Las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador fueron muy reñidas. El resultado final, cerrado. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, ganó apenas por poco más de 6 mil votos. Pero ahora se ha descubierto –asunto que se ventila en tribunales– que el gobernante FMLN habría pagado 250 mil dólares a las dos principales y más temidas pandillas salvadoreñas para que obtuvieran sufragios a su favor y amenazaran a los posibles votantes opositores.
San Salvador.- En las elecciones de marzo de 2014 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habría pactado con la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 la entrega de 250 mil dólares a cambio de unos 120 mil votos de los colaboradores de ambas pandillas, así como habría usado su capacidad para infundir miedo en los ciudadanos que viven en las comunidades más pobres del país.
Esos 120 mil votos habrían sido decisivos para el triunfo del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quien ganó la Presidencia salvadoreña por apenas 6 mil 634 votos sobre su principal competidor, Norman Quijano, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Dicho “pacto” salió a la luz los pasados miércoles 9 y jueves 10, cuando Carlos Eduardo Nuila, Nalo, uno de los principales cabecillas de Barrio 18 facción Revolucionarios, compareció como “testigo criteriado” (delator que gana beneficios penitenciarios) en el llamado Caso Tregua que se lleva en el Juzgado Especializado de Sentencia A, de San Salvador.
Durante su comparecencia –a la que asistió el reportero–, Nalo aseguró que las negociaciones para intercambiar dinero por votos se realizaron en 2013 y en ellas participaron Benito Antonio Lara Fernández, ministro de Seguridad en los primeros dos años de gobierno de Sánchez Cerén; Ramón Arístides Valencia, actual ministro de Gobernación; y José Luis Merino, viceministro para la Inversión Extranjera, dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según Nalo, la sede de la Iglesia Anglicana sirvió como punto neutral de las reuniones. Participó como mediador Martín Barahona, quien de 1992 a 2014 fue la máxima autoridad de esa corriente cristiana en el país y quien en los meses posteriores a ese encuentro se ofreció públicamente como mediador para intentar moderar la encarnizada guerra que el Estado lleva contra las pandillas desde hace poco más de dos años.
Nalo dijo que los cabecillas desconfiaban de los miembros del FMLN y les pidieron firmar un documento –una especie de acta notarial– para hacer constar que había una transacción: dinero a cambio de votos e intimidación a los opositores. Lara Fernández, Valencia y Merino se negaron rotundamente. Bastaba, según ellos, la honorable presencia del obispo Barahona. El primer pago fue de 150 mil dólares: la mitad para la MS-13, y el Barrio 18 se llevó la otra mitad que a su vez partió en dos: 37 mil 500 dólares para la facción Sureños y 37 mil 500 para la Revolucionarios.
Nalo señaló que las pandillas guardaron una parte del dinero para comprar armas. Era la preparación para los tiempos peores que veían venir.
Llamadas telefónicas
Entre 2011 y 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) intervino los teléfonos celulares de pandilleros –tanto encarcelados como libres–, de jueces, narcos, abogados defensores y hasta de José Antonio Rodríguez, el Padre Toño, sacerdote de la Congregación de la Pasión, quien se dedicaba a la rehabilitación de criminales confesos.
En el archivo 15-UEIT-11-16-2013 consta que los investigadores descifraron una conversación entre José Timoteo Mendoza Flores, Chory –cabecilla del Barrio 18 facción Sureños, entonces preso en la cárcel del municipio Cojutepeque–, y José Luis Guzmán, Tremendo, uno de los mandos medios de la misma organización criminal.
Hablaron de la distribución del dinero que “los rojos” (es decir, el oficialismo) había pagado: cuatro miembros de la cúpula pandillera tomaron 400 dólares para sus gastos personales. Los protagonistas de la llamada prometieron también repartir entre 100 y 200 dólares para los “soldados”, palabreros de zona (es decir, líderes locales), colaboradores y “otros” de Soyapango, La Unión y otras localidades.
En otra llamada Mendoza Flores deslizó uno de los errores que cometió como administrador de los pagos: mandó a uno de los subordinados del Barrio 18, identificado como Nelson, a trasladar una parte del dinero de Soyapango al centro de San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, le seguía la pista y lo capturó a la mitad del camino con 2 mil dólares.
