Para la comunidad LGBTTTI, que el domingo 4 participó en la marcha Guadalajara Pride, lo importante es que el gobierno reconozca legalmente a los trans, impulse los trámites de cambio de identidad y sancione los transfeminicidios que ocurren en Jalisco cada vez con mayor frecuencia y saña. Poco importa si un gobernador como Aristóteles Sandoval Díaz marcha al lado de ellos por las calles y pronuncia discursos de inclusión y tolerancia. Simplemente no le creen.
La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de Guadalajara se indignó porque el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió participar el domingo 4 en la marcha Guadalajara Pride.
A los defensores y activistas de los derechos de los homosexuales no les gustó que el mandatario priista inaugurara el evento, posara para la foto y pronunciara un discurso que califican de “hipócrita e inmoral”, pues Sandoval aseguró que en Jalisco se garantizan los derechos de todas las minorías, e invitó a todos –incluidos los funcionarios de su partido, los priistas– a trabajar de la mano con la autoridad.
“El gobernador miente. ¿Cómo se atreven a invitar al gobernador a encabezar una marcha, cuando es el Estado el culpable de que no tengamos derechos?”, comenta el activista Jaime Cobián.
En Jalisco todos saben que su gobierno poco o nada hace para frenar los crímenes de odio. Hoy, los matrimonios de lesbianas, gays y trans deben recurrir a un amparo para registrar a sus hijos y regularizar sus documentos. E insiste: el gesto de Sandoval “tiene tintes electorales. Es inmoral verlo en la marcha cuando ha dicho abiertamente que los temas de derechos para los homosexuales no son de su interés”.
Las asociaciones civiles jaliscienses aseguran que entre 1995 y 2014 hubo casi 4 mil crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, de los que 265 fueron transfeminicidios y 11 de ellos ocurrieron en Jalisco. Lo peor, dice, cada vez son más y se ejecutan de las maneras más brutales.
A su vez, la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia indica que de 2007 a 2015 hubo 283 transfeminicidios. Y, según esos indicadores, México ocupa el segundo lugar en el mundo, por debajo de Brasil. Según estima la comisión, por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
La violencia no termina ahí, añaden los activistas. Pese al discurso triunfalista de Sandoval de “persuadir a las autoridades a ser sensibles y fomentar una cultura de respeto y de tolerancia”, hay poco más de 70 leyes vigentes en Jalisco que violentan los derechos de la comunidad LGBTTTI congeladas en el Congreso local.
Y reiteran: esa es una muestra del desinterés del gobierno estatal y de los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos, presidida por María del Refugio Ruiz Moreno, correligionaria de Sandoval.
Víctimas invisibilizadas
La madrugada del 18 de enero último Anahí Tapia Llamas fue asesinada de dos balazos en el bar gay llamado Caudillos, ubicado entre las calles Prisciliano Sánchez y Ocampo, en el centro de Guadalajara. El cuerpo de la joven trans de 23 años fue arrastrado por el agresor y abandonado en la calle.
La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, clausuró el establecimiento. Es la tercera vez que lo hace en los últimos meses a causa de la violencia. Hasta ahora el fiscal no ha detenido a ninguno de los presuntos implicados en esos crímenes.
Semanas después, el 11 de marzo, apareció el cuerpo de otra trans llamada Lluvia “N”, de 30 años, en la colonia Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Estaba descuartizado dentro una maleta y tenía huellas de tortura. Las autoridades no han aclarado el caso.
Sólo sus amigos recuerdan a Lluvia. Por eso les molestó sobremanera el oportunismo del gobernador Sandoval del domingo 4, precisamente durante la marcha Guadalajara Pride.
El abogado Carlos Becerra, de la organización Impulso Trans, apunta que las mujeres y hombres trans en el estado siguen siendo invisibilizados por las instituciones. En Jalisco, esta población carece de identidad jurídica, pues una vez que asumen su identidad de género las autoridades les niegan su nueva documentación.
En Jalisco, apunta, hay más de 500 personas con problemas para regularizar sus documentos, pues aun cuando la Carta Magna instituye en su artículo 121 que se reconozcan los actos públicos y registros realizados en cualquier entidad federativa, en Jalisco el cambio de nombre por identidad de género no está permitido.
En su edición 644, Proceso Jalisco publicó un reportaje sobre el caso de Izack Alberto Zacarías Najar –nacido mujer–, quien consiguió que el ayuntamiento de Tequila le reconociera su nueva identidad de género. No obstante, cuando hubo cambio de alcalde y llegó al ayuntamiento el priista Felipe de Jesús Jiménez Bernal, invalidó la decisión del Registro Civil.
