Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como sus opositores intensificaron sus acciones de cara a este domingo 30, fecha programada para elegir a los miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. El primero quiere que las votaciones se realicen a toda costa; los opositores intentan impedirlo. El primero recurre a la intimidación contra los trabajadores del Estado y a la represión abierta contra desafectos y opositores; éstos, por su parte, arrecian sus jornadas de protesta: realizaron un paro cívico y una huelga general. Unos se juegan su permanencia en el poder; los otros sostienen que es el país lo que está en juego.
CARACAS.- El “día final” es este domingo 30, fecha en la que está programada la elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el gobierno de Nicolás Maduro y rechazada por sus opositores.
En los días previos a la elección, la situación en Venezuela mantuvo en vilo a la población y expectante a la comunidad internacional. Las protestas se intensificaron: la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que agrupa a los principales partidos de oposición, convocó a un segundo paro cívico nacional y la primera huelga general, con el apoyo de centrales de trabajadores, esta vez de 48 horas, del miércoles 26 al viernes 28. Tres personas fueron asesinadas en las primeras 24 horas de la huelga.
Escenas de guerra se observaron en las calles. Manifestantes, cada vez con menos miedo, participaron en las jornadas de protesta; el gobierno, por su parte, arreció la represión e intensificó los ataques militares a residencias y otros recintos civiles.
Cada bando lo vivió como la semana final, decisiva; como si se lo jugaran todo. Unos se juegan su permanencia en el poder; los otros sostienen que es el país lo que está en juego. Maduro radicaliza su campaña para llevar a cabo las elecciones de los miembros de la ANC y la oposición sigue una agenda política para impedirlas.
Hay un particular ensañamiento de los cuerpos represores contra la prensa nacional e internacional, con agresiones físicas, robos y detenciones, según reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
El jueves 20, durante el primer paro cívico, 19 reporteros fueron agredidos, registró el Instituto Prensa y Sociedad.
Testimonios de corresponsales extranjeros dan cuenta de la difícil situación del ejercicio periodístico en el país. El lunes 24 The New York Times dio a conocer que su enviado a Caracas, Nicholas Casey, fue vetado por el régimen de Maduro: le revocaron el permiso para trabajar como periodista en Venezuela luego de permanecer ocho meses en el país contando la crisis que aquí se vive.
También hay una escalada en la aplicación de justicia militar a civiles. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denuncia que cientos de civiles detenidos fueron presentados ante tribunales castrenses.
“Esta situación (…) es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advirtió la organización en un comunicado.
La Unión Europea y 13 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron suspender la Constituyente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció la certificación de la lista de 498 presos políticos del régimen presentada por Provea, organización no gubernamental venezolana para la defensa de los derechos humanos.
El pasado 1 de mayo Maduro anunció que impulsaría una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Para ese entonces se cumplía un mes de las protestas iniciadas en abril contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que quitaban competencias al Parlamento. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz –antes ficha del chavismo–, consideró que esas decisiones rompían el hilo constitucional.
Desde ese momento las protestas de la oposición se centraron en rechazar la ANC de Maduro, objetivo que se le sumó a los anteriores: restituir el orden constitucional, destituir a los magistrados del TSJ que lo violentaron, libertad de los presos políticos, elecciones generales y apertura de un canal humanitario para enfrentar la crisis venezolana.
Así han transcurrido más de 110 días de protestas fuertemente reprimidas por cuerpos militares y policiales leales al régimen de Maduro, con un saldo de más de cien manifestantes asesinados, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, según el OVCS, miles de detenciones al margen de la Ley y caos generalizado en todo el país.
Pese al rechazo en las calles y evidenciado en un plebiscito convocado por el Parlamento, que se celebró el domingo 16 y obtuvo más de 7 millones y medio de votos contra el régimen, Maduro se niega a retirar la convocatoria para la ANC. Mientras, la oposición se niega a dejar las calles y mantiene sus demandas iniciales.
Guerra cibernética
Los enfrentamientos que se libran en las calles venezolanas entre manifestantes y las fuerzas policiales y militares se trasladan a otros escenarios. En el campo virtual, la guerra es sin cuartel.
