La edificación de la Ciudad Creativa Digital ha sido un fiasco. De acuerdo con los análisis de la Contraloría estatal y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco no sólo se desconoce cuánto se ha invertido en ese proyecto iniciado hace cinco años. Por las pocas cifras disponibles se sabe que gran parte de los fondos se van en el pago de nómina; pero también se habla de tráfico de influencias para favorecer a determinados prestadores de servicios.
De los 480 millones de pesos que ha recibido el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital (FCCD) en cinco años, al menos 72.1 millones fueron para el pago de nómina, rentas, comidas, asesorías contables y jurídicas, así como para la adquisición de un vehículo, según revelan sus estados financieros de 2014 a 2016.
El 30 de enero de 2012, el presidente panista Felipe Calderón declaró que el objetivo del proyecto de Ciudad Creativa Digital (CCD) era reunir empresas líderes en la creación de contenidos digitales, generar más de 20 mil empleos y una inversión de 10 mil millones de dólares. Pero las expectativas no se han cumplido.
Desde el anuncio del entonces mandatario panista sólo se han construido dos niveles del estacionamiento. Cansados de esperar las siguientes licitaciones, la mayoría de los inversionistas decidieron irse, con excepción de la compañía alemana Roberto Bosch México.
Esa situación contradice el discurso del mandatario jalisciense Aristóteles Sandoval Díaz, quien en su cuarto informe de gobierno reiteró que Jalisco es la capital de la innovación.
En 2013, en el presupuesto estatal incluía la entrega de 200 millones de pesos para el desarrollo de la primera de las cuatro etapas de CCD. El ayuntamiento de Guadalajara, a su vez, aportaría 20 millones de pesos para tal fin. No se colocó un solo ladrillo.
Al año siguiente, el Instituto Nacional del Emprendedor entregó 30 millones de pesos al FCCD, pero éste debió reintegrarlos con 600 mil pesos por concepto de intereses por no ejercerlos de manera correcta, según informó el diario Mural en su edición del 5 de abril de 2016. En 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un apoyo de 500 mil dólares en “cooperación técnica” para el Complejo Creativo.
La CCD se ubica en una superficie de 27 mil metros cuadrados, distribuida en tres edificaciones. Hasta ahora sólo lleva un avance de 17%, pues sólo se han construido dos de los cuatro niveles de estacionamiento.
En septiembre pasado, el presidente de FCCD, Julio Acevedo García, quien asumió el cargo tres meses antes, anunció que sólo serían tres niveles de estacionamiento debido a la cantidad de agua existente en el lugar. Y aclaró que la primera torre sólo tendrá siete pisos y no nueve, como señalaba el proyecto original, y en ella se invertirán 300 millones de pesos asignados por la Federación en 2015. Las obras, dijo, concluirán en junio de este 2017.
Al rendir cuentas en su página de Transparencia, el FCCD omite información, pues no publica todos los contratos firmados con particulares; tampoco explica por qué se contratan tantas asesorías legales y contables, ni por qué se paga renta a Unión Editorialista, es decir, el periódico El Informador.
Tampoco proporciona datos sobre las respuestas a las observaciones hechas por la contralora del estado, María Teresa Brito Serrano, al fideicomiso por el irregular manejo de los recursos (oficio DGP/7309/2016, del 9 de diciembre de 2016).
Irregularidades
En la revisión de las actas del Comité de Inversión del Fideicomiso CCD Ventures, la Contraloría detectó un conflicto de interés de un integrante del comité de inversión: José Medina Mora, dirigente de la Coparmex Jalisco y accionista de la empresa Green Works Technologies (Plántica), la cual se vio beneficiada con la autorización de una inversión de 6 millones 878 mil 300 pesos el 18 de agosto de 2015.
El fondo de riesgo CCD Ventures se anunció en 2014 como una alternativa para impulsar a proyectos de la industria creativa. De los seis proyectos seleccionados como beneficiarios, sólo tres recibieron capital para inversión. Uno de ellos fue para Plántica, dedicada a la instalación de azoteas y muros verdes, según consigna la firma en su sitio web.