El cabecilla intentó recuperar lo perdido y llamó a un abogado: “Le contó que tenía un problema, que a él le habían dado un dinero, que era de todos los que estaban en la tregua, le consultó qué podían hacer sobre eso, que el dinero era del gobierno, no era de extorsión, era dinero limpio”, dice un párrafo del documento.
La tregua
En marzo de 2013 la Presidencia de Mauricio Funes Cartagena, también del FMLN, impulsó, apadrinó y protegió la tregua entre pandillas, lo que implicaba que la MS-13 y las dos facciones de la pandilla 18 dejaban de matarse entre sí por el control territorial y rompían la cadena de venganzas que desde antes de los noventa los convirtieron en enemigos a muerte.
Eso, en la práctica, se tradujo en la disminución de los asesinatos de 14 a 5.5 diarios e incluso, durante días radicalmente extraordinarios para los índices de criminalidad que lastran al país, en cero muertes violentas.
De acuerdo con las evidencias que con el transcurso del tiempo salieron de los archivos de la FGR y de la PNC, la tregua contó con la anuencia de las autoridades policiales y de la Dirección General de Centros Penales. Ésta permitió que los reclusos pertenecientes a esas pandillas introdujeran objetos prohibidos a las cárceles, como teléfonos celulares, mariguana, cocaína, armas blancas y de fuego.
También hubo fiestas. El 24 de septiembre de 2012 al sector uno del penal de Izalco llegó el comediante nacional Flaco Frank. Cuatro horas más tarde la Discomóvil Proyect Music continuó la celebración con dos bailarinas eróticas. El 29 de septiembre de 2012 la orquesta Sonora Maya amenizó la parranda en el penal de Quezaltepeque. El 19 de diciembre de ese mismo año discomóvil La Calle hizo lo suyo en el penal de Ciudad Barrios alargándose el baile siete días. 48 horas más tarde la relevó Discomóvil Euro. Y el 30 de diciembre llegó el turno para la Sabrosa Sonora Dinamita.
Uno de los elementos fundamentales de esta tregua fue el traslado de unos 30 pandilleros que estaban recluidos en cárceles de máxima seguridad a centros penales de mediana y baja seguridad, desde los cuales pudieron comunicarse fácilmente al exterior, ordenar asesinatos, coordinar el control territorial y fortalecer sus organizaciones criminales.
La tregua entre pandillas, de acuerdo con expedientes judiciales e informaciones periodísticas de aquellos años, fue una estrategia que impulsó David Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad. Los réditos políticos de la reducción de la criminalidad y la tensión social los aprovechó, aunque por un brevísimo tiempo, Funes Cartagena.
En la inusual estrategia participaron como operadores el exguerrillero Raúl Mijango, el sacerdote castrense Fabio Colindres, los veteranos policías Juan Roberto Castillo Díaz y Luis Alonso Aguilar Marín y el director general de centros penales, Nelson Rauda Portillo.
También Arena
La tregua se desmoronó después de que el Órgano Judicial destituyó a Munguía Payés como ministro de Seguridad por ser militar de carrera. En su lugar llegó Ricardo Perdomo, que antes había dirigido el Organismo de Inteligencia del Estado.
Perdomo rápidamente demolió los pilares que sostenían la tregua. Marginó a Mijango y a Colindres y controló las cárceles para frenar los desmanes de los pandilleros. Pero la violencia retornó con más virulencia que antes. Cierto es que, durante la tregua, las desapariciones y los hallazgos de cementerios clandestinos no cesaron, pero una vez que el Estado dio la espalda a los pandilleros y les cortó los privilegios, los asesinatos se incrementaron hasta llegar a 20 diarios. Sucedió, incluso, que en el oriente del país fueron asesinados 50 salvadoreños en un día.
Entonces los políticos decidieron posicionarse en el espacio que el Estado había dejado y buscaron a las pandillas. El fin del periodo de Funes Cartagena se acercaba y las encuestas pronosticaban resultados más apretados de lo usual. Para la primera vuelta el oficialismo se acercó a las pandillas y ocurrió el trato que Nalo contó.
En la primera ronda electoral participaron Sánchez Cerén como el candidato oficial; Norman Quijano, el principal opositor; Elías Antonio Saca, la tercera opción que dividía el voto de la derecha.
