Pese a los discursos oficiales, lo cierto es que el presupuesto para 2018 enviado a las cámaras legislativas por el titular de Hacienda, José Antonio Meade, sufrirá recortes y los más afectados serán los sectores más vulnerables. En su último año del gobierno de Peña Nieto, con todo y sus reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía mexicana se habrá incrementado de 3.5% en su nivel inercial a 5.3%.
El paquete económico para el próximo año –que incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el 2018–, que fue entregado el viernes 8 a las dos cámaras del Congreso por parte del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, no tiene entre sus prioridades el bienestar social o la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos.
Si bien en las presentaciones de dicho paquete Meade asegura que no desaparecerá ningún programa social ni beneficiario, alguno de ellos saldrá lastimado, lo cierto es que los ramos administrativos que sufrirán una disminución en su presupuesto son los más directamente relacionados con el ámbito del bienestar social.
Por ejemplo, Desarrollo Social sufrirá un recorte de 3.4% (poco más de 3 mil 700 millones de pesos menos que en 2017); Salud, de 4.5% (5 mil 715 millones menos) y Educación, de 1.8% (5 mil millones de pesos menos), entre otros. Un caso alarmante es el del Seguro Popular, creado para la población más vulnerables, que para 2018 tendrá un presupuesto de apenas 38 mil millones de pesos, mientras este año se le asignó uno de 68 mil 700 millones. Es decir, tendrá un recorte de 44.75%.
Las prioridades del programa económico para el último año de la administración de Enrique Peña Nieto son otras. Y están expresamente señaladas en el documento de “Criterios Generales de Política Económica”, que en su página 12 señala: “El Paquete Económico para 2018 está anclado a dos pilares: estabilidad y certidumbre. El primero se refiere a la culminación de la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2013, que ha sido ratificada durante cuatro años y que implica disminuir los RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) de 2.9 a 2.5% del PIB en 2018.
“El segundo está sustentado en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria pactado en 2014, en el cual el gobierno federal se comprometió a no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, que se traduce en ingresos similares para el próximo año respecto al cierre estimado de 2017, excluyendo ingresos con destino específico por ley, con un ligero aumento en términos del PIB.”
Puras proyecciones
Más adelante el documento hace referencia al aspecto social: “El Paquete Económico 2018 abona al objetivo primordial de esta administración, sobre asegurar y mejorar el bienestar de las familias mexicanas y llevar a México a su máximo potencial, a través de una política económica que preserva la estabilidad, detona la productividad y genera igualdad de oportunidades.
“Como en años anteriores, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 privilegia la inversión productiva y en infraestructura estratégica, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la seguridad pública, la disminución de las carencias sociales y el aumento en el acceso a los derechos sociales, así como la implementación acelerada de las reformas estructurales.
“Esta claridad en las prioridades y la conducción prudente de las finanzas públicas permitieron que entre 2014 y 2016 dejaran la pobreza y la pobreza extrema 1.9 millones y 2.1 millones de personas, respectivamente, al crear oportunidades en medio de un ambiente externo volátil y sumamente complejo.”
Quienes redactaron el documento parece que no leyeron bien los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, que levantó el Inegi y la evaluación e interpretación que de ellos hizo el Coneval. Según éstos, en 2016 había 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza; en 2014, fueron 55.3 millones; en 2012, 53.3 millones, y en 2010, 52.8 millones de pobres.
Entonces, en efecto, entre 2014 y 2016 se redujo el número de personas que se habían sumado a las filas de la pobreza… en esta misma administración. Pero que no le alcanza para decir que hay menos pobres que los que había cuando inició la Presidencia de Peña Nieto. Sí, según aquellas instituciones, en 2016 había 53.4 millones de pobres, pero que son más que los que había en 2012 y mucho más de los que en esa condición estaban en 2010, que fueron 52.8 millones.
Y sí, la pobreza extrema se redujo en esos dos años en casi 2.1 millones de personas, al pasar de 11.5 millones en 2014 a 9.4 millones en 2016.
Tan no es prioridad el bienestar social en el paquete económico para el próximo año, que se olvidó del proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que con tanto bombo y platillo se anunció el año pasado y cuya ley respectiva se promulgó el 1 de junio de ese año.
En su artículo número 1, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales dice tener “por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de ZEE para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
Y para tan ambiciosos y loables propósitos, en todo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 sólo hay dos menciones a las ZEE; una irrelevante y otra que consigna un pírrico presupuesto compartido: dentro del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se destinarán mil tres millones de pesos para “Desarrollo Productivo del Sur, Sureste y Zonas Económicas Especiales”.
Estimaciones para 2018
Ya en el terreno de los números, el paquete económico prevé ingresos por 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos, de los cuales 3 billones 551 mil 699 millones 700 mil pesos, el 67.8%, provendrán del gobierno federal, básicamente por impuestos; otro billón 183 mil 300 millones 400 mil pesos, el 22.6%, vendrán de organismos y empresas públicas, por vía de venta de bienes y servicios, cuotas, derechos, aprovechamientos y diversas aportaciones y cobros por servicios, y finalmente, 501 mil 371 millones 500 mil pesos, el 9.6%, ingresarán por vía de deuda interna y externa.
