Señor director:
Le solicito la publicación de la presente carta aclaratoria sobre la nota “Mexicali: el hartazgo”, firmada por Jenaro Villamil y publicada el 4 de febrero de 2017 en Proceso.
Al respecto se hacen las siguientes precisiones, de acuerdo a la Ley Estatal del Agua, presentada inicialmente por el Ejecutivo del estado, Francisco Vega de Lamadrid, y posteriormente abrogada, no tenía ni tiene intenciones de privatizar el servicio de agua, dado que se establecía que tanto la prestación de los servicios como la tarifa por cada uno continúan siendo regidas y establecidas por los Organismos Operadores del Agua Estatales y sus Concejos. La ley de hecho busca fortalecer a estos organismos.
Sin embargo, al entender que se trataba de una problemática relacionada por la percepción ciudadana y alimentada por las protestas existentes contra el gasolinazo, el gobierno estatal decidió solicitar su abrogación y entrar en un proceso de socialización y consulta de la ley, dado que la necesidad de modernizar el marco normativo vigente –que data de 1969–, es urgente.
En cuanto a las Asociaciones Público-Privadas, se trata de una alternativa para la realización de obras y proyectos muy conocida, practicada a nivel internacional y nacional. La Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado es muy similar a la Ley Federal de APPS. Esta representa, actualmente, un esquema que permite llevar a cabo las grandes acciones estratégicas que requiere Baja California, en momentos donde los recursos tanto estatales como los federales que se destinan a nuestro estado, son muy limitados, a causa de la crisis nacional por la que atravesamos.
El objetivo final es tener proyectos mucho más eficientes y mejor diseñados que si los realizara el sector público, la inversión se realiza de forma privada y el riesgo también lo corre el privado.
Efectivamente, hay seis proyectos contratados como APPS en curso: dos plantas desalinizadoras, una para la región de San Quintín y otra que se ubicará en el municipio de Playas de Rosarito; que permitirán la dotación de agua para la población de la zona costa del Estado, que actualmente tienen como prácticamente única fuente de abastecimiento el acueducto Río Colorado que conduce agua desde el Valle de Mexicali. También se tienen contratados la construcción y operación de dos edificios relacionados con Seguridad Pública; construcción y mantenimiento del sistema de pluviales para Mexicali así como la construcción y operación de la ampliación de una planta potabilizadora de agua en Tecate.
Estas APPS no sólo incluyen la construcción de las obras, sino también su operación y mantenimiento durante los años de contrato, representando así ahorros para el gobierno al no tener que contratar personal adicional que engrose el aparato burocrático, y no tener que invertir en equipamientos o mantenimientos durante la vigencia de los contratos. De igual forma, la infraestructura pasa a ser propiedad del estado, una vez que el contrato concluya.
Todas las obras han sido concursadas públicamente, han participado empresas de talla internacional y en cada caso, la empresa ganadora ha ofrecido al estado la mejor propuesta técnica y financiera. La información sobre cada una, así como sobre el proceso de contratación es pública y se encuentran disponibles en la página de internet del gobierno del estado.
Nuevamente el gobierno estatal enfrenta en este caso un problema de información y percepción, dado que aunque prácticamente todas las obras en esquema APPS son autofinanciables y cuentan con su propio esquema de pagos, un sector de la ciudadanía confunde estas provedurías con privatización de los servicios. También se sienten desconfiados de que las obras les representen incremento de precios en los servicios, confusión en parte alimentada por el tema de la reforma energética hacendaria, y su relación con los incrementos de gasolina.
Finalmente, he de expresar mi sorpresa, toda vez que el reportero Jenaro Villamil no recurrió a su servidor para recoger la versión del gobierno del estado sobre el tema del reportaje en comento.
Atentamente:
Raúl Reynoso Nuño,
director de Comunicación Social
del Gobierno de Baja California
Respuesta del reportero
Señor director:
Dos veces me comuniqué al teléfono celular del secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, para tener la versión de la administración estatal sobre el pliego de demandas del movimiento ciudadano, en especial sobre el tema de las APPS, la Ley del Agua, la instalación de la fábrica Constelation Brands, el proyecto Ecozone y la demanda de juicio político contra el gobernador Francisco Vega Lamadrid. No obtuve respuesta.
Las condiciones no eran fáciles, ya que estaban bloqueadas todas las oficinas gubernamentales durante los días en que estuve presente en Mexicali.
Por lo demás, la explicación del señor Raúl Reynoso Nuño es la misma que el gobierno estatal ha expresado en las mesas de negociación con representantes del movimiento civil. Y así se consigna brevemente en el reportaje.
Agradezco su disposición para tener contacto y conocer la versión del gobierno de Baja California.
Atentamente:
Jenaro Villamil
