Un escenario de horror y sinsentido para el que ya no existen otros vocablos superlativos es la muerte que no para de brotar de la fosa de Jojutla. Llamada también “la fosa de la Fiscalía” de Morelos –las policías del estado amontonaban cadáveres en ella sin el menor respeto y sin practicarles la necropsia de ley–, parece no tener fondo. De ella se exhuman cuerpos todavía vestidos, atados de pies y manos, amordazados, aún con cinta canela en la cabeza, con huellas de tortura; se extrajo el de una adolescente con su uniforme de la secundaria puesto, y hasta el de un recién nacido… Crímenes de lesa humanidad por los que el gobierno de Graco Ramírez debe ser juzgado, sentencia el poeta Javier Sicilia.
JOJUTLA, Mor.- “Las fosas de Jojutla son peores que las de Tetelcingo si hablamos de irregularidades: con menos cuerpos hay más porquería…”
La categórica aseveración es hecha por Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, la primera víctima de inhumación ilegal en las fosas clandestinas de la fiscalía de Morelos en Tetelcingo.
La señora Amalia es quizá la única persona que ha estado en dos exhumaciones en Tetelcingo. La primera, en diciembre de 2014, cuando obligó a las autoridades a que le entregaran los restos de su sobrino, de lo cual existe un video que dio la vuelta al mundo; la segunda, cuando –en mayo y junio pasados– formó parte de los equipos que extrajeron 117 cuerpos de esas mismas fosas con el objetivo de identificarlos y devolverlos a sus familiares.
Ahora, con ojos distintos, colabora también en las exhumaciones de las fosas de Jojutla, y aunque parece que se ha vuelto más prudente a la hora de señalar culpables, sigue pensando que las irregularidades e ilegalidades deben ser investigadas, y los responsables, castigados.
“Por ahora, para mí y para mi hermana (María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao), lo más importante es sacar todos los cuerpos para que sean identificados y devueltos a sus familias. Eso es lo urgente y lo importante”, afirma.
El pasado 21 de marzo comenzaron los trabajos de recuperación de restos en dichas fosas, en los que participaron las mismas instancias que en Tetelcingo: la Fiscalía de Morelos, la Procuraduría General de la República (PGR), la División Científica de la Policía Federal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
“De hecho, en Tetelcingo creamos un modelo de trabajo. Ahora estamos pugnando para que se convierta en política pública en todo el país, donde participen autoridades locales, federales, instituciones académicas y familiares de víctimas”, explica el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y secretario de Comunicación de la UAEM.
La fiscalía había dicho que en la fosa de Jojutla podría haber 35 cuerpos. Proceso publicó en junio pasado que el cabildo de ese municipio autorizó la inhumación de 38. Sin embargo, vecinos del panteón dieron testimonio a este medio de que el panteón de la colonia Pedro Amaro ha recibido cuerpos desde hace 10 años: La realidad confirma lo dicho por los vecinos, pues sólo durante la primera semana de trabajo se exhumaron 45 cuerpos, y hay claros indicios de que podría haber más.
El domingo 26 de marzo, cuando creía haberse tocado fondo en la fosa, se encontraron aún más restos. Los trabajos se reiniciaron hasta el pasado lunes 3, y a partir de entonces la fosa parece un pozo sin fondo del que brota muerte y más muerte.
“¡Está cabrón! Donde le rasques encuentras cuerpos”, dice al reportero una de las mujeres participantes en las diligencias, familiar de una víctima de desaparición.
“Bienvenida al infierno”
El último día de las extracciones de cuerpos en Tetelcingo, el 3 de junio de 2016, Javier Sicilia saludó a la periodista Carmen Aristegui, quien presentó un libro en esa localidad, con la frase lapidaria: “Bienvenida al infierno”.
Ahora, nueve meses después, lo que está ocurriendo en Jojutla es “un crimen de lesa humanidad” porque “es parte de una práctica sistemática y porque las irregularidades son cada vez más espantosas, criminales”, sostiene el autor de la novela autobiográfica El deshabitado.
El horror y el sinsentido lo conforman cuerpos que han salido de la fosa de la fiscalía en Jojutla, sin haber tenido necropsia de ley, vestidos, amarrados de pies y manos, amordazados, aún con cinta canela en la cabeza, con huellas de contusiones, golpes diversos y señales de tortura.
Entre los restos, llaman la atención los de un bebé recién nacido. (“¿Quién es capaz de olvidar a un bebé? ¿De no reclamarlo? ¿De no buscarlo?”, se pregunta con indignación el propio Sicilia); también los de una adolescente amordazada que llevaba puesto su uniforme de la secundaria.
