Con base en un dato parcial, el número de afiliados al Seguro Social, el presidente Enrique Peña Nieto frenó momentáneamente la caída de sus índices de aprobación. Sin embargo, sus cifras y su discurso propagandístico no resisten un análisis serio ni representan una súbita recuperación económica.
En el mundo fantástico en que parece vivir el presidente Enrique Peña Nieto no hay boquetes mortales en carreteras, producto de la corrupción. Tampoco desaseos electorales que frustren aspiraciones ciudadanas y pongan en entredicho la credibilidad de las instituciones electorales.
En ese mundo mágico tampoco hay una justicia blandengue que no acierta a poner en su lugar a exgobernadores expoliadores del fisco, impunes, cómplices de delincuentes y corruptos sin límite.
Por el contrario, en el mundo feliz de Enrique Peña Nieto y su corte, todo marcha sobre ruedas y es él mismo quien enfáticamente, y a cada rato, se encarga de dar siempre la “buenas nuevas”.
Meses lleva ya diciendo, festejando, la gran creación de empleos. Hace dos semanas aseguró que la suya ha sido “la presidencia del empleo”, pues en lo que lleva de su administración se han creado “2.8 millones de empleos formales nuevos”, hecho que –dice– no se ha registrado en ningún otro sexenio en la historia del país, mucho menos en el anterior, en el que, por el contrario, se registró una pérdida neta en el área.
Según su discurso, la economía mexicana está más fuerte que nunca; no ha dejado de crecer –a finales de mayo el INEGI informó que en el primer trimestre de este año la economía creció 2.8% respecto de igual trimestre del año previo– y nunca ha perdido atractivo para la inversión extranjera.
Pero lo que más beneplácito causó en el gobierno federal, y regocijo franco en la Secretaría de Hacienda, fue el dato de que la calificadora internacional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mejoró la perspectiva de las calificaciones para la economía mexicana.
En agosto del año pasado S&P causó un gran revuelo en el medio financiero nacional –y sus consecuencias: volatilidad del tipo de cambio, depreciación del peso, fuerte salida de inversiones de cartera, incertidumbre, desazón de las autoridades– porque decidió cambiar de “estable” a “negativa” la perspectiva de la calificación crediticia internacional de México, debido a las altas probabilidades de que siguiera aumentando desproporcionadamente la deuda gubernamental, a tal grado que el nivel de la deuda o la carga de los intereses significaran un incremento en la vulnerabilidad de las finanzas públicas.
Y bajar la perspectiva de estable a negativa significaría que en menos de 24 meses la calificadora bajaría las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, de “BBB+” y “A-2” respectivamente, que significan una capacidad adecuada para cumplir con los pagos de la deuda, aunque con condiciones económicas adversas.
Sin embargo, no se cumplía un año siquiera de ese plazo y S&P rectificó: la semana pasada, el martes 18, no sólo mantuvo las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, en “BBB+” y “A-2”, sino que volvió a poner en “estable”, desde “negativa”, la perspectiva de dichas calificaciones.
La razón: se redujeron los riesgos en materia de deuda y de pasivos contingentes para los próximos 24 meses. Además, consideró S&P, las autoridades reaccionaron pronta y eficazmente ante los recientes choques negativos como los del tipo de cambio. También, la perspectiva estable “refleja la mejora del balance fiscal de México”, dijo la calificadora el martes 18.
Quizá por la persistencia de ese discurso triunfalista, que se repite en radio, televisión y en cuanto medio se pueda, es que Peña Nieto, contra todos los negativos que carga –la corrupción en primerísimo lugar–, ha logrado subir un poco en las encuestas de popularidad.
De acuerdo con encuestas del diario Reforma publicadas el jueves 21, la víspera de su cuarto informe de gobierno, en agosto pasado, sólo 23% de los ciudadanos aprobó la forma en que Peña Nieto estaba haciendo su trabajo. Un 74% lo reprobó.
En enero de este año, el mes del brutal gasolinazo que enojó a toda la población, cayó a un histórico 12% de aprobación ciudadana, sin precedente en la historia reciente del país, con un rechazo de 86%.
Pero para este mes de julio, quizá por la fuerte y triunfalista metralla discursiva, Peña Nieto repuntó a un 20% de aprobación ciudadana… aunque no cedió mucho la desaprobación, que alcanzó 78%. Un logro pírrico que no alcanza a ocultar la retórica tramposa, que abusa de las verdades a medias, magnifica logros y minimiza problemas.
