En conferencia de prensa, con un ejemplar de la Constitución en la mano, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una connotada chavista, afirmó que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia que eliminan las atribuciones de la Asamblea Nacional representan “una ruptura constitucional”. A juicio de analistas y diplomáticos, ese hecho puso en evidencia que el chavismo sufre una fractura interna de gran calado. Se ahonda así la crisis política que enfrenta el presidente Nicolás Maduro, cuyo futuro en el cargo podría depender de la posición que asuman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su poderoso ministro, el general Vladimir Padrino López.
BOGOTÁ.- La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de quitar sus atribuciones a la unicameral Asamblea Nacional tiene a ese país y al presidente Nicolás Maduro en una crisis política al límite que, según analistas consultados por Proceso, se puede definir en los próximos días con una rectificación por parte del mandatario y del sumiso Poder Judicial o incluso con su salida del cargo.
“Estamos frente a una crisis muy severa que, al parecer, el mismo gobierno busca llevar a extremos límites, pero esto es algo que se le puede revertir. Hay mucha gente aquí que piensa que esta crisis marcará un antes y un después para Maduro”, dice el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Ignacio Ávalos.
La crisis no es nueva. De hecho, comenzó en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional.
Desde entonces Maduro ha desacatado todas las decisiones de la Asamblea con la ayuda del TSJ, cuyos integrantes le han mostrado absoluta lealtad al presidente. Sin embargo, las dos sentencias emitidas en la última semana por el Poder Judicial contra el Poder Legislativo han provocado un generalizado rechazo de la comunidad internacional y una fractura dentro del régimen chavista.
Mientras los ciudadanos protestaban en todo el país por la virtual disolución de la Asamblea Nacional, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una connotada chavista, dijo el pasado viernes 31 de marzo en una rueda de prensa que los fallos del máximo tribunal del país son una “ruptura del orden constitucional”. Y lo hizo enarbolando una Constitución.
Ortega no sólo tiene facultades legales para procesar a los funcionarios públicos, incluidos el presidente y los magistrados del TSJ, sino que sus declaraciones provocaron un terremoto dentro del régimen, pues ella fue una cercanísima colaboradora del fallecido presidente Hugo Chávez, el promotor de la Constitución que ella mostró a la prensa como para que no quedara duda de que, en esta ocasión, estará del lado de la legalidad.
La fiscal general también llamó a transitar por los “caminos democráticos” y a rescatar la pluralidad.
Un diplomático latinoamericano radicado en Caracas que pidió la reserva de su nombre dijo a este semanario, vía telefónica, que las declaraciones de Ortega develan “una disputa interna del chavismo nunca vista hasta ahora”. Por un lado, señaló, están los chavistas primigenios no maduristas, y por otro, el chavismo madurista, que cada vez es menor.
“Si esto fuera un partido de futbol, la oposición estaría viendo el partido en las gradas y en la cancha estarían estas dos facciones chavistas disputándose con mucho encono el balón. Y este partido puede terminar en una refriega”, comentó.
Y dijo que la posición crítica de la fiscal Ortega “es el hecho político más importante en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez (en 2013) porque ella no está sola, sino que representa a un sector chavista inconforme con Maduro, y en ese sector debe haber militares activos”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que el gobierno “está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”.
El diputado opositor llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los poderes públicos a actuar como la fiscal Ortega, y denunció que además de la ruptura del orden constitucional, en el país se vive una virtual suspensión de garantías en el que cualquier ciudadano puede ser detenido y cualquier protesta puede ser reprimida.
El laberinto de Maduro
La tarde del 31 de marzo, Maduro apareció en una cadena de radio y televisión para hacer un pronunciamiento inusual en el cual anunció que convocaría a un Consejo de Seguridad para dirimir las “diferencias” entre la Fiscalía General y el TSJ, cuando todo Venezuela sabe que lo que hay es una división nunca antes vista en el régimen chavista.
“Estos conflictos –dijo el mandatario– surgen producto de las mismas coyunturas, presiones, contrapresiones, complots, circunstancias que deben ser atendidas… Por eso asumo, a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre la Fiscalía y el TSJ”.
La intempestiva independencia de la fiscal general y el contundente repudio internacional a las decisiones de la Sala Constitucional del TSJ tienen al gobierno de Maduro en una volátil posición en la cual su permanencia en el cargo parece depender de la lealtad de la FANB y del poderoso ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.
Clíver Alcalá, otro general de la entraña del chavismo que se apartó del gobierno de Maduro el año pasado, dice a Proceso que si el alto mando militar se ubica al margen de la Constitución y respalda al presidente, “cometería un error histórico y quedaría aislado de la tropa, porque el sentir de los soldados es el mismo que tiene el pueblo venezolano, de hastío con la crisis económica, la escasez de alimentos, la pobreza y la falta de libertades políticas”.
