El juez Distrito Eduardo Javier Sáenz Torres citó para la próxima semana al prófugo exgobernador César Duarte y a otros siete priistas para que respondan por el presunto desvío de 80 millones de pesos para campañas electorales entre 2010 y 2016. Algunos excolaboradores suyos se acogieron a la figura de testigos protegidos y están soltando información incriminatoria. Ante este escenario, la cuenta regresiva para una eventual captura sigue su inevitable marcha.
CHIHUAHUA, CHIH.- Durante su administración, el priista César Duarte Jáquez no sólo benefició a familiares y amigos –a quienes otorgó puestos clave para desfalcar al estado–, presuntamente también desvió fondos para financiar varias campañas de correligionarios que buscaron la gubernatura en sus entidades de origen.
Duarte Jáquez utilizó cuantiosos fondos del erario para la compra de casas, ranchos y ganado, según los datos recabados por Proceso en las audiencias de seis de los siete exfuncionarios duartistas que están siendo procesados.
Los detenidos en una primera etapa son Javier Garfio Pacheco, originario de Balleza, quien fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la pasada administración; Gerardo Villegas Madriles, de Parral. Él se desempeñó como director de Administración de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura.
Posteriormente fueron aprehendidos el diputado federal suplente Enrique Antonio Tarín García, primo de Duarte y originario de Balleza, quien fue director de Adquisiciones y Servicios de Hacienda; Karina Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación y Deporte; Sergio Medina Ibarra, oriundo de Parral y exdirector del Comité de Adquisiciones de Hacienda, y Jesús Manuel Esparza Flores, también de Parral y extitular de la Auditoría Superior del Estado.
En sus comparecencias, los testigos protegidos expusieron que la coordinación de los directores de adquisición estuvo a cargo de los directores generales de administración Carlos Hermosillo Arteaga (2011– 2013) y Gerardo Villegas (2013 a 2016).
El desvío de recursos millonarios se realizó a través de la adjudicación directa para medicamentos y otros servicios, con la autorización de los duartistas y por medio de empresas creadas por funcionarios, familiares de Duarte o prestanombres, en complicidad con empresarios y autoridades municipales.
En su último año de gestión, Duarte “gratificó” con 1 millón de pesos a cada diputado que aprobó la bursatilización que él propuso. Su iniciativa se impuso con 23 votos a favor y ocho en contra.
Es probable que la red de corrupción sea más amplia y comprometa a más personas del entorno duartista. Eso se sabrá el próximo lunes 26, cuando el exmandatario y varios de sus antiguos colaboradores y priistas locales comparezcan ante un juez federal por el delito de peculado electoral que les imputa la Secretaría de la Función Pública estatal.
Según el gobernador Javier Corral Jurado hay alrededor de 50 carpetas de investigación abiertas y podrán incrementarse. Hasta ahora, 30 excolaboradores de Duarte que no son ni de Parral ni de Balleza fungen como testigos protegidos y comenzaron a delatar a sus antiguos compañeros.
Los testimonios
Proceso consultó a tres de esos testigos, quienes señalan que, a través de las secretarías de Salud, de Educación y Deporte y de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se desvió dinero para varias campañas.
Ellos señalaron al parralense Pedro Genaro Hernández Flores como uno de los hombres clave de Duarte. Fue su último secretario de Salud, dijeron.
“Pedro hizo que José Luis González de la Vega fuera nombrado por Duarte. Pesó que había sido secretario de Educación en Guerrero y muy amigo de la maestra Elba Esther Gordillo. Él se vino a Chihuahua a hacer alianzas partidistas”, refiere uno de los exfuncionarios de Salud. Ocupó el cargo hasta febrero de 2015; después se fue a la Secretaría de Desarrollo Social, según los archivos periodísticos consultados.
En los comicios de Delicias de 2015, estuvo operando González de la Vega, comenta uno de los testigos. Al principio el SNTE le pagó los viáticos. Cuando negoció las alianzas en Chihuahua, le pasó la factura a la secretaría particular; además, Hernández Flores le daba dinero de Salud y le prestaba durante un año una Suburban y un chofer para que se movilizara.
Y añade: “En la campaña de Delicias (González de la Vega) llevaba billetes de 200 pesos y lo acompañó gente de Alejandro Villarreal (líder de la Sección 8 del SNTE). Parral estuvo a cargo de Hernández Flores, a quien le ayudaron un hermano del entonces gobernador y Karina Velázquez (actual diputada local y exdirigente del PRI estatal)”.