Otra de las irregularidades detectadas por la Contraloría estatal es de la compañía Natalis Cinema, que quedó a deber 300 mil pesos por concepto de subarrendamiento temporal del mezzanine en el inmueble de la calle Belén 131, en la colonia Centro.
También existe un saldo pendiente por 9.4 millones de pesos por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) del estado, correspondiente a la aportación del Poder Ejecutivo al proyecto. La misma dependencia tampoco pagó la primera quincena de diciembre de 2015 al FCCD.
Según la observación, la Sepaf debió depositar 1 millón 667 mil 10 pesos, pero sólo entregó 812 mil 132. “Cabe señalar que dicha factura queda vigente fiscalmente al 26 de abril de 2016”, según el oficio de la Contraloría consultado por la reportera.
El 12 de noviembre de 2015, el FCCD emitió la factura 87 por 1 millón 667 mil 10 pesos por concepto de subsidio correspondiente a la ministración de la segunda quincena de diciembre de ese año. Sin embargo, la Sepaf no depositó ningún cheque ni existe evidencia de “gestiones de cobro”, apunta la Contraloría.
El proyecto de CCD se ubica en el entorno del Parque Morelos en una superficie que en 2010 costó más de 350 millones de pesos, provenientes del fideicomiso de la Villa Panamericana.
El 23 de agosto de 2012, la Gaceta Municipal de Guadalajara publicó el decreto D 85/30/12, mediante el cual el cabildo tapatío, encabezado entonces por Francisco Ayón López –quien hoy es titular de la Secretaría de Educación–, decidió que éste fuera presidente municipal interino cuando Aristóteles Sandoval dejó el cargo para competir por la gubernatura.
Ayón López y el secretario general Roberto Delgadillo González mencionaron que en sesión extraordinaria se autorizó la extinción del Fideicomiso Público de Administración para la Villa Panamericana. Con ello se desincorporaron del dominio público 55 bienes para canalizarlos al ámbito privado.
El oficio de la Contraloría también señala que cinco de los 55 inmuebles que integran el FCCD están invadidos por particulares. Son los de la calle Humboldt 424, el 428 y 436, en la colonia Centro Barranquitas, así como las casas de calle Coronel Calderón 423 y 419 en la misma colonia.
El oficio de la ASEJ
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) también detectó las irregularidades. El 13 de diciembre de 2016, tras una revisión al ejercicio fiscal 2015, el órgano fiscalizador entregó al FCCD el oficio 6392/2016, expedido por el entonces auditor Alonso Godoy Pelayo, con una serie de recomendaciones.
De acuerdo con la ASEJ, durante una inspección física de los inmuebles bajo resguardo y posesión del FCCD, la auditoría encontró que los terrenos de la calle Coronel Calderón 419 y 423 y Humboldt 424 estaban invadidos por particulares.
Hasta la fecha de emisión del presente, según el oficio de la ASEJ, no ha revivido la documentación para acreditar el seguimiento legal para la recuperación de los inmuebles. “Cabe hacer mención que el personal de la entidad manifiesta que ha efectuado diversas gestiones extrajudiciales para su recuperación, sin que a la fecha nos haya hecho entrega de la documentación que acredite tales gestiones”, indica el oficio.
La ASEJ también observó que los predios 407 y 441 de la calle José Encarnación Rosas, y el 446 de la calle Agustín Rivera, así como otros en la calle Joaquín Angulo, (el 446 y el 247 Z y el 239 Z) son utilizados como estacionamiento por la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco.
Y agrega en su escrito: “Sin embargo, no se cuenta con ningún contrato de comodato que acredite el uso de esas instalaciones por dicha institución. Según comentarios del personal de la entidad, dichos predios fueron otorgados en calidad de préstamo a la Cruz Roja Mexicana, por las afectaciones que causaban las construcciones que se estaban llevando a cabo en el complejo de CCD y que a la brevedad posible se elaborarán los contratos de comodato que amparen tal circunstancia”.