Personajes de la farándula denunciaron el uso ilegal que hace el oficialismo de su imagen o material protegido con copyright para promover la ANC. Uno de los casos fue el uso de la popular canción “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, cuya letra fue modificada y presentada en cadena nacional el domingo 23 por Maduro para apoyar su convocatoria. No tardaron los autores en rechazar el uso proselitista de su canción e increparon al gobierno venezolano por los asesinatos de manifestantes en las protestas.
Un par de días antes, Daniela Alvarado, Amada Gutiérrez, Norkys Batista y Kerly Ruiz, conocidas modelos y presentadoras venezolanas, denunciaron el uso ilegal de su imagen para impulsar la campaña por la Constituyente de Maduro. Este reclamo se hizo viral en redes sociales y se convirtió en trending topic en Twitter.
En esta batalla virtual surgen rumores y cuentas falsas que contribuyen a aumentar la tensión y la desinformación en un país fuertemente afectado por la censura gubernamental.
Una cuenta falsa del TSJ anunciaba el jueves 20 una supuesta sentencia a 30 meses de prisión para Ramón Muchacho, alcalde opositor del municipio Chacao, en Caracas, zona de protestas considerada bastión de la “resistencia”. Aunque se supo que era una cuenta ficticia, primero se viralizó el tuit, luego la cuenta fue eliminada, pero la imagen ya corría por grupos de WhatsApp y redes sociales, medios usados por los venezolanos para informarse ante la censura a los medios tradicionales.
Rumores sobre la supuesta suspensión de la ANC corrieron por las redes sociales, al punto que el vicepresidente del Parlamento y líder opositor, Freddy Guevara, tuvo que desmentirlo. “El rumor sobre suspensión de la ANC sólo busca que bajemos la guardia: mañana (jueves 27) que siga el paro y la huelga y viernes toma de Ccs (Caracas)!”, publicó en su cuenta de Twitter.
Directrices intimidantes
Además de la pugna en las redes sociales, el régimen de Maduro se vale de tácticas intimatorias para contar con la participación de empleados públicos y beneficiarios de los programas sociales del Estado. Con ese propósito envía cadenas por mensajería instantánea a los trabajadores, mensajes de voz a través de grupos de trabajo en WhatsApp y hasta llamadas telefónicas para recordarles lo que les podría pasar de no acudir este domingo a la votación de la ANC.
Por ejemplo, los trabajadores de la Superintendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) recibieron mensajes de texto y vía WhatsApp con instrucciones de sus superiores sobre cómo los mandos medios deben organizar y supervisar a su personal para que asista a votar este domingo 30.
“Estamos de la mano con las líneas para la Victoria de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual siguiendo instrucciones del Superintendente el Comité Central Constituyente SUNDDE informa: 1) Todos los trabajadores deben enviar un mensaje al 2406 con la cédula. Si no tienen posibilidades lo hace el Coordinador o Director. Allí recibe la información del centro de votación y del Sector político”, se lee en el extenso mensaje que recibió una trabajadora cuya identidad prefiere mantener en resguardo por temor a represalias.
El texto da instrucciones para descargar una aplicación en los celulares de los trabajadores. El objetivo: llevar el control del personal. “2) Los Directores Generales, de línea y Coordinadores Regionales, deben descargar la aplicación: https://veqr.org/apk. 3) Censar al personal que tiene Carnet de la Patria. Los que no tienen, deben ir al operativo informado por el Presidente”.
El operativo se refiere al cierre de campaña realizado el jueves 27 en Caracas, mientras que el Carnet de la Patria es un sistema de identificación creado por Maduro, cuya aplicación no está del todo clara, pero que contiene información mediante una plataforma digital con tecnología de código QR. Este sistema está a la disposición del partido de gobierno para controlar quiénes acuden a votar y quiénes no.
El mensaje de texto continúa: “4) El 30 de Julio la movilización debe ser plena. 5) Todos vamos a llevar nuestro Carnet de la Patria además de la cédula de identidad el día de la votación. 6) Agrupar por circunscripción o circuito electoral al personal de trabajadoras y trabajadores según la información recibida del mensaje al 2406. Enviar este listado hoy jueves a los correos: tfigueira@sundde.gob.ve nhuerta@sundde.gob.ve. Con copia a: ycabrera@sundde.gob.ve”.
Las direcciones de e-mail citadas corresponden a Tamara Figueira, directora general de Despacho; Nacary Huerta, directora general de Comunicaciones; y Yujhra Cabrera, intendente de Fiscalización.
