Mezquindad inmobiliaria y gubernamental A pagar de nuevo lo ya pagado

Organizados por su cuenta y usados como “botín” por las fuerzas políticas, los damnificados del terremoto acomodados en campamentos o albergues esperan que la autoridad les ofrezca una solución distinta a la que esbozó Enrique Peña Nieto la semana pasada, la cual implica para las víctimas volver a pagar lo que ya habían comprado.

Una fotografía muestra un imponente complejo en medio de un descampado. Es una invitación, en formato postal con fondo vintage, que convoca a celebrar los 60 años del Multifamiliar Tlalpan, complejo habitacional que apenas se reconoce en la imagen sin la urbanización circundante ni el tren ligero que parte en dos la calzada.

La fiesta de sus 60 años se celebró el pasado julio en las canchas deportivas del complejo que ahora es un improvisado campamento de toldos y colchonetas, mezcla de aromáticos vapores y abundante polvo que se levanta de los escombros del caído edificio 1-C.

Esas canchas se convirtieron en refugio para los vecinos que hasta el pasado 19 de septiembre vivieron en una de las 10 torres que el terremoto convirtió en nueve.

A pocas cuadras de ahí, en la escuela Fray Eusebio Francisco Kino, Diana –una madre de familia con décadas viviendo en el edificio 3-B del Multifamiliar—recuerda la fiesta porque estaba segura, como todos sus vecinos, de que nada iba a pasar. El lugar fue inaugurado días antes de que el terremoto de 1957 sacudiera la Ciudad de México. Aguantó sin daños considerables los devastadores sismos de 1985, igual que el largo registro sísmico de seis décadas.

La tarde del 28 de septiembre Diana y sus vecinos viven la incertidumbre.

“Eso de que nos quieran vender créditos e hipotecas… pensábamos que nos iban a ayudar construyendo; pero volver a pagar 20 años, o no sé cuánto nos quieren cobrar, es pagar de nuevo el departamento”, apunta Julio, un joven que nació y creció en el edificio 3-B, el cual, pese a haber quedado en pie, ya no podrá ser habitado por los daños que presenta.

Ciudad excluida

La noche del 25 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación con motivo de los desastres naturales que a lo largo del mes tornaron las celebraciones patrias y el ambiente festivo en una serie de tragedias, cuyas dimensiones aún no se terminan de documentar.

Aunque en la semana anterior lo había anticipado, en la transmisión de su mensaje Peña Nieto expuso que su gobierno destinaría recursos a la reconstrucción de viviendas en los estados afectados y buscaría agilizar el reclamo de seguros y el acceso a créditos en la Ciudad de México, entidad que, a juzgar por lo dicho, quedaba fuera del plan peñanietista de reedificación.

El 27 de septiembre, en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario encabezó un acto cargado de estimaciones preliminares y promesas. Entre videos de la devastación e informes discursivos, Peña Nieto fue más explícito: su gobierno no destinaría recursos a la reconstrucción de vivienda en la capital mexicana:

“Para el caso de la Ciudad de México, evidentemente, por la condición del mercado inmobiliario, es decir, el costo de la vivienda en esta ciudad, habrá que idear un mecanismo distinto, que no signifique modificar el apoyo o el nivel de apoyo que estemos dando al resto de las entidades”, dijo.

En un mensaje confuso abundó que los recursos del Fondo de Desastres Naturales serán iguales para Chiapas y Oaxaca y añadió que los destinados a la Ciudad de México se potenciarán con aportaciones del gobierno local.

Luego, continuó: “Y a partir de ahí, en un mecanismo financiero, aquí podemos contar con el apoyo del sector financiero para, habiendo aquí mercado inmobiliario, que no se tiene en las otras entidades afectadas y, eventualmente, para el caso de Morelos y del Estado de México podríamos, eventualmente, hacer algo similar (sic).

“Es, precisamente, potenciar a través de un mecanismo de bono, de bono emitido a 20 años, donde las personas afectadas, prácticamente sólo estén cubriendo los intereses de un apoyo económico, que potencialmente pueda ser mayor para que realmente estén en condiciones de reponer la vivienda que perdieron.”

