Los tres gobernadores priistas de los que el presidente Enrique Peña Nieto se sentía orgulloso en 2012: César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, dejaron sus estados hundidos en la crisis financiera y la inseguridad. Además de enfrentar actualmente procesos legales por corrupción, los tres –al igual que el gobernador electo mexiquense Alfredo del Mazo Maza– son investigados por desviar miles de millones de pesos del erario al PRI en campañas electorales.
Los tres exgobernadores caracterizados en 2012 como representantes de la “nueva generación del PRI” por el presidente Enrique Peña Nieto –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge– son investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presunto desvío de recursos públicos a las campañas del tricolor de 79 millones, mil 300 millones y 201 millones de pesos, respectivamente.
No sólo ellos están en la lista de investigaciones de la fiscalía encabezada por Santiago Nieto Castillo. Desde el pasado martes 11 la FEPADE abrió una carpeta para seguir la pista de al menos mil 600 millones de pesos que fueron desviados del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) a la campaña de Alfredo del Mazo, según confirmaron fuentes de la fiscalía a Proceso.
Este caso involucra a la empresa constructora OHL y al Ejecutivo federal, que el 14 de diciembre de 2014 firmó un “convenio de transacción” con el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, para pagar 3 mil 566 millones de pesos como “indemnización” por el monto original de 50 millones de pesos que aportó la administración mexiquense en 1992 para cubrir el costo de liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería.
Ese monto de 3 mil 566 millones fue determinado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuyo director general era entonces Alfredo del Mazo Maza, después candidato priista a la gubernatura en 2017. El gobierno federal transfirió mil 500 millones meses antes de la elección de 2015 y mil 600 millones meses antes de la elección a gobernador a través del SAASCAEM, sin dejar rastro del ingreso ni del egreso correspondiente.
El pasado 11 de julio, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la denuncia presentada por la organización Ahora, encabezada por el exombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, sobre presunto financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo, con el PRI y la empresa OHL coludidos.
Sin embargo, el INE dio vista a la FEPADE, a la Auditoría Superior de la Federación y a las contralorías internas de Banobras y el Estado de México. La FEPADE ha iniciado su investigación, pero se encuentra atorada por la falta de información que debe proporcionar Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Borge: desvío de 201 millones
El otro caso de investigación por peculado electoral es contra el exmandatario de Quintana Roo Roberto Borge, el dirigente estatal priista Raymundo King y el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2016 para destinarlos a la campaña del aspirante tricolor Mauricio Góngora.
El pasado 4 de julio la FEPADE recibió la respuesta del actual secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, al expediente AYD-FEPADE-1778/2017, en el que se solicitó lo siguiente:
“1.- Si de acuerdo al ejercicio de recursos de la dependencia a su cargo, durante el ejercicio fiscal 2016 se ha detectado operación irregular alguna, relacionada con el desvío de recursos públicos, específicamente por el monto de 201 millones de pesos.
“2.- De ser afirmativa la respuesta anterior, señalar la o las personas que posiblemente pudieron haber intervenido en la operación irregular especificada.
“3.- Asimismo, mencione si con relación a lo especificado en los numerales anteriores, se ha dado vista o denunciado ante dependencia alguna de la administración pública local o federal, especificando la fecha de vista o denuncia y la autoridad ante la cual se ha actuado.”
El actual titular de Sefiplan en el gobierno de Carlos Joaquín respondió que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde mediados de junio pasado, Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía, afirmó que estos más de 200 millones de pesos debieron utilizarse para realizar una obra pública, pero en realidad se desviaron a la campaña del aspirante priista a gobernador.
El exmandatario de Quintana Roo se encuentra detenido en el penal de Panamá, acusado de la venta ilegal de terrenos propiedad de la entidad, a precios por debajo de su costo real, a una red de excolaboradores y familiares.
