A un año de su instauración, el nuevo modelo de justicia penal requiere ajustes, coinciden académicos, expertos y funcionarios, quienes advierten de su colapso y del incremento en los índices delictivos e impunidad. Pero funcionarios del Poder Judicial argumentan que aún es muy pronto para condenarlo, ya que falta actualizar y capacitar al personal involucrado, especialmente a los policías municipales.
El gran saldo negativo de los juicios orales en el estado es que en el último año solamente se ha dictado una sentencia por homicidio, mientras que la estadística indica que, con el sistema tradicional, en ese periodo hubieran sido sentenciados entre 200 y 300 asesinos, afirma Alfonso Partida Caballero, exconsejero del Consejo de la Judicatura (CJ) del estado.
De las 12 mil primeras carpetas de investigación abiertas sólo 5.9% se concluyeron y 176 llegaron a los juzgados. Partida Caballero señala que hay 80 mil carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene guardadas y lamenta que solamente se consigna el 2%.
Asimismo, indica que la mayoría de los 250 trabajadores que fueron capacitados entre 2015 y 2016 por el CJ han sido desplazados y dados de baja para incrustar a improvisados que desconocen el nuevo modelo de justicia penal adversarial acusatorio.
Partida Caballero fue presidente de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el CJ. Considera que el sistema colapsó por la perversión de los políticos, que designaron gente afín a ellos en lugar de técnicos para su operación y se simuló la capacitación, lo que impidió transitar hacia la profesionalización.
“El nuevo sistema tiene que funcionar. Hay personas inocentes que están en la cárcel, se hacía procesamiento ilegal. (…) Ahora hay que demostrar y sancionar a los que cometen errores de procedimiento. Es más grave que esté detenido un inocente”, expone.
Cuestionado sobre los reproches de los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano (MC), quienes critican la liberación de detenidos que son el azote de algunas colonias donde cometen delitos patrimoniales, el exconsejero explicó que hay cerca de 20 medidas cautelares y mecanismos que la ley prevé para que esos delitos no queden impunes, pero los cuales no se han aplicado por desconocimiento.
–Algunos policías se quejan porque ni siquiera saben llenar los formatos y se tardan horas –le comenta la reportera.
–El que no sepa que se vaya. Son reglas.
–¿Es falso que los machotes estén mal hechos?
–Es falso. Es una excusa para no hacer bien su trabajo y una falta de aplicación institucional de las autoridades para que lo hagan correctamente.
–¿Hay reticencia?
–Hay reticencia, ineptitud y sospecha.
–Quienes se oponen al nuevo sistema albergan la esperanza que se dé marcha atrás.
–No hay manera. Han tenido pereza de conocerlo; los abogados mismos tienen pereza. Pero no habrá retroceso. Colombia inició en 2005, tuvo cuatro reformas; también Chile, Costa Rica y Brasil. Y al final de cuentas están funcionando correctamente, tienen una baja criminalidad.
–¿Qué modelo debe seguir México?
–Hay que estudiarlos. El estado de Morelos tiene la mejor Unidad de Medidas Cautelares, en atención temprana de las averiguaciones destaca Baja California y el sistema más ordenado administrativamente es el de Guanajuato.
–¿Cuál es la debilidad de Jalisco?
–La corrupción y falta de una visión de Estado. El haber asignado personas de poco nivel profesional para la implementación del sistema en la FGE y la Procuraduría Social, a tal grado que quienes sabían se fueron y llegaron otros que ni conocen el sistema.
Inercias
Según datos de la FGE y el seguimiento del diario Mural (3 de julio), en el primer semestre de este año se han incrementado 20% los asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara respecto al mismo periodo de 2016.
A pesar del incremento de los índices delictivos en los últimos meses también en el estado, particularmente de robos y homicidios, el exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Hugo Olveda Colunga no considera que el nuevo sistema de juicios orales esté fracasando.
Con 24 años como juez penal y tres como magistrado especializado en la materia, Olveda Colunga reconoce las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación (antes averiguaciones previas), pero asegura que son resultado de la falta de capacitación para “obedecer” las reglas del debido proceso que estipula el nuevo esquema garantista.
“El sistema es bueno. El tema es otro. En el viejo sistema (de justicia penal) había problemas de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora hay miles de carpetas pendientes de resolver. Sí es problema y tiene que ver con el tiempo y la capacitación, que la hubo, aunque no fue suficiente”, expone el también excatedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recientemente jubilado.
Ante la desconfianza de los empleados del Poder Judicial en los niveles estatal y federal, muchos de los cuales apostaban a que no se pusiera en marcha el nuevo sistema y siguen reacios a aplicarlo, el magistrado recomienda esperar a que madure, “como el recién nacido, que necesita tiempo para crecer y fortalecerse”.
El 18 de junio de 2008 el entonces presidente de la República Felipe Calderón emitió el decreto por el que se reformaron y adicionaron varias disposiciones a la Constitución para que entrara en vigor el sistema procesal penal acusatorio, y estableció un plazo de ocho años a partir de su publicación para que iniciara su operación.