De hecho, funcionarios de alto nivel amenazan a ciudadanos y trabajadores públicos con quitarles beneficios o, incluso, despedirlos.
“Quien no vaya a votar (el domingo 30 de julio), téngalo por seguro camarada que el día 31 está botado (despedido), tenga el carnet de la patria o no lo tenga”, dice un funcionario a trabajadores petroleros de la estatal Pdvsa, en un video que se hizo viral el 22 de julio.
Las autoridades gubernamentales también envían a los trabajadores instrucciones para registrarse en listas de asistencia, consultarse en bases de datos e indicaciones para lo que llaman “1×10” que consiste en que cada uno lleve a 10 personas más a votar, entre otras directrices.
De hecho, esta obligación ya la hacía el jueves 6 el propio Maduro cuando instó a los organismos del Estado a supervisar la participación de todos los trabajadores. “Tomen la nómina de todas las instituciones y empresas del Estado para configurar un Comité constituyente por empresa y llamar a todos los trabajadores para organizar la forma en que van a ir a votar el 30 de julio”, así lo expresó durante un acto en el sur del país.
Constituyente inconstitucional
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro, ha sido catalogada de inconstitucional por no cumplir lo establecido en la Carta Magna venezolana.
Según el artículo 347 de la Constitución, sólo en el pueblo reside el poder constituyente originario. “En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, reza el texto constitucional vigente. Por ello, es indispensable hacer un referendo consultivo para que el pueblo decida si aprueba o no la convocatoria a una ANC, tal y como lo hizo Hugo Chávez en 1999.
De acuerdo con la Constitución actual, la iniciativa de la convocatoria para una ANC la pueden tomar el presidente de la República, las dos terceras partes del Parlamento o los consejos municipales, o 15% de los electores inscritos en el registro. Cualquiera de estas instancias puede iniciar el proceso, pero sólo el pueblo puede convocar a una ANC.
Para evadir este paso, que es obligatorio, Maduro la denominó como una constituyente “ciudadana” o “comunal”. Sin embargo, esta figura no existe ni en la Carta Magna vigente, creada por Chávez, ni en la Ley Orgánica del Poder Popular. El mandatario justifica su acción en la elección de los delegados convocada para el domingo 30, pero tales comicios sólo serían legales si antes se realizara un consultivo y la mayoría aprobara la convocatoria a la ANC.
Pero quizás lo más grave es lo que viene después. Según lo propuesto por Maduro, la Asamblea Constituyente concentraría todas las funciones del Estado y de todos los Poderes Públicos.
Esta facultad parte de una interpretación del artículo 349 de la Constitución vigente, que los analistas consideran fraudulenta: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. El conflicto radica en que este artículo se refiere a una ANC convocada legítima y legalmente, pero en este caso, Maduro se ha saltado un paso fundamental.
Otro de los aspectos que deslegitiman el proceso solicitado por Maduro, es el fin de la ANC. De acuerdo con el artículo 347, una ANC se convoca para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, pero tanto el presidente venezolano como sus voceros han indicado que no redactarán una nueva Constitución, sino que van a “adicionar los programas y conquistas sociales”, así lo refirió Hermán Escarrá, abogado constitucionalista, uno de los propulsores de la solicitud de Maduro y candidato oficialista a conformar la ANC.
Esta “adición” constituirá una modificación cuyo mecanismo está establecido en la Carta Magna vigente, mediante reforma o enmienda.
Por su parte, las bases comiciales presentadas por Maduro ante el Consejo Nacional Electoral excluyen a ciertos sectores considerados de oposición y eliminan el voto universal, directo y secreto, lo cual es claramente inconstitucional, al otorgarle mayor representación a ciertos sectores y regiones consideradas afines a Maduro, en detrimento de otras.
Y es que los integrantes de la ANC pueden ser elegidos en el ámbito territorial y sectorial, pero existe ambigüedad en ello: un elector podría votar en ambas categorías, lo que violaría el principio de “un elector un voto”. Además, la universalidad del voto no está garantizada pues los ciudadanos habilitados para sufragar tanto en sectores como en territorios tendrán ventaja para votar sobre aquellos que sólo están habilitados en una de las categorías.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente del Parlamento explicó que la oposición rechaza y no se suma a la convocatoria pese a que son mayoría, porque no legitimarán un proceso ilegal.
