Una acusación de robo contra el principal dirigente de la Concanaco, Enrique Solana, tiene sumida a la agrupación en una de sus peores crisis de credibilidad. Según Juan Carlos Pérez Góngora, el directivo desvió millonarios recursos federales para beneficiar a su empresa. Pero, de acuerdo con algunos miembros de la confederación, el denunciante también ha incurrido en faltas, pues, sostienen, como aspirante a encabezar el organismo de la cúpula empresarial no cumplió con los requisitos formales para lanzar su candidatura. Mientras tanto, el proceso de relevo en ese organismo se encuentra empantanado.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se halla en medio de un escándalo y una crisis de credibilidad por las acusaciones contra su dirigente, Enrique Solana Sentíes, y su vicepresidente de Tecnología, Juan Carlos Martínez Domínguez, de desviar recursos federales en favor de sus empresas.
Además, dicho organismo –fundado en 1917 y que agrupa a 254 cámaras de comercio de todo el país, con un padrón de más de 670 mil empresas– no ha podido celebrar la asamblea en la cual se eligen consejo y presidente para el periodo 2017-2018.
“Solución Tecnológica”
En 2014 la Concanaco, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica firmaron el programa Solución Tecnológica Concanaco.
Tal programa fue echado a andar en 2015 y tenía el objetivo de apoyar a los pequeños comerciantes con nuevas tecnologías –una tableta electrónica conectada a una terminal punto de venta– para impulsar “su productividad y competitividad”, al tiempo que los afiliados se sumaban al Régimen de Incorporación Fiscal, con el respaldo del SAT.
Según la demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República por Juan Carlos Pérez Góngora –vicepresidente de Combate a la Economía Ilegal y cabeza de la planilla Nueva Visión, en la Concanaco–, hubo una desviación de los recursos provenientes del Inadem por parte de Solana Sentíes y de Martínez Domínguez, quienes habrían dispuesto de los recursos en favor de sus empresas, sin mediar ninguna licitación.
Según esa demanda –de la cual Proceso tiene copia–, la Concanaco adquirió 15 mil tabletas electrónicas para repartir entre sus afiliados por una cantidad de 87 millones de pesos, 66 de los cuales fueron “bajados” del Inadem –entonces presidido por Enrique Jacob Rocha, quien este año renunció para sumarse al proyecto político de Alfredo del Mazo en el Estado de México– y los restantes 21 millones fueron recabados entre los agremiados de la confederación.
Estos recursos cayeron en las arcas de la empresa Celular Milenium, propiedad de Martínez Domínguez, la cual, según el Registro Público de Comercio (RPC), se dedica a la compra y venta, transportación, almacenamiento, distribución, importación y exportación de todo tipo de telefonía celular y satelital. Tiene domicilio en Pachuca, Hidalgo.
También se vio beneficiada Unicar Plastics, con domicilio en la ciudad de Puebla y propiedad del presidente de la Concanaco, enfocada a la fabricación, acabado de partes y componentes de plástico, hule y metales para las industrias automotriz, aeroespacial, médica y en general, según el RPC.
De acuerdo con la demanda, esas compañías se adjudicaron de forma directa –sin licitación– los recursos proporcionados por el Inadem y además, el precio total de las tabletas electrónicas está sobrevaluado en 51 millones 45 mil pesos.
“La tabletas que se compraron con recursos públicos son de manufactura china y de baja calidad, cuyo precio estimado oscila entre los 19.99 y 29.99 dólares americanos, costando en el año 2015, 400 pesos cada producto. Tomando en cuenta lo anterior, se generó un sobreprecio aproximadamente de 51 millones 45 mil pesos”, señala en la denuncia Pérez Góngora, expresidente de la Cámara de Comercio de Monterrey.
El también abogado y exdiputado federal priista dice en entrevista: “Hay un conflicto de intereses, porque las tabletas las vendió Juan Carlos Martínez, vicepresidente de Tecnología de la Concanaco. Segundo, hay un sobreprecio. El tercer punto es que hay una triangulación y, como consecuencia, conflicto de intereses. Una triangulación de recursos de la empresa Celular Milenium a la empresa Unicar Mexicana”.
En la denuncia, de la que también tuvo conocimiento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pérez Góngora concluye: “Por lo anterior se puede establecer claramente que los directivos de dicho organismo empresarial sobrevaluaron el costo real de los dispositivos electrónicos, obteniendo un lucro a costa de los recursos públicos federales, sin mencionar el abuso de la buena fe de los comerciantes y de los funcionarios de las diversas instituciones públicas que se vieron involucradas en ese proyecto”.
Además, Solana Sentíes y Martínez Domínguez habrían violado las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor del Inadem, que en su artículo 28 establece que no puede ser beneficiario de dicho fondo ningún funcionario público ni sus familiares: “Esa restricción se extiende a los funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores de servicios profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados que operen el programa o participen en su operación”, se asienta.
Pese a las pruebas ofrecidas por el demandante, Solana se ha negado a hablar del tema, ni en conferencias de prensa ni con este semanario, que le solicitó una entrevista y no recibió respuesta. Por su parte, el Inadem ha insistido en que no hubo irregularidades en la entrega de recursos para el programa Solución Tecnológica Concanaco.
De hecho, a mediados del pasado mayo, Alejandro González, coordinador general de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Inadem, señaló a Notimex: “Quiero dejar muy claro que para el Instituto Nacional del Emprendedor, en el tema de las tabletas, en la Concanaco no tenemos ninguna irregularidad; desde el punto de vista del fondo, el recurso se canalizó adecuadamente y se aprobó el proyecto”.
Lo cierto es ese instituto, ahora encabezado por Alejandro Delgado Ayala, estuvo bajo la lupa de la ASF en su cuenta pública 2015.
