Otra batalla se avecina en Colombia. Ahora en la arena política y en pos de justicia para las víctimas del conflicto armado que duró 52 años. Luego de que la guerrilla de las FARC firmó la paz, entregó sus armas y se convirtió en partido político, está por entrar en funciones un tribunal con un modelo de justicia casi inédito en el mundo, que pretende principalmente reparar el daño. Para sus detractores, la derecha colombiana, se trata de un “tribunal de bolsillo” que garantiza la impunidad.
BOGOTÁ.- Un mes después de la transformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en partido político, los máximos dirigentes de esa exguerrilla y cientos de sus antiguos adversarios –militares, policías y civiles que financiaron el paramilitarismo– se alistan para responder por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron durante el conflicto armado.
Unos y otros deberán comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia en el que, a cambio de ofrecer verdad y reparación a sus víctimas, podrán recibir condenas alternativas a la prisión tradicional.
Se trata de un modelo de justicia inédito en América Latina, con escasos antecedentes en el mundo, que apuesta por cerrar las heridas de una guerra de 52 años y a sentar las bases de un proceso de reconciliación nacional.
Hace unos días, la JEP quedó constituida por 51 magistrados que fueron elegidos por un Comité de Escogencia integrado por cinco representantes de las universidades públicas colombianas, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Centro Internacional de Justicia Transicional y del secretario general de la ONU.
Pese al prestigio de las instituciones que nombraron al comité, la derecha colombiana cuestionó su imparcialidad y desarrolla una dura campaña contra varios de los magistrados elegidos, a quienes acusa de ser “abogados de la guerrilla” por provenir de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
El dirigente del partido Cambio Radical, Luis Felipe Henao, aseguró que algunos de esos abogados han sido “verdaderos mercaderes del conflicto” armado y consideró que por ello la JEP se puede convertir en un “tribunal de bolsillo” favorable a las FARC.
En ese sentido se ha expresado José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Sostuvo que la JEP es una justicia diseñada “para garantizar la absoluta impunidad de las FARC”.
En la otra orilla, el exjefe guerrillero Jesús Santrich, quien integró el equipo de negociadores de paz de las FARC, afirma que esa organización no objeta a ninguno de los magistrados electos, pese a que entre ellos hay dos exjueces de la justicia penal militar y una abogada defensora de oficiales del Ejército.
“Eso sí –indica–, estamos revisando las hojas de vida (currículums) de todos ellos”.
La magistrada presidenta de la JEP, Patricia Linares, dice a Proceso que es “normal y legítimo que existan inquietudes, beneplácitos y críticas” respecto del proceso de selección de magistrados y del modelo de justicia que se pactó con las FARC.
“Pero se están construyendo todas las condiciones para hacer justicia y para garantizar que no habrá impunidad. Existe toda la voluntad y el conocimiento para poder hacerlo, y los magistrados vamos a demostrar, con nuestros fallos y decisiones, que esto sí funciona, y que tanto las víctimas como los excombatientes, militares y civiles que acudan a la Jurisdicción tendrán plenas garantías”, señala.
Los jueces de la JEP tendrán como tarea impartir justicia, esclarecer judicialmente los episodios más oscuros de la guerra que ha vivido Colombia desde 1964 y garantizar que las víctimas sean reparadas por sus victimarios.
Todo esto, según una fórmula del derecho denominada justicia restaurativa, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de las víctimas sin poner el acento en el castigo penal a los victimarios.
De esta manera, el acuerdo de paz que suscribieron el gobierno y las FARC en noviembre pasado establece que los autores de crímenes de guerra que asuman la responsabilidad de sus acciones, que aporten verdad plena sobre lo ocurrido, que reparen los daños causados a sus víctimas y que garanticen la no repetición de sus actos podrán acceder a beneficios judiciales.
