Konstantin Mikhailovich Simonov (1915-1979) fue uno de los poetas más populares en la Unión Soviética. Junto con otros escritores integraba el jurado para otorgar el Premio Stalin, que obtuvo él mismo en tres ocasiones. En su autobiografía intitulada Ante los ojos del hombre de mi generación narra que el 31 de marzo de 1948 Stalin llegó a la sesión del jurado portando un ejemplar de la revista Estrella (Zvezda), dedicada al arte dramático y a la sátira. Fuera de agenda refirió un drama atribuido a dos autores de la época: Grouzdev y Chetverikov e impulsó la candidatura de la pieza. El jurado quedó estupefacto puesto que Chetverikov había sido enviado al Gulag.
El jurado quedó sumido en una ingente perplejidad y, al final, la inminencia del otorgamiento del premio, arriesgó a decir: “Camarada Stalin, Chetverikov está recluido en Gulag”. Imperturbable, Stalin retomó el protocolo para el otorgamiento del premio.
Estas y otras anécdotas dan cuenta de la forma en que la dictadura y la autocracia intervienen activamente en la formación de la memoria de los grupos sociales y de sus miembros. Más aún, evidencian cómo el temperamento del poder supremo condiciona la personificación de la amnistía y del perdón por los atropellos del dictador y del autócrata. Resulta claro que después de la dictadura o la autocracia emerge la necesidad social de restaurar en el espacio público la memoria de las etapas más atrabiliarias de la represión.
La formación de la memoria colectiva ha encontrado referencias significativas en las creaciones literarias. Son fundamentales en este sentido Un día en la vida de Iván Denísovich, de Aleksandr Solzhenitsyn, o el poema En nombre del derecho a la memoria (1966-1969) , de Alexandre Trifonovich Tvardovski, que abordó la controversia de la genealogía social del individuo. Dos perspectivas distintas, pero ambas configurativas de la memoria colectiva rusa.
A partir de 1987 una verdadera marea de información inundó la prensa escrita rusa. Sin embargo, la obra que marca el inicio de la prosopografía de la época estalinista es sin duda Stalin. Triunfo y tragedia (1989), escrita por el general Dmitri Antonovich Volkogonov, quien tuvo el privilegio de consultar los archivos secretos soviéticos y formó parte de la Comisión para la Desclasificación de los Documentos del Partido Comunista de la Unión Soviética.
La ley federal rusa de archivos aprobada por la Duma en octubre de 2004 restringe severamente el acceso a los expedientes de las víctimas de la represión al decretar un plazo de 75 años respecto de aquellos eventos que vulneren la vida privada. Le correspondió al tribunal constitucional ruso (decisión 248 de junio de 2005) determinar la extensión del concepto de vida privada. Lo relevante de esta decisión es considerar que la inviolabilidad de la vida privada presupone la garantía del Estado de atribuir a cada persona el poder de oponerse a la difusión de la información sobre ella y controlarla, como sería el caso de datos relevantes de carácter personal e íntimo. No obstante, la ambigüedad de esa noción asenderea los excesos.
La publicación del Manual metódico sobre la publicación de expedientes de investigación y de instrucción creados durante el periodo soviético (1998) y el decreto del Ministerio de Cultura de enero de 2007 tienden a sistematizar el acceso a los archivos. No obstante, la carencia de expertos que publiquen las fuentes de la historia conforme a las reglas científicas agrega una enorme dificultad a esa tarea de sistematización.
Los archivos incómodos
Las dictaduras y regímenes autocráticos tienen un común denominador: sus policías políticas han producido un sinnúmero de expedientes en torno a los ciudadanos sometidos a vigilancia permanente a través de una compleja red de informantes.
Ahora, en las nuevas sociedades democráticas, cuyo fundamento primario es la libertad, existe una clara reivindicación acerca del conocimiento de la verdad, lo que implica el acceso a la información sobre los crímenes de las dictaduras y de las autocracias y su documentación en los servicios de seguridad del Estado. La fórmula democrática obliga por ello a la comunicabilidad de los archivos.
Existe una diferencia al respecto entre Europa y América Latina: en la primera el ejercicio democrático y la transparencia provienen de los órganos del Estado, mientras que en la segunda se derivan de las reivindicaciones de la sociedad civil. México merece una reflexión específica.
La organización, preservación y comunicación de los archivos, así como las doctrinas, prácticas y la formación de profesionales en este ámbito, también acusan una gran diversidad.
Las siete hermanas
Los países del este europeo tuvieron que transitar de la disciplina ideológica a la libertad de pensamiento. Ello explica la multiplicación de la legislación archivística, en gran medida bajo el patrocinio del Consejo de Europa y del Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en inglés).
Así, entre 1990 y 2008, de los 15 países que emergieron después de la caída de la Unión Soviética siete crearon nuevas instituciones encargadas de la preservación y administración de los archivos de las policías políticas del ancien régime. Los países bálticos siguieron un camino diferente en virtud de que los documentos estaban centralizados en Moscú.
