El accidente que el 12 de julio le costó la vida a Juan Mena López y Juan Mena Romero en el Paso Exprés de Cuernavaca, fue provocado por la lluvia, por la basura, por los gobiernos de Morelos y Cuernavaca, por una alcantarilla y por las empresas Aldesa y Epccor… todo esto, según el informe que Gerardo Ruiz Esparza envió al Senado, a donde comparecerá el próximo martes. Nada dice el titular de la SCT de su propia responsabilidad, ni del informe de sus peritos –que contradice casi todos sus dichos–, ni del incidente que ocurrió el año pasado en el mismo lugar y que, de haber sido atendido, hubiera evitado la tragedia del mes pasado.
En su intento por evadir la responsabilidad del trágico accidente del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha responsabilizado a la lluvia, a la basura, al gobierno de Morelos, a la alcaldía de Cuernavaca, a las empresas Aldesa y Epccor y hasta a una alcantarilla, pero no acepta error o negligencia de su parte.
Sin embargo, los documentos oficiales de la SCT sobre el suceso contradicen a Ruiz Esparza. El dictamen realizado por los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibe la negligencia de la Secretaría porque en el mismo sitio donde se abrió el socavón el pasado 12 de julio ocurrió un incidente similar en octubre de 2016, sin que se tomaran medidas preventivas.
“Se debe comentar –advierte el informe de los peritos de la SCT– que durante el mes de octubre de 2016 se presentó un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, el cual se deslizó parcialmente ante la presencia de fuertes lluvias. Existe la posibilidad de que al restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo; sin embargo, no hay evidencia que pudiera sustentar lo anterior. En nuestra opinión, debe hacerse también un peritaje específico para aclarar esto”.
En sus conclusiones, los peritos admiten que la dislocación de la tubería pudo deberse a “la falla de estabilidad del talud ocurrido en octubre de 2016, lo que pudo afectar al tubo, así como los esfuerzos inducidos por maquinaria pesada durante el proceso constructivo”.
El incidente ocurrido el 14 de octubre de 2016 fue reportado como un “socavón” por la propia Policía Federal en su cuenta de Twitter y se localizó exactamente en el mismo kilómetro, el 93 más 850, donde se abrió un hueco de siete metros de profundidad el pasado 12 de julio.
“Circulen con precaución. Socavón en el referido kilómetro, a la altura del plantel educativo Conalep en Cuernavaca”, alertó la Policía Federal ese 14 de octubre. También exhortó a los automovilistas a que respetaran los señalamientos. Personal de Protección Civil del gobierno de Morelos y del ayuntamiento de Cuernavaca acudieron. La SCT no dijo nada en su momento.
Este antecedente y la referencia del dictamen de los peritos fue ignorado por Ruiz Esparza en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado antes de su comparecencia, el próximo martes 22.
Según Ruiz Esparza fueron tres factores que “de manera cierta y relevante” dieron origen a la falla que ocasionó el socavón: el embovedado de la alcantarilla, el taponamiento por basura y el deterioro de la alcantarilla.
El informe de Ruiz Esparza al Senado no asume ninguna responsabilidad y reparte culpas cuando admite que “de haberse realizado el embovedado de la alcantarilla, responsabilidad ineludible del consorcio constructor, de la supervisora y del coordinador de obra, y de no haberse taponado la alcantarilla con basura, responsabilidad constitucional del municipio, el incidente no hubiera ocurrido”.
En otras palabras, hay responsabilidad de la empresa SACC Ingeniería, coordinadora del proyecto, del consorcio constructor formado por Aldesa-Eppcor y del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, pero no de la SCT.
La única sanción que informa el titular de Comunicaciones y Transportes es la destitución del director general del Centro Morelos de la SCT, “en razón de no haber informado a sus superiores sobre la problemática presentada en el tramo de la obra. Asimismo, fueron separados del cargo temporalmente para llevar a cabo las diligencias correspondientes los 7 funcionarios directamente responsables de la ejecución de la obra”.
El informe de Ruiz Esparza ignora el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos, que demandó una revisión completa de los 14 kilómetros del Paso Exprés ante el cúmulo de irregularidades (27) en el proceso de construcción y, especialmente, por la falta de supervisión en las obras hidráulicas.
