Creó expectativas durante su creación, “pero dejó al final un mal sabor de boca por sus carencias y omisiones”, pues fue recortada en más de la mitad del contenido original, a decir del especialista en difusión de la ciencia y la cultura Carlos Lara. En su opinión, faltó un trabajo de sensibilización con el grupo de abogados de la Consejería Jurídica respecto de los derechos culturales. El resultado final, indica, fue “un híbrido entre una ley reglamentaria y una ley general”.
El martes 20 entró en vigor la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, cuya aprobación en los últimos días del periodo legislativo pasado en las cámaras de Diputados y Senadores denotó no sólo las prisas y la misma medianía con la que se creó la Secretaría de Cultura (SC), sino también la falta de una visión integral de política cultural de Estado.
Y es que, a decir del investigador Carlos Lara, integrante del grupo dictaminador de la ley en el Senado, tanto el equipo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República como los funcionarios de la Secretaría de Cultura que intervinieron en el proceso optaron por hacerse “un traje a la medida”, eliminando cualquier enunciado o propuesta que les obligara a asumir más tareas de las que en la actualidad llevan a cabo.
En esta entrevista con Proceso, el especialista en difusión de la ciencia y la cultura, autor entre otros libros de Voces, ecos y propuestas para la política cultural del siglo XXI, cuenta cómo y por qué la ley, que generó tantas expectativas durante su creación, dejó al final un mal sabor de boca por sus carencias y omisiones; fue recortada en más de la mitad del contenido original. Más aún, opina que la ley ni siquiera hacía falta pues existen otros mecanismos legales para que los ciudadanos reclamen sus derechos culturales.
El fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Eduardo Cruz Vázquez, lo dijo así en estas páginas hace unas semanas (Proceso, 2118):
La ley “obvió, ignoró y sepultó todo un proceso de discusión y de propuestas que se habían hecho no sólo en el Consejo Redactor sino en distintos foros. Decidieron resolver la ley como Rafael Tovar (primer titular de la SC) lo hubiera querido, una cosa simple y sencilla para salir de un atorón que traían de tiempo atrás con las reformas constitucionales.”
Y señaló:
“Por eso he dicho que la ley es un homenaje póstumo a Tovar. ¿Quiénes lo encabezaron? Saúl Juárez (subsecretario de Desarrollo Cultural) y Luis Cacho (director del Jurídico); siguieron a pie juntillas lo que Rafael aspiraba que fuera esta ley: Un cuadro básico, elemental, que no molestara al Ejecutivo ni le ampliara las responsabilidades a la Secretaría de Cultura.”
Lara cuenta que previo a la aprobación de la ley hizo falta un trabajo de sensibilización con el grupo de abogados de la Consejería Jurídica respecto de los derechos culturales pues, evidentemente, no son especialistas en cultura. Tienen, además, un esquema de trabajo con el cual operaron las Reformas Financiera, Energética, Educativa, en el cual llegan al Legislativo toman nota de las propuestas de ley, hacen contacto con las secretarías de Estado responsables de cada rubro, quitan, ponen y presentan una contrapropuesta.
Cabe la duda entonces de cuál fue el papel de la SC. Se pensaría que no hace falta sensibilizar a gente como su titular, María Cristina García Cepeda, a Saúl Juárez o Luis Cacho, quienes tienen décadas como funcionarios culturales.
Mientras en la televisión de un café de Paseo de la Reforma la selección mexicana lucha por no ser vencida en el terreno de futbol por Nueva Zelanda, Lara confiesa que hubo cierta impotencia tras los debates con Cacho, a quien se le proporcionaron los documentos sobre jurisprudencia y otros temas legales vinculados a la cultura:
“No hubo manera, él y Saúl fueron quienes dijeron esto pasa y esto no. Estuvieron al tanto, cabildeando para que no se aprobara un solo enunciado que implicara hacer más allá de lo que hace la Secretaría.”
–¿Qué hacían?
–Participaban en las reuniones, junto con asesores y legisladores, emitían su punto de vista que siempre era restrictivo. La postura de ellos era lo mínimo que se pudiera obligar a la SC, por eso digo que faltó una visión no pensada en ellos, ni en esta administración sino en la política cultural del Estado mexicano. Ahí es donde nos queda debiendo esta ley, pero no porque no hubiésemos querido una mejor, sino porque no se pudo.