Borge también es señalado por despojo de casas, edificios, departamentos de lujos, terrenos y otras propiedades en contra de empresarios hoteleros y particulares, a través de juicios laborales falsos o amañados con las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. Esta táctica involucra a una extensa red de funcionarios que incluyen al exsecretario del Trabajo Patricio de la Peña, al subsecretario de Trabajo en la zona norte Enrique de la Cruz Pineda, al exdirector del Registro Público de la Propiedad Carlos Lima, recién nombrado magistrado por el Congreso local, y a una serie de “falsos compradores” entre los que destacan funcionarios municipales y políticos del PRI y del PVEM.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad calcula que el daño ocasionado por este tipo de “piratería” institucional asciende a 340 millones de pesos, como mínimo. A esto se agregaría el juicio por presunto peculado electoral que investiga la FEPADE.
César Duarte: 79 millones al PRI
El expediente más sólido que presentó la FEPADE ante el Poder Judicial es en contra de otro exgobernador priista, César Duarte, prófugo y con una emisión de ficha roja de localización de la Interpol por peculado electoral y desvío de recursos provenientes de aportaciones de trabajadores, según informó el propio Santiago Nieto.
Desde el 23 de junio Duarte está prófugo por delitos electorales. En esa fecha el exmandatario de Chihuahua no se presentó a declarar por la acusación de desvío de entre 1 millón 200 mil pesos y 1 millón 400 mil pesos mensuales de la burocracia estatal al PRI.
La FEPADE acreditó ante el juez que, al menos durante 2015, se desviaron 15 millones de pesos mediante el sistema de descuento de nómina de la Secretaría de Hacienda al PRI. Al ampliar la denuncia a los años 2011, 2012, 2014 y 2016, la FEPADE calculó que el desvío asciende a 79 millones de pesos.
Los otros involucrados en esta red de presunto peculado electoral son Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda; Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas del PRI estatal; Jesús Olivas Arzate, exdirector general de Egresos del gobierno estatal, y Miguel Ángel Mexquic, jefe de Programación y Control de Pagos de la administración duartista.
Todos ellos forman parte de esta red de desvío de retenciones a 700 burócratas del gobierno estatal, a quienes cada día 20 les descontaban entre 5 y 10% de su bono de compensación para desviarlo hacia el PRI, según explicó el titular de la FEPADE, Santiago Nieto.
Desde el 27 de junio añadió que esa fiscalía tenía 12 cheques y 87 pruebas, incluyendo los testimonios de 49 de los trabajadores coaccionados.
Otra línea de investigación de la FEPADE la conforman pruebas documentales de irregularidades cometidas a través de la Junta Central de Aguas y otros órganos desconcentrados. Mediante estas dependencias la administración de César Duarte habría desviado al menos 400 millones de pesos.
El peculado electoral en la administración de César Duarte se realizó a través de retenciones de nóminas de la Secretaría de Hacienda local. Esta dependencia emitía un cheque a su nombre, se depositaba a una empresa particular y ésta, a su vez, entregaba el dinero en efectivo al secretario de Finanzas del PRI de Chihuahua, según consta en la investigación de la FEPADE.
Javier Duarte y sus cajas de huevo
Capturado desde el pasado 15 de abril en Guatemala, el exgobernador veracruzano Javier Duarte será extraditado la próxima semana por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero también existen indicios y acusaciones sobre peculado electoral.
El 15 de junio pasado, el titular de la FEPADE también afirmó que iniciaron una investigación sobre la operación para desviar al menos mil 300 millones de pesos del erario a la campaña del candidato priista Héctor Yunes Landa en 2016.
Tras la divulgación de un audio, el exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, confirmó en una carta publicada en el periódico Reforma que sí era su voz la que se escucha cuando afirma cómo entregar mil 300 millones de pesos a la campaña de Yunes Landa.
Peritos cotejaron la firma que aparece en la carta para corroborar que es la del poderoso exjefe de la policía veracruzana, quien está preso y sujeto a proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
El senador priista Héctor Yunes negó haber recibido esa cantidad durante su campaña y acusó al actual mandatario estatal Miguel Ángel Yunes de estar detrás de la filtración del audio y de presionar a Bermúdez Zurita.
