada a la Plataforma CDMX.
La organización ciudadana destaca, de igual forma, que al aplicar el principio de “buena fe” en los trámites que se realizarán en la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación para validar las operaciones inmobiliarias y los fondos destinados a demoler y construir, ya no hay responsables.
Necesario, un plan ciudadano
La agrupación de organizaciones civiles enfatiza que el sector inmobiliario podrá obtener jugosas ganancias con el plan de reconstrucción de diversas maneras. En primer lugar, señala, se utilizan los fondos y recursos públicos destinados a damnificados para la construcción de nueva vivienda y la reparación de la dañada.
Al obligar a demoler cuando el dictamen oficial así lo indique, si el propietario no puede, el gobierno lo hace y cubre el costo sin tramitar una licencia especial de demolición en la delegación correspondiente. Este decreto otorga facilidades administrativas, fiscales y de financiamiento a todos los inmuebles que los directores responsables de obra y corresponsables en estructuras, de la Seduvi, clasifiquen como inhabitables.
Con ello se abre la puerta a que mediante una gratificación, esos especialistas, únicos facultados para emitir los dictámenes, incluyan en la lista de demoliciones edificios que no necesariamente deban serlo.
Advierte que los gigantes del sector inmobiliario también pueden adueñarse de predios de alta plusvalía donde hay edificaciones presuntamente dañadas, lo cual sería un despojo a sus habitantes. En este punto Ciudadanía 19S recuerda que los directores responsables de obra han sido los principales denunciados penalmente por los daños que sufrieron con el sismo varios edificios de reciente construcción.
Observa que con la propuesta de Mancera, los grandes inversionistas podrán comprar los predios que están en zonas de alta plusvalía. Además, se les da carta abierta para evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano al permitirles construir más pisos en edificios reconstruidos o nuevos, “lo que resulta absurdo, ya que su incumplimiento derivó en derrumbe de edificios y pérdida de vidas tras el sismo”.
De las exenciones y facilidades administrativas para quienes construyan vivienda de reposición, el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales, las disposiciones para eximir el pago de impuestos y la eliminación del requisito de entregar proyectos de factibilidad de agua y estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad para proyectos menores de 10 mil metros cuadrados, los grandes beneficiados son, nuevamente, los grandes empresarios inmobiliarios.
Preocupados por el plan de reconstrucción lanzado por Mancera, los integrantes de Ciudadanía 19S demandan que se hagan públicos el catastro actualizado, los estudios de peligros, riesgos y acuíferos y los dictámenes estructurales de las edificaciones afectadas por el sismo.
Sobre todo, exigen que la Asamblea Legislativa deseche la iniciativa de ley para iniciar de inmediato un plan de reconstrucción en el que participen en forma determinante la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el atlas de riesgo y respetando los programas delegacionales de desarrollo urbano.
Para ello, enfatizan, debe mantenerse un enfoque de derecho de la ciudad y concentrar los recursos públicos y las donaciones en un fideicomiso público auditable, cuya aplicación sea vigilada por organizaciones civiles independientes.
