El pasado 23 de mayo, tres meses después que el The New York Times reveló las tentativas de espionaje gubernamental contra un científico y dos activistas, las organizaciones que conforman la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA) –una instancia de diálogo permanente entre gobierno y sociedad civil para elaborar políticas públicas– se retiraron de la iniciativa.
La historia de ese desencuentro se inició en julio de 2016. Durante varias semanas el doctor Simón Barquera, integrante del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y los activistas Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, directores de las organizaciones El Poder del Consumidor y ContraPESO, respectivamente, recibieron en sus celulares varios mensajes sms que contenían un código invasivo de Pegasus, un programa espía desarrollado por NSO Group, empresa israelí que vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos.
Los destinatarios tenían algo en común: los tres habían propuesto un impuesto de 20% a las bebidas azucaradas en 2014 y el 29 de junio de 2016, en los que abogaban por un reforzamiento de la regulación de las industrias refresquera y de alimentos chatarra.
El asunto permaneció en silencio hasta que a principios de febrero pasado el diario The New York Times reveló la trama, lo que motivó preguntas sobre si las herramientas de NSO están siendo usadas para avanzar los intereses comerciales de la industria refresquera de México.
Durante tres meses, la PGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) guardaron silencio. Al principio argumentaron que no abrieron investigaciones de oficio porque no recibieron ninguna denuncia formal de los hechos.
Sin embargo, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –una organización que documentó el uso ilegal y descontrolado de los programas espías por parte de las agencias de seguridad mexicanas– afina los detalles de una denuncia que en breve interpondrá ante la PGR “contra quien resulte responsable”.
El abogado Luis Fernando García, director general de la organización, estima que la querella pondrá a prueba la voluntad política de la procuraduría, que deberá investigarse a sí misma. Un caso inédito en México en materia de espionaje.
García recuerda que la PGR era una de las dependencias de seguridad que compró el programa espía Pegasus, y más específicamente la Agencia de Investigación Criminal, cuando su director era Tomás Zerón de Lucio (Proceso 2019); la otra es la Secretaría de la Defensa Nacional, que adquirió la ciberarma en 2011.
Pegasus es un malware extremadamente intrusivo, que permite al hackeador tomar el control del dispositivo de su objetivo de manera prácticamente indetectable. Después de una infección, la cámara, el teclado –con ello puede robar las contraseñas– y el micrófono se encuentran a merced del atacante.
La empresa israelí NSO Group, que desarrolla una gama de programas espías, incluido Pegasus, asegura que vende sus productos exclusivamente a agencias gubernamentales.
Respuestas elusivas
Luis Fernando García advierte que es difícil seguir la pista de las empresas intermediarias que vendieron el programa Pegasus a las agencias –algunas se crean de manera ex profeso para cada transacción–, pero confía en que “una autoridad investigadora seria, a través de las facultades que tiene, podrá determinar con certeza qué agencias del gobierno mexicano, tanto federal como local, han adquirido este malware de vigilancia”.
Si la PGR se resistiera a investigar de manera profunda el caso del espionaje o determinara que no hay delito que perseguir, R3D podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la Corte Interamericana, señala.
Preguntado acerca de la apatía de la administración de Peña Nieto, García comenta: “No me parece muy plausible la posición del gobierno federal de asumir como una total ignorancia, y que esto sea una sorpresa para ellos… De todas formas no le daremos oportunidades de seguir ignorando la situación”.
El abogado no se explica cómo Arely Gómez, la titular de la SFP, pretende desconocer la existencia de este tipo de tecnologías, siendo que ella encabezó la PGR, una dependencia que reconoció haber comprado Pegasus.
Proceso preguntó a la SFP si Gómez reconoce que cuando fue titular de la PGR sus subordinados utilizaron Pegasus. La dependencia alegó que los funcionarios tienen la obligación de reservar la información a la que tuvieron acceso en un cargo anterior.
La SFP admitió que, si bien tiene el mandato de establecer la política y normatividad en materia de compras gubernamentales, esta prorrogativa no aplica en materia de seguridad nacional, por lo que no puede identificar qué dependencias disponen del malware.
La revelación del modus operandi que emplearon los hackeadores marcó un parteaguas en el país: desde febrero pasado, un gran número de personas se acercó a organizaciones especializadas en derechos digitales para verificar si fueron también víctimas de tentativas de espionaje.
Las fuentes consultadas por Proceso aseguran que no es descartable que salgan a la luz más casos de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas.
Clima hostil
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió: “Cualquier acción del gobierno per se ya no está avalada” por la sociedad civil. El diálogo sólo se reanudará cuando se esclarezca la situación del espionaje.
Integrantes de la AGA, como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar y Artículo 19, aseveran que se rompió “totalmente” la confianza en la administración de Enrique Peña Nieto.
Consideraron que el uso de programas espías contra integrantes de la sociedad civil fue la “gota que derramó el vaso”, pues ese intento de espionaje contra los activistas hace pensar en una creciente campaña de hostigamiento contra las organizaciones dedicadas a la rendición de cuentas y a la lucha anticorrupción.
En los primeros 10 años de existencia del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), la relación de la organización con los gobiernos fue amigable. Pero en la primera mitad de 2017, su director, el economista Enrique Cárdenas Sánchez, vivió dos episodios “poco agradables” con las autoridades, según sus propias palabras.
En marzo pasado, cuando el CEEY evidenció que el nombramiento de Paloma Merodio Gómez a la vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) era ilegal pues no cumplía con los requisitos, Cárdenas recibió una amenaza directa del senador Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, de auditar a la organización.
Y el pasado 12 de mayo, Diódoro Carrasco Altamirano, el secretario de Gobierno de Puebla –cargo que ocupa desde la administración de Rafael Moreno Valles–, pidió a Cárdenas que su organización dejara de investigar la deuda del gobierno estatal.
“Me dijo que ya no tenía caso el tema de Moreno Valle: ‘¿Para qué te metes en problemas?’. ‘Falta poquito tiempo para que se defina la candidatura presidencial, para saber si él va a ser o no (el candidato)… Entonces, ¿qué necesidad?’. Así fue”, relata Cárdenas a Proceso.
Cárdenas no encuentra una razón que explique la virulencia del senador Puente, quien no es competente para pedir al Servicio de Administración Tributaria que realice auditorías.
“Lo que más me brinca es que el Estado o personas que lo representan y que se supone deben salvaguardar las instituciones y el estado de derecho, están detrás de la amenaza. Eso es lo preocupante”, dice.
Le sorprende también que organizaciones “como la nuestra” –es decir, con posturas institucionales y consensuales– sufran acciones hostiles del gobierno… Esta es la primera vez que este endurecimiento se siente mucho más fuerte”.
El ambiente ha empeorado en el último año y medio, pues los gobiernos –insiste en el plural– empezaron a ver a las organizaciones como “incómodas”.
Organizaciones como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por el empresario Claudio X. González el año pasado–, que documentó casos de corrupción perpetrados por políticos de todos los partidos y hoy está sujeta a auditorías por parte del gobierno federal.
Alejandro Calvillo dice a Proceso que no tiene duda sobre las motivaciones que se encuentran detrás de las acciones de acoso contra activistas y organizaciones:
“Van contra las organizaciones, los activistas y los periodistas que no están en el ‘círculo’ político de la impunidad, en el que se mezclan miembros de todos los partidos políticos y empresarios. Por esto van contra las organizaciones que luchan contra la corrupción.”
Calvillo asegura que la salida de las organizaciones de la AGA evidencia que el sistema político que impera está arruinando al país.
Y remata: “En esto coincidimos todas las organizaciones”.
