La catalana Ana María Matute, miembro de la Real Academia de la Lengua y una de las plumas españolas más renombradas de la segunda mitad del siglo XX, fue distinguida con el Premio Cervantes en el año 2010. Durante la época franquista tuvo una producción literaria significativa y el régimen de Francisco Franco no dudó en abrirle más de cien expedientes de censura. Esta es una muestra más de la represión en contra de la inteligencia en ese periodo de la historia de España.
No es de extrañar por lo tanto que cuando ese país retoma la democratización institucional, asume el liderazgo europeo en la informatización de sus archivos. La razón es clara: a través de éstos, la memoria colectiva vindica a todas las personas estigmatizadas por la ideología franquista, que dogmatizaba su paso por la historia.
Algunos documentos de esa etapa permanecen aún en los acervos de los organismos públicos; sin embargo, bajo la tutela del Ministerio de Cultura se han creado tres resguardos del periodo: el Archivo General de la Administración, el Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo Histórico Nacional, situados respectivamente en Alcalá de Henares, en Salamanca y en Madrid.
En el primero se contienen los documentos de las instituciones franquistas, como fueron los sindicatos verticales y el secretariado general del movimiento falangista. Más aún, se pueden consultar los expedientes de los condenados a muerte y de aquellos a quienes se les daba el beneficio de la libertad condicional, pero también los de libros, películas y de otras actividades artísticas fuertemente censuradas.
El Centro Documental de la Memoria Histórica no es menos importante; en él se concentran los fondos, entre otros, de los Archivos del Tribunal de Cuentas, del orden público y los de responsabilidad política y, lo más importante, los de la Causa General, al mando del infausto Eduardo Aunós.
Estos últimos fondos –no se requiere de mucha imaginación para poder entender su verdadero cometido– fueron creados por un decreto de abril de 1940 y tenían el mandato de documentar los crímenes cometidos en España durante la dominación roja; sin embargo, continuaron bajo resguardo del Tribunal Supremo y su consulta estaba totalmente vedada.
Pese a su traslado a los Archivos Históricos Nacionales, el acceso a los fondos mencionados se mantuvo restringido. No fue sino hasta la promulgación de la ley 16/85 del patrimonio histórico cuando se permitió su consulta al considerarlos como parte del legado cultural español. A partir de 2008 puede accederse a ellos en línea sin restricción alguna en el portal PARES.
De aquel aciago periodo español hay faltantes documentales importantes. Entre los más señalados están los relativos a las lúgubres prisiones franquistas de Carabanchel y la Concordataria de Zamora, dependientes del Ministerio del Interior. Los grandes ausentes son también los fondos de los transterrados, como llamaba José Gaos a los exiliados. Estos archivos empero se hallan dispersos como una diáspora en toda América Latina (Carmen Sierra Bárcena).
La política archivista española demuestra cómo sin una memoria consultable el Estado pierde en eficacia y en continuidad, y por lo tanto en legitimidad. El pasado no puede ser privilegio de unos cuantos; es el patrimonio de la sociedad.
Para dimensionar las virtudes de la memoria nacional, ésta debe ser depurada y la única forma de acrisolarla es mediante el escrutinio público. En este proceso la dimensión patrimonial del archivo cobra gran relevancia. Configurar la memoria colectiva es una necesidad política y cultural, ya que es parte esencial de la sociedad.
La preservación y la comunicabilidad de los archivos ponen en salvaguarda una memoria colectiva que debe entenderse como imprescriptible, portadora de identidad y de certidumbres. Los archivos tienen como vocación transformar la memoria en historia; no obstante, para el entendimiento de la historia es indispensable la propedéutica del presente. No se trata de inferir lecciones de la historia, sino saber y comprender qué es la nación y cuáles son sus intereses.
Los archivos son un medio irremplazable de rememoración del ejercicio del poder de una época. La memoria colectiva hurga en las ideas de las generaciones precedentes para hacerlas propias; de simple testigo se convierte en protagonista, ya que personaliza y modela las ideas en forma incesante para asegurar su transmisión; en este sentido la memoria colectiva es una realidad evolutiva. En esa forma la historia es una pedagogía del conocimiento y de la razón, e interactúa en una relación simbiótica que nutre la memoria colectiva (Laurent Theis).
