Mariano Rajoy, presidente del gobierno español y quien fue obligado a comparecer como testigo en un juicio por la corrupción imperante en su partido, el Popular, sólo dio respuestas evasivas. Nunca supo nada, ni como vicesecretario general ni como secretario general ni como presidente de ese instituto político, pues, dijo, no se ocupaba de las finanzas. El caso que se juzga, llamado trama Gürtel, indaga la masiva entrada de dinero ilícito a las arcas del PP al menos entre 1990 y 2009.
Madrid.- Las respuestas evasivas de Mariano Rajoy le permitieron solventar el trámite judicial, pero carga ya con el estigma de ser el primer presidente español en ejercicio obligado a comparecer como testigo en la primera de cinco piezas del proceso judicial Gürtel, el cual investiga alrededor de 20 años de financiamiento ilegal y corrupción en su instituto político, el Partido Popular (PP).
En las casi dos horas que duró el interrogatorio en el tribunal de la Audiencia Nacional, el miércoles 26, Rajoy no se movió de su línea argumental: Que él solo marcaba “las directrices políticas en el PP” y que no participó ni conoció del manejo de las finanzas del partido, por tanto no conoció la existencia de una “contabilidad B” en su partido.
Sin embargo, según su testimonio, tuvo conocimiento de un posible acto de corrupción cuando el antiguo tesorero del PP Álvaro Lapuerta, en una reunión a la que también asistió la lideresa madrileña de ese partido, Esperanza Aguirre, le anunció que la trama Gürtel (aún no tenía ese nombre) estaba realizando dos operaciones urbanísticas en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (motivo del juicio de la primera pieza de Gürtel), pero que él le pidió a Aguirre que atendiera el asunto y tomara “las decisiones justas y oportunas”.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa, organización progresista que en su calidad de acusadora popular fue la que pidió la comparecencia de Rajoy, dudó que éste desconociera la corrupción, cuando lleva 27 años ocupando casi todos los cargos de responsabilidad en la cúpula del PP.
Al respecto, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia y experto en temas de corrupción, dice en entrevista que “poco se podía esperar de la comparecencia del señor Rajoy y sus respuestas evasivas; a mí me parece, francamente, muy lamentable la comparecencia.
“Aunque como testigo estaba obligado a decir la verdad, se puede zafar diciendo que él se dedicaba a los asuntos de carácter político y delegaba los de orden económico; sin embargo, creo que el máximo dirigente de un partido debe tener la responsabilidad en todo lo actuado por el partido, con lo cual me parece un poco descarado (su argumento).”
–¿Usted cree que Rajoy debe tener alguna responsabilidad por haber tenido cargos de dirección del partido? –se le pregunta a González Vega el jueves 27, un día después de la comparecencia del presidente español.
–Claro. Ostentar el máximo cargo de un partido, alguna responsabilidad debe tener en el funcionamiento interno y no puede ayudar que ese argumento sirva para exonerarse de responsabilidad, pero esa es una cuestión que deberá valorar el tribunal.
En su testimonio, el mandatario dijo al tribunal: “Nunca he recibido ni repartido dinero negro” y también aseveró que desconocía la existencia de una contabilidad paralela, la llamada “contabilidad B” del PP.
Trama Gürtel
Tras su paso por la política de Galicia, su tierra natal, Rajoy ocupó entre 1990 y 2003 la Vicesecretaría General del PP nacional; fue secretario general entre 2003 y 2004 y desde entonces ocupa la presidencia del partido.
Durante los gobiernos de José María Aznar, 1996-2000 y 2000-2004 –cuando el PP puso en marcha ese esquema–, Rajoy ocupó los ministerios de Administraciones Públicas, Educación, Interior y Portavoz del gobierno. Dirigió varias campañas, como la de 2000 para la segunda legislatura de Aznar, en la que su partido obtuvo mayoría absoluta. Y desde diciembre de 2011 es presidente del gobierno de España.
Paralelamente, al menos entre 1990 y 2009, el PP se financió ilegalmente con la trama Gürtel, según la investigación de la Audiencia Nacional.
El cabecilla de la trama es el intermediario Francisco Correa, quien empezó vendiendo los boletos de avión al PP desde su compañía, Pasadena Travel, y escaló hasta organizar durante 14 años prácticamente todos los actos electorales del partido.
La época de oro de Correa tuvo lugar durante el mandato de Aznar en el PP y también en el gobierno nacional del político conservador. Su cercanía fue de tal nivel, que fungió como padrino en la boda de Ana, la hija del entonces presidente, con Alejandro Agag. El otro padrino fue el entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Correa pedía sobornos a empresarios constructores –entre otros a Juan Miguel Villar Mir, de OHL, según declaró el extesorero del PP, Luis Bárcenas– que eran canalizados a la contabilidad B del partido y a cambio recibían adjudicaciones de contratos de obra pública en los municipios gobernados por los populares. La “tarifa” era de 3% del total de la obra.
