Señor director:
Con respecto a la nota escrita por Sabina Berman, bajo el título “En cuanto a la cultura, nada se negociará en el TLC” (Proceso 2129), cabe apuntar que nuestro gobierno en lugar de estar ante una timorata expectativa a ver qué quiere o resuelve Estados Unidos, debería tomar la actitud de los negociadores de Canadá, quienes defienden a ultranza todos aquellos aspectos que han de ver con la cultura y con los intereses que atañen a sus ciudadanos. Olvida la Secretaría de Economía las recientes reformas constitucionales donde se incorporan los derechos humanos (artículo 1º), el acceso a la cultura (artículo 4º) y las importantes reformas al artículo 6º constitucional que han derivado hacia la legislación en materia de telecomunicaciones, radio y televisión; olvida también que existe un artículo 3º que sustenta el derecho a la educación.
Aquí no se trata de echar responsabilidades a otros sectores (Secretaría de Cultura) ni de adoptar el síndrome del avestruz. Preocupa también ver la postura de la representante de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, (ver Reforma, 21 de agosto) que habla sin tener la autoridad moral para representar a todos los sectores que incidimos en esa industria cinematográfica nacional que por ley debe ser tutelada bajo el orden público y el interés social, ya que “por sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural primordial…”, y corresponde al Poder Ejecutivo federal la aplicación y cumplimiento de la ley.
Los cineastas mexicanos no debemos permitir este atropello a nuestra cultura. Estamos alertas y dispuestos a dar la batalla: me honro de ser abogado y cinematografista que estoy al lado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los productores independientes y de muchos otros que amamos nuestro cine y nuestro país. No nos van a doblar. Efectivamente, la cultura no se negocia. Y si nuestras autoridades no actúan para defenderla dentro de ese tratado, permitiendo su exclusión, que recuerden que hay una Constitución y un artículo 133 que establece la jerarquización de la norma, por lo que ningún acuerdo internacional, por importante que sea, puede estar por encima de la norma constitucional.
Así que, de darse el abandono de la cultura en ese tratado, por indolencia o ignorancia de quienes nos van a representar, quedará como siempre el recurso del juicio de amparo para evitar que se vulneren nuestros derechos humanos inherentes a la educación, la cultura y la libertad de expresión y el derecho a la información. Sí, señor director: “La cultura no se negocia”. La cultura toda debe estar fuera de ese tratado, tal y como lo hicieron hace 23 años y lo harán de nuevo ahora Estados Unidos y Canadá.
Atentamente,
J. Ramón Obón León
