En Oaxaca el miedo está sembrado a partir del 7 de septiembre último. La tierra no ha dejado de estremecerse desde entonces, advierte un funcionario de Protección Civil. Luego llegaron las lluvias y la tormenta tropical Ramón, que terminaron por devastar la entidad gobernada por el priista Alejandro Murat. Hoy, más de 80% de los municipios del estado han sido declarados zona de desastre. Se acabaron las visitas de funcionarios para la foto y la ayuda que llega es insuficiente.
OAXACA, Oax.- La situación ha empeorado en el estado de Oaxaca a partir del 7 de septiembre. A los sismos se sumaron las torrenciales lluvias. Ahora, la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre 470 de los 570 municipios de la entidad –82.45% del territorio estatal–, sostiene el coordinador estatal de Protección Civil, Heliodoro Díaz Escárraga.
Los afectados son alrededor de 1 millón, de los cuales 120 mil se encuentran en albergues, sin casa. La escena se repite en al menos 41 municipios. Las autoridades han contabilizado 105 muertos: 82 por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, y 23 a causa de las lluvias.
Por el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre, Gobernación declaró a 290 municipios como zona de desastre, principalmente de la región del Istmo, donde más de 67 mil casas resultaron dañadas.
Luego vino el del 19 de septiembre, que pegó a la región mixteca. Ahí fueron declarados otros 74 municipios donde 5 mil viviendas sufrieron daños.
Según datos oficiales, en las ciudades 13 edificios públicos resultaron afectados, así como 10 centros culturales, 282 religiosos, 43 hoteles, 15 edificios de seguridad –13 penales, el C2 y el Cuartel de Policía de El Espinal–; en total, son 337 los espacios que deben ser atendidos.
Y como las lluvias “golpearon muy feo”, hubo más declaratorias de emergencia del 30 de septiembre al domingo 1 de octubre, sobre todo en la cuenca del Papaloapan, la región Mazateca-Cuicateca, Sierra Juárez y los mixes. La tormenta tropical Ramón vino a complicar más la situación: deslaves, viviendas sepultadas, desbordamiento de ríos, inundación de cultivo en al menos 80 municipios.
“Pese a todo, tenemos que ver cómo nos levantamos en el mediano plazo”, puntualiza Díaz Escárraga.
“No somos animales”
En la sierra cuicateca, el jueves 5, la indígena Teresa esperó más de seis horas en labores de parto y la ambulancia aérea nunca llegó. El bebé murió. Teresa tenía 36 semanas de gestación. Ahora las autoridades se reparten culpas e intentan justificarse.
El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa arguye que “debido a las condiciones climatológicas de las últimas 24 horas –en particular en las regiones Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan– la ambulancia aérea no pudo aterrizar en Chiquihuitlán”.
La Coordinación Estatal de Protección Civil incluso emitió un boletín oficial en el que afirma que los Servicios de Salud “trasladaron vía aérea a Teresa M.P. J., de 31 años, al Hospital General de Cuicatlán “Doctor Alberto Vargas Merino”, y explica que la paciente presentó “ruptura prematura de membrana”.
Sin embargo, el presidente municipal de Chiquihuitlán, Héctor Quiroz Altamirano, dice indignado: la ayuda nunca llegó. “Desde las 10:30 horas avisé. Me decían que (la aeronave) ya va a despejar; dijeron: ‘Ya nos llevamos a la paciente’.
“Pasaron cinco, seis horas y la ayuda nunca llegó; inclusive nos llevamos a la paciente por tierra porque su hijo se malogró. Ahora está en peligro la vida de Teresa.”
Y reitera: “Fue una negligencia”, y pide al gobernador estar “más al pendiente”, porque, puntualiza, “no somos animales… Son vidas humanas las que están en riesgo”.
Hoy, muchas comunidades mazatecas y cuicatecas están incomunicadas, sin luz ni agua potable. Los derrumbes provocados por las lluvias tiraron las redes.
Los presidentes municipales y autoridades auxiliares de los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán, Teotitlán de Flores Magón, Chiquihuitlán, Santa Ana Cuauhtémoc, Cuyamecalco, San Pedro Teutila, San Andrés Teotilalpam, Santa María Tlalixtac, San Francisco Chapulapa, San Miguel Santa Flor, Concepción Pápalo, Santa María Teopoxco, San Juan Coatzospam y San Pedro Jocotipac calificaron de irresponsables a los gobiernos estatal y federal por la nula atención que han prestado ante los severos daños ocasionados en estas comunidades por la tormenta tropical Ramón.
El viernes 6 publicaron un comunicado en varios periódicos locales en el cual expusieron: “Nuestros pueblos atraviesan difíciles momentos, con pérdidas humanas y del patrimonio de muchos de nuestros paisanos. En las poblaciones no hay agua potable ni energía eléctrica. Los caminos que conectan a las zonas cuicateca, mazateca y teotiteca se encuentran incomunicados”.
Por ello, escribieron, exigen la presencia del gobernador Murat Hinojosa con la finalidad de que constate las condiciones en las que sobreviven los pobladores de la región y la declare zona de desastre, para que ellos accedan a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden):
“Pedimos que nos volteen a ver, pues pareciera que los municipios de la región de La Cañada son invisibles para el estado y para el país. En esta zona de Oaxaca, también vive gente que trabaja diariamente para el crecimiento del estado. Somos oaxaqueños y hoy nos encontramos en desgracia ante la inmensidad de pérdidas materiales y patrimoniales de nuestros gobernados. Fuimos afectados por los dos terremotos del pasado mes de septiembre y no fuimos atendidos; hoy somos afectados por los estragos de la tormenta tropical Ramón y tampoco tenemos atención.”
