El expediente criminal contra Raúl Flores Hernández –quien hoy está recluido en el penal del Altiplano y en Estados Unidos es considerado un narcotraficante “significativo”– lo abrieron las autoridades del país vecino hace un año, aseguran
a Proceso un funcionario mexicano y otro estadunidense. Y según las mismas fuentes, autoridades del gobierno de México estaban al tanto desde entonces. No así la Presidencia, lo cual explica que Enrique Peña Nieto se haya fotografiado en días
previos al escándalo con uno de los personajes implicados en el caso: el cantante Julión Álvarez.
WASHINGTON.- Desde mediados de 2016 el gobierno de Estados Unidos compartía con el de México el expediente criminal de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante y lavador de dinero. Y aunque el documento incluye los nombres del futbolista Rafael Márquez Álvarez y del cantante Julión Álvarez, en Los Pinos presuntamente no estaban enterados del caso.
–¿Sabía la Presidencia del caso criminal de Flores Hernández que involucra a Rafa Márquez y al cantante Julión Alvarez, con quien incluso el presidente Enrique Peña Nieto se tomó fotografías durante su gira por Chiapas? –pregunta el corresponsal a un alto funcionario del gobierno mexicano que pide omitir su nombre y el de la dependencia en la cual labora.
–La Presidencia, no; el presidente, no lo sé –responde vía telefónica.
El miércoles 9 la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacudió al mundo deportivo, al de la farándula y a la propia Presidencia de México, al ligar a Márquez y Álvarez a una red de lavado de dinero y prestanombres, presuntamente relacionada con las operaciones del tráfico de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bajo la ley estadunidense promulgada en 1999 y conocida como la Kingpin Act, la OFAC calificó a Flores Hernández como el narcotraficante “más significativo” y lo ubicó entre las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y otros narcotraficantes.
“Además de Flores y su organización… la OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo control de ésta, sus miembros y asociados de confianza”, indica el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.
El comunicado lo difundió primero la embajada de Estados Unidos en México, en español; media hora después lo hizo el Departamento del Tesoro en Washington.
Tres días antes de que Washington etiquetara al futbolista y al cantante de música norteña como “frentes y testaferros” de la organización criminal de los Flores, durante una visita a Chiapas, Peña Nieto y el gobernador de esa entidad, Manuel Velasco Coello, se tomaron una foto con el cantante de piezas vernáculas durante un paseo en lancha por el Cañón del Sumidero.
Minutos después de que la OFAC sacudiera a la sociedad mexicana con el caso del futbolista y el cantante, la Presidencia de México borró la fotografía que Peña Nieto había colocado en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook.
Intercambio de información
Un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenta al corresponsal –a condición de omitir su nombre, pues la investigación está en curso–: “Desde el año pasado compartíamos la información con el gobierno de México sobre la investigación a Flores Hernández y sus socios para lavar dinero y traficar drogas.
“Desde ese tiempo a la fecha, tenemos intercambio de información (de inteligencia) sobre los implicados con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la Republica de México.”
La falta de coordinación y tal vez una falla de comunicación entre Los Pinos, Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, la procuraduría e incluso un error para advertir a Peña Nieto del asunto de parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quizá sea la única explicación lógica al hecho de que el mandatario se tomara la fotografía con un personaje al que Estados Unidos asocia con Flores Hernández y con las dos organizaciones criminales más peligrosas de México.
El funcionario del Departamento de Justicia consultado acota que para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los del combate al crimen organizado y al narcotráfico, el caso se concentra en Flores Hernández y no en Márquez y Álvarez.
Proceso solicitó a la Secretaría de Hacienda corroborar las versiones del funcionario mexicano y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la bilateralidad de la investigación que se le sigue a Flores Hernández y a sus presuntos socios.
La dependencia respondió por escrito: “México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera. En apego al marco legal mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos”.
Legal y jurídicamente el gobierno de Trump no minimiza las acciones contra el futbolista, el cantante, 19 personas más y 42 empresas. El punto central del caso son las acusaciones criminales contra Flores Hernández, a quien el Departamento del Tesoro le imputa cargos criminales federales relacionados con el trasiego de drogas y el lavado de dinero.
En marzo pasado el gobierno de Trump acusó formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur del estado de California y ante la del Distrito de Columbia (capital estadunidense) a Flores Hernández de esos ilícitos a favor del Cártel de Sinaloa y del CJNG.