Estos beneficios consisten, fundamentalmente, en que la sentencia que podrán recibir de parte de los magistrados de la JEP va de cinco a ocho años de “restricción efectiva de libertad”, sin que esto signifique que irán a la cárcel.
La sanción podrán pagarla en un domicilio, en un poblado o en una ciudad, según lo determine el juez, y con trabajo en favor de las comunidades que victimizaron. Por ejemplo, construyendo carreteras, escuelas, centros de salud o participando en labores de desminado.
Pero los que no aporten verdad y reparación o incumplan las disposiciones de la JEP podrán ser sentenciados hasta con 20 años de cárcel.
Resistencia a la paz sin prisión
Aunque las penas alternativas se podrán aplicar no sólo a exguerrilleros sino también a militares y civiles que hayan incurrido en crímenes de guerra y de lesa humanidad, una parte importante de la sociedad colombiana rechaza que los excomandantes de las FARC eviten la cárcel.
Ese rechazo ha sido alentado por los crímenes cometidos por las FARC durante los años de la guerra –secuestros y atentados en los que murieron decenas de civiles– y también por la persistente campaña del expresidente Uribe y del Centro Democrático contra los acuerdos de paz.
De acuerdo con una encuesta de la firma Invamer, de septiembre pasado, 85% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de las FARC y sólo 18 de cada 100 creen que esa exguerrilla cumplirá lo pactado en los acuerdos de paz.
Esto, pese a que el 15 de agosto esa organización culminó su entrega de armas a una misión de la ONU y a que dos semanas después se convirtió en un partido político legal: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, las mismas siglas de la guerrilla.
Un amplio sector de colombianos se quedó con la idea –repetida una y otra vez por Uribe durante los casi cuatro años que duró la negociación con las FARC en La Habana— de que el acuerdo de paz sería “un pacto de impunidad”.
Lo cierto es que en el pasado las guerrillas que se reincorporaban a la vida civil recibían una amnistía general por todos los crímenes que hubieran cometido. Así ocurrió en Colombia en 1990, con el M-19; en El Salvador, con el FMNL en 1992; y en Guatemala, en 1996, con Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Pero desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma y de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), en 1998, los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni indultados.
En el caso de Colombia, el modelo de justicia de la JEP cuenta con el aval de la CPI, cuya fiscal, Fatou Bensouda, consideró el mes pasado que ese mecanismo puede “garantizar una rendición de cuentas genuina en relación con los crímenes más graves” de la guerra.
Bensouda advirtió, sin embargo, que la CPI estará pendiente de la actuación de la JEP.
Humillación para perdonar
La realidad es que el pacto que puso fin a la guerra con las FARC polariza a la sociedad colombiana. Así quedó claro el 2 de octubre de 2016, cuando en el plebiscito para refrendar los acuerdos 50.21% de los votantes eligió el “No” y 49.78%, el “Sí”.
Aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos salvó los acuerdos al modificar varios puntos que objetaban sus opositores y al lograr que el Congreso los refrendara, su implementación se convirtió en un camino cuesta arriba.
El centroderechista partido Cambio Radical y su virtual candidato presidencial Germán Vargas Lleras –uno de los punteros en las encuestas–, comenzó a distanciarse de Santos y a objetar varios puntos de las iniciativas de ley derivadas del pacto con las FARC.
Lo mismo hicieron un sector del Partido Conservador, que forma parte de la coalición de gobierno, y legisladores oficialistas que supuestamente eran partidarios de lo negociado con la guerrilla.
Estos nuevos adversarios de los acuerdos y el Centro Democrático, del expresidente Uribe, están haciendo lo posible por modificar en el Congreso lo pactado con las FARC, o por obstaculizar que las bancadas oficialistas, que son mayoría en el Legislativo, aprueben las leyes más importantes de la paz.
El pasado miércoles 4, por ejemplo, un debate en las comisiones primeras del Senado y la Cámara sobre el articulado de la ley que reglamenta la JEP debió suspenderse por falta de quorum.