El 2 de febrero de 2014 Sánchez Cerén ganó holgadamente la primera ronda pero no alcanzó el 50% más uno de los votos válidos para obtener la Presidencia. De acuerdo con el testimonio de Nalo, en ese contexto ocurrió el segundo pago: 100 mil dólares que entregó el líder de una ONG, identificado como Wilson.
Como parte del trato, los pandilleros intimidaron a los electores que antes, durante y después de las elecciones se identificaron públicamente vistiendo la camisa de Arena o manifestando su simpatía por los candidatos opositores. También les quitaron sus documentos de identidad, indispensables para votar.
Arena no se quedó atrás y quiso contratacar. Se enteró de la estrategia que su adversario político ocupó en la primera ronda y la replicó: también le entregó 100 mil dólares a las mismas pandillas.
Mijango convocó a los cabecillas pandilleros a una reunión de urgencia en el lago de Ilopango. Con el mediador llegaron Ernesto Muyshondt, uno de los dirigentes de Arena, y el recientemente fallecido alcalde Salvador Ruano. Los criminales fueron al grano: dinero a cambio de votos. La respuesta fue: primero hay que consultarlo.
A una segunda reunión con Arena llegó Paolo Lüers, alemán que vive en El Salvador desde los años de la Guerra Civil y que actualmente publica una columna de opinión en El Diario de Hoy. Él les argumentó que era necesario lograr un “balance de poder” porque el oficialismo controlaba muchas instituciones del Estado.
Nalo contó que Lüers les dio un maletín con 100 mil dólares que se repartieron a la mitad entre la MS y el Barrio 18. Las pandillas guardaron la mayor parte del dinero para comprar armas. También adquirieron una camioneta de la que, hasta el momento, se desconoce en manos de quién quedó.
En la segunda ronda electoral El Salvador se partió en dos: la competencia entre Sánchez Cerén y Quijano fue tan cerrada y complicada que, en las horas finales del conteo de votos, la gráfica de pastel que representaba la victoria de uno o la derrota del otro estaba dividida en mitades casi exactas: roja de un lado, azul del otro. Al final de la jornada el triunfo se fue con el oficialismo por poco más de 6 mil votos.
Once días después de la celebración de la segunda vuelta Muyshondt presentó en conferencia de prensa a un hombre encapuchado, con gorra y con chaqueta verde olivo, que decía ser uno de los custodios de centros penales que vio cómo cientos de presos habían salido a votar a favor de Sánchez Cerén. El principal partido de oposición también había pedido la anulación de las elecciones y que el Tribunal Supremo Electoral abriera las urnas y recontara los votos.
Los meses pasaron y más voces comenzaron a hablar de que la izquierda –que, arropada en el marxismo, en los ochenta peleó en las montañas contra la dictadura militar– había instrumentalizado a las pandillas para mantenerse en el poder.
Ruano, uno de los dirigentes opositores que se habían reunido con los pandilleros para negociar la contraestrategia, dijo en diciembre de 2015: “Es un secreto a voces que las pandillas hicieron ganar a este gobierno”.
Al año siguiente la FGR acusó formalmente a Mijango, a Rauda Portillo y a una docena de colaboradores de la tregua entre pandillas de introducir objetos prohibidos a las cárceles y permitir que los pandilleros hicieran fiestas con el dinero del Estado. En el expediente de acusación el exministro de Seguridad, Munguía Payés, es mencionado, como mínimo, unas seis veces con frases como esta: “Pretendió valerse de su cargo para proporcionar facilidades para que se concretizara el acuerdo entre pandillas que permitiera bajar los índices de homicidios, situación que redundaría en réditos políticos”.
Tiempo después el diario digital El Faro publicó dos videos que le fueron filtrados: en el primero fueron grabados Ruano y Muyshondt reunidos con pandilleros; en el segundo aparecían Valencia y Lara Fernández también reunidos con pandilleros. En los dos videos los cuatro dirigentes políticos hablaban de beneficios a cambio del apoyo en las elecciones.
Muyshondt y Ruano, de Arena, aseguraron que se habían reunido para pedir que dejaran en paz a los votantes.
El FMLN se ha negado a hablar sobre la compra de votos a las pandillas.
Los resultados del juicio contra los involucrados en la tregua entre pandillas se conocerán el próximo martes 29.