Por otra parte, el gasto neto total previsto en el proyecto de Presupuesto de Egresos es por la misma cantidad que los ingresos: $5,236,375,600,000.00. Sin embargo, se prevé un déficit presupuestario de $466,684,500,000.00.
El gasto público, como se sabe, se divide en dos grandes partes: el gasto programable y el gasto no programable. El segundo es un conjunto de gastos que el gobierno no puede eludir, como son los pagos de la deuda pública (costo financiero), las participaciones federales a estados y municipios y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas).
Para 2018 se estima un gasto no programable de 1 billón 504 mil millones 700 mil pesos, que es casi 30% del gasto neto total del sector público. El restante 70% del gasto neto es el gasto programable, que en su clasificación económica tiene tres vertientes: Gasto corriente (servicios personales, subsidios, gastos de operación), que consumirá 2 billones 343 mil 297 millones 200 mil pesos; pensiones y jubilaciones (para los trabajadores del Estado), a los que se destinarán 793 mil 734 millones 300 mil pesos, y finalmente, el gasto de inversión (física, subsidios e inversión financiera), que consumirá 594 mil 656 millones 400 mil pesos.
Una de las partidas más grandes del presupuesto se la lleva el llamado “gasto federalizado”, que son todos los recursos federales (participaciones, aportaciones y otros) que van a estados y municipios, y que para 2018 será por 1 billón 749 mil 231 millones de pesos. Es decir, 33.4% del total del gasto neto para todo el año que entra. Uno de cada tres pesos del gasto público, que fundamentalmente viene de los contribuyentes, va a las arcas de los gobiernos estatales y municipales.
Se pronostica un crecimiento “puntual” del Producto Interno Bruto para 2017 de 2.2% y para el próximo un crecimiento promedio de 2.5%, pues se establece un rango de entre 2% y 3%.
Para el fin de año se espera alcanzar una inflación de 3%, justo la meta específica del Banco de México, aunque de inmediato especialistas pusieron en duda el pronóstico, pues en agosto la inflación alcanzó un máximo de 6.66%, el registro más alto en 16 años.
También se pronostica un tipo de cambio de 18.1 pesos por dólar al cierre del año; un precio promedio de 46 dólares el barril de la mezcla mexicana de crudo y una plataforma de producción de crudo de 1 millón 983 mil barriles diarios.
La variable que más llama la atención es la del Producto Interno Bruto, cuya tasa de crecimiento esperan en un rango de entre 2% y 3%.
Ese simple dato es el reconocimiento del fracaso económico de la actual administración, que desde sus inicios se planteó como meta –inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018– alcanzar un “México Próspero”, mediante la generación de un crecimiento económico sostenido e incluyente, que permitiera erradicar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa”.
Crecimiento escuálido
Si se excluyeran los años de recesión de los cuatro sexenios anteriores, el de Peña Nieto quedaría francamente en ridículo. En un ejercicio que hizo el doctor Jonathan Heath, especialista prestigiado en análisis de indicadores macroeconómicos, en su cuenta de Twitter, el pasado 31 de agosto, apunta que el crecimiento económico promedio anual en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), si se descontara la recesión del año 1993, sería de 4.4%.
En el caso de Ernesto Zedillo (1994-2000), en cuyo gobierno se registró la peor caída de la economía nacional en la historia reciente del país (-6.2% en 1995), el promedio anual de crecimiento económico en su administración, excluyendo 1995, sería de 5.1%.
Con Fox (2000-2006), que en sus primeros dos años la economía no creció y más bien se mantuvo en terreno negativo por un mal desempeño de la economía estadunidense –a raíz del derrumbe de las torres gemelas de Nueva York y el desplome en las bolsas de las empresas tecnológicas llamadas puntocom–, pero también por la llegada de China a la Organización Mundial de Comercio, que desplazó a México como segundo exportador de Estados Unidos, el promedio anual de crecimiento económico, sin esos dos primeros años, sería de 4.1%.
Igual tasa de crecimiento hubiera registrado la economía, como promedio anual, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), si se excluyera el fatídico año de 2009, el del clímax de la crisis financiera internacional iniciada un año antes y que para México significó una caída de su economía de casi -4.7%.
Y con Peña Nieto (2012-2018), que en ningún año ha registrado recesión alguna (apenas un bajón económico trimestral en el primer año de gobierno), ha tenido un desempeño económico verdaderamente pobre: sin recesión, el promedio de crecimiento promedio anual ha sido de 2.2%, según los datos del especialista Jonathan Heath.
El pronóstico de un crecimiento económico promedio de 2.5% para 2018, el último año de la administración de Peña Nieto, es un verdadero gancho al hígado de sus propias expectativas triunfalistas, las que expresó en el primer año, justo en la efervescencia política y social por las reformas estructurales.
En efecto, el 16 de diciembre de 2013, el gobierno publicó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2013-2018, en el que se señalaba con absoluta certeza que “la implementación de las reformas estructurales incrementará el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3.5% en su nivel inercial a 5.3% hacia el 2018”.
Y agregaba una tabla que hoy avergüenza a más de uno dentro del gobierno federal.
El caso es que el desempeño económico en este gobierno, año tras año, no dio ni siquiera para lo que ellos mismos llamaron “crecimiento inercial”, es decir, sin reformas.