En ese caso, la opción es interponer un amparo para conminar al Registro Civil a acatar el mandato constitucional para que el implicado solicite una nueva acta de nacimiento, comenta Becerra.
Ante las trabas de las autoridades municipales en todo el país, más de 3 mil trans se han visto obligados a ir a la Ciudad de México para actualizar sus documentos de identidad y solicitar una nueva acta de nacimiento, pues sólo ahí está permitido ese trámite.
Más allá de los discursos oficiales, dice el abogado de Impulso Trans, la realidad es que “no existen políticas públicas para la población transgénero y transexual en Jalisco”.
La FGE, por ejemplo, no tiene estadísticas de muerte de mujeres y hombres trans; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tampoco segrega muertes por género, sino sólo por sexo.
Y aclara: en el caso de las mujeres trans, sólo por serlo, son las más vulnerables. Sus muertes son transfeminicidios y deben tipificarse como tal y no como hasta ahora, como simples “homicidios dolosos”.
Como en las estadísticas oficiales los transfeminicidios son inexistentes, la organización Impulso Trans sólo ha contabilizado cinco en lo que va del año.
Proceso Jalisco solicitó a la FGE y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) información desglosada por municipio sobre el número de homicidios cometidos durante los últimos cinco años de hombres vestidos de mujer o que presentaran “algún indicio de rasgo femenino”.
La Unidad de Transparencia de la fiscalía envió el oficio FG/UT/2822/2017 en el que sostiene que los datos son inexistentes. El ómbudsman Felipe Álvarez Cibrián respondió que no le corresponde atender dicho tipo de homicidios (expediente UT/159/2017).
La CEDHJ recibió más de 3 mil 500 denuncias por discriminación y homofobia en 2016. El ayuntamiento de Tlajomulco y el DIF Jalisco fueron las dependencias con mayor grado de incidencia en esos rubros, según los datos proporcionados por Transparencia a Proceso Jalisco, según el oficio 564/DQ/2016.
En otra petición –la SE/UT/455/2016–este semanario solicitó el nombre de los cinco funcionarios más señalados por esos delitos. La comisión se negó a responder, alegando la inexistencia de esos datos.
Becerra concluye: La violencia contra las mujeres trans proviene en primera instancia de las instituciones públicas. Urge, dice, un protocolo de actuación ministerial en Jalisco –hasta ahora sólo hay uno a nivel federal– para que los agentes investigadores sepan cómo actuar en casos de violencia contra integrantes de la comunidad LGBTTTI.
Es imperativo romper el mito de que las mujeres trans se dedican sólo a la prostitución. No, también hay profesionistas, destaca el abogado.
Los sesgos
Hasta ahora las autoridades no tienen un registro sobre las muertes de mujeres desde la perspectiva de género. Hasta el 19 de octubre de 2016, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco tenía información sobre 50 muertes femeninas a causa de golpes, 43 por medio de armas punzocortantes, 46 por estrangulación y 107 por arma de fuego. Ninguna de ellas era trans, pues la opción de búsqueda se encuentra segregada por sexo y no por género.
Eso contraviene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el derecho constitucional de ser reconocido por la vía legal con la identidad sexogénerica que el ciudadano asuma. Eso dificulta las investigaciones e invisibiliza a las víctimas.
Según Nicole Elizabeth Illand Murga, cronista de la Corte, “en la mayoría de los casos los seres humanos que presentan características de ambos sexos se deciden por uno de ellos, lo que los lleva a someterse a diversos tratamientos psicológicos, hormonales y quirúrgicos para modificar su apariencia física, a fin de adecuarla a su sentir y actuar.
“Quienes están en esta situación y se han sometido a tratamientos médicos y farmacológicos, necesarios para corregir la falta de correspondencia entre su identidad biológica externa y su identidad real, pueden solicitar que se les reconozca en forma definitiva su verdadera identidad sexual, al adecuar su sexo legal o jurídico.”
Desde finales de los años noventa, el historiador Alonso Hernández empezó a recopilar información sobre los transfeminicidios en todo el país. Su propósito es, dice, darle a las personas su derecho a la identidad.
Empezó su trabajo en condiciones precarias en Atracción de Hombres y Enkidu Magazine. En 2009, tras la publicación de un álbum en su muro, los activistas Xabier Lizárraga y Braulio Peralta lo animaron a realizar el grupo de recopilación de información que publica cada semana.
“He realizado los obituarios de mis abuelos para mi perfil. En él he subido casos como el de un tío bisabuelo por parte de los Nieto o de otros familiares y de varios exnovios, lo que me ha dolido mucho”, dice.
Y añade: El tratamiento de las personas trans en el obituario ha sido polémico desde el principio. Primero fue la discusión sobre qué nombre les pondríamos. Al final optamos por el que ellos, las víctimas, solían usar.