“Encontramos el desplante de los muros, no estaban firmes, tenían cierta resistencia, pero era muy fácil que el flujo del agua perdiera sustento… La tubería se debilitó con un deslave y, aunque no lo haya notado quien ejecutó el trabajo, no le dieron la seriedad necesaria para averiguar la antigüedad que tenía”, afirmó Pedro Torres Ovando, presidente del Colegio de Ingenieros de Morelos.
Torres Ovando se refirió también al mismo incidente ocurrido en octubre de 2016 y advirtió, en conferencia de prensa, que “de haber revisado su comportamiento, después de los trabajos de recuperación del terraplén y la ejecución del muro encima, no habría sucedido el socavón”.
Según expertos consultados por Proceso, en su informe el titular de la SCT ignora o evade la propia normatividad de la Secretaría, como es el documento “Conceptos que Conforman el Proyecto Ejecutivo de Carreteras”, de más de 300 páginas, donde claramente se establece que antes de la ejecución de una obra “el primer estudio requerido cuando se planea una carretera” es el geotécnico y también estudios de factibilidad ambiental, que deberían ser aprobados previamente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Culpa de Graco
El documento de Ruiz Esparza al Senado contiene imprecisiones y contradicciones importantes, incluso con el propio informe de los peritos, para evadir su responsabilidad en la muerte de las dos víctimas del socavón.
Hay una clara contradicción en la hora de los hechos. Para Ruiz Esparza el “lamentable incidente ocurrió a las 05:20 horas del 12 de julio” pasado, pero el dictamen pericial técnico, presentado por la propia SCT el pasado 10 de agosto, menciona que el accidente del socavón ocurrió a las 05:50 horas.
El titular de la SCT reprocha que desde las 06:15 horas Graco Ramírez fue notificado por el subsecretario Óscar Callejo y que “no se presentó en el sitio el gobernador de Morelos ni funcionarios estatales con capacidad de apoyo”, responsabilizando a las autoridades estatales de un accidente ocasionado en una carretera concesionada por la dependencia de Ruiz Esparza.
También culpa al municipio de Cuernavaca porque Protección Civil Municipal “informó al secretario de Comunicaciones y Transportes que una ‘avalancha de agua de 8 metros de altura llenó y fracturó el tubo que provocó el hundimiento’ y que ‘no contaban con el equipo necesario para hacer el rescate’”.
Líneas abajo, Ruiz Esparza acusa directamente al gobierno de Morelos por la muerte de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo Juan Mena Romero, de 36:
“Protección Civil estatal realiza el primer descenso para evaluar los daños dos horas después de la caída del automóvil, sin el equipamiento necesario y sin intentar el rescate de los ocupantes del vehículo.
“La recuperación de los cuerpos sin vida de las dos víctimas se da 10 horas después del incidente, confirmando la necropsia que la causa del deceso fue por asfixia”.
Ruiz Esparza presume que “desde el primer momento, ofreció su pésame a los familiares de las víctimas y puso a su disposición todo el apoyo que requieran tanto para el resarcimiento del daño como la debida atención a la que tienen derecho y es procedente”.
Indica que “la relación con la familia ha sido nuestra prioridad y ha continuado hasta la fecha. Estamos atentos y en espera de que se pronuncie para dar inmediata atención y apoyo, siempre con respeto a sus decisiones y tratando de lograr que por la vía del diálogo obtengan las indemnizaciones a las que tienen derecho”.
Omite mencionar Ruiz Esparza sus propias declaraciones públicas, horas después de la tragedia, cuando afirmó que lamentaba “el mal rato” que significó para los familiares la muerte de Juan Mena López y de Juan Mena Romero. Ni siquiera admite que fue un error esa declaración.
Sonia Mena, familiar de los dos fallecidos, afirmó en conferencia de prensa el 13 de julio que “la armonía de esta familia fue cancelada por una negligencia. Y eso, las palabras y los términos legales no lo pueden tapar”. Ruiz Esparza en su informe al Senado evita mencionar la palabra negligencia.
El titular de la SCT presume que “ha dado atención permanente a las familias afectadas que tienen sus viviendas ubicadas en el kilómetro 93.8 del Paso Exprés, proporcionándoles hospedaje y ayudándoles a reparar los daños que se ocasionaron a sus viviendas”.