Por su parte, la Contraloría estatal detectó la compra de un predio de 215.50 metros cuadrados en la calle Hidalgo 66, entre la calle Humboldt y Doctor Baeza Alzaga, a sobreprecio. Según el dictamen de avalúo previo a la transacción emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el valor comercial del inmueble era de 1 millón 908 mil 947 pesos, pero se pagaron 2 millones 663 mil 109; es decir, el sobreprecio fue de 754 mil 162 pesos.
Además, la Contraloría estatal apuntó que se dejó de percibir 48 mil 230 pesos correspondientes a cuatro meses de retraso, derivado del contrato de arrendamiento con Roberto Bosch México de 2015 por la prestación de 68 cajones de estacionamiento privados.
La contralora Brito Serrano también sostiene que la asociación civil Ciudad Creativa Digital no rindió cuentas al comité técnico del FCCD sobre el subsidio que entregó por 5 millones 148 mil 632 pesos para que se destinaran al gasto operativo de 2014 y 2015.
El FCCD pagó 150 mil 800 pesos a Asesores Empresariales Martínez Márquez para que efectuara una auditoría de estados contables al ejercicio 2015, pero no incluye los resultados en su portal de Transparencia. Un año antes, la misma firma revisó el ejercicio fiscal 2014 y cobró 174 mil 928 pesos.
Los gastos
El 24 de agosto de 2012 se suscribió el contrato del FCCD entre el municipio de Guadalajara y Bansí –conocido actualmente como Banco del Bajío–. Más de un año después, el 5 de septiembre de 2013, el gobierno del estado se integró como fideicomitente B.
De acuerdo con la información del portal de Transparencia del FCCD, en 2014, se suscribieron 13 contratos de asesorías y honorarios asimilados por un total de 3 millones 643 mil 975 pesos.
La empresa más beneficiada fue Avah Legal GDL, representada por Víctor Manuel Vila Velázquez, un abogado cercano a gobernantes, incluido el propio mandatario estatal, Aristóteles Sandoval Díaz. Vila Velázquez incluso formó parte de la planilla del priista Héctor Vielma como suplente de la síndico durante la gestión de Vielma en el ayuntamiento de Zapopan.
Fue el 15 de enero de 2014, en la sesión ordinaria 01/2014, cuando el Comité Técnico del FCCD autorizó la contratación de Avah Legal GDL –representada por Vila Velázquez– para que brindara asesoría “administrativa, legal y operativa del Fideicomiso Público”.
Por ese servicio recibiría, según la información consultada, 110 mil 200 pesos a partir del 16 de enero de ese año, así como un porcentaje de honorarios de acuerdo con el valor o monto del negocio. Si el monto del negocio oscilaba entre mil y 14.9 millones de pesos se les entregaría el 5% más IVA; si era de 15 a 29.9 millones, el 4.5% más IVA; de 30 millones en adelante, el 3.8% más IVA. En 2014, los honorarios de Avah Legal GDL sumaron 1 millón 322 mil 400 pesos.
En la sesión extraordinaria 10/2015, el 27 de enero de 2015, se renovó y modificó el contrato de prestación de servicios profesionales con Avah Legal GDL para seguir brindado “servicios de asesoría y consultoría respecto de los actos y actividades que se lleven a cabo para el cumplimento” del fideicomiso. Con ello, el pago se incrementó a 142 mil 680 pesos mensuales, que anualmente ascendieron a 1 millón 712 mil 160 pesos.
En cuanto al porcentaje de honorarios por “el valor o monto del negocio”, Avah Legal GDL obtuvo desde 2014 a noviembre de 2016 un total de 2 millones 130 mil 961 pesos.