La Auditoría de Desempeño 15-5-10E00-07-0420420-DE, concluye: “En opinión de la ASF, en 2015 persiste el problema público relacionado con el padrón de beneficiarios, ya que el Instituto Nacional del Emprendedor no consolidó su integración, operación y difusión, como una herramienta útil para contribuir a la eficacia del programa, debido a que no identificó con precisión a la población el objetivo, los datos están desarticulados y carece de la normativa para la difusión de los padrones.
“Por ello, agregó, persiste la carencia de información que sustente la adecuada toma de decisiones; la falta de coordinación para la entrega de los subsidios; la duplicación en el otorgamiento de apoyos, y la escasa transparencia y rendición de cuentas.
“Por lo que no se dispone de información estratégica para la toma de decisiones del ramo económico que coadyuve en la evaluación del funcionamiento y resultados de los subsidios del Fondo Nacional Emprendedor.”
La sucesión
Actualmente la sucesión de la Concanaco Servytur está detenida, porque además de la demanda judicial que enfrentan sus principales directivos, Pérez Góngora interpuso una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación ya que, según el aspirante a la presidencia del organismo empresarial, fue impedido por Solana de participar en las elecciones del organismo.
Pérez Góngora acusa a Solana Sentíes de “amañar” el proceso electoral a favor de Ricardo Navarro Benítez, actual vicepresidente y extesorero de la Concanaco.
“Las elecciones están paradas hasta que se resuelva el amparo que interpusimos nosotros. Yo he intentado tener pláticas con Enrique Solana; está obviamente cerrado. Si él convoca a una elección limpia, transparente, voto cerrado, que participen todas las cámaras del país, yo retiro el amparo; y si hay dos candidatos, hacemos campaña y que sean los presidentes de las cámaras, que son los asambleístas, los que decidan el futuro de la confederación”, explica a Proceso el líder de la planilla Nueva Visión.
Sin embargo, para Jorge Cervantes Arenas, secretario general de la Concanaco Servytur, las denuncia y la demanda de amparo interpuestas por Pérez Góngora son sólo “un berrinche” por no cumplir con los requisitos para contender por la presidencia del organismo.
“El objetivo del señor Juan Carlos Pérez es el de desestabilizar a la institución, desprestigiándola con fines político electorales que él persigue para promover fines personales”, acusó en conferencia de prensa el pasado miércoles 28 en las instalaciones de la confederación.
El también representante legal del organismo empresarial señaló que en el proceso electoral “hay limpieza, transparencia y democracia”.
Cervantes explicó que según los estatutos de la Concanaco, cuando un candidato quiere registrarse tiene que ser propuesto por una cámara, que regularmente es su cámara de origen, de la cual él haya sido presidente; además necesita el apoyo de 10 cámaras más, que representan 16% de los consejeros.
Cervantes acotó que si la cámara que da respaldo al candidato presenta otra carta de apoyo a favor de otro aspirante, “se tomará en cuenta la primera carta de apoyo que reciba la comisión electoral y la segunda quedará sin efecto.
“Pérez Góngora es propuesto por la Cámara de Monterrey, que es su cámara de origen, pero resulta que la Cámara de Comercio de Monterrey ya había dado el apoyo a Ricardo Navarro y después presentó la propuesta de candidato a Pérez Góngora y eso mismo hicieron otras ocho cámaras de las 11 que presentó” señaló.
Y puntualizó: “Ocho cámaras ya habían dado el apoyo a Ricardo Navarro y esa carta de apoyo ya se había ingresado en el expediente de registro ante la Comisión Electoral. Esas mismas cámaras dieron una segunda carta apoyando a Juan Carlos, de tal manera que la Comisión Electoral analizó las cartas y dijo, se aplica el estatuto, de tal manera que quedan efectivos los apoyos primeros”.
El pasado martes 27, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México suspendió indefinidamente la audiencia constitucional del juicio de amparo relacionada con la sucesión en la dirigencia en la Concanaco.
Según el representante legal de la Concanaco, Pérez Góngora presentó diversos recursos “como parte de su estrategia” que propiciaron que fuera suspendida la audiencia en las siguientes fechas: 8 de febrero, 26 de abril, 23 de mayo y ahora, el martes 27.
“Él presenta una inconformidad contra este rechazo y entonces tenemos que se suspende esta audiencia desde ayer y se deja sin fecha alguna la audiencia constitucional. ¿Qué quiere decir? Que ésta fue ‘una patada y enceste de tres puntos’ de Juan Carlos Pérez Góngora, porque no solamente provoca que no se lleve la audiencia el día de ayer, sino que también no sabemos cuándo se va a celebrar”, reprochó Cervantes.
El abogado de la Concanaco precisa: “Nos someteremos a lo que dictaminen las autoridades jurisdiccionales y lo acataremos. Creemos que la justicia debe ser pronta y expedita, y esperamos que esa justicia resuelva a la brevedad el tema. Nos estamos enfrentando a que el sistema jurídico mexicano tiene todavía huecos que permite a los litigantes chicanear los asuntos”.
–¿Cuál es la reflexión, porque la iniciativa privada se ha manifestado contra los actos de corrupción del gobierno, cómo queda parada la Concanaco? –se le pregunta a Pérez Góngora.
–Veo muy delicado que una dirigencia nacional de una confederación, que es la que más tiene cámaras en el país, haya hecho un mal uso de los recursos y todavía no da la cara y todavía no renuncia. Es lamentable ver esto, pero creo que es momento de demostrar nosotros, y presentado por nosotros mismos, que Enrique Solana tiene que hacer frente a las autoridades y tiene que responder a lo que hizo; y si tiene que regresar el dinero, lo va a tener que regresar a la confederación y a su vez, si hay que regresarlo, al Inadem.
