De enero a marzo pasado la capital del país alcanzó sus más altos índices delictivos desde 1997. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encuestas del Inegi, estadísticas de la PGJ y reportes del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México no son las únicas que desmienten el triunfalismo de la procuraduría local y del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quienes insisten en ofrecer estadísticas con delitos a la baja: también los reportes cotidianos de balaceras, asesinatos, robos y agresiones sexuales se multiplican ante la mirada de los ciudadanos, que se sienten inermes.
La Ciudad de México vivió el primer trimestre más violento de los últimos seis años, marcado por un repunte del número de asesinatos, agresiones con armas de fuego y robos violentos: cada día que transcurrió entre enero y marzo, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ CDMX) reportó, en promedio, 2.7 homicidios dolosos, 4.8 lesiones dolosas con arma de fuego, 68 robos con violencia, cinco agresiones sexuales y 44 asaltos violentos a transeúntes.
La semana pasada, mientras se multiplicaban las balaceras y asaltos en lugares públicos y a plena luz del día, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, se enfocaba en su carrera política. En la mañana del miércoles asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), consolidó su acercamiento con el presidente Enrique Peña Nieto y se proyectó, sin decirlo, hacia los comicios de 2018.
En el mismo momento, dos eventos sacudieron los medios capitalinos. Al sur de la metrópoli, en Ciudad Universitaria, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hallaron el cuerpo de una mujer de 22 años atado a una caseta telefónica en la zona del Instituto de Ingeniería.
La noticia se difundió masivamente en la comunidad estudiantil, que se movilizó el viernes en un “acto político sororario” en repudio a la violencia contra las mujeres, mientras las autoridades universitarias anunciaron un reforzamiento de la seguridad en el campus.
La PGJ CDMX provocó una mayor indignación en Twitter: difundió el jueves una serie de detalles negativos sobre la mujer –entre ellos, que estaba “alcoholizándose y drogándose” la noche anterior, o que “no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH, donde debía materias”–, una práctica de revictimización común en la institución.
El mismo miércoles, cerca de las nueve de la mañana, tres hombres fueron asesinados a balazos en las afueras del mercado de Sonora, en la colonia Merced Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza. La procuraduría capitalina filtró rápidamente la información de que los individuos tenían antecedentes penales por robo de vehículo y a transeúnte.
La versión fue que cobraban “derecho de piso” a los mercaderes y se encontraban a punto de asaltar una camioneta cuando un hombre salió por la parte de atrás y los acribilló. Dos fallecieron ahí mismo y el tercero en la ambulancia que lo llevaba al hospital, mientras el homicida y el conductor de la camioneta se desvanecieron en la ciudad.
En la mañana del día siguiente, el único rastro que permanecía del multihomicidio del mercado de Sonora era una silueta deforme de gis blanco dibujada en el piso y en parte borrada por el vaivén incesante de los pasantes. De la silueta salía la forma de dos pares de piernas.
Dos puestos, uno que ofrece incienso y otro que vende carruseles miniatura de plástico, estaban prácticamente pegados a la silueta. El joven vendedor de incienso dijo a Proceso que no presenció el evento ni sabía más de él. Su vecino, un señor de edad avanzada con un ojo de vidrio azul y la dentadura dañada, sostuvo que no acudió al mercado el día anterior.
En los tenderetes aledaños, donde se venden insumos de vudú, cuadros, piñatas, playeras o hierbas para rituales de santería, las respuestas de los comerciantes fueron idénticas: “no estuve ayer”, “llegué después”, “sí estuve pero no vi nada”, “no sé nada” y “¿qué crees?, no he preguntado”. A diferencia de las protestas contra el aparente feminicidio de CU, la ley, en ese mercado, fue la del silencio.
Apenas cuatro días antes, el viernes 28 de abril, estalló una balacera entre cuatro ladrones y dos policías en el centro comercial Plaza Meave, en el Centro Histórico. Dos asaltantes murieron y los restantes huyeron.
Entre el sábado y el domingo pasados fueron perpetrados cinco asesinatos –entre ellos el de una joven de 17 años– en la zona de San Juan Aragón, en la delegación Gustavo A. Madero, probablemente vinculados. Dos de las víctimas recibieron 17 disparos la tarde del sábado mientras abordaban un taxi.
