El litigante laboralista Rosendo Fregoso, quien encabezó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 1984 a 1990 y de 2007 a 2008, en tres administraciones priistas y una panista, dice que esa instancia se corrompió por el abandono del Estado, así que el esquema adoptado en la reciente reforma corre el mismo peligro.
Si el Estado hubiera apoyado más las juntas de Conciliación y Arbitraje no habría necesidad de desaparecerlas, sostiene Rosendo Fregoso Castro, abogado laboralista que fue presidente de la Junta Local con cuatro gobernadores y advierte riesgos de que el nuevo sistema colapse, como ocurrió con el modelo de justicia penal.
Considera que la reforma laboral en marcha, que cristaliza en 2018, es una salida “tajante” a los problemas del sector, pero amerita “cuando menos” la creación de 20 juzgados especializados.
Lo anterior debido a que se emigra al Poder Judicial, endosándole un sinnúmero de juicios que se van a juzgar con tres procesos diferentes: el procedimiento de la ley laboral de 2012, el de la reforma que se va a implementar en 2018 y el anterior a 2012.
Si no se toman las previsiones del caso, con la dotación de recursos y capacitación al personal, el nuevo modelo va al fracaso, pronostica Fregoso Castro, también catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El entrevistado fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de 1984 a 1990, en los gobiernos de los priistas Enrique Álvarez del Castillo, Francisco Rodríguez Gómez y Guillermo Cosío Vidaurri; y de 2007 a 2008, con el entonces mandatario panista Emilio González Márquez. Actualmente es profesor y litigante con más de tres décadas de experiencia.
Expone que la JLCA, fundada en Jalisco el 20 de octubre de 1920, “siempre ha tenido problemas” de corrupción y vicios añejos, pero señala que el Estado no ha sido capaz de resolver los conflictos, se quedó corto en la creación de la infraestructura necesaria para la impartición de la justicia laboral y regateó la capacitación del personal.
Estima que la JLCA (compuesta por 12 juntas especiales en la Zona Metropolitana y cinco foráneas) tiene una carga anual promedio de 100 mil juicios, de los cuales alrededor de 23 mil son de nuevo trámite. “Pero sigue habiendo juicios de 1998 para acá…
“Esto es porque se fueron suspendiendo y prolongando las audiencias, otras veces porque los litigantes con toda la mala fe provocaron el alargamiento y que se complicara la agenda de las juntas, y, en otras, la autoridad no fue capaz de entrar al estudio de los juicios. Conservadoramente aseguro que hay 50% mínimo de rezago (en juicios) que están en condiciones de que se dicten laudos y no se han dictado por falta de capacidad, incluso de recursos humanos.”
El especialista aclara que algunos juicios son de cuantía (con laudos superiores a medio millón de pesos) y otros son de estudio, pero, dice, “hay corrupción de todo mundo, del litigante, de la autoridad y hasta de los dos sectores involucrados (obrero y patronal)”.
Este semanario publicó que, según litigantes y especialistas consultados, la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje marcará el fin de una etapa oscura en materia de justicia laboral en la entidad, donde la corrupción y el tráfico de influencias tienen un papel preponderante.
Algunos entrevistados interpretaron como una intromisión de la autoridad en los “negocios” de mayor cuantía el hecho de que, hace 22 meses, la presidenta de la JLCA ordenó que se hicieran de su conocimiento los asuntos donde estuviera en juego un monto mayor a medio millón de pesos (Proceso Jalisco 651).
Al preguntarle al entrevistado sobre la situación de la JLCA en los periodos que él la encabezó, Fregoso Castro afirma que se hacían ceses y procedimientos administrativos para depurar la dependencia.
Detalla que de 1984 a 1990 casi no había conflictos laborales. En ese tiempo el aparato productivo crecía y los juicios eran poco más de 20 mil al año, había más conciliación y el Estado se preocupaba por que las partes llegaran a un arreglo legal. Indica que cerca de 70% de los casos se terminaban por la vía de la conciliación “y lógicamente se generaba menos corrupción”, además de que había escalafón para los servidores públicos.
El exfuncionario refiere que cada fin de semana se enviaba a capacitar a los empleados y se dictaban de 15 a 20 laudos por junta. “La corrupción de parte del Estado se da cuando no se preocupa por capacitar a sus funcionarios ni que tengan el perfil idóneo”, lo que según él se agudizó de 2006 en adelante.
Antes de eso, tanto el presidente como el secretario y el auxiliar de la junta debían tener experiencia y conocimiento en la materia. “Esa era la norma hasta los noventa”, pero al paso de los años hubo altibajos hasta llegar al periodo en que se privilegió el compromiso sobre la capacidad, apunta Fregoso Castro.
“Con Emilio González Márquez ya no se respetó el perfil –agrega–. En ese tiempo llegué a insistir al mismo gobernador que necesitamos que los presidentes que integran las juntas cumplan con lo que dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) y requiere la función de especialistas en la materia laboral, pero (los presidentes de las juntas especiales) no tuvieron ese perfil y eso trajo como consecuencia que, de aquí a que se preparaban, esos asuntos se rezagaran o no se resolvieran en estricto apego a derecho.”
En ese periodo el entrevistado no encontró la forma de integrar un buen equipo, pues González Márquez le indicó que había nombrado funcionarios que “eran compromisos” y no los podía cambiar. Finalmente Fregoso Castro dejó el cargo.
En el pasado, reitera, los presidentes especiales tenían el perfil adecuado: “Era gente que se preparaba y ascendía porque se fomentaba escalafón, se les daba la oportunidad, cosa que se perdió”.
