Ante la forma turbia en que el Congreso del estado aprobó el decreto de Aristóteles Sandoval para modificar las normas de verificación vehicular, a fin de instalar nuevos centros para dar el servicio, los propietarios de los talleres acreditados en el sistema vigente exigen un referéndum. Argumentan que las modificaciones en la norma no hacen necesario un cambio de concesionarios, pero el gobierno se empecina en hacerlo para beneficiar a un proveedor único, que puede ser el “zar” de los verificentros, Jorge Kawhagi.
Con el respaldo de más de 30 mil firmas de ciudadanos, la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares de Jalisco (ATERV) solicitará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que organice un referéndum para derogar el decreto 25921/LXI/16, emitido por el gobernador y aprobado por el Congreso para impedir la instalación y operación de los nuevos verificentros.
Abraham Gobel Gómez, presidente de la ATERV, asegura que lejos de buscar una solución al problema ambiental, el Ejecutivo busca una fuente de ingresos para las arcas estatales y nuevas opciones de negocio que lo beneficien incluso después que termine su administración.
Afirma que el nuevo esquema de verificación de autos “es un atraco”, ya que su finalidad es sacar dinero a los contribuyentes y su impacto en el medio ambiente es insignificante, como se demostró en las mesas de análisis y foros convocados por el Poder Legislativo el año pasado, antes de que se votara la nueva ley, pero cuyas recomendaciones fueron ignoradas.
“Este referéndum es un derecho que todos tenemos. Lo pedimos para que el ciudadano tenga la seguridad de que puede tumbar un negocio y participar en derribarlo porque está comprobado que este sistema no sirve”, insiste Gobel Gómez.
Expone que con el nuevo programa de verificación se instalarán en todo el estado 305 líneas de verificación, casi 200 menos que el modelo vigente. Esa reducción ocasionará que algunos municipios no cuenten con dichas líneas, lo que para los ciudadanos implicará molestias y costos adicionales por los traslados, advierte.
Señala que no quedan claros los costos ni las reglas de operación de los verificentros, lo mismo que las obligaciones y sanciones para los automóviles que circulan en el interior del estado y no cumplan el programa.
Pero el problema es más amplio. La ATERV repartió entre sus socios un escrito para que lo compartan con la clientela, el cual dice:
“En el contexto de asfixia económica en el que nos encontramos los mexicanos por el incremento en los precios de la gasolina, gas, luz, productos y servicios básicos, el gobierno formuló un programa de verificación vehicular obligatoria, mismo que luego de ser aprobado en el Congreso entrará en vigor en los próximos meses, afectando aún más la economía de los jaliscienses.
“La propuesta del gobierno es más grave si se toman en cuenta los máximos alcances de este programa de verificentros, ya que, de realizarse eficientemente, sólo reduciría la contaminación en 2%. Es claro que el programa en cuestión, más allá de contribuir a mejorar el medio ambiente tiene un enfoque recaudatorio que sin duda afectará nuestros bolsillos.”
Hasta el cierre de esta edición, la asociación había reunido más de 25 mil firmas en apoyo al referéndum y se esperaba contar con más de 30 mil el jueves 29 para entregarlas al IEPC.
Por ley, se deben presentar 28 mil firmas de ciudadanos con credencial del INE para que el IEPC realice la consulta a la población. El referéndum es una figura diseñada para que la sociedad ratifique o rechace los actos de la autoridad.
En el estado hay 465 talleres registrados, de los cuales 380 están representados por la ATERV –alrededor de 300 operan en zona metropolitana– y sus propietarios se rehúsan a desechar la tecnología para la medición de emisiones de contaminantes, en la que hicieron fuertes inversiones. Niegan que sea obsoleta y atribuyen el cambio de programa de verificación al propósito de la autoridad de favorecer a un solo proveedor del servicio.
Decreto contradictorio
A consecuencia de la inconformidad que desató el gasolinazo hacia el alza de precios en productos, servicios e impuestos gubernamentales, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz suspendió este año la obligatoriedad del programa de verificación.
Gobel Gómez señala que esa medida afecta a su gremio, pues al no existir la obligación de cumplir los plazos de la revisión, la gente no lleva sus coches a la afinación. Recuerda que de por sí el nivel de cumplimiento era de 27%, “pero con esto se ha ido por los suelos”. Entre los dueños de los talleres corre la versión de que se dejó de dar atención al programa para abrirle paso al nuevo modelo y justificar la decisión de cambiarlo.
El líder de los talleres acreditados observa que la decisión del gobernador también revela el poco interés en mejorar la calidad del aire, puesto que el problema de la contaminación ambiental obedece en 90% a las emisiones de los automotores.