A pesar de pagar a Avah por dar asesoría legal, el FCCD también contrató para la prestación de ese mismo servicio a Jesús Guillermo Ramos Orozco, a quien le pagó 358 mil 459 pesos; al exmagistrado del Tribunal de lo Administrativo Eleuterio Valencia Carranza, quien recibió casi 10 mil pesos, y a Customs MMM Group, al cual se le dieron casi 209 mil pesos por cuatro meses de servicios.
Otro contrato para los servicios legales se otorgó a la empresa Eskubide y fue por 11 mil 669 pesos. A su vez, Flores-Madriz Asesores fue contratada para prestar los servicios de contabilidad y asesoría en materia tributaria durante un año, a partir del 1 de febrero de 2014. Cobró 417 mil 600 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de la Contraloría del estado, Flores-Madriz nunca proporcionó sus informes mensuales sobre las actividades que realizó. La dependencia estatal incluso cuestionó la contratación de la empresa, puesto que debió invitarse a participar a por lo menos seis proveedores –sólo fueron tres–, por lo que queda “la incertidumbre si los servicios adquiridos cumplen con las mejores condiciones de calidad y precio”. Aunado a ello, la Contraloría detectó que no se cumple con la normatividad de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno del estado.
Otro proveedor contratado por el FCCD para llevar el “proceso contable, fiscal, administrativo y de nóminas” fue Soluciones Profesionales en Armonización Contable –una empresa que sólo tiene una plantilla laboral de 20 personas–, a la cual se le pagó 481 mil 632 pesos de mayo a diciembre de 2015. En 2016 se le renovó el contrato para prestar el mismo servicio de enero a abril.
A Martha Cristina Ramos Jiménez y a María de Lourdes Sosa Gallegos se les contrató por separado para hacer un informe administrativo y financiero, y otro técnico, del “proyecto Conacyt 207901 para investigación, desarrollo e innovación sobre ciudades inteligentes mediante la creación del centro de datos” que se realizaría entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2014. La primera ganó 104 mil 475 pesos; la segunda casi 115 mil pesos.
Para el mantenimiento, restauración y rehabilitación de las instalaciones de la Primaria Basilio Vadillo y de la Secundaria Técnica 53 se contrató a Astra Infraestructura, a la cual se le pagaron casi 170 mil pesos. En la información publicada en el portal se menciona que el FCCD aportó 3 millones de pesos para la “ejecución de trabajos de conservación y restauración integral”. En una visita que se hizo a la primaria, sólo se detectó que se había pintado la fachada.
Además, Astra recibió 162 mil 516 pesos para la construcción de la primera etapa del edificio Ingenium, el cual se edificaría de octubre a noviembre de 2014. Hasta ahora no se ha construido nada.
En 2015 se firmaron cinco contratos de asesorías y honorarios entre el FCCD y particulares, por lo cual se erogaron 3 millones 418 mil pesos.
El año pasado, FCCD firmó otros cinco contratos, uno de ellos con Claudio Fernando Cordero Gámez para la “implementación, conversión, alienación y registro de las operaciones del FCCD en sistema Icong” por 100 mil 700 pesos.
El FCCD destinó casi 526 mil pesos para la realización de la primera edición del Electronic Game Show en la Expo Guadalajara. En el evento participó la radiodifusora Los 40 Principales.
A Unión Editorialista, el FCCD le dio 4.3 millones de pesos de enero de 2015 a noviembre de 2016 por concepto de renta y servicios. Sin embargo, la información, no especifica qué espacio arrienda ni cuáles servicios contrató.
En comidas, el FCCD erogó 54 mil 682 pesos en 2016; en congresos y en cinco reuniones en el Club de Industriales, casi 60 mil pesos, y en la adquisición de un vehículo a la empresa Vamsa Niños Héroes, otros 196 mil 286.
Por servicios integrales de logística, producción técnica y artística, el FCCD canalizó entre 2015 y 2016, 1 millón 245 mil 996 pesos; por servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad erogó 403 mil 222, mientras que para la impartición de un curso de robótica y programación destinó 124 mil pesos.
