El diálogo político, única salida posible para la crisis de Cataluña, no tuvo lugar. Las partes en conflicto mantuvieron posturas inflexibles y cerraron la puerta que los hubiera llevado a una solución. Ahora la tensión crece en la región autónoma declarada independiente, por la decisión de Madrid de aplicar el artículo 155, que le quitará facultades a la Generalitat, y la respuesta de los catalanes que amenazan con un boicot desde el sector público. Para los analistas, el país se encamina a un “infierno”.
Madrid.- La crisis derivada del conflicto territorial estalló con la declaración unilateral de independencia de Cataluña y la dura respuesta del gobierno central al intervenir esa comunidad autónoma, pese a que el presidente español, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont, tuvieron a su alcance –durante al menos una hora– la posibilidad de solucionar el problema político e institucional más grave de España desde el restablecimiento de la democracia. Pero ambos la dejaron ir.
“Es gravísimo, porque con ello abrieron las puertas del infierno”, advierte el politólogo Oriol Bartemeus, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque, explica, fue la oportunidad de frenar las duras repercusiones de la declaración unilateral de independencia (DUI) y la creación de la nueva república catalana.
Por otro lado, la puesta en marcha del agresivo plan del gobierno de Rajoy con el que interviene la Generalitat de Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, que cercenará las competencias del gobierno catalán.
Josep Borrell, exministro del gobierno de Felipe González y expresidente del Parlamento Europeo, coincide en que este escenario de confrontación coloca a España “en una situación de imprevisibles consecuencia”, que se convierte “en un conflicto aún más grave”.
Dice que es la crisis política más grave en España “desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (…) Creo el gobierno español debe ser consciente de la situación, que una intervención se puede ver como una agresión al principio de autonomía”.
El exministro precisa que el artículo 155 no es algo excepcional, aunque su aplicación en España sea inédita. “No es un instrumento excepcional que sólo tenga España ni es un instrumento de represión franquista que se nos quedó olvidado en el texto constitucional; está en otras legislaciones europeas, como la alemana, porque si no, los gobiernos federales carecerían de poder coercitivo frente a las partes federadas ante una violación grave a la ley o cuando se atenta contra las garantías generales. En este caso, el problema es que choca con los elementos emocionales catalanes, que lo interpretan como una intervención desde fuera, esa no es una actitud lógica”.
Para Bartomeu todos los escenarios son malos, pero había algunos peores. “Lo más duro –explica– es que tuvieron la solución en la punta de los dedos, pero en cosa de horas lo dejaron ir”.
Rajoy y Puigdemont demostraron la poca disposición de avanzar, a pesar de los distintos esfuerzos de mediación. “Hablamos del fracaso de la política en varios sentidos. Primero, en su incapacidad de sentarse a hablar, que es la norma básica de la política. Y lo otro es la falta de valentía y de audacia, esa capacidad de buscar una salida donde parece que no hay. Porque ni las leyes ni el escenario deben ser obstáculo para ejercer la política, pero por ningún lado apareció la posibilidad de entenderse.
“Me parece una bestialidad, me parece horrible, creo que no saben lo que hicieron aprobando la DUI y el 155, cuando ya nos habíamos inventado una salida con las elecciones. Era una buena salida. Pues no: cerraron la puerta, que creo es la última, y eso es terrible”.
Choque frontal
El viernes 27 se consumó todo: el Parlament de Cataluña, dividido y con votación secreta, aprobó la independencia y puso en marcha la hoja de ruta de la nueva república catalana; en contraparte, Rajoy anunció el cese del gobierno catalán, la disolución del Parlament y dijo que habrá elecciones anticipadas en Cataluña para el 21 de diciembre.
El peor escenario, sobre todo, porque sólo horas antes, el lehendakari del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, mediaba para frenar tanto la DUI como el 155, con el fin de dar la opción a la convocatoria de unas elecciones como salida posible de la crisis.
A la iniciativa de Urkullu se sumaron otros esfuerzos, como el del presidente del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, quien tuvo reuniones discretas con Puigdemont para argumentarle la opción de las elecciones y mantuvo un diálogo con Rajoy.
Asimismo el senador socialista José Montilla, expresidente de la Generalitat, se reunió 45 minutos con Puigdemont el miércoles 25, un día después de que el Senado se pronunciara contra la DUI y contra la intervención de Cataluña.