Los alcaldes y ediles hacen extensivo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto, a los senadores, diputados federales y locales. Y rematan: “Nosotros también somos parte del estado de Oaxaca; siempre hemos sido de las regiones más olvidadas. Hoy pedimos que nos ayuden a reconstruir nuestras comunidades”.
Voraz corrupción
La tragedia detonó la corrupción. Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) levantó 50 actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio por negligencia o abuso de las autoridades, lo mismo en Juchitán que en Tehuantepec, Ixtapalcatepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo.
La entrega de la ayuda y donativos entre los damnificados se ha complicado por la falta de censos. Muchas comunidades están en el abandono, pese a que el 30 de septiembre el Congreso estatal autorizó al gobernador Alejandro Murat un préstamo de mil 200 millones de pesos para que pudiera acceder a los recursos del Fonden.
El grupo parlamentario de Morena fue el único que se opuso a endeudar a Oaxaca. Por medio de su diputado Jesús Romero López, ese partido señaló:
“Endeudar a Oaxaca fue una medida innecesaria, pues con el uso de excedentes del gobierno, el respaldo de la federación, así como medidas de austeridad contundentes, obtendríamos los mil 200 millones de pesos de contraparte al Fonden destinados a la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos de septiembre.”
Ahora, la deuda pública estatal pasará de 15 mil 75 millones 294 mil 880 pesos a 16 mil 275 millones 294 mil 880 pesos, lo que representa un incremento de más de 7%, puntualizó Romero López.
Los desastres naturales fueron aprovechados por políticos del PRI, PRD y PT, entre ellos el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, Saulo Chávez Alvarado, y la expresidenta municipal de Asunción Ixtaltepec, Adelina Rasgado Escobar; ambos son priistas.
Según el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la vivienda de Chávez Alvarado resultó afectada por los sismos, por lo cual recibirá como apoyo 120 mil pesos.
Identificado con el grupo del exgobernador José Murat Casab, Chávez Alvarado acusó el martes 10 a Enrique Sánchez Camarena, dirigente de la Asamblea de los Pueblos de San Dionisio del Mar, de pedir anticipos económicos a los indígenas huaves damnificados.
A los damnificados de San Dionisio del Mar, que se dedican a la elaboración de totopos, aseguró Sánchez Camarena en conferencia de prensa, les ha pedido un anticipo de 2 mil de los 18 mil 800 pesos que recibirán para que reparen sus hornos, como prometió el presidente Enrique Peña Nieto.
“Venimos hasta Juchitán a hacer esta conferencia de prensa porque vimos en internet que, igual que en Ixtaltepec, este señor Saulo se aprovechó de las panaderas y no queremos que siga haciendo de las suyas en otros municipios.
“Sabemos bien que, en su pueblo, en Espinal, él benefició con más de tres folios para la reparación de casas a dos señores del PRI que ya fueron presidentes municipales de su pueblo”, dice Sánchez Camarena.
De igual forma, en red nacional, Rasgado Escobar fue acusada en el noticiario televisivo En Punto por registrar tres casas ante Sedatu, sin ser damnificada, por lo que recibió 120 mil pesos por cada vivienda presuntamente afectada; además, la exalcaldesa de Asunción Ixtaltepec montó un albergue para cobrar el apoyo para la reconstrucción de una vivienda que no es de su propiedad.
El portal informativo RomoNoticias informó que Carlos Deheza Figueroa denunció a Jorge Antonio –esposo de Rasgado Escobar– de recibir de la Sedatu las tarjetas que corresponden a una vivienda que no era suya.
“Durante la administración de Rasgado (1999-2001) la casa fue utilizada como oficinas del Registro Civil. Como el palacio municipal estaba tomado, la profesora atendía desde su domicilio y, por la cercanía, esa casa le fue prestada”, declaró Deheza Figueroa.
Negligencia y corrupción
En Juchitán se formó el Frente Regional de Damnificados del Istmo para exigir la transparencia en la entrega de recursos otorgados por el gobierno mexicano para la reconstrucción de los pueblos afectados por el terremoto del 7 de septiembre pasado.
Integrado por organizaciones sociales juchitecas e integrantes del cabildo municipal, entre ellos la síndica hacendaria María Cruz Vásquez y el regidor de hacienda René Vásquez Castillejos, el frente exige reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación de Oaxaca y la ampliación de recursos del Fonden.
También se queja de “la lentitud de los tres niveles de gobierno y el manejo político ante la emergencia”, Y agrega: “Estamos preocupados por el desorden y la falta de información oficial que ha generado un juego de sus intereses, Por esta razón se constituyó este colectivo para exigir información fidedigna y oportuna, donde se dé certeza a los damnificados”.
Los integrantes del frente piden al ayuntamiento, encabezado por la perredista Gloria Sánchez López, aplicar los 62 millones de pesos que la empresa Eólica del Sur entregó para atender la emergencia en Juchitán.
En Unión Hidalgo, los damnificados aseguran que familiares de los regidores son los que han obtenido empleo temporal, así como hornos para que realicen sus faenas.
Ante los severos cuestionamientos, la Sedatu, encabezada por Rosario Robles, admite que podrían ser 4 mil los falsos damnificados en la región del Istmo, por lo que ya inició una investigación.
Los tres niveles de gobierno iniciaron el pago del Programa de Empleo Temporal en Juchitán de Zaragoza a los afectados por el sismo del 7 de septiembre, en el que invertirán 35 millones 360 mil 400 pesos para apoyar a 14 mil 920 familias con 2 mil 370 pesos.
Para acceder a este estímulo económico, los interesados deben anotarse en sus respectivos comités, presentar identificación oficial y el folio original otorgado por la Sedatu.