Sin embargo, la propuesta quedó en el aire, pues agregó que sólo podrá plantearse el esquema de financiamiento cuando haya un censo puntual del tipo de afectación que sufrió la capital.

El 27 de septiembre Proceso le solicitó a la Presidencia de la República que amplíe la información sobre el plan crediticio y clarifique la fórmula con la que se hará frente al problema de la vivienda en la Ciudad de México, así como las diferencias con otras entidades. La respuesta fue que la única información disponible era la ofrecida en el acto celebrado ese mismo día y que, por el momento, no había una plataforma de concentración de información pública entre las dependencias.

En los campamentos del Multifamiliar Tlalpan –donde hay más de 200 personas– los vecinos, como Julio, y cientos de ancianos que vivían en el lugar, sólo saben que no están seguros de regresar –digan lo que digan los dictámenes de Protección Civil– y opinaron del planteamiento crediticio de Peña Nieto, que conocieron por las noticias.

“Yo dije: ‘Qué raro, ¿cómo que me van a dar créditos e hipoteca si yo ya había pagado la casa?’”, interviene una mujer de edad avanzada a quien abruma la idea de volver a empezar.

Autogestión

El caso del Multifamiliar Tlalpan, como el de los vecinos de la calle Durango, en la colonia Roma, es de autogestión ante el desastre.

Pero la desinformación priva: hasta ahora no se tiene una cifra oficial de damnificados por el sismo en la Ciudad de México y, aun en los albergues acondicionados por instancias gubernamentales, no hay datos sobre la cantidad de personas que se quedaron sin hogar o que, por los daños registrados en sus casas, debieron abandonarlas hasta saber si pueden volver a ellas.

La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino ha mantenido los registros más fieles. En su último corte contabilizaba cerca de mil 619 personas en 32 de los 47 albergues habilitados en la Ciudad de México; es decir que 15 estaban vacíos. Fuera de esa dependencia, ninguna instancia gubernamental ha dado información sobre la cantidad de personas refugiadas.

El albergue que ha tenido mayor afluencia es el del gimnasio de la delegación Benito Juárez, donde permanecían, hasta el 29 de septiembre, alrededor de 200 personas, vecinas principalmente de las colonias Del Valle, Narvarte y Portales.

Por momentos, en los albergues –que subsisten gracias a las donaciones de particulares– las tensiones amenazan desbordarse. En el de Benito Juárez, por ejemplo, surgen disputas a veces por intentar alcanzar acuerdos de convivencia, por el robo de objetos o hasta por la presencia de reporteros que hacen sentir a los refugiados invadidos en su intimidad.

En los campamentos la situación es distinta: quienes optaron por acampar cerca de los edificios que aun sin haber caído tienen daños severos, temen por sus pertenencias y, en espera de interlocución y dictámenes de seguridad, pasan los días y las noches a la intemperie.

La noche del 19 de septiembre, por ejemplo, mientras se desarrollaban las labores de rescate en el edificio 1-C del Multifamiliar Tlalpan, las familias afectadas fueron a pernoctar a la escuela Fray Eusebio Francisco Kino. Después del siniestro habían regresado a sus departamentos a tratar de recuperar sus mascotas o documentos.

Diana, una de las coordinadoras del campamento de ese centro educativo, afirma que el inmueble había quedado resguardado por marinos, pero al día siguiente encontraron sus edificios con rejas y puertas forzadas y, en algunos casos, de sus casas faltaban computadoras, tabletas y otros objetos. Los habían saqueado.

La desconfianza aumenta. Dulce, una psicóloga voluntaria acogida por la comunidad vecinal desde el día del sismo, explica que la presencia de soldados en los campamentos –desarmados, según se pudo observar– desde el 27 de septiembre, los llevó a decidir que se haga una petición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que envíe un observador a los campamentos.