Correspondió a Alemania impulsar un modelo que fue adoptado con algunas variantes en los países del este; consiste en preservar los archivos especializados y evitar concentrarlos en los archivos generales de Estado. La razón que subyace en esto es muy clara: existen serias suspicacias en las autoridades políticas por el laxismo del personal encargado de custodiar los acervos públicos.
En diciembre de 2008 se reunieron en Berlín las instituciones responsables de los archivos políticos de Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. La tarea que tenían era inmensa: sistematizar una abundante documentación. Para dar una idea de los volúmenes, los de la Stasi alemana alcanzaban 110 kilómetros, los de Polonia 87 y los de la República Checa, Rumania y Bulgaria podían extenderse hasta por 20 kilómetros en cada caso.
Las polémicas que se suscitaron sobre el tema fueron de gran envergadura; una de ellas gravitaba en torno al pasado de los hombres políticos y de aquellos funcionarios que tuvieron autoridad en esta materia. El debate se extendía a los casos de quienes habían colaborado con las policías políticas. Revelar esta información obedecía al mandato democrático, pese al escozor social que ello suscitaría. Sin embargo, las reticencias naturales provenían de las nuevas autoridades encargadas de la seguridad –que demostraron un gran celo en cuanto al control de los expedientes– o de partidos políticos que buscaban evitar la exposición de los nombres de algunos de sus miembros prominentes que pudieran ser señalados como informantes.
Desde luego, los expedientes de las policías políticas resultaban muy embarazosos. Acumulados durante decenios, delataban el reclutamiento de informantes y asesinatos oscuros, entre otros eventos. El espectro social de informantes era enorme: abarcaba ministros de culto, académicos y líderes estudiantiles, entre otros.
El proceso de transparencia estuvo repleto de vicisitudes. He aquí algunas de ellas:
A finales de 1989 estalló en Hungría el escándalo llamado Dunagate. A pesar de que la policía política de ese país, la Dirección de Seguridad Interna III/III, ya había cesado sus funciones, las comunicaciones de ciudadanos seguían siendo interceptadas. El gobierno húngaro se vio obligado a publicar una monografía (Escritura secreta 1956-1990. El servicio de seguridad del Estado y la vida literaria), en la que identificaba escritores y periodistas que habían colaborado con los servicios de seguridad política.
En Alemania ocurrió un evento novelesco, conocido como Operación Rosenholz (Operación Rosewood), que generó una gran tensión entre Estados Unidos y Alemania. A la caída de la República Democrática Alemana (RDA) la información sobre los agentes extranjeros que colaboraban con ella se trasladó a Moscú, pero antes fue microfilmada. Existen diferentes versiones respecto de la manera en que la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (la CIA) adquirió los microfilmes.
Ante un enérgico requerimiento por parte de Alemania, en 2003 Estados Unidos accedió a entregar exclusivamente 381 CDRoms, cuya información se refería sólo a los alemanes que participaron como informantes de la antigua RDA. La demás información les fue remitida a los países aliados. El reclamo de Alemania persiste bajo el argumento de que esos datos pertenecen a su historia. El Reino Unido, entre otras naciones, se niega a restituir la información de los británicos que fungieron como colaboracionistas.
Los derechos culturales
La preservación de los archivos relativos a la represión es fundamental para la perpetuación de la memoria colectiva, pues éstos constituyen una fuente testimonial invaluable para aquellas personas que han sido víctimas del sometimiento. En este orden es identificable un vínculo indisoluble entre los archivos y los derechos humanos en su vertiente de derechos culturales. De esta manera, el patrimonio cultural documental es uno de los ejes para la construcción de la memoria colectiva.
Celebrada en México en 1993, la Conferencia Internacional de la Mesa de Archivos (CITRA, por sus siglas en inglés) resaltó el valor de los documentos como patrimonio cultural y como basamento para el ejercicio de los derechos culturales colectivos; es el caso del derecho a la memoria y, en su expresión individual, del derecho a la investigación histórica y científica, entre otros. No obstante ello, la recientemente aprobada Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) es totalmente omisa al respecto, a diferencia de la Constitución de la Ciudad de México. El contraste no es fortuito; son modelos culturales diametralmente distintos.
En este contexto, el archivo se convierte en un testimonio documental, permanente y neutral, y en un componente fundamental del patrimonio cultural. En todo proceso de democratización la preservación y el mantenimiento de archivos resultan trascendentes.
Sin embargo, la omisión de estos derechos culturales origina un profundo desasosiego y legitima el ejercicio irrestricto del poder al desasociar las mutaciones propias de la memoria colectiva de la actuación burocrática y los instrumentos de la acción pública. Al crear un sistema cultural centralista y omitir estos derechos culturales, el Estado se apresta a detentar el monopolio absoluto de la memoria colectiva haciéndola oficialista.
Con el mandato que tiene de conducir la política cultural nacional (artículo 4° de la LGCDC), la Secretaría de Cultura podrá imponer modalidades a las políticas públicas en materia de memoria colectiva y convertirse en su gran ordenadora.
* Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.