No informa cuántas viviendas están dañadas, cuántas son las personas afectadas, de cuánto será la indemnización que tendrán que pagarles a los vecinos de la zona que desde el principio denunciaron las irregularidades en la construcción del Paso Exprés.
Más negocios
Ruiz Esparza afirma en el punto 6 de su documento que “para el arreglo definitivo del tramo afectado se determinó la construcción de un nuevo puente de 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros, obra que será totalmente costeada por el consorcio constructor del Paso Exprés. Sin embargo, será realizada por una empresa distinta especializada en construcción de puentes.
“Para garantizar el adecuado funcionamiento de este nuevo proyecto se remitió para su opinión y visto bueno a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Conagua”, remató. No mencionó a la Semarnat, en clara contradicción con la normatividad de la SCT en la construcción de carreteras.
Ruiz Esparza no menciona ante los senadores cuál será el costo del puente. Tampoco precisa cuál será el mecanismo o cuáles las reglas de licitación.
En el punto 8 hace cuentas alegres sobre el costo total de la obra, que terminó en realidad con un sobrecosto de más de 100%.
“Cabe destacar que el proyecto base con el que se contrató fue de 1,045 millones de pesos y a la fecha se cuenta con un monto no cerrado ni conciliado de 1,796 millones de pesos, el cual no toma en cuenta por ser conceptos distintos a la obra, los estudios de costos de supervisión de obra, coordinación del proyecto, verificación de la calidad, estudios de impacto de riesgo ambiental, del testigo social ni liberación de derecho de vía”, explica.
El costo total del Paso Exprés, según la Auditoría Superior de la Federación, ascendió a casi 2 mil 300 millones de pesos, pero Ruiz Esparza no menciona esta cantidad. Simplemente justifica el incremento del gasto en esta obra por los siguientes factores:
Porque se decidió “cambiar el proyecto a concreto hidráulico con base en estudios de aforo, generando ahorros a futuro” por un total de 24.5 millones de pesos.
Porque “se decidió ampliar de 8 a 10 carriles en razón del elevado aforo vehicular de hasta 90 mil vehículos al día (50.5 millones de pesos)”.
Porque “hubo la necesidad de construir y ampliar 10 pasos superiores vehiculares y cuatro pasos inferiores vehiculares, así como nueve pasos peatonales (143.3 millones de pesos)”.
Porque “se atendieron las demandas y necesidades realizadas por los vecinos de la obra como sustitución de alumbrado público, instalación de equipo vial y señalamiento, construcción de obra de drenaje, renivelación de muros de contención, entre otros”. Según Ruiz Esparza esto costó 532 millones de pesos.
El informe de los peritos contratados por la SCT, dado a conocer el pasado jueves 10, representó un duro cuestionamiento a estas obras complementarias, sobre todo en materia de muros de contención.
En las conclusiones, los peritos subrayaron que no se hizo la recolección de basura en los cauces antes de la época de lluvias, no hay un sistema de drenaje apropiado para las aguas negras, no se atendió “la falla de estabilidad del talud ocurrida en 2016” y sobre todo, “hubo una deficiente estructuración de los muros de contención, ya que debieron desplantarse en roca o diseñarse con elementos estructurales que permitieran alcanzar el terreno firme.
“Esta obstrucción se ubica a una distancia de 47 metros a partir de la entrada de la alcantarilla. El socavón se produjo en la frontera entre el cuerpo del terraplén antiguo y el nuevo de la carretera”, sentenciaron los peritos.
Finalmente, en el documento enviado el miércoles 16 al Senado, Ruiz Esparza no informa ni detalla cómo será la “auditoría integral” que realizará de todo el Paso Exprés la empresa KPMG para “identificar errores y la calidad” de la obra, según anunció él mismo el pasado 28 de julio. Tampoco precisa cuánto costará y por qué se eligió a esta empresa.
Según dijo Ruiz Esparza el 28 de julio, “el objetivo de la auditoría integral es determinar la posible existencia de fallas, errores u omisiones, así como las condiciones técnicas de calidad constructiva de la totalidad de la obra”.
