El V informe de gobierno llegó teñido de sangre como ningún otro. Si la tendencia sigue, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminará como uno de los más violentos de la historia contemporánea de México. A decir de especialistas consultados por el semanario Zeta –con cuya autorización se reproduce el presente reportaje–, la extradición del Chapo Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del de Jalisco Nueva Generación son los factores que harán de 2017 el año con el mayor número de ejecuciones.
Uno de cada cuatro homicidios en México durante los últimos 27 años se ha cometido durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. Los números sangrientos superan incluso a los de su antecesor, Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico y despertó a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales.
Se trata de 104 mil 602 homicidios dolosos desde que el priista tomó protesta como presidente de la República, en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio del presente año.
Ésta es la cifra más actual y más cercana sobre el narcotráfico y la violencia, las desapariciones forzadas, las narcofosas o la desintegración de cuerpos, de los pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.
Los asesinatos durante la era peñanietista representan 25% del total de los homicidios registrados de 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La violencia reflejada en la privación de la vida estalló con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante ese gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo los mandatos de Calderón y Peña.
Este año van 16 mil 152 muertos
Si la tendencia en ejecuciones continúa como en los primeros siete meses, este año romperá récord en sangre derramada. Del 1 de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.
El número, escalofriante por sí mismo, cobra mayor relevancia cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).
Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 y 2 mil 461 muertes violentas (homicidios dolosos). Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.
Al alza
En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y sobre todo Baja California se ha recrudecido la violencia. Esas entidades representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.
En comparación con 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, que tiene más de 17 millones de habitantes.
Sólo por debajo de Guerrero y Estado de México se encuentra Baja California, donde prácticamente 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.
De enero a julio de 2017, según el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión publicado por el SESNSP, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.
Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada estado (según el Consejo Nacional de Población), éstas serían las entidades más violentas. El Estado de México, que generalmente encabeza, pierde espacios frente a otras entidades.
Reacomodo de cárteles
Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales. Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata, por un lado, del reacomodo criminal que ha dejado la captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es otro motivo de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.
En entrevista con Zeta, el también maestro en relaciones internaciones admite que “el crecimiento del CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto, al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas y Los (Caballeros) Templarios; es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.
A decir de Shirk, “la primera captura que realizó el gobierno de Peña a El Chapo no mermó su capacidad de operación, pues pudo escapar. Estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado. Eso quiere decir que la época de mayor poder del Cártel de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Al quitar del juego al Chapo es cuando empieza la inestabilidad, el incremento de la violencia. Fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua. La violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.
Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse de los territorios en disputa o se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.
“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.
Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”. Por eso, dice, el medio para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.
Atacan síntomas, no causas
Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo (quizás el proyecto ciudadano más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad), “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.
El fundador de Semáforo Delictivo señala que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” como al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor; la violencia es un costo”.
En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un estado, todo un territorio. Generalmente son jóvenes en riesgo reclutados. El ladronzuelo de la colonia en un inicio no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia: tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Esta es la primera causa de violencia en México.
“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles; crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.
Además no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en el gobierno y obviamente hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.
Para resolverlo, Roel sugiere “arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias. Les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.
Y añade: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer para reducir la violencia o la corrupción no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.
Roel sabe que ni un partido político ha subido a su agenda el tema, y menos ahora que el proceso electoral de 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, la CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule, porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata; les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.
La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad, que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.
Cifras maquilladas
Jimena David, investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en la forma en que se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.
“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con Zeta.
Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, comenta.
La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al SESNSP: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente, cuando, por ejemplo, se dieron 20 homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.
Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, Jimena David advierte: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.
Según ha comprobado la investigadora, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.
