Partícipe de uno de los episodios de mayor opacidad desde que existe un marco jurídico para la transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas fue electo presidente del organismo encargado de garantizarla: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En 2007, como empleado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), él fue uno de los autores del proyecto que, en unas cuantas semanas, resolvió que a las boletas de la cuestionada elección presidencial de 2006 no podía aplicárseles la ley de transparencia.
La idea era simple: si dos de las presuntas ventajas de la entonces llamada “transición a la democracia”, es decir democracia electoral y transparencia, estaban en duda, el caso era de interés público y, por lo tanto, periodístico. Fue así como Proceso, bajo la dirección de Rafael Rodríguez Castañeda, decidió ir a la médula del sistema mediante una solicitud de acceso a la información con el propósito de realizar un recuento de votos.
Si bien el semanario sabía que el resultado de ese recuento no tendría validez jurídica, toda vez que la elección ya estaba calificada, buscaba determinar periodísticamente si en efecto Felipe Calderón había resultado ganador o si Andrés Manuel López Obrador tenía razón en denunciar fraude electoral y en su exigencia de recuento “voto por voto, casilla por casilla”.
Proceso realizó la solicitud al Instituto Federal Electoral (IFE), que la rechazó y, arrogándose facultades que no tenía, adujo que la apertura de los paquetes electorales y un eventual recuento ciudadano significarían un riesgo para la seguridad nacional. Posteriormente, el propio TEPJF confirmó la negativa de acceso aunque con otros argumentos.
En su sentencia, los magistrados partieron del principio de que el derecho de acceso a la información, como cualquier otro, no es absoluto o ilimitado. En cuando a la petición de Proceso, dijeron que era prácticamente irracional solicitar el acceso directo a las boletas –más de 41 millones– de la elección presidencial.
El magistrado Salvador Nava Gomar, jefe de Acuña Llamas, inclusive se mofó:
“No es lo mismo que pregunten a este tribunal cuántos coches tiene para su funcionamiento a que nos digan: déjame manejar cada uno de los coches para ver si es verdad que están en buen estado.”
Nava fue integrante del Grupo Oaxaca, un conglomerado de ciudadanos constituido hace más de una década, que impulsó la creación de la Ley de Transparencia y a cuyas mesas de trabajo llegaría después Francisco Javier Acuña Llamas, entonces integrante de la asociación civil Libertad de Información. Ambos fueron activos promotores de la transparencia hasta que, uno como magistrado y llevando de la mano al otro como empleado, arribaron al TEPJF.
En el órgano judicial, Acuña Llamas, en su calidad de director general de Enlace y Transparencia, fue partícipe y coautor de la resolución que impidió en esa instancia el derecho a saber. En los años siguientes, igual que Nava Gomar, abordó el asunto en diferentes ocasiones, sobre todo en foros académicos e institucionales, con un tono despectivo hacia los solicitantes de la información, como Proceso.
El 27 de noviembre de 2012, por ejemplo, participó en el Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí, habló de las boletas electorales, que calificó como documentos con “un fin perentorio”.
Según en él, en otros países las boletas electorales se rompen el mismo día de la elección y los archivos sólo conservan las actas.
Trayectoria y opacidad
Originario de Zacatecas, Francisco Javier Acuña Llamas ha tenido cargos y actividades disímbolos: ha colaborado en el PRI y en organizaciones ciudadanas, como la mencionada Libertad de Información, y trabajado como abogado de la Arquidiócesis Primada de México; de ahí sus vínculos estrechos con el cardenal Norberto Rivera. Tuvo asimismo un cargo de dirección en la asociación católica Cáritas de México.
Los datos relativos a su paso por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como por la arquidiócesis, fueron omitidos ante el Senado de la República en 2014 en sus reseñas curriculares como postulante a comisionado, al igual que ahora que resultó electo presidente del INAI, cuya área de comunicación difundió una síntesis curricular sin esas referencias. Ejemplos, pues, de opacidad.
Aunque la base de datos Cédulas Profesionales no tiene registro de que Acuña Llamas realizara estudios de posgrado, su currículum público sostiene que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid.
En el INAI fue uno de los comisionados más progobiernistas en sus resoluciones y se alineó al grupo de Ximena Puente y del mexiquense Rosendoévengui Monterrey, con quienes mantuvo un control de la burocracia del organismo y una tendencia poco proclive a la apertura en temas sensibles en el pleno.
Durante la presidencia de Ximena Puente, la implementación de las reformas en materia de transparencia tropezó precisamente con la burocracia y la ineptitud. Es el caso del retraso por más de un año de la Plataforma Nacional de Transparencia, un ambicioso programa que facilitaría reunir en un mismo sitio herramientas indispensables para el acceso a la información pública.
En nada quedaron las investigaciones por malos manejos financieros del pleno anterior, presidido por Jacqueline Peschard y luego por Gerardo Laveaga.
Pero, ante todo, el INAI se convirtió en la instancia legitimadora de la cerrazón informativa, señaladamente en lo que respecta a la información mínima que debe ser pública y la negativa a responder solicitudes de información en las dependencias del sector energético.
La mañana del viernes 12 se llevó a cabo la elección del comisionado presidente. Hasta entonces se habían registrado para contender por el cargo Patricia Kurczyn, Óscar Guerra Ford, Rosendoévengui Monterrey y Acuña. Sólo no se presentaron a contender Areli Cano, Joel Salas y la saliente Ximena Puente. Conforme a las reglas de la elección, el ganador debería obtener un mínimo de cinco votos de siete posibles, y se realizarían hasta cuatro rondas.
En la primera ronda, Kurczyn, Monterrey y Guerra empataron con dos votos respectivamente. Acuña sólo obtuvo uno, o sea, posiblemente el suyo; en la segunda ronda, el resultado fue definitivo: obtuvo cinco votos, con lo que en 20 minutos quedó resuelta la elección, y en sus manos el futuro del organismo garante de la transparencia hasta 2020. (Con información de Jorge Carrasco y Álvaro Delgado)