Desencuentros

Un grupo de coordinadores vecinales cuenta que el jefe delegacional en Coyoacán, el perredista José Valentín Maldonado, los había convocado el 28 de septiembre.

Hasta entonces, personal de la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, había tenido reuniones con ellos, pero luego del encuentro con Maldonado se rompió la comunicación.

El jefe delegacional no quiso internarse en los campamentos ni regresar a las canchas del multifamiliar, por lo que citó a los coordinadores en la delegación. Pero la reunión acabó mal (el diálogo se rompió por la falta del apoyo oficial), según informaron ellos en una conferencia de prensa la mañana del 28 de septiembre. Horas después se incrementó la presencia de empleados delegacionales, distinguibles por sus chalecos rosas.

La ausencia de políticos y gobernantes en campamentos y refugios es el común denominador. La semana pasada, en visitas que los funcionarios de los tres órdenes de gobierno –sin distingos partidistas– hacían a damnificados, acabaron en fuertes reclamos.

Le ocurrió en San Juan Pilcaya al presidente Peña Nieto; en el edificio derrumbado de la calle Chimalpopoca, en la Ciudad de México, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en distintas apariciones en aquella entidad. Incluso hay registro de agresiones físicas, como le ocurrió al jefe delegacional en Xochimilco, el morenista Avelino Méndez, quien de plano tuvo que huir corriendo de la furia ciudadana.

Organizados en asambleas, los vecinos realizan labores de limpieza, organizan horarios de comida y con apoyo de psicólogos, médicos y otros profesionales de la salud, todos voluntarios, acuerdan detalles de convivencia.

Pero aun así hay problemas. Por ejemplo, personas conmovidas por la historia de los niños Ximena y Julián –quienes murieron en el derrumbe del edificio 1-C y cuyos cuerpos fueron encontrados abrazados–, suelen llevar dulces a su amigos y vecinos, lo cual se convirtió en un problema, pues por el exceso de azúcar, los pequeños ya no dormían. Ese reparto debió acotarse.

Fue así, en asamblea, como establecieron los turnos de vigilancia, las tareas de limpieza y la organización de víveres y donativos; para el 23 de septiembre todo funcionaba.

Pero el 24 de septiembre el gobierno local llegó con un espectáculo para niños que no coincidía con el plan de contención que habían desarrollado los psicólogos; entregaron dulces a granel, llevaron cámaras de televisión para mostrar a funcionarios limpiando lo que ya estaba limpio y, apenas terminaron de grabar, se retiraron.

Marco Antonio e Ignacio, hermanos jubilados y habitantes del edificio 3-C, aseguran que han sido testigos de diferentes montajes, inclusive de heridos ajenos al multifamiliar, ante cámaras de televisión. Ignacio afirma: “Los damnificados somos un botín político”.

Dulce, la psicóloga, se muestra molesta ante esas estampas: “Está ese uso, ese recurrir utilitariamente a las personas y a la situación en crisis de los vecinos, una crisis que no es del multifamiliar sino de la ciudad. Aquí hay cientos de personas que se quedaron sin casa; sólo en Benito Juárez hay 38 edificios que están en riesgo. ¿A dónde van a ir todas estas personas? Es una crisis social y que sobre eso lleguen a montarse es bastante afrentoso”.

Y es que la ocupación de la escuela es temporal y ya un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, Jorge Pérez, intentó sacarlos de ahí el 26 de septiembre, pero sin darles opción de reubicación, algo que a todos preocupa. No hay comunicación con ninguna instancia oficial.

En el acto realizado en Los Pinos, Peña Nieto confirmó que efectivamente no hay mesas de atención ni plan de reubicación:

“Corresponderá, porque así lo he platicado con el señor jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la atención que se dé; vamos a trabajar de forma conjunta para instalar las mesas de atención, que eventualmente derive a la población afectada. Pero además también la mucha población que habrá de estar afectada de los inmuebles que la Ciudad de México ha venido identificando, que requieren demolición y que obviamente dejará a muchas otras personas sin vivienda y sin casa, y habrá que ver la manera de reubicarlas.”