No es extraño que la Asamblea General de la OEA en Cancún haya transcurrido de manera tan tormentosa; se sabía que no existían condiciones para que hubiese ambiente de cordialidad. Lo llamativo es que el gobierno mexicano haya tenido entusiasmo en celebrar, por primera vez en la historia de la OEA, una Asamblea General en México. Esa decisión representa un cambo en la política esencialmente cautelosa de México en el ámbito interamericano. Las ganancias obtenidas con ese giro parecen escasas. Fue un desperdicio del capital humano que representa el profesionalismo de los expertos en multilateralismo dentro del Servicio Exterior Mexicano. Fue una novedad de poca trascendencia que añade una dosis de desconcierto respecto a los vientos que orientan la diplomacia mexicana.
En el siglo pasado, México vio con reservas a la OEA. Después de haber participado activamente en su creación, la evolución de las relaciones interamericanas, dominadas por intervenciones encabezadas por Estados Unidos a nombre de la lucha contra el comunismo internacional, provocaron el distanciamiento. El interés por la OEA se desvaneció y algunos de los mejores momentos de la diplomacia mexicana en esa organización fueron aquellos donde su voto se quedó solitario; la oposición al rompimiento de relaciones con Cuba es el más conocido.
Al terminar la Guerra Fría, hubo cambios significativos al interior de la OEA. Los temas de democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas ocuparon un lugar central en su agenda. Los representantes mexicanos asumieron responsabilidades importantes para definir el abordaje de los mismos. Se buscó siempre proteger principios, equilibrar el peso inescapable de los Estados Unidos y abrir el campo de acción para la OEA aglutinando, hasta donde era posible, los consensos latinoamericanos.
A diferencia de otros países, como Brasil en el caso de Honduras, México no cayó en la tentación de tener protagonismos. Había conciencia de las limitaciones de la organización, tanto por sus tradicionales carencias financieras como por las dificultades para cerrar diferencias entre los países miembros, agudizadas desde la conformación de la alianza bolivariana. Las luchas para defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que México ha tenido un papel central, han sido firmes pero al mismo tiempo discretas.
Con tales antecedentes, fue sorpresiva la noticia de ofrecer a México como sede de la Asamblea General. Para entonces, el tema de Venezuela se encontraba ya en el centro del huracán. La posición oficial mexicana no se distinguía por buscar liderazgo para defender la democracia en ese país. Esa fue una demanda del partido de oposición (PAN) reiterada frecuentemente en el Congreso pero vista con cautela por el gobierno. Repentinamente las circunstancias cambiaron; en la percepción de los medios de comunicación México se colocaba al frente para defender la democracia venezolana.
Existen múltiples circunstancias que dificultan o hacen imposible que la OEA contribuya a la solución de problemas derivados del rompimiento del orden constitucional al interior de uno de los países miembros, o de enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y oposición armada. Las experiencias exitosas de acción diplomática para buscar la reconciliación interna en países de América Latina han tenido lugar a través de la ONU o de grupos especiales, como Contadora, o el grupo que negoció recientemente la paz en Colombia.
A diferencia de la ONU, que puede presionar con la aplicación de sanciones económicas, diplomáticas y hasta militares, la OEA sólo puede hacer uso de condenas verbales o suspender a un Estado de las actividades de la organización. Por ello, la búsqueda de una acción fuera de la OEA, con representantes del gobierno y la oposición y mediadores confiables y con legitimidad para ambos, hubiese sido la ruta más deseable a explorar en el caso de Venezuela.
Varios motivos explican la insistencia en mantener el tema en la agenda de la OEA. Uno de ellos es el estilo del actual secretario general, Almagro. Profundamente convencido de la necesidad de fortalecer el papel de la organización en la defensa de la democracia, Almagro rebasa fácilmente el papel que le corresponde. Su responsabilidad principal es responder a los puntos de vista de todos los miembros de la OEA, y para ello debe mantener la neutralidad necesaria para acercarlos y hacer uso de su influencia para llegar hasta donde el consenso lo permita. No es el caso. Almagro cae fácilmente en tentaciones, como recibir a los líderes de oposición del país sede de la Asamblea y hacer pronunciamientos sobre problemas presentes en las elecciones del estado mexicano de Coahuila. De ninguna manera defiendo las irregularidades y actos ilegales que tuvieron lugar en ese estado, pero no es atinado ni corresponde al secretario general de la OEA hacer recomendaciones al respecto.
Ahora bien, el mayor obstáculo a la marcha de la Asamblea General en Cancún fue el comportamiento enloquecido, irracional, y fuera de cualquier institucionalidad diplomática, de la canciller venezolana. Sin embargo, su temperamento y estrategia discursiva, a base de insultos, ya eran conocidos. Por lo tanto, evitar que la confrontación verbal dominara las reuniones plenarias era un objetivo prioritario. ¿Cómo utilizar procedimientos válidos en una Asamblea General para evitar que la representante venezolana secuestrara la Asamblea? Una decisión de quien presidía la reunión plenaria del martes 20, el canciller Videgaray, pudo haber sido suspender la sesión para consultas. Se hubiera evitado así el espectáculo penoso de un debate de muy bajo nivel. No se hizo debido, quizá, a que se consideró más importante exhibir la irracionalidad venezolana.
Más allá del tema venezolano, la reunión tuvo novedades cuyas consecuencias para las relaciones interamericanas y el futuro e la OEA son difíciles de evaluar. La invitación a los “Estados subnacionales” a una sesión especial a fin de estar listos a entablar diálogo directo con la OEA es un camino un tanto escarpado. En particular porque la confianza en el buen juicio y responsabilidad de diversos gobiernos estatales en México está en duda.
También es interesante el peso que se quiso otorgar al diálogo con la sociedad civil. Finalidad muy apreciable, desde mi punto de vista, pero en la que no se puede perder de vista el profesionalismo de las ONG que participen, así como la pertinencia del tema a tratar y el ambiente en que ocurra.
Al momento de escribir este artículo no se tiene aún el texto de las Declaraciones finales de la Asamblea. No se sabe cómo se resolvió la redacción del tema de migración, si es que se llegó a ella. Una verdadera novedad tomando en cuenta que no hay posición homogénea en el continente sobre el particular.
En todo caso, a pocas horas de terminar la Asamblea General en Cancún cabe preguntarse si era justificado albergar una reunión que tenía tan pocas oportunidades de éxito y tantas posibilidades de confrontación.
