VALPARAÍSO, CHILE.- El opaco proceder del empresario y político Sebastián Piñera Echeñique data de al menos un cuarto de siglo.
El 28 de agosto de 1982 el juez Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude contra el Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos, delitos cometidos cuando Piñera fue gerente general (1979-1980) de esa institución.
En esta causa se acreditó que el citado banco, con el impulso de Piñera y sus dueños, había prestado más de 200 millones de dólares a empresas relacionadas, que en su mayoría eran sociedades de papel. Esta cifra superaba en cinco veces el capital del banco, siendo que la ley establecía un tope de 25% de las reservas.
Piñera además cobró grandes sumas por asesorías a esta entidad financiera, las que hacía a través de su empresa Infinco.
El juez Correa Bulo formuló cargos similares contra los propietarios principales del mencionado banco, Miguel Calaf y Alberto Danioni, quienes pasaron tres años tras las rejas. Piñera no pisó la cárcel, pese a que fue el ideólogo y artífice de las componendas financieras que terminarían con la quiebra del banco, en noviembre de 1981.
Fue prófugo de la justicia 24 días. Como consta a fojas 533 del expediente de esta causa, al momento de llegar efectivos de la Policía de Investigaciones al domicilio de Piñera, su esposa, Cecilia Morel Montes, declaró: “Efectivamente el 28 de agosto mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención, por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido.
El 20 de septiembre de aquel año la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Piñera y de otros dos altos ejecutivos del Banco de Talca. Lo hizo argumentando que “en el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales”.
Como reconocería muchos años después la que fuera ministra de Justicia durante la dictadura, Mónica Madariaga (prima de Augusto Pinochet), ella intercedió ante la Corte Suprema para obtener su liberación.
Piñera es hermano menor de quien fuera uno de los ministros –de Trabajo y Minería– más influyentes del gobierno militar. Se trata de José Piñera Echeñique, quien, al momento de ocurrir los hechos aquí descritos, venía de realizar tres de las reformas más sustanciales de la dictadura de Pinochet (1973-90): el nuevo Código Laboral (1979); la reforma del sistema de pensiones (1980) y la nueva Ley de Concesiones Mineras (1981), todas ampliamente favorables a los intereses de las oligarquías nacional y extranjera.
Por lo mismo, el hecho de que un Piñera Echeñique apareciera como un delincuente ante la “opinión pública”, era un problema mayor para el régimen, que fue subsanado a la brevedad, pese a la gravedad del desfalco cometido.
Infractor impenitente
Según detalla el periodista Carlos Tromben en su libro Crónica secreta de la economía chilena (2016), Piñera hizo su fortuna basándose en sus habilidades financieras y en el manejo de información privilegiada, constantemente sobrepasando lo permitido y lo ético. Es mucha la evidencia que lo comprueba.
Entre los nuevos antecedentes que esta investigación aporta, destacan algunas sanciones aplicadas a Piñera que no eran de conocimiento público. El 4 de septiembre de 1985 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multó por “incurrir en sobregiros contables que contravienen disposiciones legales vigentes”. Esto, cuando era gerente de Citicorp Administradora de Fondos Mutuos.
Documenta Tromben en su libro otra multa por un monto no especificado, por “deficiencias reiteradas en los sistemas de control interno”, cursada el 14 de febrero de 1986.
El 21 de marzo de ese mismo año fue multado por “mantener vigentes operaciones de compromiso de compraventa con instrumentos no permitidos; efectuar (transacciones) a precio fuera del prevaleciente en el mercado, no informar de todas sus operaciones, anticipar operaciones de compromiso de compraventa sin previa información a los clientes”.
Tromben señala a este respecto que “debajo de la jerigonza administrativa, la SVS acusaba a Piñera de operar al límite, a menudo sobrepasándolo con recursos pertenecientes a los aportantes del fondo mutuo”.
En julio de 2007 la SVS cursó una multa a Piñera, en su calidad de controlador de LAN Chile por más 500 mil dólares.
La sanción –una de las más altas aplicadas por el ente fiscalizador– fue fijada en virtud de lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la SVS y se fundó en el hecho de que Piñera adquirió acciones “en circunstancias que al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento”.
En agosto de 2016 Piñera fue imputado por el fiscal argentino Ramiro González, en el contexto de una causa en la que se investiga el pago de un soborno en 2006 de mil 15 millones de dólares por parte de LAN y cuyo objetivo fue facilitar el despliegue de las operaciones de esta línea aérea en Argentina.
Al momento de cometerse el ilícito –que fue reconocido por LAN en 2016 ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, lo que dio pie a una multa de 22 millones de dólares– Piñera era socio mayoritario y director de esta empresa.