Ese día, al filo de las 19:00 horas, el presidente catalán se reunió con todos los consellers de su gabinete, miembros de los partidos independentistas y los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de la asociación Òmnium Cultural.
En esa sesión, que duró hasta las 2:00 horas del jueves 26, se discutieron la declaración de independencia y la estrategia para frenar o atenuar la aplicación del artículo 155. La tónica de la reunión estuvo marcada por las tensiones que surgieron en el bloque independentista desde que se celebró el referéndum, el pasado domingo 1, y que emiten todo tipo de mensajes cruzados.
Los participantes fueron los 13 consellers; el expresidente catalán Artur Mas; el presidente de la alianza electoral Junts pel Sí, Llouís Coromines; los directivos del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat); David Bonvehí y Marta Pascal; la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Rovira; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.
En la reunión se hicieron evidentes las diferencias entre los partidarios y los contrarios a la DUI, siendo entre estos últimos el principal argumento que la convocatoria a elecciones permitiría frenar o minimizar el impacto de la intervención.
Afuera de la Generalitat, donde se celebró la reunión, cientos de miembros de los llamados Comités de Defensa del Referéndum se concentraron para pedir que se declarara la independencia, cumpliendo con el mandato de los ciudadanos que votaron en el referéndum. La manta principal decía: “Obedezca. El pueblo manda”.
Dos horas y media antes de la reunión, hacia las 16:30 horas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, informó a los grupos parlamentarios que Puigdemont no acudiría a Madrid para participar en la sesión de la comisión que estudiaba la propuesta del 155 en el Senado español, donde iba a exponer sus argumentos sobre el proceso soberanista y sus ofertas de diálogo al gobierno de Rajoy.
El propio presidente catalán publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña ¡Seguiremos! #CatalanRepublic”.
A esto se sumó una entrevista que el vicepresidente Oriol Junqueras ofreció a la agencia AP, en la que aseguró que el gobierno central “no ha dejado otra opción” al govern que “declarar la independencia y proclamar la república catalana”.
En la reunión del miércoles, las divisiones fueron tantas que no se alcanzó un acuerdo. Pero el jueves, gracias a la mediación de Urkullu, quien tiene buenas relaciones tanto con Puigdemont como con Rajoy, el presidente catalán decidió convocar a elecciones para el Parlament, que se celebrarían el 20 de diciembre.
Su equipo de comunicación social dijo que el anuncio institucional sería a las 13:30 horas. Las reacciones fueron adversas entre los cientos que se concentraron afuera de la Generalitat, en la Plaza San Jaume. Le gritaron “Puigdemont, traidor”.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, publicó un tuit donde sugería que Puigdemont los había traicionado como Judas: “155 monedas de plata”.
El anuncio se postergó para las 14:30 horas, pero a esa hora Puigdemont anunció que desechaba la opción de los comicios. A las 17:00 horas, antes de la sesión del Parlament, leyó un mensaje –sin permitir preguntas de la prensa– en el que aseguró que se olvidaba de convocar a elecciones al entender que no tiene plenas “garantías” por parte del gobierno español de que a cambio no se aplicará el artículo 155.
“No hay ninguna de esas garantías que justifiquen la convocatoria de esas elecciones al Parlament. Mi deber era intentarlo”, aseguró. Y criticó que por parte del gobierno del Partido Popular “no hay intención de frenar la represión”.
“En este punto, corresponde al Parlament proceder en lo que la mayoría parlamentaria determine. Nadie podrá achacar a la parte catalana la voluntad de diálogo, pero una vez más comprobamos que la responsabilidad sólo nos es exigida a unos, y a otros se les permite su absoluta irresponsabilidad”.
Admitió que estuvo a punto de convocar a elecciones. “He estado dispuesto a convocar elecciones si se daban las garantías que permitieran la celebración en absoluta normalidad”.
Rechazó las medidas de control sobre la Generalitat que aprobaron el Consejo de Ministros y el Senado el viernes 27. “Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo sino toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí. No acepto estas medidas”.
Puigdemont fue muy duro en su acusación al PP de haber aprovechado la oportunidad de un pacto para “añadir tensión en un momento en que hace falta la máxima distensión y diálogo”.
Bartomeus dice en entrevista que “si Puigdemont iba a salir a las 13:30 para anunciar las elecciones, es porque ya estaba amarrado; pero alguien dijo no y el acuerdo se cayó.