Según la otra causa del juicio, llamada los Papeles de Bárcenas, una parte del dinero negro iba al pago de sobresueldos trimestrales –que no eran declarados a Hacienda– para los máximos dirigentes. Las pesquisas sobre esos apuntes contables de Bárcenas, incautados por la Policía Nacional, se enfocan a los supuestos pagos a cinco antiguos secretarios generales, entre ellos Rodrigo Rato (exministro de Economía de Aznar y exdirector del FMI) y Mariano Rajoy, a quien supuestamente le entregaban el dinero dentro de una caja de puros, una de sus aficiones.
En este sentido hubo un cambio sustancial. En la comparecencia de Rajoy, con Bárcenas ausente, destacó el papel de la defensa de éste, que se dedicó a ayudar al presidente al obstaculizar hasta en cuatro ocasiones el interrogatorio de las acusaciones populares, aunque esa posición contrasta con los duros ataques que el extesorero lanzaba contra el presidente español cuando cayó en desgracia y tuvo que abandonar el partido para enfrentar las acusaciones.
Incluso, en una de sus primeras declaraciones en la sede judicial, Bárcenas aseguró que los pagos a la cúpula del partido, registrados en sus papeles, sí se produjeron y ha dicho que él siempre se limitaba a cumplir órdenes del secretario general, cargo que ocupaba Rajoy.
En la comparecencia se abordó otro elemento que obtuvo una respuesta evasiva del mandatario: los pagos que se hicieron con dinero negro, entre 2004 y 2009, para las reformas en la sede del PP, en la madrileña calle Génova 13, periodo en el que Rajoy ya ocupaba la presidencia del partido.
Puesta en escena
El magistrado Baltasar Garzón, juez de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ordenó el 6 de febrero de 2009 diversas detenciones de los principales cabecillas de la trama Gürtel, cuando la policía supo que Francisco Correa planeaba huir a Panamá.
Entonces se supo que la trama estaba ampliamente extendida, no sólo en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey (cuyos ilícitos son enjuiciados en esta primera pieza por la que declaró Rajoy), sino que llegaba a altos directivos en Valencia, Madrid, Castilla y León, el País Vasco y el PP nacional.
Luego del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado el 11 de febrero de 2009, cinco días después de las detenciones y para valorar la situación, Mariano Rajoy, rodeado de todos sus colaboradores, señaló que “ésta no es una trama del PP, es una trama contra el PP”.
Desde entonces Rajoy fue esquivando el caso, a grado tal que convocó a conferencias de prensa donde los reporteros no lo veían en persona, sino mediante un televisor de plasma, lo que se convirtió en un hecho muy criticado entre los medios de comunicación y la oposición.
Compareció en el Congreso de los Diputados en agosto de 2013 y sólo reconoció que se había equivocado al nombrar tesorero a Bárcenas, pero no aceptó más responsabilidad.
Fue el pasado 16 de abril cuando el tribunal de la Audiencia Nacional dispuso que Rajoy debía comparecer ante el tribunal en calidad de testigo. La votación no fue unánime; tuvo los dos votos a favor de los magistrados Ricardo de Prada y Julio de Diego, y el voto en contra del presidente Ángel Hurtado, juez conservador y afín al PP.
El tribunal precisó que Rajoy debía comparecer en persona porque no lo hacía en su función de presidente del gobierno, sino como un “ciudadano español”, de la época en la que fue vicesecretario general del PP.
Su partido, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado y el propio Ángel Hurtado se opusieron, alegando que su testimonio no aportaría elementos que robustecieran las pruebas del caso.
El gobierno y el PP argumentaron que debía hacerlo por videoconferencia, extremo que permite la ley a altos cargos de gobierno, además que el desplazamiento a la sede de la Audiencia Nacional en la comunidad madrileña de San Fernando de Henares representaba gastos del erario por la movilización y la seguridad del presidente.
Y aunque se desechó ese argumento, el tribunal otorgó una serie de consideraciones para “preservar la imagen institucional” de Rajoy, entre otras cosas que no apareciera su imagen televisada junto a las bancas de los acusados.
Se le colocó un pupitre al lado derecho de los tres magistrados y al lado izquierdo del lugar que ocupan los abogados de las distintas defensas. Se cuidó que el pupitre de Rajoy estuviera a la misma altura que el tribunal.
Se amplió el círculo de seguridad alrededor del edificio de la Audiencia Nacional y se le evitó el llamado “paseíllo” entre su coche y la entrada de la sede, donde estaban apostados fotógrafos y camarógrafos, para lo cual se permitió llegar con el auto oficial hasta un acceso reservado al estacionamiento de los magistrados. También se limitó la movilidad de los
periodistas.
González Vega considera que “toda esa puesta en escena perjudica la imagen de la justicia”, porque no existió un “trato de igualdad con otros ciudadanos, a pesar de que se precisó que el señor Rajoy fue convocado en su calidad de antiguo directivo del Partido Popular”.