Por lo que atañe a González de la Vega, sus contactos eran los entonces secretarios generales de las secciones 42 y 8 del SNTE, asegura el entrevistado.
En el caso de Villarreal, comenta uno de los exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Deporte, llegó a la dirigencia de la Sección 8 hace cinco años gracias a su compadrazgo con René Fujiwara, nieto de la profesora Gordillo Morales.
En la audiencia de vinculación a proceso de Medina Ibarra, acusado del presunto desvío de 379 millones de pesos, los testigos protegidos dieron detalles de la manera en que operaron para destinar recursos a la campaña de Enrique Serrano Escobar, candidato de la coalición PRI-PVEM-PT-Panal a la gubernatura en 2016.
Con ese dinero, según los testigos, los operadores de Duarte compraron propiedades incluso en Quintana Roo. Esa versión coincide con la de otros exservidores entrevistados, quienes señalan a José Guadalupe Yáñez M. como prestanombres de Duarte y de varios priistas.
En la red de corrupción duartista los secretarios participaban en la elaboración de políticas públicas y del desarrollo del Plan de Gobierno; en segundo plano estaban los directores generales, directores y jefes de departamento, quienes manejaban los recursos para su desvío; por último estaban los empleados de gobierno, los encargados de dar “atención a la sociedad”.
Medina Ibarra simuló un procedimiento administrativo de febrero a octubre de 2016 para la prestación de servicios por adjudicación directa con la empresa Asesorías y Servicio a Informáticos Online, con la que presuntamente tiene relación el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores, otro de los procesados.
En complicidad con otros funcionarios y empresarios, Medina aprobó el dinero en 28 pagos y transferencias bancarias para simular la realización del dictamen de excepción a la licitación, acta de adjudicación directa, contrato y facturación a favor de la empresa presuntamente creada en diciembre de 2012. Sin embargo, no existe registro de su constitución.
Gerardo Villegas, sobrino político de Duarte, se encargó del desvío millonario. También participó el entonces director general de Administración, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien murió en marzo pasado en un accidente en la carretera Parral-Chihuahua. Hermosillo firmó el procedimiento y Medina lo autorizó. Aunque ambos rubricaron el documento en 2015, le pusieron como fecha el 2 de enero de 2013.
Quienes participaron en ese evento desarrollaron negocios personales, asegura uno de los testigos protegidos. Algunos de los implicados compraron viviendas, predios rústicos y ganado dentro y fuera de la entidad. Medina Ibarra, por ejemplo, compró la planta de minerales Real de Viedma, en Parral y el club deportivo Mineros de Parral.
Previamente, otro juez dictó vinculación a proceso contra el exauditor Esparza Flores por el desvío de 542 mil pesos para pagar vacaciones a sus familiares a San Francisco, Miami, Cancún y Playa del Carmen.
Asimismo, le abrieron otro proceso penal por ocultar en las observaciones del Informe Técnico de Resultados de 2014, 1 millón 836 mil pesos de la cuenta pública del ayuntamiento de Parral que no estaban justificados, luego de una denuncia presentada por el diputado panista Jorge Carlos Soto Prieto.
El presunto destinatario de ese dinero fue el exdiputado priista Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, quien lo entregó a su partido.
La defensa de Esparza Flores aseveró que Villalobos sólo cobró siete de los 28 cheques, por lo que son imprecisas las impu-taciones del Ministerio Público.
El miércoles 14 fue vinculada a proceso, también por peculado agravado, Karla Jurado Bafidis. A ella se le acusa, junto con Gerardo Villegas, Antonio Tarín y Ricardo Yáñez, del presunto desvío de 246 millones de pesos.
A Villegas y Tarín se les abrió otro proceso por presunto desvío de 120 millones de pesos. En ese caso también están implicados el extitular de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y otros exfuncionarios, quienes habrían realizado y firmado oficios para concretar el desvío a favor de la empresa Kepler Soluciones Integrales a través de cuatro pagos entre marzo y junio de 2015.
La nómina secreta
El juez de Distrito Eduardo Javier Sáenz Torres citó para el lunes 26 a ocho priistas chihuahuenses, entre estos el exgobernador Duarte, la diputada Karina Velázquez, el exsecretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral, el exjefe de control de pagos Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, el excoordinador administrativo Adrián Dozal Dozal, el exdirector de Egresos de Hacienda Jesús Olivas Arzate, el exdirector de Administración Gerardo Villegas Madriles (procesado y preso por el delito de peculado en dos causas penales), así como el exsecretario de Finanzas del PRI estatal Pedro Mauli Romero Chávez.