Insiste también en la responsabilidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia que redujo la propuesta inicial de 90 artículos a 42. Y no porque considere que una ley más grande o amplia pudiera solucionar problemas de la cultura de mejor manera, sino porque se redujeron algunos temas y otros quedaron de plano fuera.
Un ejemplo, “darle un rango de ley a toda la economía creativa, a lo que llamo el sector económico, como lo planteaba Eduardo Cruz y algunos oros colegas, ese tipo de temas me parece que sí eran necesarios, pero finalmente Consejería hizo su trabajo”.
Jamás dejaría pasar enunciados como “el titular de la SC deberá comparecer…” o “se destinará a la cultura el tanto por ciento del presupuesto…”. Revisó el proyecto e hizo su contrapropuesta. Lara dice que un equipo conformado por él, Miguel Poot, Raúl Ávila y Arturo Saucedo hizo el trabajo de dar coherencia a la iniciativa de ley final, en la cual todos tuvieron que ceder para que saliera y fuese consensuada.
Inercia
Para ejemplificar el tipo de ley al cual aspiraba Tovar y de Teresa, el investigador recuerda una imagen en la cual se convocaba a uno de los foros de consulta para la “Ley General de Cultura”, cuando la pancarta detrás del funcionario decía “Ley Reglamentaria”.
Sin justificar el actuar de la SC, por el contrario, lamenta que no tuviera el enfoque integral, considera que hizo lo que tenía que hacer:
“Cuando se hace una ley, cada secretaría va a decir: ‘A mí, lo mínimo’. Hay una tendencia a decir ‘esto es inconstitucional’, ¡y todo resulta inconstitucional! Así se pasa el tiempo y nos gana el reloj legislativo. Fue un poco el caso, bajo el punto de vista de ellos, la gran mayoría de propuestas eran improcedentes, es entendible, pero reclamable; entendible porque es un funcionariado que actúa de acuerdo a un modelo, una idea y una inercia, reclamable porque pienso que estaban ahí para hacer una ley no para ellos, sino para el sector cultural, para la gente.”
No obstante, en opinión de Lara la ley cumple con su propósito de regular los artículos 4º y 73 Constitucionales. Recuerda que cuando se integró el llamado Consejo Redactor en la Cámara de Diputados con especialistas en distintas disciplinas (se dijo inicialmente que redactaría una propuesta y entregó finalmente un “Documento orientador”), se comenzaron a “meter y meter artículos, visiones, cosmovisiones”.
A él le parece que podrían formar parte de “un debate académico al cual le falta mucho tiempo madurar en la academia para que puedan incorporarse posteriormente al derecho positivo. No es lo mismo hacer un documento orientador que un dictamen legislativo, son dos cosas diferentes. El dictamen implica considerar lo que existe en el derecho positivo.”
En este sentido dice que no se trata de ver a la cultura como un fenómeno antropológico, sino desde el punto de vista jurídico y de política pública, “para dar respuesta a los ciudadanos, como un derecho enmarcado en la Constitución, que implica tener una ley reglamentaria y posteriormente una Secretaría de Cultura (aunque el proceso se dio a la inversa), y el diseño de la política cultural del Estado mexicano, y en ésta sí tratar a la cultura como fenómeno antropológico”.
El resultado final, indica, fue un “híbrido entre una ley reglamentaria y una ley general”, en el cual tuvieron que descartarse varias de las propuestas y temas planteados inicialmente:
“Por eso Eduardo dice lo del homenaje a Rafael Tovar, porque Tovar quería una ley reglamentaria.”
El dictamen contempló, por ejemplo, la síntesis de las cinco iniciativas de ley presentadas por diversos legisladores, recogió propuestas de las audiencias convocadas por el órgano legislativo, así como del Foro de Análisis y Discusión para la Elaboración de la Ley de Cultura, en el cual se plantearon temas como Política cultural de Estado, Derechos Culturales, Industria Cultural, y Mecanismos de desarrollo cultural. Varios quedaron fuera. (https://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_Ley_General_Cultura.pdf)
–¿Qué de esencial se le quitó al proyecto de 90 artículos?
–Básicamente eran capítulos como economía creativa, industrias culturales, patrimonio, que se redujeron. La ley estaba más sólida en cuanto a la visión de los derechos culturales. Ahora, soy partidario y lo he dicho, de que no necesitábamos una ley. Cuando vi que el tema comenzó a levantar tantas animosidades dije que no era necesaria, cuando se insistió propuse hacer una ley general que siente bases y punto.