Este último hallazgo vuelve a apuntar a la trata de mujeres y los feminicidios, delitos en los que Morelos muestra una de las tasas más altas del país. En las fosas de Tetelcingo se han encontrado también los cuerpos de otras jóvenes.
El 19 de noviembre de 2010, en el cerro del Jabonero, en la colonia 24 de Febrero de Puente de Ixtla, se excavó una fosa presuntamente utilizada por el crimen organizado. Información retomada por medios locales señalaron que agentes adscritos a la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) localizaron ahí 11 cuerpos relacionados con la carpeta de investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/425/2010.
La indagatoria se desprendió de la detención de un grupo de presuntos sicarios relacionados con el jefe de seguridad de los hermanos Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, capturado en el Estado de México el 30 de agosto de 2010. Se trata de Juan Torres Salazar, conocido como El Banda; Víctor Manuel Román Valladares, El Manolo, y Mauro González Escorcia, El Coyote, quienes fueron detenidos en septiembre y noviembre de ese mismo año.
Según las versiones de aquel momento, los tres sujetos controlaban la plaza de la zona sur de la entidad, donde perpetraron numerosas ejecuciones, entre éstas presuntamente las de Sergio Arias Amezcua y Adrián Acosta López, cuyos familiares denunciaron que la fiscalía estatal hizo todo para no entregar los cuerpos, que habrían sido inhumados, junto con los otros ocho de esa investigación de la PGR, en las fosas de Jojutla.
Varios presentaban mutilaciones. “Algunos tenían las manos cercenadas”, explica uno de los especialistas. “No es normal que en una fosa común, donde se supone que se colocaron cuerpos que estaban en los frigoríficos de la fiscalía, se pongan vestidos o todavía atados”, indica otro de los peritos.
“Algunos todavía tenían la cinta canela en la cabeza. ¿Eso qué significa? Que así como los encontraron, así los enterraron”, explica el mismo informante.
El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, uno de los impulsores de la apertura de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, explica:
“Esto sólo nos confirma que quienes levantaron esos cuerpos querían esconderlos a como diera lugar. Son cuerpos que no tienen ningún protocolo; al ponerlos en esta fosa sin identificar, querían esconderlos. ¿Por qué? Por omisión, por negligencia o por complicidad. Por eso sostenemos que son crímenes de lesa humanidad. Aquí hay desaparición forzada, porque ya no digamos que hubo toma de muestras para su identificación; ni siquiera se determinó la causa de la muerte, no hubo ni necropsia”.
Cuando se creía que había terminado el proceso de exhumación, se levantaron unas placas de madera que parecían el piso final de la fosa, y entonces se descubrió lo que podría ser otra fosa, más antigua.
“Aquí los vecinos dicen que no son 35 cuerpos, sino que son más de 100”, dice María de Jesús Amezcua, madre de Sergio Arias, desaparecido aquí en el sur de Morelos.
Al igual que el reportero, la señora Chuy, como la llaman sus familiares, recorrió la zona, donde se ubica el panteón de Jojutla, y los vecinos le dieron las mismas versiones: que al menos desde 2006 aquí se han inhumado cuerpos de manera clandestina. A ello se suman los señalamientos de los integrantes de la organización Regresando a Casa Morelos, quienes afirman que la fosa tiene signos de haber sido usada por alguno de los grupos delincuenciales que operan en Morelos.
“La forma en la que se acomodaron los cuerpos, la forma en la que fueron tratados, así como los restos óseos que se encontraron en la tierra que cubría la fosa, nos hacen pensar que estas fosas no sólo son de la fiscalía; también intervino en ellas la propia delincuencia organizada. Este es un infierno que parece interminable”, afirmó hace unos días Angélica Rodríguez.
Horrores inenarrables
Entre las historias que se entretejen en Jojutla están las de dos jóvenes que desaparecieron en 2009 y 2010 y cuyos familiares aseguran que fueron encontrados en la fosa del Jabonero, en Puente de Ixtla. Se trata de Sergio Arias Amezcua y Adrián Acosta López, quienes incluso fueron reconocidos por sus familiares, aunque la entonces procuraduría se negó a entregar los cuerpos.
María de Jesús Amezcua Bautista, madre de Sergio, asegura que incluso su muestra genética “pegó”, es decir, tuvo correspondencia con la de uno de los cuerpos exhumados del Jabonero. Pero ni ante esta evidencia le fue entregado el cuerpo de su hijo, “aunque yo sé que los pusieron aquí, en esta fosa, y por eso estoy aquí, por la esperanza de encontrarlo aunque sea muerto”, dice con lágrimas en los ojos.