Es cierto que se han generado más empleos formales, pero no todos son nuevos ni de mayor calidad ni están mejor remunerados. Los datos del IMSS señalan que muchos de los empleos que el presidente dice que son nuevos, en realidad ya existían, pero por los incentivos expresos a empresarios pequeños y a todos aquellos que tributaban en el antiguo régimen fiscal de pequeños contribuyentes y que hoy están en el Régimen de Incorporación Fiscal, por supuesto que hay más empleos formales.
Que haya más empleos no quiere decir que está en jauja el mercado laboral mexicano. Los datos oficiales (Inegi, Coneval) son contundentes: ha crecido el porcentaje y el número de personas que ganan muy poco y se ha reducido el de quienes ganan más.
El problema del discurso presidencial es que, para maximizar un logro, sólo toma una parte de la realidad: los trabajadores asegurados en el IMSS son sólo una porción de un universo mucho más grande. Por ejemplo, en junio de 2011, el quinto año de gobierno de Felipe Calderón, había 15.1 millones de trabajadores asegurados en el IMSS, que era apenas 31% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 33% de la Población Ocupada.
En junio del quinto año de gobierno de Peña Nieto, el número de asegurados en el IMSS fue de 19 millones 134 mil 58 personas, que significaban 36% de la PEA y 37% de la Población Ocupada.
Es un avance, ciertamente, pero no disminuye sustancialmente la tasa de informalidad laboral: 59.2% (de la población ocupada) en el primer trimestre 2011 contra el 57.2% en el mismo lapso de 2017.
Para hacer más visible el subempleo, es decir, la situación de millones de personas que tienen un trabajo pero que les resulta insuficiente y quisieran trabajar y obtener más ingresos, el Inegi usa lo que llama Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación.
La define como el “porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo (menos de 2 mil 401.2 pesos) y la que labora más de 48 horas semanales y que ganan hasta dos salarios mínimos (4 mil 802.4 pesos) al mes”.
En esa condición se hallaba, al primer trimestre de este año, el 14.4% de la población ocupada, es decir, 7.5 millones de personas. En el primer trimestre del quinto año de gobierno de Calderón esa Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación era de 12% y significaba 5.5 millones de personas. El salario mínimo entonces era de 58.06 pesos diarios, mil 741.8 pesos al mes
Queda a deber, pues, Peña Nieto.
Banxico, el salvavidas
En términos de calidad, los trabajos en este sexenio no son mejores que los de la administración pasada, por más que ésta padeció la gran recesión de 2008-2009 que hizo desplomarse en más de 4% a la economía del país.
Para comparar, con datos del INEGI, se puede decir que, en el primer trimestre del quinto año de gobierno de Felipe Calderón, de una población ocupada de 46 millones 5 mil 815 personas, unos 29.6 millones de trabajadores (el 64.4%) no contaban con acceso a ninguna institución de salud pública.
En el primer trimestre del quinto año de gobierno de Peña Nieto, tenían trabajo 51.9 millones de personas, de ellas 32.4 millones (62.4%) estaban igual: sin acceso a servicios de salud en instituciones públicas.
Por otra parte, es cierto que la economía presenta menos sobresaltos, pero no por gracia de las autoridades hacendarias, ni por un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas por parte de aquéllas, sino porque la suerte ha acompañado tanto a Luis Videgaray como a José Antonio Meade, que han recibido sumas generosas e históricas del Banco de México por concepto de su remanente de operación.
En abril de 2016, el Banco de México enteró a la Tesorería de la Federación 239 mil 94 millones de pesos, producto de su remanente de operación, que resultó abultado, como nunca, por la masiva venta de dólares que el banco central hizo en 2015 ante la extraordinaria demanda que hubo en el año.
Para ordenar el mercado y abatir un tipo de cambio tan alto que no se correspondía con los fundamentales de la economía, el banco vendió enormes cantidades de dólares a precio alto y, por tanto, recibió millonadas de pesos que luego, apartados los montos para sus gastos de operación y proteger sus reservas contables, debió por ley entregar al gobierno federal.
Feliz se le vio a Luis Videgaray, entonces todavía secretario de Hacienda, pues por ley 70% de ese dinero tendría que dedicarse a reducir la deuda pública… que él ya la había aumentado en casi 10 puntos porcentuales del PIB de como la recibió de la administración anterior.