Critica el argumento del gobierno y del PP de tratar como un asunto de “normalidad democrática” la comparecencia del presidente Rajoy, “cuando se coloca toda una escenografía para cuidar su imagen, cuando ponen toda una serie de obstáculos para que pueda ser objeto de cobertura informativa –entrar por un estacionamiento habilitado para los magistrados, que al presidente del gobierno se le sienta en un pupitre a la misma altura que el tribunal–, en fin, como una serie de privilegios que no están justificados”, dice.
Y añade: “Con ello no se da una imagen de colaborar con la justicia y de rendir cuentas ante la justicia, con respuestas evasivas; por eso, insisto, me parece muy lamentable la comparecencia”.
–Dicen que es normalidad democrática, pero las partes del proceso han denunciado ocho años de obstaculización por parte del PP a la acción de la justicia, ¿qué opinión tiene?
–Hay ataques brutales desde el partido del gobierno contra el tribunal y contra las instituciones que están tratando de depurar las responsabilidades. Creo que desde el partido en el gobierno no hay voluntad de luchar contra la corrupción, de atajarla, sino que se está tratando de buscar la impunidad con ese tipo de comportamientos.
Los cuatro jueces de instrucción que llevaron el caso (Garzón, Antonio Pedreira, Pablo Ruz y José de la Mata) sufrieron el acoso del PP, pero quizá los ataques más brutales los padeció Baltasar Garzón, quien abrió la causa y denunció la obstaculización que durante ocho años ha sufrido la investigación de Gürtel.
En su libro El fango. Cuarenta años de corrupción en España (Debate 2015), Garzón advierte que “el presidente del partido y líder de la oposición (Rajoy en ese momento) y todos los cuadros del partido decidieron atacar y presionar al juez que llevaba la investigación (en este caso yo), tanto personal como profesionalmente, por todas las vías posibles, sirviéndose de medios de comunicación próximos al PP”.
Dice que se le tildó de “juez socialista”, cuando desde el PP se habían aplaudido sus actuaciones contra el terrorismo.
“No hubo cuartel, hasta se nombró a Federico Trillo (exembajador de España en Londres) como coordinador de las acciones ‘anti-Garzón’ (…) Lo triste es que con los ataques se podía producir un daño irreparable con el argumento loco de que todo era una conspiración. Como se ha puesto de manifiesto posteriormente, las imputaciones no sólo estaban justificadas, sino que el caso iba más allá, hasta la presunta demostración del aprovechamiento del partido afectado”, escribió Garzón.
El PP pidió “recusar al juez” (impugnarlo) con el argumento de que tenía una “enemistad manifiesta contra el partido”, con la finalidad de traspasar la causa a tribunales “más manejables”, pero no lo lograron.
Sin embargo, Garzón fue apartado de su carrera judicial 11 años por el Tribunal Supremo, que lo acusó de un delito de prevaricación al ordenar grabar las conversaciones en prisión a los cabecillas del caso Gürtel, ante las sospechas de que desde ahí movían dinero sucio al extranjero. Contradictoriamente, las escuchas que sirvieron para remover a Garzón, después fueron utilizadas por otros jueces en la causa Gürtel.
Hasta ahora, el PP es el único partido europeo procesado judicialmente por dos causas: una como partícipe a título lucrativo por el dinero negro de la trama Gürtel, y también como “persona jurídica” por la destrucción, en 2013, de los discos duros de las computadoras de Bárcenas.
En julio de 2016 la magistrada Rosa Freire, del juzgado 32 de Madrid, emitió un auto judicial en el que concluye que la eliminación de estos dispositivos tuvo la clara intención del partido de impedir a la justicia acceder a los datos sobre la contabilidad B que Bárcenas manejaba en esas computadoras y se afectó la investigación de la Audiencia Nacional.
Además ordenó juzgar por encubrimiento y daños a la actual tesorera, Carmen Navarro; al abogado Alberto Durán, y al técnico en informática responsable de formatear hasta 35 veces los discos antes de rayarlos.
En este sentido, González Vega dice a Proceso que “la corrupción es una lacra y el segundo problema que más importa a los españoles, después del paro, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
“Es muy preocupante que puedan determinarse prácticas corruptas en el interior de las fuerzas políticas. Ello supondría la ruptura de las reglas del juego democrático, pues implica la ventaja ilegítima de contar con dinero irregular en unas elecciones y también supondría un saqueo a las instituciones públicas del dinero de toda la sociedad. Por otro lado, las actuaciones corruptas siempre provocan la erosión de las instituciones democráticas y su pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, lo cual resulta muy peligroso.”
Por eso, sostiene, “el financiamiento de los partidos políticos es la clave de estos elevados niveles de corrupción; estamos convencidos de que se requiere una nueva regulación en esta materia, pero hasta ahora hay una falta de voluntad política de acometer una reforma de esa envergadura”.