Es un hecho que el Centro Democrático y Cambio Radical ya están actuando de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2018 y que su objetivo es aglutinar a los 6.4 millones colombianos que votaron contra los acuerdos de paz en el plebiscito del año pasado.
Pero además de la coyuntura electoral, y del marcado debilitamiento del gobierno de Santos a 10 meses de terminar su periodo, el especialista en justicia transicional Iván Orozco considera que tras el rechazo de muchos sectores a los acuerdos de paz y a la JEP –que fue resultado de la parte más dura de la negociación en La Habana— hay un factor cultural.
“Lo que veo –dice el doctor en ciencias jurídicas y filósofo– es que hay un desencuentro cultural tremendo entre unas FARC que se asumen como combatientes revolucionarios con una lucha justa, y una sociedad que espera de ellos humillación para que puedan ser merecedores del perdón. Y estos guerreros no están en plan de humillarse. A lo sumo reconocen errores graves en la realización de su proyecto.”
En Colombia, continúa, hay amplios segmentos católicos “que han sido educados en la filosofía del sacramento de la confesión y en la idea de que hay que humillarse para merecer el perdón, y esto choca con una guerrilla de combatientes ‘heroicos’ que ya renunció a las armas, pero no a sus valores y a su objetivo de lograr un cambio social, aunque ahora por la vía política legal”.
Y en esa fractura, afirma Orozco, “hay munición disponible para una derecha ideológica que sigue desacreditando y denigrando el acuerdo”.
Para Iván Orozco, autor del libro Guerra y derecho en Colombia, el acuerdo de justicia al que se llegó con las FARC era una manera de hacer viable el fin del conflicto armado con esa guerrilla, pues no hay ningún proceso de paz en el mundo en el que no se sacrifique algo de justicia a cambio de la paz.
El profesor de la Universidad de los Andes dice que ninguna guerrilla entrega las armas para ir a la cárcel y plantea que si el gobierno colombiano hubiera defendido en la negociación de La Habana un acuerdo de justicia basado en la prisión para los excombatientes, la posibilidad de lograr la paz se hubiera diluido.
“Una guerrilla ideológica, revolucionaria y que lucha por un objetivo social, independientemente de que uno suscriba o no su proyecto, necesita incentivos para hacer la paz, y era perfectamente razonable que se les diera a las FARC una salida honrosa de la guerra con un modelo de justicia restaurativa”, indica.
Para Santrich, el acuerdo de justicia tiene como eje la satisfacción de las víctimas y no “la capacidad que tiene el Estado de sancionar, porque en la guerra colombiana el Estado es uno de los principales victimarios”.
Plantea que, en ese sentido, los cambios que quieren hacer en el Congreso los partidos de la derecha y algunos legisladores a la JEP son “inaceptables, porque violarían el acuerdo que se negoció en La Habana”.
Entre esos cambios está el prohibir a los dirigentes del partido de las FARC participar en política hasta que hayan cumplido sus condenas, o que las sanciones que impondrán los magistrados de la JEP incluyan prisión efectiva.
A pesar de la campaña de la derecha contra la JEP, al menos mil 787 militares, policías y agentes del Estado acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad quieren presentarse ante esa jurisdicción para aprovechar los beneficios judiciales. Hasta ahora, 611 han sido aceptados.
La jurisdicción comenzará a funcionar en pleno a finales de este año o a principios de 2018, es decir, en medio de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, que están programadas para realizarse en marzo y en mayo, respectivamente.
Los magistrados se concentrarán en juzgar los casos más emblemáticos del conflicto armado, entre ellos masacres, secuestros, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas y ejecuciones que involucran a excomandantes de las FARC y también a agentes del Estado que pueden tener los mismos beneficios.
Para los partidarios de los acuerdos de paz es una manera pragmática de comenzar a sanar las heridas de 52 años de guerra y de sentar las bases de la reconciliación del país.