En otro audio, filtrado el pasado domingo 9, se escucha una presunta conversación entre Javier Duarte y su extesorero Tarek Abdalá. En este audio se escucha al exmandatario reclamarle a Abadalá que no le habían llegado al PRI las “cajas de huevo” y mencionó la cantidad de mil millones de pesos.
Ninguna autoridad ni alguno de los implicados ha acreditado la veracidad de este audio, pero se conoció días después que el propio Abdalá sostuvo un encuentro con el procurador general Raúl Cervantes Andrade. El extesorero de Duarte le reclamó una audiencia a Cervantes para que el escándalo “no salpique aceite cuando se le avientan ajos”.
Cervantes Andrade habría comunicado a Los Pinos el reclamo de Abdalá, de acuerdo con una nota informativa a la cual tuvo acceso este semanario. El extesorero de Duarte y diputado federal del PRI le habría dicho al procurador que “muchas cosas no se han comentado” sobre el caso del exmandatario detenido la noche del 15 de abril en Guatemala.
OHL y la elección mexiquense
La organización ciudadana Ahora denunció desde mayo pasado a la empresa OHL México por defraudar a la Bolsa Mexicana de Valores, por destinar dinero a las campañas electorales priistas en el Estado de México y por encabezar un “ciclo de corrupción” que asciende a 90 mil millones de pesos desde 2002 a la fecha.
Ahora también involucró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, que fue desechada el pasado 11 de julio por “no encontrar elementos” del presunto ilícito, según afirmó el consejero Ciro Murayama, que encabeza la Comisión de Fiscalización.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, salió a defender a OHL y afirmó que la compañía –acusada también en España de pagar sobornos y de estar involucrada en tráfico de influencias así como otros ilícitos vinculados al gobernante Partido Popular– “externó públicamente que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México ni a ninguna de sus subsidiarias”.
OHL emitió un duro comunicado amenazando a la agrupación Ahora, encabezada por Emilio Álvarez Icaza, de irse a tribunales para defender su posición y le exigió al organismo ciudadano “prudencia y responsabilidad” en sus denuncias. OHL México señaló que “se pretende relacionar a OHL México con una estructura de financiamiento de campañas políticas, lo cual es completamente falso”.
Ante el “carpetazo” del INE, Ahora denunció al Consejo General del árbitro electoral de apelar a “una institucionalidad silenciosa y autoritaria”, frente a la cual “nuestra iniciativa exigirá y reclamará institucionalidad democrática”.
El organismo dirigido por Álvarez Icaza advirtió que utilizará “todos los medios legales” para acreditar ante las instancias que correspondan el presunto desvío de recursos a la campaña de Eruviel Ávila. El caso ya llegó también a la FEPADE.
Desde 2015, la empresa Infraiber también ha documentado las irregularidades cometidas por la compañía, en complicidad con los tres últimos gobiernos del Estado de México para inflar el aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, a fin de obtener prórrogas a sus concesiones y de desvío de fondos públicos a la campaña del PRI.
El abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari, señaló que mil 600 millones de pesos que se le asignaron al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) ya no están en sus cuentas. Responsabilizó al gobierno de Eruviel Avila de desviar estos recursos hacia la campaña electoral priista.
En su última misiva, enviada el 13 de julio al INE, Díez Gargari reiteró que los recursos de la “falsa indemnización” fueron transferidos “bajo el disfraz de subsidio con cargo a la partida 43801” por un monto no menor a 3 mil 100 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo federal destinó mil 600 millones al Estado de México meses antes de la elección.
“Estos recursos fueron ‘lavados’ por conducto del SAASCAEM, sin dejar rastro del ingreso ni del egreso correspondiente. Nadie sabe cuál fue el destino de esos recursos, porque el gobierno del Estado de México se niega a informarlo a la sociedad, a pesar de que supuestamente se trata de un ‘subsidio’”, afirmó Díez Gargari en su misiva, enviada también al titular de la FEPADE.