La democracia
Históricamente, los países latinos han tenido serios problemas con el manejo de los archivos incómodos. En 1994 la historiadora francesa Sonia Combes publicó un libro emblemático: Archivos prohibidos. Temores franceses sobre la historia contemporánea (Les Archives interdites. Les peurs française face a l’histoire contemporaine). El paralelismo que trazó entre el gobierno de Vichy y los países del Este europeo conmovieron a la opinión pública francesa. Con esta publicación, a la que habría que agregar el informe de Guy Braibant Los archivos en Francia, publicado en 1996, se inaugura una nueva era en la archivística de ese país. Como derivación, el 29 de abril de 2002 el Ministerio del Interior y el de Cultura y Comunicación firmaron un convenio mediante el cual se dio acceso irrestricto a los archivos franceses de la Segunda Guerra Mundial; para ello hubo que superar las reticencias de los ministerios de la Defensa y de Relaciones Exteriores (Charles Keckrméty).
Los archivos mencionados son extensivos a todos los de las prefecturas, los servicios de policía y de información, a los relativos a la organización de los campos de internamiento, a los convoyes de deportación y a las listas nominativas de los servicios de trabajo obligatorio (Journal Officiel número 103 del 3 de mayo de 2002). Este acuerdo dispone la comunicabilidad de la documentación archivística, que se abarcó la guerra de Indochina y de Argelia, entre otras aventuras bélicas.
Si bien estos archivos ya eran consultables desde junio de 1979, se derogó la solicitud previa que para ello debían realizar los investigadores. Más aún, se eliminó la práctica burocrática de privilegiar la consulta en las salas de lectura a cargo de personal que trataba de evitar la comunicabilidad de documentos que pudieran alterar la vida privada de personas, y sobre todo de los archivos que consideraran de seguridad nacional.
Finalmente, la ley de julio de 2008, junto con la relativa a la libertad de creación, de arquitectura y del patrimonio (Journal Officiel del 8 de julio de 2016), universaliza la comunicabilidad de la documentación francesa y reduce el plazo para la que tenga un contenido sensible.
La racionalidad de esta política pública francesa muestra cómo los archivos expresan los valores fundamentales de una sociedad; más que patrimonial o cultural, tienen un valor ciudadano. El debate sobre ellos debe insertarse en una doble perspectiva: la cultural y la ciudadana. De ahí la obligación del gobierno de perennizarlos. Por ello, a las instituciones archivísticas les asiste la vocación y la legitimidad de la memoria colectiva; la vocación alude al ejercicio de su función, el cual requiere de conocimiento, y la legitimidad supone que la comunidad no puede preservar su memoria sin la institución.
Por lo anterior, al gobierno le asiste la responsabilidad de conservar los archivos y asegurar así su continuidad jurídica y administrativa –más aún, su continuidad histórica– y, con ello, la memoria de la nación, que se configura mediante una lenta sedimentación. Los archivos expresan una legitimidad y son una garantía de las libertades públicas. Por esta razón su libre acceso y comunicabilidad tienen como basamento el postulado republicano.
América Latina
El caso de Guatemala es dramático. En 2005 su ombdusman de esa nación descubrió casualmente un depósito inmenso de expedientes policiacos: más de 10 millones de documentos de la extinta policía nacional, y con el apoyo de la comunidad internacional logró que fueran declarados patrimonio nacional para su preservación, estudio y sistematización. Con esta acción legislativa el Estado guatemalteco aseguró la transmisión de esos documentos a las generaciones subsecuentes.
El precedente de Paraguay no es menor. Después de 40 años de dictadura se integró una comisión que debía llevar a cabo el proyecto Archivos, Memoria, Historia y Justicia, el cual se confeccionó a raíz de que en 1992 se descubriera de manera fortuita un archivo en un puesto de policía y que se constituiría en el fondo público documental más importante de la policía secreta en América Latina.
