El caso judicial que implica al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como presuntos lavadores de dinero, sólo evidencia que, como Estado fallido, México permite que sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento por Estados Unidos, comenta a Proceso el investigador Edgardo Buscaglia, para quien lo importante no es investigar a las personas físicas, sino desmantelar la estructura financiera de las redes criminales que las utilizan.
Consultado sobre los presuntos vínculos del narcotraficante Raúl Flores Hernández, El Tío, con el futbolista Rafael Márquez Álvarez y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, Edgardo Buscaglia habla de la “tragedia mexicana”.
“Como Estado fallido, México da lugar a que sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento en otros países. Esta es una de las grandes tragedias mexicanas: la corrupción política de más alto nivel que va del presidente hacia abajo”, comenta el investigador de la Universidad de Columbia.
Y matiza: “Por eso, estas causas penales que involucran a funcionarios de diferentes niveles no sólo nunca reciben sentencia, sino que paralizan al sistema judicial mexicano”.
Explica que tanto Márquez como Álvarez Montelongo deben ser investigados penalmente en Estados Unidos para determinar si las inversiones que realizaron en el sistema bancario de ese país deben ser sancionadas; de lo contrario, ambos deben ser absueltos de los presuntos delitos que les imputa el Departamento del Tesoro.
Buscaglia explica a Proceso que la gente tiene la concepción de que se lava dinero sólo a través de la compraventa de jugadores, pero no, aclara. Esa es una de las muchas maneras de lavar dinero en el futbol. En la mayoría de los casos jugadores como Lionel Messi o Márquez pueden estar con asesores financieros, contadores, directivos que les manejan el dinero y desconocen los pormenores de las operaciones que se realizan. Es entonces cuando la delincuencia organizada capta a sus contadores, a sus asesores financieros.
Según el entrevistado, esta tipología delincuencial se encuentra en el reporte del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) –una institución intergubernamental creada en 1989 por el G8–, dado a conocer recientemente. No hay que centrarse en Márquez ni en Messi, dice Buscaglia, sino en la red que los rodea. Muchas veces los jugadores no están lavando dinero “a sabiendas”.
Las cinco investigaciones
El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México explica: “El que tu nombre aparezca en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no es una evidencia o prueba judicialmente evaluada. Lo que debe hacerse es abrir de manera paralela cinco investigaciones, algo que en México nunca se hace, por lo que nunca se desarman las enormes redes patrimoniales, como las que se le atribuyen al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Buscaglia enumera esas cinco investigaciones paralelas que, dice, en México “son ciencia ficción”: “la penal, la financiera, la patrimonial no financiera; en ésta, países con estructuras federales como México, Alemania y Estados Unidos, los Estados aportan la investigación, algo que no ocurre en México, a pesar de que ésta identifica tierras, bienes tangibles no financieros, fábricas, bienes que normalmente están asociados a la red criminal a nombre de empresarios.
“La cuarta investigación es la penal tributaria, la cual debería de ser llevada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria); la quinta es la investigación por extinción de dominio, una figura no penal. En México se invierte la carga de la prueba y el Estado pide que el acusado demuestre que adquirió los bienes de manera legal. Estas cinco investigaciones permiten desmantelar redes de narcotráfico –similares a la de los Flores– como lo hacen Brasil, Alemania y Colombia”.
Estas cinco investigaciones se deben de llevar con un fiscal como hace Italia, que involucra a 17 agencias federales y estatales. Pero en un país como México, eso no existe.
“Hay un vacío de Estado –explica– porque no lleva adelante estas investigaciones. Si las hiciera, el nombre y la reputación de gente como Márquez se probaría. Lamentablemente, al no iniciar esas cinco investigaciones, el Estado mexicano deja flotando la imputación del Departamento del Tesoro, lo que arruina la reputación de mucha gente.”
Así, Estados Unidos, deberá iniciar esas cinco investigaciones para demostrar si el futbolista y el cantante son culpables o no de los delitos que se les imputan.
México no está cumpliendo con más de 50% de los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas de Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra la Corrupción, así como las 40 recomendaciones sobre la prevención de lavado de dinero.
“Por eso –insiste– en México la delincuencia organizada sigue creciendo, porque es un paraíso para las redes criminales de cualquier tipo. Aquí, el costo que se paga es nulo o muy bajo.
“Lo más triste es que en todos estos casos de corrupción y de lavado de dinero en el futbol siempre hay políticos asociados. ¡Siempre!”
Urge desmantelar las redes
Buscaglia considera que lo más importante es desmantelar las redes que están ligadas a toda la estructura de inversiones en la industria del futbol como en Francia, donde, independientemente de que los jugadores sean o no culpables, había una estructura económica por debajo de ellos que había infiltrado la delincuencia organizada.
Por eso, más allá de la culpabilidad o no de Márquez, insiste el entrevistado, deben identificarse las redes criminales; detectar cómo se ha infiltrado el narcotráfico en la red patrimonial de Márquez –si es que se infiltró–; quiénes participaron, y cómo se asociaron, para poder investigar la red, no sólo a la persona física. Sin embargo, en México no se investiga y en el mejor de los casos sólo hay una investigación penal, no las cinco que permitan desmantelar toda la red.
Y añade: “Normalmente vas a encontrar que por más que se le impute el delito al cantante o al futbolista, siempre se encuentran personas en que se motiva responsabilidad en toda la red que está por debajo de ellos; ahí hay muchas inversiones, empresas y fundaciones que son propicias para lavado de dinero”.
