La opacidad del gobierno ha revelado con toda claridad su desprecio al derecho a la información. El reciente espionaje de activistas y comunicadores reconfirma esa hipocresía. Mientras por un lado Presidencia promueve reformas de transparencia, por el otro permite el monitoreo subrepticio de los opositores; mientras con una mano inscribe al país a programas internacionales de apertura de datos, con la otra se querella contra quienes buscan un marco legal más abierto y democrático.
Contrasentido del peñanietismo: la denuncia por vigilancia ilegal –el nuevo escándalo del sexenio– ocurrió en el seno de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), un espacio creado para el avance de la transparencia y la democracia.
Fue en febrero cuando las organizaciones denunciantes que integraron el informe #GobiernoEspía detectaron la vigilancia ilegal sobre dos activistas de la salud inmersos en un plan de la AGA. En los meses siguientes fueron documentando más casos y, al observar la lista de los espiados dada a conocer el pasado lunes 19, se advierte que todos participan en la agenda de la transparencia, emplean las herramientas disponibles para documentar el quehacer gubernamental o forman parte de organizaciones relacionadas con la materia.
De por sí, los últimos años se han registrado severos retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información: el gobierno, sus proveedores, contratistas y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han evitado difundir información mediante interpretaciones a modo o procesos judiciales.
En el caso del espionaje –y un mes después de que las organizaciones ciudadanas dejaran la AGA denunciando de manera pública la práctica de vigilancias ilegales– el INAI ha evitado abordar el asunto más allá del discurso.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19-México, en mayo pasado su organización y grupos aliados pidieron al INAI que revisara de oficio los contratos con empresas de inteligencia proveedoras del gobierno, pero ni en eso ni en materia de violación a datos personales el organismo garante actuó. Proceso solicitó una entrevista con el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, para profundizar en esas omisiones, pero no obtuvo respuesta.
La AGA es una iniciativa multilateral, integrada por 75 países. México fue uno de los ochos países fundadores. La alianza busca generar avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y, para ello, cuenta con un secretariado técnico tripartita en el que –desde su creación, hace cinco años– participó un Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC). El pasado 23 de mayo, los integrantes del NSOC abandonaron la mesa acusando vigilancia ilegal sobre los dos investigadores-activistas de la salud.
Sin embargo, las intimidaciones llevaban más tiempo. Durante la construcción del segundo plan de acción de la AGA empezaron a resentirlas cuando trataban temas relacionados con seguridad y justicia.
Aquellos asuntos eran en realidad elementales. Por ejemplo, para Artículo 19 (organización especializada en libertad de expresión y acceso a la información) se trataba de conseguir, sin necesidad de litigar, la apertura del presupuesto de la Fiscalía Especial en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y sus estadísticas. Y las autoridades se negaban.
La misma pared existía en materia de publicidad: el gobierno rechazó difundir cuántos anuncios contrataba a los medios de comunicación, lo que suele traducirse en censura indirecta.
Como sea, el segundo plan de la AGA se cumplió. Para la directora de Artículo 19 eso fue posible porque México albergaría la Cumbre de la AGA y eso significó una gran presión para el gobierno. Como sea, los activistas le informaron de las intimidaciones a la titular de la Función Pública, Areli Gómez, con la idea de conseguir condiciones de seguridad y confianza en la relación. Gómez prometió que ya no volvería a ocurrir y que, cuando registraran alguna situación anómala, se la comunicaran.
Así lo hicieron. Una nueva intromisión ilegal se descubrió a principios de febrero de este año. Según Ana Cristina Ruelas, a mediados de ese mes se reunieron de nueva cuenta con Gómez para exponerle los hechos. La funcionaria se comprometió a ofrecerles una respuesta, pero jamás volvió a establecer contacto. Tres meses después, el 23 de mayo, decidieron dejar la AGA.
Ese mismo día, la dependencia a cargo de Gómez emitió un comunicado en el que “garantizaba” el respeto a las libertades y protección de la intimidad de los ciudadanos. El gobierno, en esa fecha, llamó por primera vez a quienes se sintieran agraviados a presentar denuncias.
Intereses oscuros
Cuando de negocios al amparo del poder se trata, el retroceso en materia de transparencia se ha multiplicado. La salida del NOSC ocurrió después de que se detectara el espionaje a través del malware Pegasus a Alejandro Calvillo, Luis Manuel Encarnación y Simón Banquera.
Los tres intentaban impulsar la creación de un impuesto de 20% sobre las bebidas azucaradas, un asunto que impacta directamente a la poderosa industria refresquera, propiedad en México de tres familias acaudaladas y poderosas: las regiomontanas Garza Lagüera (Coca-Cola Femsa) y Barragán (Coca-Cola Arca), y Galardo Thurlow (Pepsi-Cultiba).
Pero en general, sea por contratación de deuda, negocios energéticos o relacionados con las telecomunicaciones y otros sectores estratégicos, la prioridad del gobierno de Peña Nieto ha sido ocultar información.
Un ejemplo: en 2011, el INAI (entonces IFAI), ordenó a la Secretaría de Hacienda abrir los contratos de la deuda contratada por el gobierno de Coahuila. La dependencia –entonces encabezada por Ernesto Cordero Arroyo, quien había hecho pública la existencia de la información financiera de esa entidad federativa– alegó de todo: secreto bancario, un daño a la estabilidad financiera e inclusive una averiguación previa federal. Pero la ponencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ángel Trinidad Saldívar consiguió unanimidad y la deuda fue pública.