Igual pasó con José Antonio Meade, el sucesor de Videgaray. Después del gasolinazo de enero de este año, Meade vivió una de las peores épocas de su larga trayectoria en la administración pública. Nunca dimensionó la reacción de la gente ante el aumento brutal en los precios de las gasolinas y el diesel.
Caminaba cabizbajo, como arrastrando la cobija –el reportero estuvo con él en los primeros días de enero– y no lo calentaba ni el sol. Las consecuencias del gasolinazo habían sido devastadoras, no sólo por el repudio popular, sino porque desató una inflación que en junio llegó a 6.31% –apenas menor al 6.53% de diciembre de 2008, en plena crisis financiera internacional– y que, según especialistas, todavía no llega a su punto máximo para empezar a declinar y converger hacia la meta tradicional de Banxico de 3% más una variabilidad más o menos de un punto porcentual.
Pero Meade recuperó la sonrisa y los ánimos cuando se enteró de que el remanente de operación del Banco de México por el ejercicio de 2016 sería mucho mayor al que recibió Videgaray. Banxico enteró a la Tesorería de la Federación 321 mil 653 millones de pesos en marzo pasado. Una cifra como caída del cielo que pondría feliz a cualquier secretario o ministro de finanzas del mundo.
Y otra vez, como dicta la ley, 70% de esos recursos se tienen que ocupar para aligerar la carga de la deuda. Por eso, hoy el secretario de Hacienda y en general el gobierno federal, henchidos de gusto y haciendo caravana con sombrero ajeno (el de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México), celebran la “buena conducción” de las finanzas públicas, la “responsabilidad” en el manejo de la deuda pública –que Videgaray dejó arribita del 50% del PIB– y los “esfuerzos” en la consolidación fiscal comprometida con instancias internacionales. Por eso la medallita de S&P.
Pero a pesar del generoso remanente del Banco de México –casi 661 mil millones de pesos en los dos últimos años–, Meade está cometiendo el mismo error que en 2012, cuando de repente fue nombrado secretario de Hacienda por el entonces presidente Calderón, cuando ya el paquete económico para ese año había sido entregado al Congreso.
Esta vez él lo entregó, pero recibió el nombramiento cuando el paquete económico ya estaba impreso y no tuvo injerencia en su confección. El error fue que, por razones políticas, decidió aplicar el más escandaloso subsidio a las gasolinas, superior a los 240 mil millones de pesos, en 2012, año de elecciones presidenciales.
Igual lo está haciendo hoy. Está subsidiando las gasolinas –no tanto en beneficio de los consumidores como de los empresarios, los importadores y los expendedores, sean nacionales o extranjeros– por vía de rebajas en el Impuesto Especial a la Producción y los Servicios, el IEPS.
La semana pasada, un punto de acuerdo de diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso obligó a la Secretaría de Hacienda a entregarles un informe sobre el precio de las gasolinas en lo que va del año y los temas adyacentes, como impuestos, costos, transporte y demás.
En síntesis, Hacienda reconoce que recaudará este año mucho menos ingresos por concepto de IEPS porque ha tenido que estar bajando ese impuesto a los empresarios como fórmula para “suavizar los cambios en el precio público” de los combustibles.
La información que entregó Hacienda a la Permanente señala que el año pasado recaudó un promedio de 20 mil 90 millones de pesos al mes por concepto de IEPS, con lo que alcanzó en el año una recaudación total de 250 mil 900 millones de pesos.
Este año, en cambio, la recaudación mensual por IEPS ha sido de 6 mil 350 millones de pesos en promedio: 14 mil 550 pesos menos que el promedio mensual del año pasado.
El problema es qué va a hacer Meade el próximo año, porque todo indica que no habrá ningún remanente de operación generoso del Banco de México –a menos de que se complique la renegociación del TLCAN o suceda algo extraordinario en los mercados internacionales que dispare el valor del dólar–; la economía sigue creciendo, sí, pero al ritmo más mediocre de las últimas décadas.
Por lo menos el recorte al gasto público ya está anunciado. Habrá que ver si se anima el gobierno en año electoral. O se regresa al expediente de más deuda pública. Total, ya se van. Será problema de los que vengan. Es su lógica.