“En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones y procedimientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema penal acusatorio”, señala el decreto en su artículo transitorio segundo.
Olveda Colunga reitera las bondades del modelo de justicia penal acusatorio que se aplica desde hace un año en todo el país, pero insiste en hacer notar que su finalidad no es el combate a la inseguridad.
Señala a la policía como la parte más sensible, a cuyos integrantes debe capacitarse para abatir los rezagos, pues “estamos mal acostumbrados a hacer lo que se nos antoja”, sin respetar las garantías individuales ni la presunción de inocencia.
“En algo se ha caminado. El viejo sistema adolecía de esta problemática porque las detenciones y confesiones se obtenían (de forma ilegal). No se respetaban los derechos humanos. Ayer había golpes, en cambio, ahora ya no se golpea, no se arrancan confesiones ni se maltrata por sistema. Pero son mayores los requisitos del procedimiento (para llevar a alguien a juicio). Antes cualquiera podía estar en la cárcel, ahora no (…) Lo que falta es dar tiempo, el que sea necesario para que todos los que intervienen: policías, peritos, ministerios públicos, abogados y jueces, comenzando por los policías, se capaciten y coordinen mejor”, explica el exmagistrado.
Olveda Colunga se certificó en el nuevo sistema de justicia penal desde 2015. Ha sido profesor de trabajadores del Poder Judicial, de la FGE, abogados y periodistas en diversos cursos de capacitación.
José de Jesús Muñoz Dueñas, secretario general del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Poder Judicial (SUESPJ) afirma que el nuevo sistema de justicia penal ha fracasado y que el alza en los delitos es prueba de su ineficacia.
Considera que es urgente la reforma planteada por el gobernador para evitar la impunidad y revertir el alza en la criminalidad y en los delitos patrimoniales, porque los delincuentes difícilmente son encarcelados.
Critica que tampoco se han cumplido las expectativas en materia de mediación, debido a la falta de capacidad de los operadores del sistema. Desde su punto de vista, el problema toral del nuevo sistema radica en que el CJ se reparte las posiciones por cuotas de partido y, por tanto, ha quitado de los juzgados orales a la gente capacitada.
Estima que 80% del personal que tenía conocimiento sobre el sistema y su operación “ya no está”, sea porque se le venció el nombramiento o no le fue renovado, o bien renunció ante la incertidumbre e improvisación imperantes; “como es el caso de Martín Jiménez Alatorre y su gente”, uno de los abogados más calificados en la materia y capacitador certificado por SETEC, quien hasta hace unos meses era administrador en el Juzgado de Control y Oralidad en Tequila.
Muñoz Dueñas declara que el sistema fue implementado al vapor y las consecuencias se aprecian en la cantidad de delincuentes sueltos en las calles.
Policía procesal: la clave
El diputado priista Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo fue presidente municipal de Lagos de Moreno (2012-2015) y está convencido de que las principales fallas en el modelo de justicia radican en uno de los eslabones de la cadena de atención: la policía.
Para nadie es secreto que existe déficit de policías en todas las corporaciones y que a causa de la aplicación de los exámenes de control y confianza, los alcaldes han despedido a decenas de elementos, refiere.
El diputado apunta que “sin lugar a dudas el sistema está rebasado”, pero no se debe a temas de ley, “sino a falta de elementos preparados, principalmente policías municipales”.
Explica que actualmente el papeleo que implica abrir las carpetas de investigación lleva mucho tiempo, por lo que sugiere la contratación y capacitación de policías procesales exclusivamente para atender esta responsabilidad, y que la policía convencional se aboque a la prevención del delito: “(El policía) es primero respondiente y la realidad de las cosas es que después de que se hicieron los exámenes de confianza los municipios tienen menos elementos que lo que requiere su estado de fuerza”, advierte Ruiz Esparza Hermosillo.
El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso resalta que, además de ser insuficientes efectivos, no están bien capacitados: “Ninguna policía está hoy en su nivel óptimo de estado de fuerza, todas están por debajo de lo que estuvieron inclusive hace seis años. Y de eso depende que camine bien el sistema”.
Plantea que mientras el policía municipal abre una carpeta de investigación, los ciudadanos requieren su presencia en las calles.
Relata que inició su administración en Lagos de Moreno con 160 policías y cuando terminó su periodo contaba con 130, pese a las nuevas contrataciones. El municipio requería más de 200 guardianes del orden, pero cerca de 40 fueron despedidos por reprobar los exámenes.
A su vez, la Comisaría de Guadalajara informa que cuenta con más de 2 mil 500 policías y tiene 300 plazas disponibles, pero hay poco interés y no muchos candidatos aprueban los exámenes de control y confianza.
“El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que siempre se ha reconocido la necesidad de más elementos y que no es un problema que sólo afecte a Guadalajara, sino también a los demás municipios de Jalisco y a nivel nacional (…) Es un problema estructural del modelo de seguridad pública que hemos puesto en la mesa del Sistema Nacional de Seguridad” (Milenio, 4 de julio).