Relata: “Desde hace siete años yo aquí ando buscándolo, con la agonía. Está una persona detenida, pero a mí la policía nunca me ha dicho nada. Hace apenas un mes tuvimos una reunión con (el fiscal Javier) Pérez Durón, y le dije que por qué no me ayudaba en lo mío, porque estaba casi todo claro, y que me ayudara a encontrar a mi hijo”.
La señora Chuy asegura que al interponer la denuncia correspondiente ante la entonces Procuraduría General de Justicia le tomaron las pruebas de ADN. En 2010, cuando fue abierta la fosa del Jabonero, se llevó a cabo la elaboración de perfiles genéticos de los cuerpos encontrados ahí. La muestra de Chuy correspondió con la de uno de los cuerpos, según le informaron genetistas de aquella dependencia.
Pero cuando acudió a reclamar el cuerpo, las autoridades le negaron la entrega, primero con el argumento de que “esos cuerpos eran parte de una investigación federal”. Luego vino la contradicción, otro absurdo, el insulto, la incompetencia, el cinismo: adujeron que no existía correspondencia de su ADN con el del “cuerpo número tres”, como estaba clasificado el de su hijo por los Servicios Periciales de la zona sur poniente de Morelos.
La señora Chuy no sabe por qué las autoridades no quieren entregarle los restos de su hijo. “Yo le dije al fiscal que lo mío era más fácil: nomás que hiciera su trabajo, lo que le corresponde”. Pero no obtuvo respuesta. Según la madre de Sergio, él fue depositado en la fosa el 14 de julio de 2014.
Aun cuando los familiares de Adrián Acosta López se niegan a dar entrevistas, en charla informal cuentan algunos detalles del caso. El joven fue levantado en 2009 por sicarios armados. Se desempeñaba entonces como gerente del hotel Hacienda Vista Hermosa, enclavado en la comunidad de San José Vista Hermosa, en Puente de Ixtla.
La familia ha recorrido todas las instancias y asegura que existe la posibilidad de que la víctima se halle entre el grupo de cuerpos que salieron de la fosa del crimen organizado localizada en el cerro del Jabonero.
Una ficha informativa difundida por el grupo La Alameda Morelos, que se encarga de dar seguimiento a los casos de personas desaparecidas, indica que a pesar de que una de las familias reconoció uno de los 11 cuerpos hallados en Puente de Ixtla en 2010, “la Fiscalía Morelos no les permitió tener acceso a la carpeta de investigación ni realizó pruebas de identificación forense que permitieran tener la certeza sobre su identidad. Los 11 cuerpos (exhumados del Jabonero) fueron inhumados en la fosa común de Jojutla”.
Aunque el proceso de identificación de los cuerpos todavía va a tomar de dos a tres meses, si se confirman las sospechas de los familiares será la repetición de lo ocurrido en las fosas de Tetelcingo. “Usted conoce el caso de Oliver, de Tetelcingo; pues el caso de mi familiar es igual. Lo desaparecieron, las autoridades lo encontraron, y a pesar de las evidencias que dicen que era mi hermano, lo tiraron en esta fosa. Estoy segura”, dice indignada una de las familiares.
Así que la desaparición de cuerpos, pese a los indicios de identificación por parte de sus familiares, parece más bien una práctica sistemática de los gobiernos estatales, y particularmente de la administración del perredista Graco Ramírez.
“Insisto en que con el hallazgo de las fosas de Tetelcingo y Jojutla sólo confirmamos que la delincuencia organizada aprendió a desaparecer personas a partir de lo que hace el propio Estado”, sostiene Javier Sicilia.
Mientras tanto, en Cuernavaca, a la misma hora en la que se exhumaban estos cuerpos, Graco Ramírez y el presidente Enrique Peña Nieto encabezaban la inauguración de una obra carretera de libramiento, aun cuando se halla inconclusa, en medio de protestas. Ni una sola alusión a las fosas de Jojutla.
“Lo que pasa es que los muertos ya no votan, por eso no les interesa el asunto”, dice Sicilia mientras se enciende una máquina retroexcavadora en el lugar de las exhumaciones…
Otro hallazgo, otro cuerpo…
Lo dicho: “Por donde rasques brotan los cuerpos, brota la porquería de los que hicieron esto”, expresa con rabia la madre de una joven desaparecida hace cinco años.