Ya con Peña Nieto, la conquista se revirtió: en 2014 Proceso solicitó a Hacienda los contratos de deuda que todo ente público hubiera suscrito con Banco Interacciones (que preside Carlos Hank Rhon) y Banorte (de Carlos Hank González), por ser las dos instituciones que concentran alrededor de 40% de la deuda subnacional y por su relación con el llamado Grupo Atlacomulco, del que surgió Peña Nieto.
No sólo negaron el acceso a la información, sino que, en un hecho ilícito, Hacienda –a través de Marcela Andrade Martínez, exempleada de Pedro Aspe, quien asesora las deudas de los estados– se comunicó oficialmente a Banorte con el fin de pedir autorización para entregar los datos, notificando la existencia de la solicitud.
Con eso, el banco consiguió un amparo y, hasta ahora, dos años después, el aparato de justicia no se anima a resolver si las condiciones en que los gobernantes comprometen recursos públicos hasta por 25 años debe ser información pública o no.
El retroceso ocurre también en materia energética, e inclusive la información que era pública de oficio ha sufrido una disminución drástica de hasta 80%, según estima Ben Cockelet, coordinador de la organización ciudadana Poder.
Energía oscura
La organización Fundar –como Artículo 19, exintegrante del NOSC – documentó otros hoyos negros. En su reciente informe Las actividades extractivas en México. Estado actual 2016 dedicó el capítulo 6 a la transparencia. Ahí consigna la manera casi paralela en que se aprobaron las reformas constitucionales de transparencia y energética.
En resumen: por un lado se impusieron candados en las leyes energéticas y, por el otro, se golpeó el marco jurídico de transparencia.
En los hechos, la transparencia no aplica a los fideicomisos del Fondo Mexicano del Petróleo. El consejo de administración de Pemex puede reservar información argumentando secreto empresarial, económico o industrial, y las leyes dejan abierta la posibilidad de que la petrolera se conduzca en los contratos como sujeto de derecho privado, por lo que no le sería aplicable la ley de transparencia. Sólo este último supuesto no se ha usado.
Para Fundar el caso más grave ocurrió en diciembre de 2015, con la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, dado que en su artículo 23 establece que todos aquellos datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios son considerados de seguridad nacional y, por lo tanto, su difusión está vetada.
El INAI y la SCJN
El gobierno de Peña Nieto busca que diferentes asuntos lleguen hasta la SCJN. En agosto de 2013 consiguió una reforma que convirtió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) en intermediaria para que el INAI dejara de ser la última instancia en materia de transparencia y que, en casos vinculados a la seguridad nacional, pudiera acudirse a la SCJN.
También ha impugnado ante la SCJN disposiciones que, aprobadas por el Legislativo, suelen afectar su ámbito de influencia. Un ejemplo: el pasado 31 de enero y a través de la CJEF, Peña Nieto interpuso una demanda de controversia constitucional contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: el mandatario reclama para sí, y no para el autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la facultad de regular el derecho de las audiencias.
El IFT emitió un comunicado tratando de explicar: “La ley estableció el derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, así como la figura del defensor de audiencias y el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética.
“Asimismo, la ley también ordenó al IFT emitir lineamientos en esta materia, lo que cumplió el pasado 29 de noviembre, después de un proceso de consulta pública y un amplio análisis de las mejores prácticas internacionales”, expuso.
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión, es decir, los concesionarios de los medios de comunicación, habían presionado para echar abajo esos lineamientos y, gracias a Peña Nieto, al menos los están retrasando.
La demanda presidencial contra el Congreso de la Unión fue por ocho artículos que, según la explicación ofrecida por la vocería presidencial, considera inconstitucionales.
Paradójicamente, Peña Nieto no sólo había promulgado esas modificaciones legales, sino que las presumió ampliamente como una de las “reformas transformadoras” para “mover a México”.
Sin embargo, hasta ahora no es posible saber el contenido de la denuncia, pues la CJEF lo reservó cuando Proceso, a través de este reportero, solicitó las demandas de controversia constitucional interpuestas en el sexenio. Y, naturalmente, el INAI lo convalidó bajo el argumento de que eran materia de un juicio y, como tal, no pueden ser públicas.
Una coincidencia: en el caso de la controversia a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la CJEF (que declaró la reserva sobre su contenido) trabaja Alberto Pérez Canales, hijo de Alberto Pérez Dayán, ministro ponente de la mencionada controversia, como documentó en febrero pasado Jenaro Villamil, reportero de este semanario.
El Poder Ejecutivo oficialmente desconoce las controversias constitucionales y, una vez más, el INAI le dio la razón: el comisionado Óscar Guerra Ford hizo suyos los argumentos de la Oficina de la Presidencia (OP), que argumentaba que dichos juicios no son de su competencia, y sus colegas lo convalidaron.
La conducta de los comisionados ocurre mientras el INAI se deteriora. Por ejemplo, con la investigación jamás aclarada respecto de la compra de su edificio sede, o bien, con el fracaso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que con un costo millonario no funcionó hasta varios meses después de su lanzamiento… y, ahora, con su omisión en el caso del espionaje a integrantes del NOSC.