Y así la considera, como una ley base que ciertamente “está corta”, pero no se trata de aumentar artículos. Habrá a quien le satisfaga y a quien no, “yo no reclamo el hecho de que hayan cortado la mitad, porque no es un tema de extensión sino de integralidad”.
Afirma que se le pudieron haber metido a la Ley, conceptos de la Agenda 21 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, o “cortar y pegar” documentos de la UNESCO, y así tener “una ley enorme, robusta, la mejor, la más completa del mundo”, pero para él los problemas de la cultura están afuera, en la calle.
Se le comenta que los cuestionamientos parten de la forma en que se dieron la creación de la Secretaría de Cultura y luego su reglamento interno, en donde se dijo que no era lo mejor, pero sería perfectible, y ahora se alega lo mismo.
Admite que en el terreno cualitativo faltó atender varios preceptos pero el tiempo estaba encima y había que hacer el dictamen. Y así fue también cuando en 2009 se aprobó el Derecho a la Cultura:
“Nos dijeron: Es en estos términos o no sale, y se acababa el periodo legislativo el 30 de abril.”
–¿Cuáles fueron los términos?
–Básicamente, cuando 2009 la reforma decía “el Estado garantizará…” Y el Partido Acción Nacional no quiso eso y hasta que se quitó avanzó. Cuando se hizo la secretaría sacaron un dictamen del 2003 o 2004 e igual dijeron, “va a ser en estos términos”. Uno piensa, pero es una oportunidad para que sea de otra manera. Y responden “No, no, va a ser así”. Y así fue. Y en la ley teníamos grandes expectativas, se hablaba de una ley federal, o una general, y la reglamentaria, llegamos a la mesa y se pone esta Ley General de Cultura y Derechos Culturales ¡la primera del país! Y bueno, ya la iremos arreglando.
–¿Qué debió contener para ser integral?
–Perder el miedo a hablar de economía creativa hasta el fondo, el miedo a hablar de patrimonio cultural.
–¿Aunque haya una ley para el patrimonio?
–Aunque esté en esa ley. El problema es que incluso con el patrimonio inmaterial dijeron que invaden competencias, ¡por favor! ¿Y las manifestaciones culturales dónde están y qué hace etnología a nivel nacional? ¿Cómo trabaja, desde acá? Pues no, trabaja de manera concurrencial con estados y municipios.
“Entonces me parece que faltó abordar muchos temas de política pública a fondo: Una política digital para la cultura, un sistema de evaluación, ¡bueno, no se quería ni un Sistema Nacional de Cultura! O la Reunión Nacional de Cultura, dijeron ‘hay que quitarle atribuciones y el carácter resolutivo’. ¿Entonces a qué se reúnen, a tomar café?”
Prescindible
El investigador trae a la memoria que tras la reforma de 2009 al artículo 4º de la Constitución, en el cual se estableció el Derecho a la Cultura se señaló: “La ley establecerá los mecanismos de acceso”. Dicha ley es ahora esta General de Cultura y Derechos Culturales.
Pero insiste en que pasaron ocho años para su concreción y no hacía falta. Cita casos como el del escritor indígena originario de Veracruz, Mardonio Carballo, quien logró un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que las transmisiones de radio deben hacerse en “lengua nacional”, entendida como el español. Igualmente, el cineasta Víctor Ugalde se amparó contra la mutilación de sus películas, y el propio Lara logró fincarle cinco responsabilidades al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, por el daño causado a El Caballito:
“Para garantizar nuestro derecho a la cultura no se necesitaba esta ley, y cuando ves que va a suscitar más descontentos y a reavivar el eterno discurso de la autodenominada comunidad cultural de que no los consultaron, ¿por qué, porque no te consultaron a ti específicamente?, mi consejo fue ‘no la hagamos’. Ahora comenzarán con que falta el reglamento. ¿Y los reglamentos de la Ley del INAH y de la ley orgánica del INBA? Llevan décadas sin hacerse y no ha pasado nada.”
Aclara que la ley no garantizará un mayor presupuesto para el sector cultura ni su reorganización. La SC ya estaba conformada y, en su opinión, la ley vino a complementar, junto con el Derecho a la Cultura, una política cultural.
Lo importante para él es que aún sin ella, la gente puede acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Corte para exigir sus derechos culturales. Incluso a jueces de distrito, como sucedió con los vecinos de las Delegaciones Cuauh-témoc y Miguel Hidalgo, que lograron parar temporalmente las obras de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma. l