“Los independentistas calcularon mal sus fuerzas y el PP se encontró casi sin quererlo con todas las cartas en la mano”, por eso, sacrificaron una posible salida a la crisis. “Pero ante la posibilidad de que el PP no ganara arrollando, pues decidieron tirarlo todo por la borda e ir a la confrontación definitiva. No sé si sean conscientes de que esto va a incendiar Cataluña, pero creen que es un precio que se puede pagar.”
Considera que “Puigdemont se jugó todo, incluso apareciendo como que era un traidor, cuando es un hombre que tiene el independentismo en el ADN”, Pero “la excusa del PP, en el sentido de que no podía cambiar la ley”, orilló a Puigdemont a la declaración de independencia.
Al respecto, fuentes del gobierno español, aseguran que el presidente catalán pidió algunas garantías para convocar elecciones: detener la aplicación de las medidas del 155, inmunidad judicial contra los implicados en el proceso independentista y la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Éstos, presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, fueron presos por el delito de sedición al encabezar una concentración los días 20 y 21 de septiembre, donde se produjo un incidente con una comisión judicial que realizó capturas y cateos para detener las acciones de organización del referéndum.
El gobierno de Rajoy, a su vez, pedía como garantía que la convocatoria se hiciera bajo los términos de la legalidad española y no de la Ley de Transitoriedad Jurídica catalana, que incluye la convocatoria a elecciones constituyentes. Sin embargo, la respuesta de la Generalitat sólo refería que se basarían en la “legalidad vigente”, lo que no convenció.
Lo que viene
Bartomeus repasa lo que viene después de las dos decisiones que materializan el choque de trenes. Por un lado, dice, “la proclamación de la nueva república catalana será una suerte de broma; pero eso ya lo sabíamos, porque los independentistas no podrán tener control efectivo de su territorio.
“No cuentan con ningún apoyo internacional serio o importante”, empezando por la Unión Europea, pero en particular por Alemania y Francia, que expresaron su apoyo abierto a una España unida y al respeto a los términos constitucionales.
“Eso hace de la DUI un brindis al sol. Pero en los hechos no va a existir una república catalana”, advierte.
El catedrático advierte que “lo preocupante es la aplicación de la intervención” de la Generalitat de Cataluña, porque “chocará con un gobierno de resistencia en Cataluña y la resistencia en las calles”.
Entre las primeras acciones anunciadas por Rajoy la noche del viernes 27 está el cese de Puigdemont, de Junqueras y de los 13 consellers; además cesa a los directores de las oficinas de la Generalitat en Bruselas y en Madrid, al secretario general de Interior de la Generalitat y al director general de los Mossos d´Esquadra.
Anunció la disolución inmediata del Parlament de Cataluña y la convocatoria para nuevas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.
La Generalitat continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de Cataluña, pero el ejercicio de sus funciones las asumirán los ministerios correspondientes durante el tiempo que dure esta situación excepcional.
Una de las medidas más polémicas y que parece haber detenido el Consejo de Ministros, es la intervención de los medios de comunicación públicos, que pasarán a manos de los nuevos gestores de la Generalitat, designados por el Ejecutivo central.
Días antes, cuando se conoció esta intención, los trabajadores de la televisora pública TV3 y de Radio Catalunya rechazaron la intervención por considerarla “indigna” y conminaron a los trabajadores a no acatar la resolución del 155.
Bartomeus no le augura una buena salida a la aplicación de estas medidas. “El 155 es una locura, el gobierno no sabe en qué lío se metió.
“Lo que va a haber es un enfrentamiento bestial de la nueva administración gestionada desde Madrid, que será incapaz de controlar el territorio catalán… y con la ciudadanía en resistencia”.
Considera que se tendrán “serios problemas de control por parte del gobierno central”, porque encontrarán una negativa o boicot de los trabajadores públicos.
Esta posibilidad no sólo se expresó desde los medios públicos catalanes, sino desde la Consellería de Educación y en los Mossos d´Esquadra, que amenazan con boicotear la medida. “¿Qué harán?”, se pregunta Bartomeus. “¿Van a abrir expedientes sancionadores contra todos? Y esto sin contar la reacción de la calle, donde están ganando las fracciones más extremas del independentismo”.