Casos como el de Márquez, según lo describe el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se han visto en Francia, Portugal, Argentina y Brasil. Hay comunes denominadores en esos países. Márquez es muy compatible con la descripción con muchos casos de lavado donde sí se determinó la culpabilidad del jugador o sus asociados. Pero en México hay un gran déficit en esta materia.
Según Buscaglia, “el Estado mexicano no coopera como para ir recabando evidencia probatoria de diferentes países donde esos grupos delincuenciales operan. El fondo, muchos políticos involucrados con la delincuencia organizada están involucrados en fundaciones; son empresarios importantes que financian campañas electorales, por eso nunca se verá en México que una investigación avance. Esto forma parte del pacto político de impunidad”.
En el caso mexicano hay indicios de lavado. Esos grupos criminales “tienen una infraestructura infladísima en el futbol: residencias para jugadores o canchas de futbol que aparecen 10 veces arriba de su costo real. Todos estos tipos de corrupción privada y pública se mezclan con el narcotráfico y dan lugar a lavado de dinero.
“El reporte del GAFI da cuenta de que la industria del futbol, más allá de los jugadores, es una de las principales áreas o sectores económicos en donde se lava más dinero”, explica Buscaglia.
La gente considera que se lava dinero sólo a través de la compraventa de jugadores; pero no. Es sólo una de las muchas maneras de lavar dinero en el futbol. Sin embargo, en la mayoría de los casos los grandes jugadores como Messi o Márquez pueden estar con asesores financieros, contadores, directivos que les manejan el dinero sin que ellos estén al tanto.
“En México los funcionarios no son estúpidos. Simplemente son gente que forma parte de ese pacto político de impunidad donde jueces, fiscales y agentes del Ministerio Público están atrás de las redes delincuenciales; son ellos quienes paralizan al sistema judicial.
Mientras siga habiendo una clase política que llega al poder de manera corrupta, a través de mecanismos corruptos, e infiltrados por la delincuencia organizada, no puede esperarse que una clase política mafiosa apruebe reformas judiciales antimafia ni una reforma anticorrupción efectiva”, explica el entrevistado.
La carreta y el caballo
El Estado mexicano ha puesto la carreta adelante del caballo, contrario a lo sucedido en otros países.
Las medidas instrumentadas en los últimos 25 años en el ámbito internacional redujeron la delincuencia organizada en el futbol y otros sectores. Primero generaron una reforma electoral antimafia, asegurándose que la ley electoral haga muy difícil que la delincuencia organizada penetre el proceso electoral.
Las autoridades deben pedir a los partidos que elijan a sus candidatos mediante listas abiertas en las cuales haya un proceso electoral por votos populares para determinar al candidato ideal; un proceso abierto de voto popular al que se le apliquen tres auditorías paralelas a cada precandidatura –eso sólo existe hoy en Colombia y Alemania.
Mientras estos mecanismos no existan, la delincuencia organizada está penetrando el sistema político; es ahí donde los políticos y empresarios se juntan para meter dinero a través del futbol o de otras industrias.
–En el caso de Julión, ¿es igual? ¿Cómo se manejaría?
–En los países civilizados hay una presunción de inocencia. Lo que te digo es cómo investigar bien para determinar si Julión Álvarez es culpable o no. En Italia, la realización de las cinco investigaciones que te mencioné tarda unos seis meses y en menos de un año los implicados son sentenciados. Entonces, si es inocente, es una gran tragedia que México no lleve a cabo estas investigaciones para limpiar su nombre. Cuando te encuentras con una imputación como la del Departamento del Tesoro, que te involucra en esta red criminal porque has estado permitiendo que en tus empresas se lave dinero, no es una acusación judicial, pero es una acusación seria, pues congelan tus bienes, lo que causa un daño moral.
–Desde 2009 hay registros públicos de presuntos nexos de Flores Hernández con el narcotráfico, ¿debieron saberlo Márquez y Álvarez Montelongo?
–Sí, claro. Salvo que hayan firmado un poder en el que le dan facultad a una persona para que realice transacciones y operaciones comerciales y financieras a su nombre. De esta manera puedes argumentar que no sabías que tu dinero estaba siendo invertido así. Hay que ver cada circunstancia para determinar; no se puede acusar automáticamente sólo porque dinero tuyo está invertido en una empresa asociada al narcotráfico. Tiene que haber una investigación para determinar si hubo activismo y conocimiento de que su dinero estaba siendo vinculado con dinero sucio.
–¿Ellos serán enjuiciados en México o tendrán que esperar a la investigación de la Corte de Estados Unidos?
–Tendrán que ser investigados judicialmente para determinar si las inversiones que pasaron por el sistema bancario norteamericano están conectadas con el narcotráfico. Allí vamos a ver si son culpables o no, pero lamentablemente México, como Estado fallido, da lugar a que sus propios ciudadanos sea acusados con o sin fundamento. La corrupción mexicana es una gran tragedia, una corrupción política de más alto nivel que va del presidente del país hacia abajo.
En su libro Lavado de dinero y corrupción política, Buscaglia afirma que este nivel de complicidad tiene mecanismos y procedimientos que compran voluntades y permiten que 99% de los casos denunciados por lavado de dinero queden impunes.
Y remata: “Estas causas nunca reciben sentencia porque involucran a funcionarios de diferentes niveles y generan gran corrupción política. Frente a ello, el sistema judicial con oralidad o sin oralidad, con reforma judicial o sin ella, se paraliza.”