En estos expedientes se encuentra el quid para entender cómo las fuerzas de seguridad del Cono Sur en su conjunto tenían como objetivo la eliminación de los adversarios. A este acervo se le terminó por llamar El Archivo del Terror, ahora bajo la custodia de la Suprema Corte.
El ámbito internacional
En su sexagésimo quinto periodo de sesiones en 2010, la Asamblea General de la ONU (Suplemento. No. 53 A/65/53), en la resolución sobre el derecho a la verdad, reconoció la importancia de preservar la memoria histórica de las transgresiones a los derechos humanos, a cuyo efecto el mantenimiento de archivos y otros documentos relacionados resultan indispensables; igualmente se dijo convencida de que, por lo tanto, los Estados debían preservarlos como parte del derecho humanitario.
La Oficina del Alto Comisionado se abocó al estudio de la creación, organización y gestión de sistemas públicos de archivos como un medio de garantizar el derecho a la verdad. Ya desde 1996 y 1997 Louis Joinet, relator especial, había sido enfático en sostener que el acceso a los archivos era fundamental para la integración de la memoria colectiva. Este informe está siendo actualizado por Diane Orentlicher desde 2005.
En Europa Central y del Este se implementó el Modelo Lustración, que indaga si los candidatos a puestos de elección fueron colaboracionistas. Para ello la desclasificación de archivos de la policía política para su escrutinio público ha sido fundamental.
Varias son las organizaciones internacionales que también se han pronunciado al respecto, como el Consejo Internacional de Archivos (ICA por sus siglas en inglés) a través de su sección Archivos y Derechos Humanos. En octubre de 2011, la Declaración Universal de Archivos de la UNESCO puso en claro la importancia de la función de esos fondos documentales para la transparencia administrativa, la responsabilidad democrática y la preservación de la memoria colectiva en la vertiente cultural de los derechos humanos.
La UNESCO sostiene con razón que aquellos conforman una parte única e irremplazable del patrimonio cultural. Su integridad y comunicabilidad, indica, asegura su transmisión de generación en generación, y añade que “el libre acceso a los mismos enriquece el conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”.
Ya desde 1992 la UNESCO había impulsado el programa Memoria del Mundo, que se sustenta en la preservación y el acceso al patrimonio documental universal. Su fundamento es claro: este último le pertenece a la humanidad, por lo que se le debe preservar, proteger y hacerlo accesible en forma permanente y sin obstáculos. El programa busca que se pueda tener acceso a ese patrimonio y difundirlo a través de las nuevas tecnologías, a fin de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la trascendencia de la memoria colectiva. Para ello creó el Registro de la Memoria del Mundo.
En el transcurso de su existencia este Registro ha inscrito una cantidad importante de fondos documentales que resultan básicos en la formación de la memoria colectiva. En América Latina, a los expedientes incómodos de Paraguay se agregan los de los derechos humanos de Chile (2003), los relativos a la verdad, la justicia y la memoria de la lucha contra el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 en Argentina (2007) y el sistema de información y desinformación del régimen militar de Brasil entre 1964 y 1985 (2011).
La inscripción de estos acervos testimonia la necesidad de conservar el recuerdo de ese ciclo calamitoso para que forme parte de la memoria colectiva y pueda ser transmitido a las generaciones futuras.
En nuestra región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha hecho menos. Con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CIDH, en su centésima primera reunión celebrada en diciembre de 1998, recomendó a los Estados miembros adoptar medidas legislativas necesarias para hacer efectivo el libre acceso a la información contenida en los archivos y documentos en poder del Estado, particularmente en aquellos casos en los se puede derivar responsabilidad internacional por crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
El acceso a esos materiales es esencial para una sociedad informada. Democracia, rendición de cuentas, gobernanza y compromiso social requieren de garantías legales consistentes en el libre acceso a los archivos de los gobiernos en todos los niveles.