El pasado 20 de julio, gracias al intercambio de información de inteligencia con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades mexicanas capturaron a Flores Hernández en un operativo federal en el que no fue necesario hacer un solo disparo. Inmediatamente después de la captura, Estados Unidos solicito a México la extradición.
Morbo mediático
En los ámbitos futbolístico y farandulero mexicanos la atención de los medios y del público en general se concentró en Márquez y en Julio César Álvarez Montelongo –Julión– y no en Flores Hernández, la gran presa para la OFAC y la justicia estadunidense.
No se trata de un presunto lavador de dinero y narcotraficante de menor nivel. El gobierno estadunidense tenía por lo menos siete años tras la pista de Flores Hernández y su agrupación.
“Esta designación marca la mayor acción individual que la OFAC ha tomado bajo la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en México”, resalta el Departamento del Tesoro.
La DEA, el FBI, el Buró de Aduanas e Inmigración y la Patrulla Fronteriza, entre otras dependencias federales de Estados Unidos, catalogan a Flores Hernández como un criminal de altísima peligrosidad. El gobierno de Trump lo acusa de lavar dinero y ser socio de los líderes del Cártel de Sinaloa y del CJNG, organizaciones consideradas las más importantes en el trasiego de drogas de México a Estados Unidos y a otros países.
Del comunicado emitido por la OFAC el miércoles 9 se desprende que por lo menos la Secretaría de Hacienda de México y la PGR tenían el expediente. En el caso de Los Pinos es difícil afirmarlo:
“La PGR del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara (…) La acción de hoy es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la DEA, la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México.”
A Márquez, Álvarez Montelongo y a los otros 19 implicados por la OFAC, Estados Unidos no los acusa de delitos criminales y les aplicó sanciones financieras –sólo les confiscó bienes y les congeló cuentas bancarias en Estados Unidos y en territorios bajo su jurisdicción–; es decir, la medida del Departamento del Tesoro es administrativa, no judicial como en el caso de Flores Hernández.
Bajo el espectro de la Kingpin Act se codifica como delito criminal y civil la relación que tenga cualquier ciudadano, entidad o empresa de Estados Unidos con los designados bajo el marco de “narcotraficantes más significativos”.
La violación de la ley para casos empresariales y a nivel criminal implica sentencias de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de dólares. En caso de una falta de índole civil, la penalidad llega hasta 5 millones y 10 años en prisión.
Así, con la designación de OFAC, por ejemplo, si Márquez jugara un partido de futbol en Estados Unidos o Puerto Rico, los ciudadanos estadunidenses que asistieran al estadio, así como los dueños del inmueble, las televisoras y la liga de futbol que permitiera el encuentro y sus patrocinadores estarían sujetos a la aplicación de la Kingpin Act.
La cooperación bilateral Estados Unidos-México en la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, obliga al gobierno de Peña Nieto a dar seguimiento e investigar los “daños colaterales” en la designación de Flores Hernández; es decir a Márquez, Julión, otros 19 ciudadanos mexicanos y 42 empresas.
La lista de designación de la OFAC –desde que se promulgó la Kingpin Act– incluye a más de 2 mil ciudadanos mexicanos y es una auténtica maraña de investigaciones y procesos administrativos y judiciales.
Con frecuencia el Departamento del Tesoro difunde la lista de personas y empresas extranjeras que han sido libradas de la designación bajo la Kingpin Act, cuando las investigaciones revelan que eran inocentes o no estaban implicados con el personaje o entidad criminal a la que las autoridades estadunidenses los asociaron. Pero ese proceso tarda varios años; hasta 20, en casos extremos.
La designación financiera que hace Estados Unidos puede apelarse. Basta hablar a las oficinas de OFAC, apersonarse en sus oficinas o enviar escrito por medio de algún defensor legal en Washington o en cualquier embajada estadunidense.
El trámite para contrarrestar la designación implica la presentación de innumerables documentos ante el Departamento del Tesoro. Eso no es garantía de que se descongelen las cuentas bancarias de los afectados ni se anule la incautación de bienes, en caso de que esas acciones se hayan materializado.
Es prerrogativa del gobierno de Estados Unidos eliminar de inmediato o con el paso de los años las sanciones financieras. En el caso de Márquez y Álvarez Montelongo, es posible que se desahogue hasta que concluya el proceso judicial de Flores Hernández, si es extraditado, lo cual tomaría varios años; además, los presuntos implicados deben demostrar que son inocentes de los cargos que se les imputan.