El domingo, empleados de la Central de Abasto de Iztapalapa encontraron un cuerpo de mujer en posición fetal, envuelto en una bolsa de plástico negra. Una bolsa de plástico transparente cubría el rostro de la víctima; las autoridades supusieron que fue asfixiada.
Las noticias siguieron: a la una de la tarde del lunes, un grupo de hombres robó una joyería en el centro comercial Pabellón Cuauhtémoc; el jueves, un grupo de sujetos asaltó una camioneta de valores afuera del supermercado Walmart en la delegación Gustavo A. Madero, amarró a los custodios y se llevó cerca de 4 millones de pesos; el mismo día se difundió en internet el video del asalto a una pareja en la misma delegación.
Repunte delictivo
La Ciudad de México vivió en 2016 su año más mortífero desde 1997. Las autoridades abrieron 984 carpetas de investigación por homicidio doloso, 558 de esos casos con arma de fuego. Con ello la capital se sumó a la lista de ciudades mexicanas que enfrentan una “epidemia de homicidios”. Y 2017 arrancó peor.
Según las cifras que la PGJ CDMX entregó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las autoridades capitalinas abrieron 244 carpetas de investigación por homicidio doloso entre enero y marzo de 2017, 13% más que en el primer trimestre de 2016 y 35% más que en el mismo periodo del año 2015.
Entre el año pasado y el presente, el número de agresiones con arma de fuego se disparó en 55%. De enero a marzo de este año las autoridades recibieron 430 denuncias, contra 277 en el mismo trimestre de 2016.
De forma similar, las autoridades abrieron 6 mil 167 carpetas de investigación por robo con violencia y recibieron 17 mil 213 denuncias por robo sin violencia entre enero y marzo, los cuales marcaron incrementos respectivos de 15% y 32% respecto de los primeros tres meses de 2016.
Las autoridades capitalinas iniciaron otras 5 mil 806 carpetas por robos a transeúntes en el primer trimestre del año –la mayoría con violencia–, lo que marca un incremento de 46% respecto del año pasado.
De las 16 delegaciones de la ciudad, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza fueron las más violentas desde principios del año, al concentrar siete de cada 10 asesinatos y la misma proporción de agresiones con arma de fuego y seis de cada 10 asaltos a transeúntes.
Iztapalapa, la delegación más poblada de la capital, enfrenta una situación particularmente grave. Entre enero y marzo se reportaron diariamente tres homicidios dolosos, ocho robos de negocios, seis robos de vehículos (dos de ellos con violencia), 11 robos a transeúntes y cuatro amenazas.
Las colonias cuya población tiene un mayor poder adquisitivo, como Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, sufrieron en mayor medida robos de vehículo, agresiones físicas, fraudes y “daños en propiedad ajena”.
Estos datos no toman en cuenta la “cifra negra” de delitos no denunciados, la cual se eleva, en la Ciudad de México, a 94.7% de los delitos perpetrados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
De acuerdo con esta encuesta, los capitalinos, después de los veracruzanos, son los mexicanos que menos denuncian los delitos que sufrieron.
Marcela Villalobos Andrade, quien coordinó el informe 2016 del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México (Occdmx), subraya que entre 2015 y 2016 la “cifra negra” creció en tres puntos.
“De 100 delitos, apenas 15 personas llegan al Ministerio Público a denunciar. Sólo seis denuncias derivan en una averiguación previa y las autoridades resuelven menos de una. Entonces más de 99% de los delitos quedan impunes”, explica en entrevista.
“Sabemos que las autoridades tratan de disuadir a los ciudadanos de denunciar para que no quede en los registros”, añade.
A lo largo de la administración de Mancera, la PGJ CDMX infló el número de delitos catalogados como “otros”, lo cual abre la puerta a la manipulación de estadísticas, pues permite reducir de manera artificial los índices de los delitos bien tipificados.
En 2012, año en que Mancera asumió el poder, el SNSP tenía abiertas 26 mil 881 carpetas de investigación por “otros” delitos, cifra que fue subiendo año tras año hasta alcanzar 44 mil 416 en 2016.