Se puede convenir que el patrimonio material en su acepción cultural es el conjunto de bienes a los que se les reconoce un valor eminente. Por su especificidad, los archivos públicos entran en la categoría de bienes culturales; lo son en tanto que la memoria de la acción pública debe considerarse propia del dominio público, ya que existe un vínculo entre el personaje público y el ejercicio de su función.
De esta manera, los archivos tienen una vocación de utilidad general y con ello nutren el patrimonio documental. Bajo esa base, y en tanto componente del patrimonio cultural en el caso mexicano, obligan a su integridad material e inmaterial.
La soberanía legislativa
La literatura ha sido una fuente invaluable en la configuración de la memoria colectiva mexicana, y en ella las obras de José Revueltas son particularmente trascendentes. Revueltas tuvo un contacto directo con el lado más sombrío del sistema mexicano; su reclusión en las Islas Marías (1932 y 1934) y en Lecumberri (1968) le permitió revelar las cruentas modalidades de la represión. En Muros de agua refiere la recurrente transgresión a los derechos humanos, la corrupción y el comercio sexual soterrados en las entrañas mexicanas. El apando no es menos cruda.
Por otra parte, la obra testimonial La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, es uno de los libros emblemáticos de la represión vandálica del Estado en contra del movimiento estudiantil de 1968 y sin duda uno de los puntales en la configuración de la memoria colectiva mexicana.
Los testimonios de Heberto Castillo en Si te agarran te van a matar, compuestos de 15 narrativas, son fundamentales en este contexto. En esta obra, cuyo título se atribuye a una frase del general Lázaro Cárdenas cuando lo previno del peligro que le acechaba en la represión del 68, muestra la forma en que el temperamento del autócrata es determinante en la conformación del sistema represivo mexicano. Estos testimonios contrastan con las verdades apodícticas pregonadas por la administración oficial.
Ahora, en el Congreso de la Unión se discute la iniciativa de la Ley General de Archivos (LGA), que merece un análisis extendido. El reto no es menor. Es motivo de desasosiego el hecho de que en la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDH) se haya desdeñado el derecho humano primario en su expresión cultural como lo es el relativo a la memoria colectiva y, en su vertiente individual, el derecho a la investigación histórica y científica. Una omisión mayúscula.
Los archivos incómodos generan una de las mayores inquietudes y tienen su expresión sobresaliente en el ejercicio discrecional del poder archivístico, cuando su racionalidad debería ser la preservación de la memoria colectiva. El poder de comunicación de documentos reservados lo ejerce en México una infinidad de agentes que impiden la consulta de todo documento cuya divulgación pudiera tener, en su criterio, consecuencias indeseables.
La información se emplea como parte del ejercicio omnímodo del poder y como un medio de control político y social. El mandato democrático empero está en las antípodas. Los criterios internacionales aludidos en este orden son contundentes, para no mencionar el Acta de Libertad de Información estadunidense (Freedom of Information Act), que es el parteaguas en materia de información pública; su objetivo primordial es el libre acceso a ésta a efecto de combatir la corrupción y reafirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
El debate en el Congreso mexicano es de gran envergadura. Se tienen que conciliar diversos vectores convergentes: la transparencia en el ejercicio del poder, la protección de datos personales y de las libertades públicas, entre otros, que deben de obedecer al mandato democrático.
A la necesidad de la ley que se debate en el Congreso de la Unión habría que agregar una política de archivos. Corresponde ahora a la Secretaría de Cultura, en acatamiento al mandato de la LGCDH, confeccionar una política nacional cultural. Su consecuencia sería la asunción del pleno control del Archivo General de la Nación, para superar el sinsentido de agrupar en un solo mando los servicios de inteligencia del Estado, las fuerzas del orden federales y la guarda y custodia del patrimonio cultural documental.
En la actualidad México se define como un país que privilegia más los eventos que quisiera olvidar que los que quisiera recordar. En el debate de la Ley General de Archivos, el Congreso debe revertir ahora esta desmemoria en ejercicio de su potestad soberana
*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.