Los ocho deberán responder por el presunto desvío de 80 millones de pesos para campañas electorales entre 2010 y 2016.
De acuerdo con la causa penal 457/2017, la investigación fue realizada por la FEPADE luego de una denuncia que hizo la titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Stefany Rocío Olmos Loya.
El gobernador Javier Corral dijo que, además de obligar a descontar cuotas por nómina a servidores públicos, tienen detectadas otras modalidades para desviar dinero del erario a campañas políticas desde 2012.
Según el mandatario, Duarte no sólo transfirió recursos públicos al PRI cada mes durante su administración; también financió campañas electorales en Chihuahua y otras entidades.
El 23 de junio formularán imputación a los ocho presuntos implicados. En su querella, Olmos Loya presentó documentos de retención de 5 a 10% del salario a 700 empleados de mandos medios que presuntamente se destinaron a campañas políticas.
Además de ese desvío de recursos, durante un cateo a la casa de Duarte en Parral y en su rancho de Balleza se encontró una nómina secreta de la que los testigos protegidos habían informado en sus comparecencias.
Esa nómina es parte de las evidencias aportadas a la FEPADE. En ella está implicada la diputada Karina Velázquez, así como priistas, panistas, e incluso obispos.
Los aliados
Los grupos de Parral y de Balleza que armó Duarte Jáquez estaban integrados por varios familiares suyos; uno de ellos, Alejandro Duarte Jáquez, hermano menor de César. Alejandro fue operador de confianza de César, disponía de recursos de la Jurisdicción Sanitaria III, de vehículos y combustible de Seguridad Pública Municipal con el alcalde Miguel Jurado, y de la fiscalía, que le proporcionaba guardias y armas.
“Quiso ser candidato por el Distrito 22 en las pasadas elecciones, donde finalmente resultó postulada Imelda Beltrán, la dama de todas las confianzas de Bertha Gómez, esposa de Duarte.”
También estaba Alonso Duarte, sobrino del exgobernador. Él trabajó en el Colegio de Bachilleres, también es de origen ballezano. Asimismo, estaba Sixto Duarte, hermano de César.
Otro era Joel Sandoval Tarín, también de Balleza, familiar de César Duarte y operador electoral. Los priistas lo conocen como Fantomas. Fue director de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua la pasada administración.
Otros ballezanos eran Javier Garfio, compadre de Duarte, y Raúl Javalera, quien tuvo cargos importantes en el sexenio duartista.
Gerardo Villegas Madriles, de Parral, es sobrino político de César Duarte. Inició con un modesto negocio de publicidad llamado Signo en su pueblo. Su socio, Gerardo El Gordo Acosta, se encuentra prófugo por un fraude en el giro de compraventa de autos. Está casado con la hija de Crescenciano Chanin Duarte.
Antonio Tarín García, otro parralense, es hijo de un hombre de buen prestigio en Parral, dueño del Súper Zaragoza. Pedro Hernández Flores, parralense, es hijo del boxeador Pedro Hernández, El Pitt Mandíbulas, quien actualmente tiene un modesto gimnasio en la calle Ocampo en Parral.
Hernández aportó los recursos para las campañas de Pedro Villalobos, Karina Velázquez, Carlos Hermosillo y Miguel Primo Armendáriz, este último para la alcaldía de Parral.
El exauditor Jesús Manuel Esparza fue regidor por el PRI con el gobierno panista de Bernardo Avitia, aspirante a la alcaldía de Parral, pero perdió la elección interna contra David El Gato Villalobos. Colaboró con Duarte en la Cámara de Diputados.
Silvia Manuela Vázquez Lazcano, de Parral, fue alcaldesa durante algunos meses, cuando Jesús José Villalobos dejó la presidencia municipal tras ser designado candidato a la diputación federal. Fue procuradora de la Defensa del Menor en el sexenio de Duarte.
Fausto Javier Tagle Lachica, esposo de Silvia Vázquez, es abogado y tenía un despacho en la calle Moctezuma del Barrio del Conejo, ícono del priismo ubicado en el centro de Parral. Fue el fiscal especializado en casos de víctimas de violencia.