En cuanto a la actual presidenta de la JLCA, Elke Tepper, dice que no tiene el perfil para desempeñarse en el cargo. Recuerda que por su rol, es quien dicta las directrices “de acuerdo al apoyo del gobierno del estado. Quizá tiene la capacidad administrativa, pero no la jurídica”.
Avances y riesgos
Como antecedente de la reciente promulgación de la reforma laboral, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a varios organismos para que elaboraran un estudio sobre la impartición de justicia en esa materia.
En 2014, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, organizaciones obreras y patronales, e instituciones de educación superior que realizaron el estudio entregaron sus conclusiones en el foro Diálogos por la Justicia Cotidiana, donde se destacó que se utilizaba inadecuadamente la conciliación y la autoridad desconocía o no participaba en los acuerdos entre las partes.
También se observó que Jalisco y el Estado de México eran las entidades con mayores problemas de corrupción en el tema de la justicia laboral. Entre otros problemas, se detectó que en las juntas se confunde la esencia de la conciliación y se recurre al abandono de empleo o renuncia al mismo, simulando un despido.
En el estudio mencionado también se mencionó la recurrencia de demandas por despido injustificado e incluso con renuncias o convenios. También se advierte que con frecuencia se demanda por despido injustificado y se ofrece el empleo sin la intención de continuar la relación laboral, lo que incrementa el número de demandas por ese motivo.
Otras fallas señaladas fueron la falta de incentivos laborales por parte del Estado para las juntas, las dificultades que éstas enfrentan para ejecutar laudos, los vicios y conflictos de titularidad y administración de los contratos colectivos (por falta de normatividad), excesivos contratos colectivos de protección por la ausencia de representación sindical y disparidad de criterios de las autoridades en la aplicación de justicia laboral en hipótesis similares.
Se detectaron asimismo abusos procesales o prolongación de juicios, así como falta de capacitación y de recurso institucional en los sistemas de justicia laboral.
De igual forma se hace notar la falta de conocimientos, la incertidumbre jurídica, lentitud, parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad en la impartición de justicia laboral, todo lo cual provoca lentitud de los juicios y sube los costos de su aplicación para el Estado, así como dificulta el acceso de las partes.
La propuesta de reformas planteada por el Ejecutivo se dirigió entonces a la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales o juzgados laborales dependientes del Poder Judicial y a replantear la función conciliatoria de manera que constituya una instancia prejudicial, a la cual acudan obligatoriamente los trabajadores y los patrones. Esto implica la creación de un organismo descentralizado o de centros de conciliación especializados con personalidad jurídica propia y patrimonio.
La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero pasado y su aplicación inició al día siguiente. La obligatoriedad de integración de los tribunales y/o juzgados laborales, así como el organismo público descentralizado y organismos de conciliación tiene como plazo máximo un año, es decir que deberá estar cumplida el 25 de febrero de 2018.
–¿Cuál es la receta para resolver el problema de la corrupción? –se le plantea a Fregoso Castro.
–La ley dice que los sectores tienen que vigilar el funcionamiento de la junta, pero el representante obrero nada más va a firmar. Tiene que revisar y tiene que votar a favor o contra una resolución; allí empieza el problema. Un litigante (es responsable de corrupción) cuando, con toda la mala fe, retarda los procedimientos para sacar provecho o promueve incidentes de falta de personalidad, de nulidad de actuaciones, por ejemplo.
–¿Qué hay de los sueldos al personal y las dádivas?
–Está el caso de los actuarios. El Estado no se ha preocupado por apoyarlos. Con sueldos muy bajos, necesitan medios para realizar su trabajo y sacar las notificaciones. Si el litigante no lo lleva o le da (no las hace), allí empieza la perversión de la justicia y provoca la corrupción.
–Una vez que funcionen los juzgados, ¿cuál será la solución?
–Los tribunales no pueden funcionar solos. Puede haber muy buenos funcionarios y abogados, pero también debe haber recursos, apoyos materiales y económicos. Si un servidor público no está bien pagado va a haber corrupción. Si no se proporcionan las herramientas y el equipo, el sistema se va a colapsar. Si no se tienen instalaciones adecuadas, será deprimente. Eso es lo que nos ha faltado.
–¿Qué se ha hecho para impulsar la reforma?
–Hasta ahorita ni las legislaturas de los estados ni el Congreso de la Unión están haciendo algo para impulsar esta reforma constitucional.
–¿Qué falta?
–Falta la aprobación de las leyes secundarias para su aplicación y que los tribunales laborales tengan la competencia que la ley les va a dar.
–¿Es prematuro tanto optimismo en algunos sectores?
–Yo no prejuzgaría.
–En el sector obrero son más escépticos.
–Ellos ven la impartición de justicia desde la forma tripartita, como está ahora.
–¿Era lo mejor?
–La fórmula fue buena pero que le faltó el apoyo, la actualización, la vigencia por parte del Estado para que siguiera funcionando. ¿Qué sucedió? El crecimiento, el desarrollo suscitó más conflictos laborales; era necesaria la actualización.
–Y no le inyectaron recursos…
–Se olvidaron durante muchos años de la justicia laboral, aunque digan que no. ¿Cómo es posible que en los últimos 20 años creciera el aparato productivo y no lo hizo la JLCA en la misma proporción? Se recargó el número de juicios y el rezago. Hubo más casos, con personal sin el perfil adecuado.
–¿Cuáles serían las bondades del nuevo modelo?
–Es la conciliación. Para abatir el rezago, combatir la corrupción y evitar el número de juicios indiscriminados, en la ley anterior la conciliación es potestativa, no obligatoria, pero ahora sí lo será. Eso es un avance que ya existía en la ley, pero lo habíamos abandonado.