De Padrino López, a quien conoce desde sus años en la Academia Militar y con quien tiene “una excelente relación” a pesar de sus posturas críticas, espera “que entienda el momento histórico que vive Venezuela y que sepa estar a la altura del compromiso que exige el pueblo en estos momentos, lo que significa respetar la Constitución y el orden constitucional que ha roto el TSJ”.
En una conversación telefónica, Alcalá afirma que no tiene “ninguna duda” de que la FANB “se la va a jugar con el pueblo venezolano porque todos sus integrantes se sienten identificados con el pueblo y han vivido la misma situación de hambre y pobreza que han vivido los ciudadanos en los últimos tres años”.
El militar retirado, quien fue edecán personal de Hugo Chávez cuando este asumió como presidente de Venezuela, en febrero de 1999, hizo el 30 de marzo un llamado a la FANB a recordar que el fallecido presidente y líder de la Revolución Bolivariana “vive en los cuarteles y los soldados chavistas tenemos la obligación de defender su principal legado, que es la Constitución de 1999”.
En ese sentido, Alcalá está convencido de que si Maduro persiste “en su postura de violar la Constitución” y si el TSJ no revierte el fallo que desconoce a la Asamblea Nacional, la FANB “tendrá que defender la Constitución y estar al lado del pueblo”.
Y si el alto mando militar “no funciona como funciona el resto, le pasará lo que le pasó en el golpe de abril (de 2002 en contra de Chávez), cuando la base se acabó separando de la cúpula”.
El diplomático consultado por este semanario señaló que si Maduro da marcha atrás en las decisiones que tomó el TSJ quedará muy debilitado “y se va a tener que entender con la oposición y con la comunidad internacional, lo que significa que tendrá que llamar a elecciones”.
En cambio, “si se mantiene en esta postura y mantiene las sentencias del sumiso Poder Judicial, los militares van ser los que diriman esta crisis y lo pueden hacer presionado a que se produzca una salida constitucional como las elecciones o una renuncia del presidente”, agregó.
Presión externa
La decisión del TSJ de despojar de sus funciones legislativas a la Asamblea Nacional y de entregarlas, en los hechos, a Maduro, generó una reacción de protesta de la mayoría de países latinoamericanos. Los pronunciamientos fueron enérgicos y en un tono nunca visto en el pasado en la región ante un acontecimiento en Venezuela.
Seis países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay– condenaron los hechos que “que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia” y exigieron al gobierno de Maduro respetar el “estado de derecho, los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas”.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien siempre había guardado una prudente distancia de los acontecimientos en el país vecino, calificó de “arbitraria” e “inaceptable” la decisión del TSJ de disolver el Parlamento ya que ese fallo “destruye el pilar de cualquier democracia, que es la representación popular”.
Por su parte, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto se pronunció por el regreso del orden democrático en Venezuela y por resolver la crisis por la vía del diálogo y la buena fe.
“México observa con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa”, dijo el mandatario.
Fue precisamente México el país que promovió una carta que firmaron 14 naciones con representación en la OEA, entre ellas Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, en la cual llamaron a Maduro a liberar a los políticos presos en Venezuela y convocar pronto a elecciones regionales, las cuales debieron haberse celebrado en octubre de 2016. La carta fue divulgada el pasado 24 de marzo.
El canciller mexicano Luis Videgaray dijo que se trata de un “esfuerzo conjunto” para “desafiar un régimen autoritario”.
Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, respondió que Videgaray “agrede a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales. Cree así que el pueblo mexicano olvidará su traición”.
El 31 de marzo un grupo de países miembros de la OEA, entre ellos México, convocó a una sesión del Consejo Permanente para plantear, por primera vez, que en Venezuela se ha presentado una alteración del orden constitucional que requiere la utilización de los mecanismos consagrados en la Carta Democrática.
El grupo, en el que también figuran Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, considera que el Consejo podría reunirse este lunes 3.
El general Alcalá cree que las fuerzas democráticas de Venezuela deben rodear en estos momentos a la fiscal Ortega “porque ella va en la dirección correcta para recuperar la República”.
El militar chavista advierte que si esta situación “anticonstitucional” se mantiene, crecerá la protesta social y también podría crecer la represión, “pero yo confío que la Fuerza Armada estará del lado del pueblo y de la Constitución”.
–¿Hay riesgo de violencia?
–El país ha estado en riesgo de violencia desde hace dos o tres años y en estos momentos puede ocurrir cualquier cosa. Aquí no se permite la disidencia ni la manifestación y el fallo del TSJ estimuló a la gente a protestar, a ganar la calle, y esto no lo van a parar. La violencia va a depender de la respuesta del gobierno a esta legítima protesta que estamos viendo en las calles.
–¿Qué salida puede tener esta crisis?
–El fallo del TSJ es el colofón y el clímax del abuso de nuestra Constitución y va a ser muy difícil que ellos puedan recomponer esto. Lo que es necesario es el fin de lo que representa el proyecto de Maduro, quien se divorció del pueblo y de los sueños de Chávez. El presidente y los que dirigen al país deben entender que su momento ya pasó y que están deslegitimados ante el pueblo.
