Señor director:
Es necesario que la opinión pública tenga conocimiento de los atropellos que sufren los trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Desde que Jaime Rochín del Rincón fue nombrado presidente de la CEAV, por conducto de los encargados de las áreas de Atención Inmediata y Asesoría Jurídica les ha solicitado la renuncia a choferes (a quienes tienen trabajando desde las cinco o seis de la mañana hasta las 12 de la noche o más tarde, con el riesgo que esto implica), trabajadores sociales, médicos, psicólogos y abogados; les piden que renuncien para no darles la liquidación a la que tienen derecho, argumentando que no hay dinero para ello. Si algunos de ellos se niegan, los acosan laboralmente, como es el caso de quien esto escribe y de otros asesores jurídicos federales y profesionistas o empleados administrativos: por no firmar la renuncia se les informó que debían presentarse a prestar sus servicios en Tepic, Tijuana, Monterrey, Mazatlán, etcétera… es decir, en las zonas más peligrosas del país o más alejadas de su residencia. Esto constituye un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos.
Curiosamente se ha pedido la renuncia a las personas de más edad y mayor experiencia en atención a víctimas, como es el caso de la firmante de esta carta, quien cuenta con diversos cursos de capacitación en resiliencia, atención a víctimas y atención en crisis.
¿Cómo pueden esas personas trabajar en la CEAV, si violan los derechos de los trabajadores?
Por otro lado, Fernando Elizondo, encargado de la Asesoría Jurídica Federal, no ha dado ningún apoyo a los trabajadores para que los liquiden conforme a derecho; alega que se trata de cuestiones administrativas en las cuales él no se mete. Es algo inaudito, por tratarse del director general adjunto en materia de Derechos Humanos y una de sus funciones es velar que éstos se respeten.
Más aún: no obstante saber de la necesidad de contratar más asesores jurídicos para la CEAV –pues los que hay son insuficientes–, está autorizando plazas a personal administrativo. Por ejemplo, a su secretaria le dio plaza de jefe de departamento, con lo que ella –sin tener estudios profesionales ni un perfil adecuado– gana más que un asesor jurídico.
Es inadmisible que una institución creada para defender los derechos humanos de las víctimas, pisotee y viole los de sus trabajadores. Es urgente que estas anomalías sean conocidas, divulgadas e investigadas.
Atentamente,
María Isabel Angulo Cuadros