“Se suspende el calendario de verificación ahora, pero los automovilistas no se librarán de la multa el año entrante y tendrán un nuevo programa que está enfocado al negocio”, prevé.
El 25 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el decreto (25921/LXI/16), que “autoriza al Poder Ejecutivo a que otorgue a particulares la operación de líneas de verificación para la prestación del servicio de verificación vehicular y contrate la tecnología unificada necesaria para la implementación de ese programa, así como el destino de los recursos que se obtengan con motivo de su implementación”.
También se modificaron varios artículos de las leyes estatales de Movilidad y Transporte, Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Ingresos, vigentes en el ejercicio fiscal de 2016.
El decreto establece en su artículo primero que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) es la dependencia autorizada para otorgar a particulares la operación de las 305 líneas de verificación vehicular en las siguientes condiciones:
“…A partir de una línea y sin que se puedan concesionar más de seis líneas a cada particular o persona física que participe en la convocatoria, en los términos del ‘Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Jalisco’, con una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de expedición del título respectivo, quedando los titulares de cada una de las líneas de verificación sujetos a vigilancia y seguimiento permanente, y, por ende, condicionados a la certificación anual a través de una evaluación específica a efectos de corroborar que se cumplan con los objetivos del programa, que cuenten con la tecnología adecuada conforme lo exijan las disposiciones en la materia y cumplan con las especificaciones técnicas que establezcan las autoridades competentes, así como las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, cuyo incumplimiento será motivo de revocación sin derecho a obtener indemnización alguna por la inversión realizada o por cualquier otro concepto inherente a la operación de las líneas de verificación.”
Según el mismo decreto, se otorgarán líneas de verificación de preferencia a los talleres acreditados, siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura y tecnología, así como los demás requisitos establecidos en la convocatoria.
Se aclara que el Ejecutivo puede apoyar con financiamiento para infraestructura y tecnología a los interesados en obtener una línea de verificación, mediante sus programas específicos.
Asimismo se autoriza a que el término del contrato entre el gobierno del estado y el proveedor de tecnología unificada de software y equipo para la verificación vehicular trascienda la administración hasta por 10 años, siempre que se mantenga actualizado y siga cumpliendo las normas aplicables.
Este semanario entrevistó al respecto a don Ángel Ramos, quien trabaja desde hace 10 años en un taller acreditado, cuyo propietario ha invertido en la tecnología que se exigió en el programa de verificación vigente.
Para él, es una burla que el citado decreto precise que los talleres autorizados tendrán “preferencia”: “Es un decir, pues lo que tenemos no sirve ni se toma en cuenta. La tecnología que van a pedir es nueva y la van a cambiar como se le ocurra al proveedor, con el pretexto de mejorar el programa. ¿Cuál preferencia?”, reprocha.
Por lo pronto, dice, ya son menos las personas que llevan su vehículo a verificar en el periodo que les corresponde según la terminación de la placa. Este procedimiento representa para los talleres grandes un ingreso cercano a 80 mil pesos mensuales.
En su artículo segundo, el decreto especifica que los recursos obtenidos por el gobierno mediante la concesión de las líneas de verificación se destinarán al Fondo Estatal de Protección al Ambiente, que utilizará una parte preferentemente en el equipamiento tecnológico y de infraestructura del Centro Oficial de Mediciones de la Semadet, la instancia encargada de vigilar y evaluar el programa de verificación vehicular y la red de monitoreo de calidad del aire, así como de dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con ello.
La sombra de Kahwagi
Al preguntarle al presidente de la ATERV por las mayores preocupaciones de sus agremiados, manifiesta:
“Yo represento a los talleres y ellos han formado parte de los programas de verificación desde los años noventa y tantos. (El programa) ha operado de un modo más amigable, donde al llevar a afinar tu auto también recibes el holograma, pero si vas al puro servicio de verificación te sale en un promedio de 350 pesos. En este caso los talleres ya hicieron sus inversiones y sus equipos sirven; de hecho estamos emitiendo oficios para que las autoridades vean que sirven; que vengan y nos auditen para demostrar que siguen funcionando de acuerdo a la norma.”
–¿Por qué ya no los quieren?
–Justifican su esquema de verificentros por un cambio de norma, que también ya estamos impugnando porque detectamos que es inconstitucional. Pero el gobierno justifica que la norma pide cambiar el programa, cuando no es así, sólo pide adaptaciones y podemos seguir trabajando.
–¿Creen que hay negocio de por medio?
–Desde luego que sí. Hemos visto lo que sucedió en Veracruz, Puebla, Baja California, Tijuana y otras ciudades, donde se repite el mismo escenario: llega un empresario que todos conocen: Jorge Alberto Kahwagi, que tiene muchos verificentros, y con la mano en la cintura como un zar se convierte en el beneficiario del programa.
