BOGOTÁ.- La matanza de al menos siete campesinos cocaleros por parte de la policía antinarcóticos el jueves 5 en Colombia es un episodio que ilustra cómo la creciente presión que ejerce Washington sobre América Latina para privilegiar la represión en la lucha contra las drogas, puede causar más muertes y violaciones a los derechos humanos en la región.
Así lo plantea el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, quien dice que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó una vuelta a la fracasada estrategia antidrogas que pone el acento en combatir con mano dura la producción y el tráfico de estupefacientes.
“La lucha antidrogas ha generado más daño que las drogas mismas, pero habíamos ganado muchísimo en los últimos años gracias a una apertura de Estados Unidos para, al menos, discutir nuevos enfoques. Con la llegada de Trump eso cambió y estamos volviendo al viejo discurso”, asegura Zuleta.
En entrevista, el doctor en economía señala que ese viraje ha significado para Colombia una gran presión para reducir los cultivos de hoja de coca, que llegaron a 146 mil hectáreas el año pasado, 52% más que la medición realizada por la ONU en 2015.
Un estudio de Zuleta concluye que una mayor extensión de cultivos ilícitos en Colombia no necesariamente se traduce en un aumento del abastecimiento de cocaína a Estados Unidos. Sobre todo porque los decomisos de esa droga también han crecido casi en la misma proporción que los plantíos. El año pasado las incautaciones llegaron a 362 toneladas.
El académico asegura que la masacre de campesinos en el suroccidental municipio colombiano de Tumaco, la cual fue atribuida por los sobrevivientes a la policía antidrogas, está relacionada con la exigencia de Trump a Colombia para que remedie “muy rápido” el “alarmante” aumento de cultivos ilícitos porque “la epidemia de las drogas está envenenando muchas vidas de ciudadanos americanos”.
Para Zuleta, “el gran problema de Colombia es la prisa para mostrar resultados a Estados Unidos. Eso puede tener efectos como el que vemos en Tumaco”.
La matanza de campesinos ocurrió cuando cientos de ellos acordonaron una gran extensión de plantíos de hoja de coca para evitar que la policía antinarcóticos y el Ejército los erradicara en forma manual. Los cocaleros pedían un diálogo para que el gobierno los acogiera en un programa voluntario de sustitución de cultivos ilícitos, mediante el cual pueden recibir ayuda económica oficial durante dos años a cambio de erradicar la hoja de coca para sembrar productos tradicionales.
Y aunque el gobierno colombiano desarrolla el programa de sustitución voluntaria a la par del de erradicación forzosa, ha dado prioridad a este último para mostrarle resultados a Washington.
“Deberíamos dar tiempo al programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, que aunque es de más lenta maduración, produce resultados más sustentables a largo plazo. La erradicación forzosa produce resultados más rápidos, pero no duraderos, porque lo que se erradica en una hectárea se resiembra en otra, y además causa mucha tensión en las comunidades”, plantea Zuleta.
La meta del gobierno es destruir 100 mil hectáreas de plantaciones cocaleras en 2017, la mitad por sustitución voluntaria y la otra mitad de manera forzosa. Esto representaría una reducción de 69% de los plantíos que había el año pasado.
Pero en Tumaco, municipio que concentra 16% de los cultivos ilícitos del país, sólo hay acuerdos de sustitución voluntaria con familias que tienen sembradas 357 hectáreas de hoja de coca, en conjunto.
En cambio, mediante el programa de erradicación forzada, que provocó la matanza de campesinos el jueves 5, ya van 9 mil hectáreas de hoja de coca destruidas este año en ese puerto del pacífico colombiano.
La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos forma parte del acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin a un conflicto armado de 52 años.
El sacerdote católico Arnulfo Mina, vicario de la diócesis de Tumaco, considera que la matanza del jueves 5 ocurrió “porque si a los campesinos les quitan sus cultivos de hoja de coca, les quitan la única forma que tienen de comer, de no morirse”.
Lo que hay que hacer, afirma, “es meter a todos al programa de sustitución voluntaria, porque ahí sí tienen una alternativa de ingresos”.
Señala que si hay “cultivos industriales”, como denomina el gobierno a los que superan las 3.8 hectáreas, “entonces que se haga la erradicación forzosa, pero hoy están erradicando parejo”.
Mina cree que el gobierno colombiano debería ser más firme frente a Estados Unidos y defender la estrategia de sustitución voluntaria, la cual es observada con muchas reservas por Washington.
Estados Unidos, dice, “no ha reconocido todos los muertos que hemos puesto nosotros en esta guerra, tanto Colombia como México”.
Sostiene que en el caso de los cultivos ilícitos, la mano dura y la represión contra campesinos pobres ha demostrado ser ineficaz.
La cantidad de sembradíos de hoja de coca que hoy tiene Colombia es similar a la que tenía en 2001, a pesar de miles de muertes y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la lucha antidrogas, tal y como ocurre en México.