El mentís a Mancera
La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), que el Inegi publicó el pasado 18 de abril, muestra que la sensación de inseguridad ronda 90% en las cuatro regiones de la Ciudad de México (norte, sur, oriente y poniente). Esta percepción es mayor que en ciudades particularmente violentas, como Acapulco, Colima, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Cerca de nueve de cada 10 capitalinos se sienten inseguros al abordar un transporte público o de sacar dinero del cajero automático. Más de 70% de los adultos atestiguó un robo o un asalto en los alrededores de su vivienda en los primeros tres meses de 2017 y una proporción equivalente dejó de llevar objetos de valor para evitar que se los roben.
Asimismo los capitalinos tienen una pésima imagen de la policía local. Sólo la consideran “efectiva” cuatro de cada 10 habitantes de la zona norte, tres de cada 10 de la zona sur, y una cuarta parte de los del oriente y el poniente. Menos de la mitad de la población en general confía en ella.
De nuevo, los habitantes de la ciudad se ilustraron como los mexicanos cuya confianza en su policía “estatal” resultó la más baja, después de los habitantes de Ecatepec, Estado de México.
Además, menos de la quinta parte de los capitalinos considera que el gobierno de Mancera resultó efectivo para resolver los problemas de la ciudad. En la zona sur, esta tasa desciende a 11%. Sólo los ecatepenses reprueban más a sus gobernantes.
Según la encuesta Ensu, prácticamente todos los habitantes de la Ciudad de México consideran que la situación permanecerá igual de mal o empeorará el próximo año.
El martes pasado, tras la detención de Dámaso López Núñez, El Licenciado y de Víctor Giovanni González Sepúlveda, El Chómpiras –ambos pertenecientes al Cártel de Sinaloa– en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que los cárteles de narcotráfico operan en la capital del país.
Mancera, quien durante años ha reiterado que el narcotráfico no ha penetrado la ciudad, tuvo que reconocer que ésta es “un centro en donde puede haber logística o reforzamientos financieros”. Sin embargo, aseveró que esto “no es nuevo” e insistió en que el gobierno capitalino busca evitar “a toda costa que (…) se pueda volver un centro de operación”.
En su informe 2016, que elaboró con financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos y publicó el pasado 22 de marzo, el Occdmx lamentó que el gobierno de la capital se haga de la vista gorda ante la “crisis de violencia y seguridad ciudadana” que azota la entidad.
“Pareciera que las autoridades capitalinas optan por rechazar los altos índices delictivos y afirmar que estamos mucho mejor en materia de seguridad que la administración anterior, e incluso planear estrategias y focalizar recursos en torno a una clasificación de delitos de alto y bajo impacto social”, manifiesta en el documento mencionado.
El procurador capitalino Rodolfo Fernando Ríos Garza abrió su quinto informe de labores, que presentó el pasado 4 de abril ante la Asamblea Legislativa local, con el capítulo “Ciudad de México, ciudad segura”.
En el texto, ilustrado con una fotografía de dos elementos de la policía muy bien equipados, quienes alzan sus rifles de asalto como si estuvieran a punto de disparar, Ríos Garza presumió la reducción de 7.7% de los delitos de alto impacto durante 2016, entre ellos el secuestro, la violación y los robos a pasajeros.
Tras subrayar en 87 cuartillas los “avances notorios” contra la inseguridad y alabar el “trabajo eficaz y coordinado” de la PGJ CDMX, el documento asevera que “avanzamos al futuro con optimismo, con la certeza de que los resultados obtenidos en materia de procuración de justicia contribuyen a hacer de la Ciudad de México un espacio seguro y de bienestar para todas y todos”.
Al respecto, Villalobos recuerda que en septiembre pasado Ríos Garza y Mancera descalificaron en público los hallazgos de un primer reporte del Occdmx que mostraban un incremento de los índices delictivos en la capital y desmentían de facto la reducción de los crímenes de la que se había jactado días antes el jefe de gobierno capitalino.
Enseguida la PGJ CDMX rescindió un convenio de colaboración con la organización, que preveía la capacitación de funcionarios en materia de cultura de la legalidad, así como un análisis de toda la cadena del registro delictivo, desde el momento en que una persona acude al Ministerio Público hasta que su denuncia ingresa a la plataforma electrónica.
“El objetivo de señalar no es personal, no va contra el procurador, pero ellos lo ven como algo políticamente incorrecto”, lamenta Villalobos. Proceso buscó a Ríos Garza para una entrevista, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