–¿Él podría ser el proveedor único o el dueño de los verificentros?
–El proveedor único. Va a venir y venderá sus equipos. Los requisitos para tener un centro de verificación con dos líneas son invertir más de 8 millones de pesos.
–¿Eso no lo advirtieron en el Congreso al modificar la ley?
–Estuvimos trabajando con la diputada Fela Pelayo, de Movimiento Ciudadano (MC), que nos abrió las puertas y nos estuvo apoyando, igual que el grupo parlamentario del PAN y el diputado independiente Pedro Kumamoto. Con esas tres fuerzas bastaba para frenarlo, con eso le tumbábamos el negocio a Aristóteles.
–Pero se aprobó elegir a un proveedor único…
–Lo voy a decir muy abiertamente: el primer dictamen que se había admitido para analizar y estudiar hablaba de todo, menos de verificentros. Seguía el programa con los talleres. Misteriosamente, en noviembre pasado dicen las malas lenguas que el Ejecutivo negoció con MC para que ellos modificaran el dictamen y volvieran a meter el que el gobernador había propuesto (el 9 de mayo de 2016).
–¿Ustedes investigaron qué pasó?
–Estamos seguros de que hubo mano negra. El Ejecutivo negoció con MC. Sabemos que se negoció directamente con el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro –líder del partido naranja–, y ellos modificaron el dictamen solamente bajando el término de la concesión de 15 años a 10 años y pusieron que habría preferencia para los talleres, es todo.
–Sobre el trato preferencial a los talleres, ¿qué opina?
–Es un engaño de los legisladores. No hay ningún candado que nos proteja. Y pregunto: ¿qué pasa si el programa en un año o dos demuestra que no sirve?
–¿Cuánto invirtieron los dueños de talleres certificados en equipos?
–Costaron de 130 mil a 250 mil, y quedarían obsoletos porque propondrán otros.
–Ustedes insisten en que el programa es recaudatorio…
–Ahora la verificación costará 520 pesos y la Semadet quiere que los equipos que nos sobraron sean usados para preverificar.
–El programa de verificación ha sido cuestionado por presunta corrupción.
–Sí.
–Todos sabemos que hay corrupción, tanto de algunos talleres como de las autoridades.
–Claro.
–Había venta de hologramas.
–Sí, pero nosotros estamos proponiendo un equipo anticorrupción, que no se puede violar. Es un sistema de software y hardware que puede ser instalado. Nosotros lo ofrecemos y puede estar en la Secretaría de Movilidad o en la Semadet para que en tiempo real se revise el vehículo que se está verificando y el holograma que le corresponde. No estamos de acuerdo con la corrupción.
Panistas apoyan el referéndum
La diputada local del PAN Pilar Pérez Chavira considera que la decisión del gobernador de suspender el calendario de verificación este año, con motivo del gasolinazo, evidencia que la autoridad sabe que el nuevo programa de verificación resultará oneroso para las familias y poco aporta al mejoramiento de la calidad del aire, o bien que este objetivo no es prioritario.
Destaca que los cinco diputados panistas votaron contra la ley que se utilizó para cambiar el modelo de verificación vehicular, porque el nuevo es eminentemente recaudatorio y no garantiza una mejora en la calidad del aire. Además, dice, “reprobamos totalmente que no se tomen en cuenta las propuestas de los talleres ni de los académicos”.
Confirma que, sorpresivamente, el día de la votación se pasó el dictamen tal como fue propuesto por el Ejecutivo, pese a que la fracción de MC había trabajado muy de cerca con los talleres acreditados para atender sus inquietudes.
Pérez Chavira se involucró en el tema como vocal de la Comisión Legislativa de Desarrollo Forestal. Explica que para muchos automovilistas será problemático que sus localidades no cuenten con líneas de verificación (cada una costará medio millón de pesos), además de desplazarse a otra ciudad e incurrir en gastos o tramitar permisos especiales para circular.
Como no se garantiza el éxito del programa, señala Pérez Chavira, su fracción propuso un artículo transitorio para condicionarlo: que se aplicara sólo si se demuestra que ayuda a reducir los contaminantes en la atmósfera.
Esta precaución era importante, dada la determinación de otorgar concesiones por 10 años a un proveedor de la tecnología y los operadores de las líneas de verificación.
Por esos motivos, la legisladora está de acuerdo con la decisión de los dueños de los talleres de convocar a un referéndum, ya que considera que es el instrumento de participación ciudadana idóneo para corregir el rumbo cuando un gobierno se empecina en medidas inconvenientes o dudosas.
